Rechazamos las amenazas a periodistas de Cúcuta que difundan información de la organización criminal AK 47. En un panfleto compartido el día de ayer, 23 de mayo, a través de grupos de WhatsApp y Facebook, al parecer esta banda anunció un plan pistola contra las y los periodistas de Cúcuta que informen sobre sus actividades, declarándolos como objetivos militares. En los últimos días, varios periodistas y medios de comunicación de la ciudad han compartido información relacionada con el actuar criminal de miembros de este grupo.

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa reiteramos nuestra preocupación por la situación de violencia que enfrenta la prensa del país. En los primeros cuatro meses del año, hemos documentado 158 agresiones y un mayor riesgo para quienes cubren temas relacionados con administraciones públicas, manifestaciones, seguridad y conflicto armado. Este escalamiento de la violencia tiene un efecto inhibitorio en el periodismo, vulnera los principios democráticos y plurales de las sociedades, y evidencia que las y los periodistas corren un riesgo cada vez mayor.

El pasado 24 de abril, el periodista Juan Alejandro Loaiza, de la emisora La Despensa, fue secuestrado por un grupo armado en el departamento del Huila. Un día después, aproximadamente a las 8:00 a.m., conocimos sobre su liberación. De acuerdo a la documentación realizada, este secuestro fue una consecuencia de su trabajo como periodista, específicamente por negarse a publicar información que era de interés de dicho grupo insurgente.

En los últimos dos años, grupos armados ilegales han sido el principal agresor de la prensa en Arauca. Según nuestra documentación, en 2022 los ataques del Estado Mayor Central de las FARC (EMC-FARC) y el ELN contra periodistas correspondieron al 57.45% del total de agresiones en el departamento. Si bien en 2023 el porcentaje bajó a 45%, en lo corrido del 2024 alcanza el 50%. Esta violencia ha causado que los y las periodistas acudan a la autocensura como mecanismo de protección y dejen de informar sobre conflicto armado, orden público y violación de derechos humanos, producto de la acción de estos grupos que se ha agravado por el enfrentamiento directo en el que se encuentran.

El 6 de febrero, los periodistas Jonathan Mojica y Kevin Orozco del medio digital Notifrontera, de Cúcuta, recibieron llamadas telefónicas en las que una persona, que se identificó como Ever ‘el Porras’, les amenazó de muerte. El hombre les advirtió que dejaran de nombrarlo en las denuncias que hacían o que de lo contrario, iba a atentar contra la vida de ambos comunicadores.

#AlertaFLIP | Manifestamos nuestra preocupación y rechazo ante las amenazas de muerte que recibió el periodista Camilo Chará. Es urgente que las autoridades activen las rutas de protección para proteger la vida del comunicador.

Desde el 28 de noviembre, la periodista de Noticias RCN (televisión), Viviana Llorente, ha sido víctima de hostigamientos y amenazas de muerte tras la reproducción de un tráiler que promocionaba su reportaje Pasión mortal, el cual narraba la ola de violencia que se desencadenó en Cali debido al robo de unas banderas de la barra Barón Rojo Sur, del equipo de fútbol América de Cali.

En 17 de los 32 departamentos de Colombia, la FLIP ha documentado casos en los que diferentes grupos armados ilegales intimidan, persiguen y amenazan a las y los periodistas con el propósito de controlar la información que se publica en los medios de comunicación local.

Reporteros Sin Fronteras y la FLIP expresamos nuestra preocupación por las constantes amenazas de las que han sido víctimas los y las periodistas de Tuluá. En los últimos tres meses han sido presionados y amenazados, al menos, diez periodistas por parte de bandas criminales que operan en ese municipio.

Ayer 6 de septiembre, la directora del diario La Opinión, de Cúcuta, Estefanía Colmenares, recibió una amenaza de un número desconocido a través de su WhatsApp personal, en el que la declaraban como objetivo militar y le decían que su cabeza tenía precio.

Ayer, 23 de julio, varios periodistas de Tuluá, Valle del Cauca, fueron amenazados y presionados para publicar información de Los Cancerberos, un grupo criminal que opera en la zona. Las intimidaciones por parte de este grupo agravan la situación de la prensa en el municipio y reiteran la importancia de su protección; en los últimos dos años hemos documentado seis amenazas, un exilio y un asesinato en Tuluá. Todo esto demuestra el riesgo constante y sistemático al que se enfrentan las y los periodistas que cubren asuntos de interés público para la ciudadanía.

Celebramos la decisión de la Corte Constitucional en la que reitera que la Unidad Nacional de Protección (UNP) debe aplicar un enfoque diferencial para evaluar el riesgo de las y los periodistas que acuden al mecanismo de protección.

A lo largo de un año, el periodista Diego Peña ha sido víctima de acoso judicial por parte de funcionarios públicos del municipio de Donmatías, Antioquia. Además, ha sido amenazado en diferentes ocasiones. Desde hace dos meses, Peña no ha podido volver al municipio y tuvo que autocensurarse, en diciembre del 2022 cerró la página de Facebook en la cual publicaba información y opiniones sobre asuntos relevantes de esta región de Antioquia. 

En su página de Facebook, el periodista realizaba publicaciones críticas sobre las actuaciones de los funcionarios públicos de Donmatías. Peña es el único periodista que  investiga asuntos  de corrupción y uno de los dos comunicadores independientes del municipio. 

El año pasado siete funcionarios del municipio —concejales, empleados de la Alcaldía y directivos de un colegio público— interpusieron una queja en contra de Peña al considerar que las publicaciones que se referían a ellos incitaban a agresiones en su contra. Con esto, la inspectora de Policía Urbana le ordenó eliminar las notas y no volver a hablar sobre estas personas. Como consecuencia, Peña se vio obligado a cerrar su medio y a interponer una acción de tutela. El Juzgado Promiscuo Municipal de Toledo, Antioquia, falló a favor del periodista y advirtió sobre algunas irregularidades en el proceso policivo por la violación al derecho al debido proceso del periodista, además de la forma en cómo el procedimiento buscaba amordazar su derecho a la libertad de prensa. 

El periodista ha sido notificado de dos denuncias activas en su contra por los delitos de injuria y calumnia, iniciadas respectivamente por Catalina Cifuentes Pinillo, secretaria de Educación y Desarrollo Social de Donmatías, y Jairo Alonso Macías Berrio, presidente del Concejo de Donmatías. El pasado 24 de enero, en la audiencia de conciliación, Peña decidió no conciliar en ninguno de los dos casos y argumentó que sus publicaciones son de interés público. Además, la fiscal le informó al periodista de la existencia de otras cinco denuncias en su contra, presentadas por los mismos funcionarios públicos.

Por otro lado, el periodista ha sido víctima de situaciones intimidantes y amenazas en su contra. El 22 de diciembre de 2022, un desconocido lo abordó y le mostró un cartel que decía: “usted no puede volver a escribir, tiene que borrar todo y no puede volver a Donmatías. Efecto que lo matamos”. Esto se suma a las amenazas que ha recibido desde el 2019, cuando tuvo que exiliarse en México por un tiempo. 

Frente al acoso judicial, estos hechos constituyen una estrategia coordinada para atacar y hostigar al periodista a través de diferentes mecanismos jurídicos, con el fin de silenciar sus denuncias. Este caso cumple con las cinco características que estipuló la Corte Constitucional en su sentencia T-452 de 2022 para catalogar un caso como acoso judicial. Primero, que haya una intención de silenciar la expresión, en especial la de interés público. Segundo, que la parte demandante cuente con recursos económicos suficientes para costear el acceso a la justicia. Tercero, que exista un desequilibrio de poder entre las partes. Cuarto, que se formulen pretensiones desproporcionadas o imposibles de satisfacer. Y quinto, que se genere un efecto silenciador sobre el debate público.

Así mismo, es preocupante la falta de diligencia de la Policía del municipio, que no solo ha emprendido acciones que promueven la censura, sino que también ha omitido su deber de proteger a la prensa y a la ciudadanía. Peña informó a la FLIP que durante una audiencia a la que asistió, un desconocido le gritó que lo iba a matar, y a pesar de que el comandante de Policía tuvo conocimiento de esta amenaza, no emprendió ninguna acción para protegerlo. 

Frente a su situación de seguridad, es urgente que la Unidad Nacional de Protección (UNP) evalúe su nivel de riesgo de manera integral con el fin de proteger su integridad. Expresamos nuestra preocupación por las fallas en el funcionamiento del esquema de protección que le asignó el Departamento de Policía de Antioquia y que debería acompañarle en Medellín, pues solo ha hecho presencia en dos ocasiones. 

Desde la FLIP recordamos a los concejales, empleados de la Alcaldía y directivos del colegio público involucrados que en este caso se configura un ataque en contra del ejercicio periodístico local, pues mediante el abuso del uso de vías judiciales se busca callar una voz de veeduría a través del periodismo. Sin una vigorosa protección de la libertad de prensa, el sistema democrático y el pluralismo se debilitan. Precisamente, es su deber adoptar las medidas para la protección reforzada a la libertad de prensa en el municipio de Donmatías. 

El 11 de septiembre de 2013, el abogado y periodista Edison Alberto Molina Carmona fue asesinado cuando se dirigía hacia su residencia en Puerto Berrío, Antioquia. Desde la emisora Puerto Berrío Estéreo 89.4, Molina dirigía su programa Consultorio Jurídico, en el cual asesoraba a la comunidad en temas legales y hacía denuncias sobre la corrupción en el municipio.

Molina fue reconocido por promover la verdad y la transparencia del sector público. A través de su papel activo en el grupo, los “Enanos-Porteños” hizo veeduría al Concejo Municipal y a la administración (2012 - 2015) de Robinson Alberto Baena. Realizó cerca de 60 denuncias de tipo disciplinario y penal ante diferentes órganos de control. En estas revelaba el nombramiento irregular de algunos funcionarios que no cumplían los requisitos para ocupar sus cargos; también llamó la atención sobre la celebración indebida de contratos, corrupción en la Secretaría de Educación del municipio, entre otros. Por todo esto, Molina será recordado por su familia y amigos por ser la cara visible en contra de la corrupción. 

Antes de su asesinato, el periodista fue víctima de persecución, estigmatización, acoso, amenazas y ofensas por parte de anónimos y de funcionarios de la administración local. En 2013, el alcalde de Puerto Berrío afirmó, en una declaración ante los medios, que había que eliminar a quienes “andan en las redes sociales hablando tonterías, injurias, calumnias en contra de Robinson Baena”. Ese mismo mes, la oficina de Molina fue atacada con piedras que traían mensajes amenazantes: “deje trabajar gonorrea porque no ataca a otros. Se calla o lo callamos”.

Dos semanas antes de su muerte, Molina denunció las amenazas de las que fue víctima ante la Procuraduría y la Fiscalía, que informaron a la estación de Policía del municipio sobre la situación de riesgo del periodista y se solicitaron medidas de seguridad y protección preventiva. Sin embargo, la Policía nunca pasó revista ni a su oficina ni a su residencia. Además, la Fiscalía no llevó a cabo las investigaciones pertinentes para encontrar a los autores de las amenazas ni remitió el caso a la Unidad Nacional de Protección.

Molina y su esposa fueron atacados con armas de fuego en la noche del 11 de septiembre de 2013. Ambos fueron trasladados al hospital La Cruz de Puerto Berrío, Antioquia, pero el periodista llegó sin signos vitales. El homicidio generó repudio en los ciudadanos y temor en los comunicadores de la zona. 

Durante estos nueve años, la Fiscalía no ha ordenado la práctica de pruebas que impulsen el avance de la investigación para conocer los motivos del crimen y condenar a los autores intelectuales y materiales. Así mismo, la Procuraduría ha sido negligente en la investigación contra los funcionarios de la estación de Policía de Puerto Berrío que omitieron las medidas de protección que se habían otorgado a favor del periodista y que modificaron el Libro de Población de la estación del día en que asesinaron a Edison Molina.

En la siguiente línea de tiempo podrá conocer algunos de los hitos más importantes en la investigación del caso de Edison Alberto Molina Carmona. 

El Juzgado 19 Penal del Circuito de Bogotá condenó a Ariel Ortega Martínez a 76 meses de prisión por el delito de amenazas contra los periodistas Julio César González Quiceno (conocido como Matador), Daniel Samper Ospina y María Antonia García de la Torre. Además, a Ortega se le impuso una multa por 29.67 salarios mínimos y la inhabilitación del ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal. 

Entre marzo y abril del 2018, Ortega Martínez compartió en su cuenta de Twitter múltiples mensajes de amenazas de muerte, en los cuales se hacía alusión a la falta que hacían las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para callar a la prensa. Algunos de los mensajes dirigidos en contra de María Antonia García de la Torre incluían mensajes discriminatorios por género. 

El juzgado consideró que las declaraciones de Ortega afectaron al gremio periodístico y a la opinión pública, pues los mensajes en Twitter fueron utilizados como una herramienta de intimidación a la prensa. Para el juzgado, es reprochable que Ortega haya hecho alusión a las AUC para intimidar a periodistas y consideró que la amenaza es especialmente grave porque el Estado tiene la obligación de asegurar la libertad de expresión y, en una democracia, los periodistas ejercen este derecho de manera continua, estable y reiterada. 

La FLIP celebra la decisión adoptada por el juzgado pues se tuvo en cuenta el grave impacto que tienen las amenazas para el trabajo de una prensa libre en Colombia. Sin embargo, la impunidad en estos crímenes sigue siendo la regla general, pues el 98% de los casos de amenazas contra periodistas continúan sin esclarecer.

La FLIP advierte que perdura una situación de riesgo para el ejercicio de la labor periodística por la falta de investigación y sanción de las amenazas y otros crímenes. Esto envía un mensaje permisivo a quienes atacan a la prensa y deja inconclusa la desactivación del riesgo. 

Por lo anterior, es necesario que la Fiscalía refuerce sus técnicas de investigación y judicialización de las amenazas contra periodistas, pues este es uno de los delitos que más afecta a la prensa en Colombia, siendo cada año la principal agresión contra la prensa. 

En los últimos días la periodista independiente Katia Ospino ha sido objeto de amenazas e intimidaciones como retaliación por sus investigaciones sobre el abuso sexual a mujeres indígenas por parte de algunos miembros de la comunidad arhuaca. Ella también ha denunciado presuntos hechos de corrupción y fraude procesal que involucran a Zarwawiko Torres y otras autoridades indígenas.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las intimidaciones y amenazas que ha recibido el periodista Andrés Benavides, director de la emisora comunitaria Paraíso Stereo 96.3 FM.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas de las que fueron víctimas los periodistas de Córdoba Rafael Gómez, Édgar Astudillo, Organis Cuadrado y Rafael Moreno. La FLIP hace un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales para que protejan a los periodistas e inicien las investigaciones necesarias para dar con los responsables.

Luis Eduardo Alfonso Parada era periodista de la emisora Meridiano 70 en Arauca. A lo largo de 10 años, se dedicó a denunciar, a través de los micrófonos, temas relacionados con el orden público y la administración municipal. Hoy, tras 18 años de su asesinato, recordamos su trayectoria.

El periodista, a través del noticiero “Actualidad informativa”, se convirtió en un referente informativo para los araucanos pero, las amenazas fueron una constante. Luis Eduardo fue atacado la madrugada del 18 de marzo del 2003 por tres hombres en motocicleta. Estos realizaron múltiples disparos a la entrada de su casa, justo cuando iba de salida a la emisora.

En 2009, amparados bajo la Ley de Justicia y Paz, en el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, José Rubén Tobón, alias “Lucho” aseguró que el paramilitar alias “Cúcuta” había asesinado a Luis Eduardo. Este paramilitar, a su vez, declaró haber asesinado a un periodista. Tobón fue identificado como autor material y recibió una condena sin posibilidad de excarcelación. Sin embargo, los autores intelectuales aún no han sido identificados. 

En la FLIP no olvidamos a Luis Eduardo y su compromiso con la región. Su memoria debe ser honrada con la justicia y esclarecimiento completo de su asesinato. Gracias por recordar con nosotros.

Haciendo clic en el siguiente audio podremos escuchar la historia de este periodista:

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas contra las periodistas Vicky Dávila y Claudia Gurisatti por parte de Jesús Santrich, integrante de las disidencias de las FARC.

Más de dos años lleva sin resolverse el caso por amenazas de muerte en contra de Daniel Samper Ospina, Matador y María Antonia García de la Torre. Los periodistas fueron amenazados a través de Twitter por Ariel Ortega entre marzo y abril del 2018. Uno de los tuits decía “bobo mal nacido, vive insultando y cuando le dicen la verdad en esa jeta llora como una nena. ¡Qué falta hacen las AUC para callar a este sapo!”.

La FLIP expresa su preocupación por el exilio del periodista de Noticias Caracol Arlex Piedrahita tras recibir nuevas amenazas y ante la falta de garantías para salvaguardar su vida y continuar ejerciendo su labor en el país. 

El 16 de octubre de este año Piedrahita recibió un mensaje de texto a su celular en el que lo declaran objetivo militar y lo amenazan de muerte a él y a su familia. Esta es la más reciente de una serie de amenazas y hostigamientos que el periodista ha recibido desde el 2019 y que estarían relacionadas con el cubrimiento de temas judiciales, orden público y narcotráfico en los departamentos de Valle del Cauca y el norte del Cauca.

Las constantes intimidaciones y la falta de una respuesta efectiva y atención oportuna por parte de las autoridades obligaron a Piedrahita a abandonar el país a mediados de noviembre de este año buscando salvaguardar su integridad y la de su familia.  

Es la segunda vez que el reportero se ve obligado a dejar de hacer su trabajo periodístico como consecuencia de la falta de garantías frente a su seguridad. A finales de 2019, luego de recibir amenazas en su contra junto con otros cuatro periodistas, Piedrahita estuvo por fuera de los medios un par de semanas y un día después de reintegrarse a su trabajo recibió una nueva intimidación en la que le advertían que tenía que renunciar al noticiero. 

Cuando Piedrahita recibió nuevamente una amenaza en octubre de este año sintió que ya no tenía muchas opciones, no encontró una respuesta diligente y oportuna por parte de las autoridades: no había garantías de seguridad para él y su familia. Además, dos de los periodistas que habían sido amenazados con él en agosto de 2019 se vieron obligados a salir del país por encontrarse en las mismas condiciones. Así, con el apoyo de su medio de comunicación, el periodista abandonó el país.  

En noviembre de 2019, la FLIP advirtió que Piedrahita se encontraba en un alto riesgo y era urgente implementar medidas idóneas. Sin embargo, la Unidad Nacional de Protección (UNP) tardó un año en volver a evaluar la situación de riesgo del periodista y la FLIP aún no conoce de ningún avance en las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación por estos hechos. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha resaltado que  los Estado no sólo tienen la obligación de proteger a periodistas en riesgo, sino que deben garantizar que las medidas de protección adoptadas sean efectivas y adecuadas. 

La Fundación hace un llamado urgente a la Fiscalía y a las autoridades competentes para que investiguen con celeridad, seriedad e imparcialidad, las amenazas y hostigamientos reportados por los tres periodistas con el fin de identificar y sancionar a los responsables.  El exilio de periodistas trae consecuencias devastadoras para la libertad de prensa. Además de tener una afectación psicológica, económica, social y familiar en quienes lo padecen, genera un ambiente de miedo y autocensura entre los periodistas que están alrededor. 

La FLIP rechaza la amenaza de la que fue víctima el periodista Mario Manuel Ubarnes el pasado 27 de octubre. La Fundación le solicita a las autoridades llevar a cabo las acciones necesarias para proteger al reportero.

Urbanes le manifestó a la FLIP que en la puerta de su casa ubicada en el municipio de San Antonio de Palmito, Sucre, desconocidos dejaron una bolsa negra que contenía una corona fúnebre. Además, una lideresa del municipio también recibió el mismo día un ramo similar con un mensaje en el que la amenazan de muerte. 

El periodista dirige un programa radial en la emisora comunitaria Palmitos Estéreo en el que recientemente ha hecho denuncias sobre el robo de ganado en esa región. Además, ha hablado en la emisora sobre irregularidades relacionadas con la contratación en la administración municipal. 

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie la evaluación de riesgo con el fin de implementar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la vida y la integridad del reportero. Así mismo, la Fundación insta a la Fiscalía General de la Nación a que investigue con celeridad estos hechos y tome las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad del periodista.

La debida investigación y sanción de los responsables de la violencia contra la prensa es fundamental para la generación de garantías alrededor del desarrollo de la labor periodística sobre todo en zonas en las que la oferta informativa es escasa. 

La FLIP conoció que el periodista Omar Martínez recibió una amenaza el pasado 15 de octubre. Según Martínez, un conocido suyo le manifestó que lo habían llamado para que le dijera al periodista que "se quedara quieto y que dejara los ataques a la alcaldía". Posteriormente, una fuente del reportero le informó que en una reunión que se había hecho en una finca cerca al municipio de Caucasia, Antioquia, en la que participaron miembros de bandas criminales, se había hablado de un plan para atentar contra su vida.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la amenaza que recibieron los periodistas Cipriano López, Lina María Peña, Yannis Moscote, Víctor Polo, Miguel Martínez, Víctor Rodríguez, Aristides Herrera y Leopoldo Díaz Granados. La FLIP les solicita a las autoridades que se investiguen los hechos y se garantice la seguridad de los reporteros.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la intimidación que recibió Juan Alejandro Loaiza, periodista de la emisora comunitaria Nueva Era Algeciras, por parte de desconocidos. La FLIP les solicita a las autoridades que se investiguen los hechos y se garantice la seguridad del comunicador.

El periodista Éder Narváez ha hecho publicaciones acerca de la difícil situación de orden público que enfrenta la región del Bajo Cauca Antioqueño.Narváez recibió dos amenazas de un hombre que se identificó como comandante de la organización criminal Los Caparrapos. Es fundamental que la UNP garantice la seguridad del periodista y que la Fiscalía investigue los hechos.

• El reportero Wilfer Moreno fue víctima de una amenaza por parte de un hombre que se identificó como comandante del ELN.

• Moreno se vio obligado a dejar inmediatamente el departamento.

• La FLIP le solicita a la UNP que tome las medidas necesarias para proteger al periodista.

La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad del periodista de CNC Noticias, Wilfer Moreno. El reportero fue víctima de una amenaza que lo obligó a desplazarse del municipio de Arauca. La Fundación les solicita a las autoridades que investiguen estos hechos y garanticen la seguridad del periodista.

El pasado jueves 13 de febrero el reportero recibió una llamada en la que un hombre que se identificó como alias “Marcos” lo amedrentó para que suspendiera la transmisión de su espacio informativo durante el paro armado de 72 horas que anunció el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que empieza este 14 de febrero. Cuando Moreno se negó cumplir con la orden, el desconocido lo declaró objetivo militar y le advirtió que tenía que abandonar el departamento en una hora.

Luego de la amenaza, el reportero tuvo que salir de inmediato del municipio para salvaguardar su vida. Esta intimidación se presentó luego de que Moreno cubriera los temas de orden público en el departamento a través de su espacio informativo, en el que denuncia constantemente las acciones delictivas del ELN. El desplazamiento del reportero afecta la pluralidad informativa de los araucanos, debido a que la señal del informativo de CNC llega a los municipios de Fortul, Tame, Saravena, Rondón y Arauca.

La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que tome las acciones necesarias para proteger a Wilfer Moreno durante el tiempo que se encuentre fuera de Arauca e implemente las medidas necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Adicionalmente, la FLIP le hace un llamado a la Unidad para que coordine con las autoridades locales la implementación de medidas preventivas con el fin de garantizar el trabajo informativo de los demás reporteros del canal y d otros medios de comunicación.

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad estas amenazas con el fin de dar con el paradero de los responsables. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

La FLIP rechaza las amenazas que recibieron los reporteros Ignacio Gómez, Jairo Tarazona, José Luis Mayorga y la periodista Julieth Cano. La FLIP hace un llamado a las autoridades competentes para que protejan a los afectados e investiguen estos hechos con celeridad.

• Julieth Cano, corresponsal de Noticias Caracol en Cúcuta, recibió una amenaza en su celular.
• El periodista de RCN Radio Jairo Tarazona recibió un paquete que contenía un panfleto firmado por las Águilas Negras.
• En lo corrido del año, la FLIP ya documentado 12 amenazas a periodistas.

El pasado 4 de febrero la periodista Julieth Cano, corresponsal de Noticias Caracol en Cúcuta, recibió una amenaza a través de un mensaje de texto proveniente de un número desconocido. La reportera ha estado haciendo un amplio cubrimiento sobre la situación de la frontera colombo-venezolana en la capital de Norte de Santander y manifiesta que desde hace varios meses hombres desconocidos la han intimidado a ella y a su equipo periodístico para que no continúen ejerciendo su labor en la frontera. 

A este caso se suma la intimidación que recibieron el pasado 5 de febrero  Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno; Jairo Tarazona, periodista de RCN Radio y José Luis Mayorga, del medio Agencia Reporteros Sin Fronteras. Tarazona recibió en su lugar de trabajo una correspondencia de una empresa de mensajería que opera a nivel nacional. El paquete que tenía como destinatario al reportero contenía un panfleto firmado por las Águilas Negras en el que aparecía su nombre junto al de Gómez y Mayorga.  Además de los periodistas, en el panfleto aparecen funcionarios, políticos, defensores de derechos humanos y líderes estudiantiles y sindicales. 

Esta no es la primera vez que estos tres reporteros reciben amenazas de este tipo. El 9 de septiembre de 2019, a los periodistas les llegó un panfleto a través de un mensaje de WhatsApp en el que los declaran objetivo militar. Con esta intimidación son 12 las amenazas que la FLIP ha registrado en lo corrido de 2020 y que han afectado a 15 periodistas, es decir, casi dos víctimas por semana.

La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que tenga en cuenta estos hechos en la evaluación de la situación de riesgo de los periodistas amenazados con el fin de implementar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Teniendo en cuenta que se tiene información del remitente, la Fundación le exige a la Fiscalía General de la Nación que investigue con celeridad los hechos para identificar y sancionar a los responsables.

Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

La FLIP expresa su preocupación por la situación de riesgo de María Eugenia Durango, periodista de estación radial de Ituango, la segunda emisora de pedagogía para la paz en el país, que es operada por la Radio Nacional de Colombia. La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que atienda de manera urgente las necesidades de reubicación de la comunicadora en condiciones de seguridad.

El pasado 13 de enero la Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió reducir las medidas de protección del reportero y defensor de Derechos Humanos Ricardo Ruidíaz, aun cuando las amenazas y los hostigamientos en su contra han sido reiterativos y se han intensificado en los últimos meses.

El pasado 6 de diciembre, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar condenó a John René Gélvez Gélvez, alias "Orbitel", a 80 meses de prisión por el delito de amenazas contra los periodistas Juan Pablo Latorre y Katherine Leal. Esta es la cuarta sentencia que se emite en lo corrido del año por amenazas contra periodistas y es la condena más alta. 

Gélvez admitió haber amenazado telefónicamente a Latorre y a Leal desde el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, donde se encuentra recluido. Esta es la segunda sentencia en contra de Gélvez por hechos similares. En agosto de este año, fue condenado a 53.33 meses de prisión por amenazar al periodista Jorge Eduardo Espinosa Ahumada.

Los cuatro fallos se enmarcan en la estrategia de priorización de investigación y judicialización de amenazas contra defensores de derechos humanos, creada por la Fiscalía General de la Nación en la Resolución 00339 de 2018. En este momento continúan en etapa de juicio otros casos por amenazas contra los periodistas Claudia Gurisatti, Luis Carlos Vélez, María Jimena Duzán y Juanita Gómez.

La FLIP reconoce el trabajo realizado para avanzar en la investigación y judicialización de las amenazas contra periodistas. No obstante, vale la pena señalar que de los casos reportados a la FLIP en 2018 de amenazas el 99% permanece en la impunidad. En consecuencia, la FLIP hace un llamado a la Fiscalía y a las autoridades judiciales para que continúen y amplíen sus esfuerzos en el tema, la lucha contra la impunidad por estos hechos es fundamental para la garantía de la libertad de prensa en Colombia.

La FLIP rechaza la amenaza que recibieron los periodistas Miguel Rojas y Rubén Darío Rojas de Ipiales, Nariño, el pasado 30 de septiembre. Así mismo, la FLIP expresa su preocupación por los señalamientos que han realizado funcionarios públicos de Ipiales contra los medios de comunicación de ese municipio responsabilizando a la prensa del fallecimiento, el 11 de octubre, del gerente de la empresa de obras sanitarias, Empoobando.  

La FLIP tuvo conocimiento de que el 30 de septiembre de 2019 hasta las instalaciones de Caracol Radio Ipiales llegó un CD con un video en el que un hombre encapuchado amenaza a Miguel Rojas, periodista de esa emisora, y a su hijo Ruben Dario Rojas, quien trabaja en el sistema radial de Tropicana. La amenaza está relacionada con una serie de debates electorales que han organizado los periodistas en alianza con otros medios del municipio. 

En otros hechos, el 11 de octubre, varios funcionarios públicos de Ipiales salieron a marchar contra los medios de comunicación. Según contó a la FLIP uno de los periodistas señalados, quienes protestaron frente a la sede de Caracol les gritaban “asesinos” y los acusaban de propagar el odio contra los funcionarios públicos. Además, algunos funcionarios publicaron a través de sus redes sociales mensajes en los que señalaban que la presión de los medios de comunicación sobre Fernando Rosero, gerente de Empoobando, había causado su muerte. El fallecimiento de Rosero se dio en medio de una grave crisis de desabastecimiento de agua en el municipio que duró un mes, que estaba siendo superada desde hace una semana y que recibió amplio cubrimiento de los medios de comunicación.

La crisis por el desabastecimiento de agua es un tema de alto interés para la comunidad que merece atención de la prensa. Si bien la manifestación pública es un derecho constitucional, a la FLIP le preocupan las estigmatizaciones que un sector de la administración pública de Ipiales hizo contra los periodistas y medios de comunicación al responsabilizarlos de la muerte del señor Rosero. Este tipo de señalamientos, en el contexto como el que vive actualmente el departamento, pueden poner en alto riesgo a los periodistas del municipio.

Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha sido enfática en declarar que los funcionarios públicos tienen la obligación de adoptar un discurso público favorable que contribuya a prevenir la violencia contra la prensa, aún cuando la información divulgada resulte contraria a sus interes: “la obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.

Varios periodistas consultados por la FLIP manifiestan que incluso el alcalde, en el pasado, ha hecho señalamientos contra la prensa vinculando a los periodistas con intereses políticos. 

En relación con estos hechos, la FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie el estudio de riesgo para los periodistas Miguel Rojas y Ruben Dario Rojas, así como para que evalúe las situación de seguridad de los periodistas en Ipiales en el marco del cubrimiento de las elecciones del 27 de octubre. Adicionalmente, le solicita a la Fiscalía general de la Nación para que investigue la amenaza contra Miguel y Rubén Darío Rojas  y sancione a los responsables.

La fundación se comunicó con la Alcaldía Municipal de Ipiales y con la Gobernación de Nariño para obtener sus declaraciones sobre estas situaciones, sin embargo, las dos entidades manifestaron que aún no se pronunciarán al respecto. La FLIP le hace un llamado a alcalde de Ipiales y a todos los funcionarios de esta administración para que se abstengan de estigmatizar a la prensa y sean garantes de la labor periodística.

La FLIP rechaza el acoso y las amenazas de las que ha sido víctima la periodista de la W Radio, Luz Helena Fonseca, luego de que congresistas del Centro Democrático, incluido el senador Álvaro Uribe, descalificaran a la periodista por un supuesto activismo en contra del líder político de ese partido.

La Fundación para la Libertad de Prensa expresa su preocupación por la amenaza a nueve periodistas del departamento de Nariño a través de un panfleto firmado por las Águilas Negras. Entre los periodistas afectados están el director del Periódico Punto, Francisco Terán; el director de Nariño Noticias, Miguel Ángel Villarreal; la corresponsal de Canal Uno y CM&, Lorena Caicedo y la corresponsal de Radio Nacional de Colombia, Natalia Cabrera. 

Varios de los periodistas le manifestaron a la FLIP que el panfleto fue dejado el 26 de septiembre en la madrugada en las instalaciones del Canal Nariño Televisión por una persona encapuchada que habría sido grabada por las cámaras de seguridad del edificio. 

En lo corrido de este año la Fundación ha registrado once ataques a la prensa ocurridos en el departamento que han afectado a 20 comunicadores, entre los cuales está el periodista de Samaniego Stereo, Libardo Montenegro, quien fue asesinado el 11 de junio de 2019. 

La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que haga una evaluación de la situación de riesgo que enfrentan los periodistas amenazados con el fin de implementar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Adicionalmente, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue a fondo este hecho con el fin de identificar y sancionar a los responsables.

Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas en contra de Natalia Cabrera, corresponsal de Radio Nacional de Colombia en Pasto. La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad de la reportera, debido a las constantes intimidaciones que ha recibido en los últimos días y le solicita al Estado que atienda la situación de riesgo con celeridad.

En lo corrido del 2019, la Fiscalía General de la Nación ha logrado avanzar en la investigación y juzgamiento de varios casos de amenazas contra periodistas en Colombia.

La FLIP expresa su preocupación por la amenaza que recibió Tatiana Salamanca, periodista de Uniminuto Radio, por el desarrollo de su labor periodística. El 4 de junio, una de las fuentes de la periodista le informó que un hombre había ido hasta su casa a decirle que los iban a matar a ellos y a la reportera porque sabían que ella seguía haciendo investigaciones sobre la red de expendio de drogas que se conformó después de que el gobierno de Bogotá interviniera la zona del Bronx.

En 2018 la violencia contra la prensa recrudeció. Desde que la FLIP lleva un registro amplio de los ataques a la prensa, nunca se había llegado a un número tan alto de agresiones contra periodistas. El fenómeno de violencia ha cambiado y aunque cada vez es menos letal, los  ataques van en aumento, este año fueron 477, incluidos tres asesinatos.

Los agresores y las formas de censura son cada vez más diversas: actores ilegales que amenazan, secuestran y asesinan; funcionarios que obstruyen, estigmatizan y usan el aparato judicial para censurar; una fuerza pública que agrede y detiene ilegalmente, particulares que usan las redes sociales para acosar y amenazar; y un Estado que desprotege, no investiga y no garantiza justicia.

El secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio a manos del Frente Óliver Sinisterra enlutó al periodismo latinoamericano. Además, dejó en evidencia la indolencia de los Estados colombiano y ecuatoriano frente a un crimen atroz. A pesar de los avances de la Fiscalía colombiana en la captura de algunos implicados, los Estados no han aportado verdad y se han enfocado en evadir responsabilidades.

Las 200 amenazas contra periodistas en el 2018 encendieron las alarmas de la FLIP, de las autoridades nacionales y de embajadas y organizaciones internacionales que se manifestaron públicamente. En regiones como el Catatumbo, Tolima o Putumayo las amenazas incrementaron ostensiblemente y la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente.  

El programa de protección a periodistas del gobierno ha contribuído a la reducción de asesinatos, sin embargo, muestra sus limitaciones a la hora de implementar esquemas efectivos, preventivos y que tengan en cuenta medidas diferenciales.  El Ministerio del Interior comenzó a implementar su Programa de Acción Oportuna y será el 2019 el año para evaluar los primeros resultados.

AQUÍ PUEDE NAVEGAR POR EL INFORME "PRENSA ACORRALADA: UN JUEGO DE VIOLENTOS Y PODEROSOS"

El 2018 demostró que los funcionarios públicos y los líderes políticos no se han interesado en garantizar un desarrollo del trabajo periodístico. Incluso, hay casos en los que algunos parecen considerar que la prensa es su enemigo, en lugar de un pilar fundamental de la democracia. El discurso público de líderes de filiación política diversa y autoridades en ejercicio han consolidado un clima de permisividad y justificación a los ataques contra la prensa.

En el 2018 se presentaron ocho proyectos de ley que pueden ser restrictivos al derecho a la libertad de expresión: controlar el uso de las redes sociales, revivir la tarjeta profesional, censurar contenido legítimo acusándolo de “íntimo”, bloquear contenidos en internet; establecen más riesgos para un ejercicio del periodismo libre. A esta lista se debe sumar la promoción del proyecto de ley TIC que otorga un poder excesivo al gobierno para que, directa o indirectamente, decida sobre el otorgamiento y la renovación de licencias de televisión y radio y castigue a sus operadores.

Por otro lado, es importante destacar algunos avances en asuntos de justicia. Se impuso la condena más alta en delitos contra la libertad de expresión en Colombia y se adoptaron decisiones trascendentales en casos que llevaban más de diez años sin resolverse. Sin embargo, estos avances contrastan con los niveles de impunidad que se mantienen.

La Fiscalía designó a un fiscal especializado para investigar las amenazas en Bogotá y ordenó el apoyo a fiscales seccionales para la investigación de algunas amenazas en otras partes del país. Además, implementó una línea telefónica única para la atención de amenazas. Como consecuencia de estos avances, varias personas han sido vinculadas a las investigaciones de la Fiscalía como posibles autores de estos delitos

Sin embargo, algunos de los casos más representativos en cuanto a violencia contra periodistas han sido objeto de dilaciones y retrocesos que obstaculizan seriamente la obtención de justicia. Incluso, se ha dejado en libertad a implicados en crímenes como tortura psicológica y secuestro a periodistas.

Por otra parte, algunas entidades públicas y funcionarios de elección popular han utilizado la pauta oficial para influir directamente en los contenidos de los medios de comunicación. La discreción en la asignación, la injerencia en las líneas editoriales y el autobombo son algunos patrones en el uso de la pauta oficial.

Esta realidad se presenta de cara al aniversario 20 de la muerte de Jaime Garzón. Este año representa grandes retos para que la memoria de Garzón se vea reflejada en una ciudadanía con más herramientas para debatir sobre asuntos de interés público.

En Colombia la mitad de los municipios no tienen medios de comunicación que publiquen informativos locales, lugares donde viven más de nueve millones de personas. Bajo este panorama, las autoridades, la ciudadanía, los medios de comunicación y la sociedad civil tenemos un reto muy grande no solo para enfrentar la violencia y la censura que se vive actualmente en el país, sino también para impulsar proyectos periodísticos en esa parte del país que vive en desiertos de información.

Aquí puede descargar el informe en PDF.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por el riesgo que enfrenta el periodista Ricardo Ruidíaz. Durante este 2018 el reportero ha sido víctima de más de 20 amenazas y hostigamientos. Advertimos que la respuesta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) no es proporcional al riesgo y la gravedad de los hechos no se corresponde con la protección que le ha sido asignada. La Fiscalía, que conoce de las amenazas, no ha mostrado avances en las investigaciones profundizando la vulnerabilidad del periodista. Alzamos nuestra voz para enfatizar nuestro temor de que esta persecución contra el periodista de Colmundo Radio tenga un desenlace fatal.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las recientes amenazas en contra del periodista Ricardo Ruidíaz. En lo corrido del año la FLIP ha registrado 20 agresiones en contra el reportero.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas contra periodistas de medios de comunicación alternativos y les exige a las autoridades diligencia para investigar y sancionar a los responsables.

La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad de los periodistas Alberto Castaño y María Lourdes Zimmermann, quienes tuvieron que abandonar el país en junio de este año. La Fundación le hace un llamado a las autoridades colombianas para que atiendan este caso con celeridad y dispongan de las medidas necesarias para proteger a los reporteros.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas contra periodistas y medios de comunicación nacionales.

El lunes 23 de julio los representantes de 5 embajadas con sede en Colombia, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Delegación en Colombia de la Unión Europea, se reunieron con miembros de la Fundación para la Libertad de Prensa y un grupo de periodistas nacionales y regionales para conocer de primera mano los detalles del incremento en las amenazas a la prensa que se denunciaron el pasado 11 de julio. 

A partir de este encuentro, 19 entidades, entre embajadas y organizaciones internacionales, expresaron su preocupación, solidaridad y respaldo a los periodistas y su trabajo por defender la libertad de expresión.

El texto completo del comunicado conjunto se puede leer aquí.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas en contra de Fernando Londoño por el desarrollo de su labor periodística y les exige a las autoridades diligencia para investigar y sancionar a los responsables.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las nuevas amenazas de atentado en contra de los periodistas y las instalaciones de los diarios La Opinión y Q’hubo de Cúcuta, Norte de Santander.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas en contra del equipo periodístico de RCN Radio y les solicita a las autoridades que investiguen y sancionen a los responsables de estos hechos.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas en contra de las reporteras y La Silla Vacía por el desarrollo de su labor periodística. Les exigimos a las autoridades diligencia para investigar y sancionar a los responsables.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por el incremento en el número de amenazas contra periodistas en Colombia. En los últimos seis meses, muchos reporteros que alternan sus labores con el activismo social han sido víctimas de intimidaciones.

El 14 de junio de 2018 la residencia de Juan José Hoyos, columnista y colaborador de El Colombiano, fue asaltada por desconocidos. Cuando el periodista llegó a su vivienda en Medellín encontró destruida la cerradura de la puerta del apartamento y, al revisar sus objetos personales, notó que habían robado su computador, un disco duro, una cámara de video y una cámara fotográfica.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- exige a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección garantizar la vida e integridad de Ricardo Ruidíaz, periodista de Colmundo Radio, quien recientemente ha sido amenazado por su trabajo en el Magdalena Medio.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza las amenazas de las que fue víctima el periodista ambiental y les solicita a las autoridades responsables de la seguridad de los reporteros que proporcionen las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de labor periodística de Castaño.

El periodista Carlos Figueroa denunció haber sido víctima de amenazas de muerte por parte de personas de notoriedad pública en la ciudad de Cartagena.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por el clima adverso para la libertad de expresión que se está consolidando con relación a las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año en Colombia.

En el 2015 se registraron 147 agresiones contra la libertad de prensa. Esta cifra aumentó en el 2016 a 216 y, a pocos días de que termine el 2017, la FLIP ya ha registrado 300 ataques. El aumento en amenazas es alarmante. El año pasado 89 periodistas fueron amenazados, este año la cifra ya supera los 130. Esto representa un aumento del 32 % en un año.

Las agresiones contra la prensa cometidas por funcionarios públicos y políticos también han aumentado. En lo corrido del año se han documentado 70 de estos ataques. Esto es el 25% de la totalidad de agresiones documentadas por la FLIP. La agresión más frecuente de funcionarios es la estigmatización. Este año van 24 casos. Estos hechos convierten a los servidores públicos en uno de los mayores agresores de la libertad de expresión en Colombia por encima de los grupos armados ilegales.

En el periodo electoral que se aproxima es crucial garantizar que la deliberación pública transcurra sin restricciones ni presiones para un voto informado. La FLIP considera que este debate electoral podría verse contaminado por un ambiente de agresiones contra los medios y estigmatizaciones difundidas masivamente a través de internet.  

De manera creciente, funcionarios y políticos y otros líderes públicos, están encontrando réditos políticos en estigmatizar y señalar de manera violenta a quienes opinan e informan a través de medios de comunicación. Esta actitud es una característica trazable en todas las tendencias ideológicas que participan de la contienda electoral y pone en riesgo a periodistas en todas las regiones de Colombia.

La FLIP hace un llamado a los partidos políticos y a los candidatos a cargos de elección popular a que se abstengan de hacer señalamientos estigmatizantes contra los medios y el trabajo periodístico. Así mismo, a que respondan a las críticas de manera responsable velando porque sus declaraciones no limiten la libertad de expresión de quienes les critican. “Los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento,” dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El voto informado en las próximas elecciones tampoco será posible sin mayor transparencia en la financiación de las candidaturas. Es necesario que candidatos y partidos divulguen detalles del  flujo de recursos de parte de particulares hacia las campañas, así como de las campañas hacia los medios de comunicación, especialmente en pagos asociados a publireportajes, publicidad política pagada y anuncios de campaña en televisión, prensa, radio, medios digitales, Facebook, Twitter, Instagram entre otros.

La FLIP es consciente de la importancia de las decisiones que tendrán que tomar los colombianos en las próximas elecciones. Para que estas decisiones sean libres y democráticas, se requiere proteger la discusión pública y los derechos a informar y a ser informados.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por las frecuentes intimidaciones de las que ha sido víctima el reportero de Colmundo y le hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que fortalezca su esquema de protección cuanto antes.

El 2 de noviembre, Ruidíaz recibió una llamada por parte de un desconocido, que lo amenazó: “Lo tenemos vigilado. Se salvó porque va en el SITP con el polocho pero lo tenemos vigilado y le vamos a dar en la jeta pa’ que aprenda, sapo hp. Está en la emisora pero espere que esté solo que lo vamos a coger y lo vamos a reventar”, sentenció el agresor.

Minutos antes, Ruidíaz identificó la presencia de un hombre en motocicleta frente a su lugar de residencia. Luego, mientras el periodista y su hombre de protección, asignado por la UNP, se trasladaban en un bus de transporte público; notaron que un hombre de aspecto y actitud sospechosa abordó el vehículo y se bajó de este una cuadra antes de llegar a las instalaciones de Colmundo. En el momento en que el hombre salió del bus, se subió a una motocicleta que lo estaba esperando.

Las intimidaciones y hostigamientos en contra de Ruidíaz han sido constantes. El 14 de mayo, en la transmisión del programa “Rompecabezas arma corazones”, un hombre llamó a la emisora y amenazó al aire al reportero: “Tenemos un comunicado para el señor Ricardo Ruidiaz: dígale al periodista y director de la ONG, Ricardo Ruidíaz, que no siga investigándonos, que no sea sapo, no meta las hijueputas narices donde no debe. Le damos 24 horas para que salga de la ciudad y se esconda” (sic). Después de esto, el reportero recibió más amenazas telefónicas y fue víctima de seguimientos en sus lugares de vivienda y de trabajo.

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le solicita a la UNP que refuerce cuanto antes el esquema de protección de Ruidíaz con el fin de salvaguardar su vida y su integridad.  

La Fundación reitera su preocupación por los inconvenientes que implica la asignación de esquemas de protección que no garantizan un transporte seguro para sus beneficiarios y que, por el contrario, aumentan las condiciones de vulnerabilidad de los protegidos y sus hombres de protección. La FLIP ha expresado esta preocupación con insistencia ante la UNP con el fin de prevenir situaciones de riesgo inminentes como la que se presentó en contra de Ruidíaz, pero las recomendaciones no han sido acogidas por la entidad.

La Fundación hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad los hechos de violencia de los que ha sido víctima Ruidíaz con el fin de identificar y sancionar a los responsables. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, ha indicado que “es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por las constantes amenazas de las que ha sido víctima el periodista José Luis Mayorga, director del medio Agencia de Reporteros Sin Fronteras.

El pasado 29 de octubre el reportero recibió un panfleto con la siguiente amenaza: “Ustedes hijueputas periodistas sapos no han creido que nuestra advertencia es de verdad y piensan que pueden sguir paseándose y guevoneando por donde se les de la gana (...) cuando ustedes perros no sean sino unos periodistas mas muertos, de los que vendran porque nuestra lista de sapos Castro Chavistas camuflados como periodistas aumenta y acabaremos con toda esa plaga" (sic).  

Los agresores dejaron la intimidación dentro de un sobre en la portería del edificio en el que vive Mayorga, pero no se especificaba el destinatario, únicamente tenía registrado el número de apartamento. El panfleto, además, tenía impreso el símbolo de las “Águilas Negras” y estaba firmado por el “Bloque Capital”.  

Esta no es la primer amenaza que recibe el periodista. En abril de este año, Mayorga recibió un panfleto con las mismas características, pero en esa ocasión el sobre contenía dos balas. El mensaje de aquella vez decía: “SAPO CASTRO CHAVISTA LAS PROXIMAS NO LAS VERA POR QUE ESTARAN DENTRO DE SU CABEZA POR NO HABER APRENDIDO Y SEGUIR JODIENDO DONDE NO DEBE” (sic).

El medio ha publicado investigaciones de alta sensibilidad relacionadas con el proceso de paz de las Farc, los diálogos del Gobierno con el ELN, algunos casos de corrupción y de influencia de grupos paramilitares en diferentes regiones del país.

La FLIP expresa su preocupación por los riesgos a los que está expuesto el director de la Agencia Reporteros Sin Fronteras por las constantes amenazas que ha recibido. A partir de estos nuevos hechos, la Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección que refuerce las medidas de protección de Mayorga con el fin de salvaguardar su vida y su integridad. La FLIP considera que las intimidaciones de las que ha sido víctima el reportero lo sitúan en un riesgo inminente, que el Estado tiene el deber de atender con celeridad.

La Fundación hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad los hechos de violencia de los que ha sido víctima Mayorga con el fin de identificar y sancionar a los responsables. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, ha indicado que “es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

El 19 de octubre la Fiscalía General de la Nación declaró como crimen de lesa humanidad los delitos de tortura y persecución de los que fue víctima la periodista Claudia Julieta Duque por parte de funcionarios del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La FLIP respalda esta decisión y hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación y al poder judicial para que esta declaratoria esté acompañada de investigaciones y juicios más efectivos con el fin de sancionar a los responsables de estos delitos. Teniendo en cuenta que la decisión implica que estos delitos no puedan prescribir, esto no se puede convertir en un incentivo para que las investigaciones se dilaten sin resultados.

Lunes, 27 de febrero de 2017

Exfuncionarios del DAS irán a juicio y Claudia Julieta Duque declarará como víctima de tortura psicológica

Rodolfo Medina Alemán (quien se encuentra prófugo) y Ronal Rivera Rodríguez (exdirector y exdetective de Contrainteligencia del DAS) serán llevados a juicio por el delito de tortura psicológica agravada de la que fue víctima la periodista Claudia Julieta Duque Orrego.

El proceso contra ambos exfuncionarios del DAS no ha sido fácil, pues sus defensores han usado maniobras dilatorias argumentado que se ha vulnerado el debido proceso y solicitando nulidades procesales.  Sin embargo, el Juez Segundo Penal Especializado dejó en firme el juicio que se adelanta contra estos, argumentando que durante el todo el proceso se han respetado las garantías procesales y el derecho de defensa de Medina y Rivera.

El juicio continuará el próximo 1 y 2 de marzo en los Juzgados Penales Especializados de Bogotá y Cundinamarca. Precisamente el jueves 2 la periodista tendrá que declarar como víctima dentro del proceso e invita a diferentes organizaciones nacionales e internacionales a que la acompañen en esta etapa tan importante para ella.

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Administración de Justicia para que las investigaciones y sanciones por los hechos avancen favorablemente hacia el esclarecimiento de la verdad y la condena de todos los autores materiales e intelectuales involucrados, entre ellos funcionarios y exfuncionarios estatales.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por los hechos de los que fue víctima la columnista Leszli Kálli, el día de ayer en Floridablanca, Santander.

La FLIP rechaza las intimidaciones de las que fue víctima Ricardo Ruidiaz y el resto del equipo periodístico de Colmundo Radio en Bogotá.

El domingo 14 de mayo, mientras Ruidiaz transmitía en vivo el programa “Rompecabezas arma corazones”, un hombre llamó a la emisora y amenazó al aire al reportero: “Tenemos un comunicado para el señor Ricardo Ruidiaz: dígale al periodista y director de la ONG, Ricardo Ruidiaz, que no siga investigándonos, que no sea sapo, no meta las hijueputas narices donde no debe. Le damos 24 horas para que salga de la ciudad y se esconda” (Sic.). 

Según los miembros del equipo periodístico, apenas notaron que se trataba de una amenaza, retiraron la llamada del aire y por el interno escucharon que el agresor se identificó como miembro del Clan del Golfo. Además de la labor que desempeña como periodista, Ruidiaz es el director de la Fundación Amigos Unidos, que denuncia y hace campañas de prevención sobre los riesgos a los que están expuestos los menores en Colombia. En los últimos días el periodista ha denunciado que las bandas criminales son los principales agresores de niños en el país frente a los delitos relacionados con explotación sexual.

El lunes 15 de mayo la Cadena Radial Colmundo emitió un pronunciamiento público refiriéndose a las intimidaciones y respaldando a Ruidiaz: “Es nuestra obligación sentar una voz de protesta y rechazo ante cualquier intención de intimidar o silenciar a un comunicador, pues nuestro trabajo se enfoca en un servicio social e informativo, que está alejado de cualquier otra consideración o postura”.

La FLIP expresa su preocupación por estas amenazas y le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos. Al respecto, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que la "intimidación, amenaza a los comunicadores sociales (...) viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Fundación hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que refuerce el esquema de seguridad de Ruidiaz con el fin de salvaguardar su vida. Para la FLIP, la amenaza pública de la que fue víctima el reportero lo sitúa en un riesgo inminente que el Estado debe atender con celeridad.   

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza los señalamientos hechos por el senador del Centro Democrático contra Julián Martínez, reportero del noticiero que dirige Cecilia Orozco.

El lunes 15 de mayo el senador Álvaro Uribe Vélez estigmatizó a Martínez a través de su cuenta en Twitter: “A Noticias Uno, su periodista Pro Farc Julián Martínez y a su directora dra Orozco les repetiré la respuesta de 2013 a su repetido infundió,” (sic.) dijo Uribe.

 A Noticias Uno, su periodista Pro Farc Julián Martínez y a su directora dra Orozco les repetiré la respuesta de 2013 a su repetido infundió

 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 15 de mayo de 2017

Los ataques del senador del Centro Democrático se produjeron luego de que Martínez publicara una nota en la que denuncia que entre los años 2008 y 2010, Uribe destinó recursos del Estado para sus propiedades. Según la publicación, el entonces presidente Uribe firmó un decreto que le permitió recibir subsidios por más de 3000 millones de pesos a través de su finca el Ubérrimo y otros predios ubicados en Mocarí, Córdoba.

Las estigmatizaciones del senador sitúan al periodista en una situación de riesgo infundado que puede desencadenar ataques de mayor gravedad. Este señalamiento, sobre el cual Uribe no presenta pruebas, supone que el reportero pertenece o simpatiza con un grupo armado. Algunos podrían interpretar esto como un aval para agredir al periodista.

Al respecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión declara que los funcionarios públicos tienen la obligación de adoptar un discurso favorable que contribuya a prevenir la violencia contra la prensa: “la obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.

En segundo lugar, los señalamientos de Uribe son un mensaje amedrentador para otros medios y periodistas, que generan un efecto inhibitorio para continuar con la investigación del tema publicado por Noticias Uno, que es un asunto de interés público. En ese sentido, la estrategia del Senador de responder con acusaciones personales, en lugar de presentar su versión sobre los hechos, debilita la deliberación pública y fractura las garantías para que los ciudadanos en Colombia puedan opinar e informar sobre el poder público.

La FLIP invita al senador Álvaro Uribe a expresar sus desacuerdos con la prensa de una manera que no afecte la labor de los periodistas y a adoptar un discurso que garantice la libertad de expresión y de información. Así mismo, la FLIP hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que adelante la investigación disciplinaria en contra del funcionario y determine las sanciones a las que haya lugar.

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Algunos antecedentes

No es la primera vez que Álvaro Uribe recurre a los ataques contra la prensa como respuesta pública a las críticas, denuncias y cuestionamientos que se le hacen en su condición de persona pública sometida a escrutinio social. La FLIP ha registrado las siguientes:

En 2002 Daniel Coronell publicó en una columna que en 1984 un helicóptero de Alberto Uribe Sierra, padre de Álvaro Uribe, había sido encontrado en el laboratorio de Tranquilandia. En esa ocasión el actual senador del Centro Democrático acusó por primera vez al columnista de Semana de tener vínculos con los narcotraficantes Perafán y Villegas. 

En abril de 2006 el entonces presidente Uribe afirmó que algunos medios de comunicación le “están haciendo daño a la legitimidad institucional” y que “la libertad periodística no puede sustituir a la justicia”. En su momento la FLIP expresó su preocupación por estas declaraciones, ya que podían malinterpretarse y generar una estigmatización en contra de los medios de comunicación y de la libertad de prensa en general.

El 2 de octubre de 2007, en una entrevista que le hizo Caracol Radio, el mandatario aseguró que el periodista Gonzalo Guillén "ha dedicado una carrera periodística a la infamia y a la mentira". Los señalamientos se hicieron luego del lanzamiento del libro “Amando a Pablo, odiando a Escobar”, que motivaron a Uribe a decir que el periodista estaba detrás de este y otros libros en su contra.

El 9 de octubre de 2007, Daniel Coronell retomó un señalamiento que había hecho Uribe contra el periodista Gonzalo Guillén, con ocasión de la publicación del libro “Amando a Pablo, odiando a Escobar”. Este hecho provocó una discusión entre el expresidente y el periodista en medios, donde Uribe calificó a Coronell de mentiroso y miserable. Horas después el columnista de la Revista Semana recibió un correo firmado por las Águilas Negras, en el cual anunciaban: “Quien ataca a nuestro presidente firma su sentencia de muerte”. 

En el año 2009, se refirió a Hollman Morris como “cómplice del terrorismo”. En ese momento, el Relator para la Libertad de Expresión de la ONU y la Relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH expresaron su preocupación por los señalamientos. Para los organismos internacionales, estas afirmaciones ponen en riesgo a los periodistas y generan un efecto de autocensura.

Este episodio fue analizado con posterioridad por la CIDH, organismo que en el informe “Violencia contra periodistas y trabajadores de medios” definió que los funcionarios públicos tienen la obligación de adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas.

En diciembre de 2010, Daniel Coronell publicó una columna en la que retomaba una investigación del Miami Herald en la que se hablaba de una relación entre los hijos de Álvaro Uribe y los hermanos Nule, cuestionados contratistas en el país. Tras la publicación, Uribe volvió a insistir en la relación del periodista con el narcotráfico y el lavado de dinero.

El 17 de septiembre de 2014, durante el debate que se realizó en el Congreso sobre paramilitarismo, el expresidente Uribe señaló a Telesur y a Canal Capital como “medios de comunicación serviles al terrorismo. Las declaraciones provocaron respuestas violentas como el trino que hizo un desconocido en Twitter el 23 de septiembre “me ofrezco a matar a @HOLLMANMORRIS”, quien para ese entonces era gerente de Canal Capital.

En octubre de 2014, Daniel Coronell habló en una de sus columnas sobre las conversaciones que mantuvieron miembros del gobierno de Uribe con alias “Pablo Catatumbo”. Según el columnista, personas cercanas a presidencia le ofrecieron al comandante guerrillero despejar 868 km para un posible acercamiento con el grupo armado. De inmediato el senador del Centro Democrático recurrió a los ataques contra el periodista, asegurando que recibía dinero del gobierno de Juan Manuel Santos para mentir sobre Uribe.

El 10 de diciembre de 2014, el Senador del Centro Democrático publicó en su cuenta de Twitter tres mensajes que atentaron contra la libertad de prensa y la protección especial a la actividad periodística. En los trinos hacía referencia a la entrevista que Morris realizaría en una cárcel de Itagüí a un hombre condenado por paramilitarismo.

En su momento la FLIP le recordó a Uribe que esa información por defecto es reservada y que, al hacerla pública, ponía en riesgo al periodista y a sus fuentes. Adicionalmente, se advirtió que las afirmaciones podían vulnerar la presunción de inocencia del periodista y afectar su credibilidad. También se hizo referencia a la necesidad que tienen los funcionarios públicos de mantener un discurso favorable a la libertad de expresión y la deliberación pública.

Luego de las agresiones, la FLIP le envió una carta al expresidente Uribe donde se le hacía un llamado para que aportara a construir un ambiente favorable a la deliberación pública, que respete y no afecte el libre flujo de ideas. El Senador del Centro Democrático jamás brindó respuesta, por el contrario, continuó con las agresiones a periodistas como las que emitió contra Yohir Akerman y Daniel Coronell en marzo y abril de 2016.

JohirAkerman, desteñido militante del ELN que busca notoriedad con la honra de los míos y la personal

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 29 de marzo de 2016

La FLIP hace un llamado a los miembros de la Fuerza Pública para que brinden las garantías necesarias para el cubrimiento periodístico durante las manifestaciones, resulta preocupante que reporteros que se encontraban plenamente identificados denuncien uso desmedido de la fuerza por parte de uniformados de la Policía y del Ejército. 

En un periodo de polarización como el que atraviesa Colombia, era de esperarse que los ataques a la prensa se incrementarían. Pero los registros de la Coordinación de Defensa y Atención a Periodistas de la FLIP no dejan de preocupar. En un tercio del año ya se han registrado 87 ataques en los que han resultado afectados 108 reporteros (en 2016 se documentaron 216 casos con 262 periodistas víctimas).

Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, la FLIP hace un llamado a las autoridades colombianas, las audiencias, los periodistas, los medios de comunicación y a la comunidad internacional, para que se refuercen las garantías al periodismo en el país.

Parte de las variables que sólo han sido advertidas recientemente es la oferta deficitaria de medios de comunicación y de circulación de información local. El país rural recibe contenidos urbanos pero no siempre ve reflejadas sus realidades en los medios de comunicación.

Teniendo en cuenta algunas restricciones para el cubrimiento en las zonas veredales, la incertidumbre en términos de orden público en muchas regiones del país y la necesidad de hacer seguimiento a la transparencia institucional en un año decisivo para la próxima campaña electoral, resulta desalentador que haya funcionarios públicos empeñados en obstaculizar, estigmatizar o bloquear a la prensa. En lo corrido 2017, 23 servidores del Estado, que deberían ser los principales garantes de la libertad de prensa, han estado involucrados en actos de censura.

El Jefe de Estado, Juan Manuel Santos, ha sido señalado recientemente de sugerir contenidos periodísticos a través de terceros, con el fin de que los medios le den un giro a su línea editorial.La FLIP espera pronta respuesta de la Casa de Nariño al derecho de petición radicado el pasado 28 de abril para aclarar este episodio. Sin embargo, ya es muy diciente la evasiva del Presidente y su despacho a referirse sobre este tema. El respeto a la libertad de prensa debe ser un principio de cualquier funcionario público para ejercer su labor con transparencia y compromiso con los ciudadanos.

La indiferencia hacia la libertad de prensa se evidencia en otros problemas. Basta con resaltar que la justicia colombiana sigue sin mostrar avances significativos en los casos en los que los periodistas han sido víctimas.

Al interior del sistema judicial se presentan la negligencia, las dilaciones injustificadas y la dificultad para identificar dentro de la investigación a los autores intelectuales de los crímenes. Estas irregularidades han dado lugar a una administración ineficaz de justicia, lo que deriva en un alto riesgo de impunidad.

El equipo de la Fundación para la Libertad de Prensa sigue trabajando para contrarrestar los múltiples frentes por los que se presenta la censura. A las 37 amenazas, 13 estigmatizaciones, 11 obstrucciones al trabajo y 9 agresiones directas que han sufrido distintos periodistas en lo corrido de 2017, entre otros ataques, se suman más formas de presión que atentan contra los derechos protegidos en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia y ponen cuestión el derecho de los colombianos a estar informados.

Este año, la FLIP hará público el registro de otro tipo de violaciones a la libertad de prensa. Entre estas se encuentran los casos de acoso judicial, las obstrucciones al acceso a la información pública, las solicitudes de remoción o bloqueo de contenidos en Internet y los ciberataques a las páginas web de los medios de comunicación, entre otras. Confiamos en que estos datos ayudarán a enriquecer el análisis sobre las condiciones para el periodismo en Colombia.

La FLIP espera que esta fecha incentive a los ciudadanos a reflexionar sobre la necesidad de un periodismo libre en el país. El mejor reflejo de un sistema democrático eficiente es la defensa colectiva sobre la importancia de la libertad de prensa como valor fundamental para el buen funcionamiento de nuestra sociedad.

En el documento adjunto se encuentran los casos destacados de los primeros cuatro meses de 2017 en los que se resaltan las agresiones de funcionarios públicos a distintos periodistas y medios del país. 

Lea aquí el informe en línea.

El pasado viernes 28 de abril la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presentó un derecho de petición dirigido al Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón. En el documento, la FLIP solicita aclarar las acusaciones que señalan al primer mandatario de hacer un llamado a empresarios para que presionen a medios de comunicación para que hagan cambios a su línea editorial.

Esta solicitud se presenta a partir de información difundida por la mesa de trabajo de Blu Radio el pasado 6 de abril, según la cual Juan Manuel Santos se habría reunido con un grupo de reconocidos empresarios del país en un encuentro en el que se habló del clima de pesimismo del país. “Llamen ustedes a los dueños de los medios para influenciar en los contenidos, para que al final el producto de los medios sea de optimismo y de confianza”, dice una nota de Blu Radio citando al Presidente.

Desde entonces la FLIP ha intentado comunicarse –sin éxito- con funcionarios de la Presidencia para conocer su versión de los hechos. Teniendo en cuenta la gravedad de las denuncias, que señalan directamente al Presidente de la República de realizar actos contrarios a la libertad de prensa, la FLIP espera respuesta en término legal.

Actualización

El 18 de mayo, la Presidencia de la República dio respuesta al derecho de petición enviado por la FLIP. Si bien el despacho responde brevemente los interrogantes planteados, no aclara qué fue lo que dijo el Presidente Santos en relación con la directora de Noticias RCN.

Adjunto a este pronunciamiento podrá conocer el documento que radicó la Fundación y la respuesta enviada por la Presidencia de la República.

La FLIP rechaza la obstrucción a la labor periodística de la que fueron víctimas los reporteros de los canales nacionales. Los responsables fueron miembros de la fuerza pública, quienes recibieron la orden de Carlos Escobar, alcalde del municipio.

El jueves 27 de abril, los corresponsales RCN y Caracol televisión se trasladaron hacia el Punto Vive Digital de Armero-Guayabal para cubrir una reunión multidisciplinaria entre funcionarios de la alcaldía y de las demás instituciones distritales.  El encuentro se desarrolló luego de que las entidades fueran señaladas de haber actuado con negligencia frente a la atención de Sara Salazar, la menor de tres años que fue abusada sexualmente y asesinada el pasado 22 de abril.

Cuando los reporteros se encontraban haciendo tomas de apoyo frente al lugar de la reunión, miembros de la Policía les impidieron continuar con sus labores, argumentando que el encuentro era privado. Según los periodistas, uno de los uniformados aseguró que se trataba de una orden del alcalde del municipio, quien estaba molesto debido a que el cubrimiento periodístico sobre el caso de la menor había afectado a la administración.  

La FLIP le hace un llamado al alcalde Carlos Escobar para que ofrezca excusas públicas a los periodistas de los canales nacionales y adopte un discurso favorable frente al ejercicio periodístico. Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los funcionarios públicos deben ser los principales garantes de la libertad de prensa, aún cuando los contenidos periodísticos sean contrarios a sus intereses.

Durante la implementación de las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) dispuestas para el desarme de los miembros de las Farc y la transición para la reincorporación a la vida civil, periodistas de varios medios de comunicación han reportado restricciones para acceder a estos lugares. Las organizaciones han documentado las siguientes obstrucciones.

1. Empadronamiento: En Zonas Veredales como la que está ubicada en Caldono, Cauca, periodistas han denunciado que miembros del ejército les toman fotos a sus credenciales para hacer un registro y se demoran aproximadamente dos horas para permitir el ingreso.
2. Acceso restringido: Los reporteros que han intentado hacer cubrimiento en la Zona ubicada en Caño Indio, Tibú, en el departamento de Norte de Santander; denuncian que los miembros del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) restringen el acceso. Los reporteros han logrado ingresar, lo han hecho a través de las organizaciones sociales de la región. Una situación similar se ha presentado en la ZVTN de Anorí, Antioquia, donde periodistas denuncian que miembros de las Farc han impedido el acceso.
3. Trato discriminatorio: Periodistas de medios locales denuncian que cuando han solicitado entrevistas con algún jefe de las Farc, han notado que su trámite ha sido más engorroso que el de periodistas de medios nacionales o internacionales, quienes han tenido prioridad para el cubrimiento.

A pesar de que la FLIP y RSF enviaron una comunicación al MM&V solicitando que fueran aclaradas las situaciones en las que se han reportado las restricciones, no se recibió ningún tipo de respuesta por parte de los delegados.

Las organizaciones le solicitan al Mecanismo de Monitoreo y Verificación que se aclaren estas situaciones y se garantice el cubrimiento periodístico de los medios de comunicación sin ningún tipo trato discriminatorio. La pluralidad informativa en estos casos fortalece el debate público y contribuye a la veeduría y la verificación que toda sociedad civil necesita para acompañar los procesos de desarme.

La FLIP y RSF le hacen un llamado al MM&V para que haya transparencia en los trámites establecidos para la atención a periodistas en las Zonas Veredales. Sin embargo, la Fundación y RSF consideran importante que estos procedimientos contribuyan a garantizar el acceso de la prensa a las ZVTN y que no se conviertan en obstáculos ilegítimos para el cubrimiento.

La FLIP llama la atención y manifiesta su preocupación por algunos mensajes emitidos o respaldados por líderes políticos en contra de medios de comunicación durante las manifestaciones de este 1 de abril.

Estos señalamientos contra los medios de comunicación hacen más tenso el ambiente para que los reporteros puedan hacer su trabajo.

Este primero de abril el senador del Centro Democrático, Fernando Araújo, convocó a la ciudadanía en Cartagena para asistir a la manifestación. Algunas de las personas que salieron a expresar su rechazo por los recientes actos de corrupción sostenían una pancarta en la que aparecía Araujo con el siguiente mensaje: "!!! Fuera !!! Periodistas vendidos".

En la mañana, mientras se desarrollaban las manifestaciones en diferentes ciudades del país, Gustavo Petro publicó un mensaje a través de su cuenta en twitter: "Está fracasando el Canal RCN y su propietario en su tarea por "traquetizar la sociedad"”.

El trino del exalcalde de Bogotá estaba vinculado a una publicación que había hecho el medio de comunicación sobre las manifestaciones. Tras la invitación pública a reconsiderar el alcance de dicho mensaje, el exalcalde se reafirmó en sus comentarios al final del día.

La FLIP expresa su preocupación por las estigmatizaciones en contra de los medios de comunicación. En un ambiente tan polarizado como el que vive el país, este tipo de señalamientos aumentan el riesgo de los reporteros que cubren las manifestaciones y que representan a los medios involucrados.

Es importante que en las democracias se protejan los discursos que critican a los medios de comunicación. Sin embargo, cuando estos son formulados por líderes políticos hay una carga acentuada de precaución.

Lo anterior se sustenta en que los ciudadanos que respaldan esos liderazgos puedan interpretar los señalamientos y estigmatizaciones como un gesto de permisividad y respaldo para atacar a la prensa.

La FLIP hace un llamado al senador Araújo y al exalcalde Petro para que se reconsideren estos mensajes y evalúen el impacto de estos en el ambiente de deliberación plural y democrático.

Las opiniones y críticas sobre periodistas y medios de comunicación deben hacerse con precaución para no restringir la libertad de prensa.

El 12 de noviembre de 2016, Aldemar Solano, periodista del blog Garabatos, publicó un artículo titulado “Denuncian acoso y matoneo por parte de la juez de Sesquilé”. En la nota se hace referencia a los presuntos acosos laborales cometidos por la juez Gloria Patricia Mayorga denunciados por algunos de los escribientes que trabajaron anteriormente con ella. La nota informativa publicada por Solano está basada en quejas disciplinarias y testimonios de los afectados.

Días después, la juez interpuso una acción de tutela en contra de Solano por la publicación, solicitando la protección de su dignidad, la honra, el buen nombre, la intimidad y la propia imagen. Sin embargo, el 22 de noviembre de 2016 el Juzgado Penal Municipal de Chocontá declaró que el recurso era improcedente, debido a que Mayorga no había presentado una solicitud de rectificación previa ante el medio.

Luego de que la juez impugnara la decisión, el 25 de enero de 2017 el Juzgado Penal del Circuito de Chocontá falló en segunda instancia a favor de Mayorga y le ordenó al periodista rectificar la información del artículo en las siguientes 48 horas.

Teniendo en cuenta que el periodista no accedió a rectificar la información difundida a través de su blog al contar con los soportes de sus denuncias, el 28 de febrero el Juzgado Penal Municipal de Chocontá declaró en desacato el fallo inicial y sancionó a Solano con cinco días de arresto. El 27 de marzo, el ente judicial confirmó el desacato y, además de la orden de captura, dispuso una multa de un salario mínimo que el reportero debe pagar en los próximos diez días. Adicionalmente, el Juzgado ordenó retirar el artículo publicado por el periodista.

La FLIP rechaza las acciones judiciales que se adelantan en contra de Solano y quiere hacer las siguientes consideraciones frente a las decisiones del Juez Penal Municipal de Chocontá:

• El juez no tuvo en cuenta que Mayorga es una funcionaria pública y, como lo dispone la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, su condición la sitúa en un escenario en el que debe tener mayor tolerancia a la crítica que cualquier otro ciudadano.
• El juez no tuvo en cuenta el trabajo de reportería adelantado por Solano para determinar si la información difundida por el periodista era veraz.

La FLIP rechaza las decisiones arbitrarias que se han tomado en el proceso, ya que contradice los estándares constitucionales de libertad de expresión. En esa medida, la Fundación considera que la sentencia de tutela tiene todo el mérito para ser seleccionada por la Corte Constitucional para revisión.

Ordenar un arresto se convierte en un hecho intimidante que tiene como consecuencia la autocensura por parte del periodista que denuncia hechos de interés público amparado por la libertad de expresión, la orden de eliminación del contenido es una violación constitucional a la prohibición de censura previa. La FLIP solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que Solano cuente con las garantías procesales que no tuvieron en cuenta los jueces colombianos.

La FLIP solicita al juez penal municipal de Chocontá que suspenda la orden de arresto y el incidente de desacato en tanto la CIDH no resuelva la solicitud de medidas cautelares.    

*Actualización

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza los señalamientos estigmatizantes del Frente de Guerra Oriental del ELN contra algunos medios de comunicación.  

En el comunicado, que empezó a circular en el departamento de Arauca el 28 de marzo, la Guerrilla del ELN señala a la Emisora local La Voz del Cinaruco como un medio “funcional” a los militares y califica al portal La Silla Vacía (cuya directora, Juanita León, también preside el Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa) como parte de una “matriz mediática difamadora (…) que llama a golpear al movimiento social para debilitar a la guerrilla”. Estas afirmaciones tienen un efecto intimidatorio a los esfuerzos de hacer periodismo en una región de censura, sitúan al ELN como una organización que está lejos de entender la deliberación pública como un insumo fundamental para la democracia y marcan un efecto inhibitorio en el cubrimiento futuro de las distintas noticias que se presenten en el departamento de Arauca.

El pasado 19 de marzo, La Silla Vacía publicó una historia titulada “El desgane con el proceso del ELN se siente más en Arauca”. Allí este portal señalaba que “diferentes asociaciones sociales, muchas de las cuales guardan alguna afinidad con los postulados políticos del ELN (…) se han empezado a movilizar alrededor del proceso (…). En cambio en Arauca, departamento militarmente clave para el ELN y uno de los fortines políticos de esa guerrilla, todo está congelado”.

Por su parte, en la Voz del Cinaruco, medio local que ha sido víctima del ELN en repetidas ocasiones, se ha dado cubrimiento periodístico a los anuncios del gobierno nacional de incrementar el pie de fuerza militar en la zona. 

En los dos casos, y atendiendo a la coyuntura actual de una mesa instalada de diálogos con el ELN en Quito, las publicaciones de La Silla Vacía y la Voz del Cinaruco no solo son legítimas, sino necesarias en un departamento con obstáculos permanentes para la libertad de prensa. El ELN, con su comunicado, afecta las garantías a este derecho en una región y en un momento crucial donde es necesario el libre flujo de información sobre asuntos de interés público. Contra la Voz del Cinaruco la FLIP ha registrado 9 ataques dentro de los cuales se destacan dos asesinatos de periodistas. 

Los señalamientos del ELN a La Silla Vacía y la Voz del Cinaruco no pueden ser considerados como mensajes de paz. Particularmente porque los estándares internacionales de libertad de expresión y del derecho internacional humanitario son claros en indicar que los periodistas son considerados población civil en el marco de los conflictos armados. Cuando una fuerza rebelde como el ELN les asocia con su enemigo militar (El Estado) deja en condición de riesgo a medios y periodistas.

Resulta cuanto menos paradójico que el ELN, que tanto ha defendido la participación de la sociedad en la mesa de diálogos de Quito, sea quien emite este tipo de señalamientos que lo único que provocan es limitar las posibilidades de que la sociedad colombiana documente, publique y reciba información sobre la difícil situación del departamento de Arauca.

El comunicado de la guerrilla muestra, o que el ELN se resiste a entender que la libertad de expresión y de prensa son la base mínima de la participación social, o que esta guerrilla entiende por “participación de la sociedad” aquella que sólo coincide con sus intereses y visiones de la realidad. En cualquier escenario, el pronunciamiento del ELN afecta el derecho a la información de los colombianos en general y del pueblo araucano en particular.

La FLIP exige al Gobierno Nacional brindar todas las garantías al cubrimiento periodístico en Arauca. De igual forma, hace un llamado a la Mesa de Negociación de Quito para que sus integrantes acaten los estándares de libertad de prensa, esto pasa por abstenerse de hacer señalamientos estigmatizantes, ser tolerantes a las críticas y responder a ellas en el debate público sin atacar a la prensa.  

La FLIP rechaza las amenazas de las que ha sido víctima Daniel Silva, periodista de Tras la Cola de la Rata en Pereira - Risaralda. Las intimidaciones son producto de las denuncias que el columnista ha hecho a través del medio.

En la noche del jueves 23 de marzo un desconocido llegó a la casa del reportero, le apuntó con un revolver en la cabeza y le dijo: "vea malparido, no queremos más investigaciones. Queda advertido".

La FLIP expresa su preocupación por las constantes intimidaciones de las que ha sido víctima Silva. Entre 2016 y 2017 la FLIP ha documentado tres amenazas contra el periodista por sus investigaciones y artículos sobre hechos de corrupción en Pereira.

En una de ellas, el columnista denunció a Fernando Pineda por destinación indebida de dineros públicos cuando el funcionario se desempeñaba como presidente del Concejo de Pereira. A partir de esta denuncia, el Consejo de Estado investigó la conducta del concejal y el pasado 16 de febrero ordenó su destitución.

En junio de 2016 la FLIP solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que le realizara un estudio de nivel de riesgo, este organismo completa 9 meses sin brindar una respuesta. Una demora que sólo acentúa la responsabilidad del Gobierno en la obligación de brindar protección tras la intimidación con arma de fuego. 

La declaración de principios sobre libertad de expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que la "intimidación, amenaza a los comunicadores sociales... viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada"

Por lo anterior, la FLIP exige a la UNP asignar medidas de protección de emergencia y solicita a la Fiscalía que investigue los hechos con el fin de sancionar a los responsables.

La FLIP rechaza la agresión verbal contra Karla Arcila por parte de un contratista del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la Casa de Nariño. 

El jueves 23 de marzo la periodista estaba en la Casa de Nariño esperando la autorización para ingresar. En la recepción, el contratista del DNP se acercó a la reportera y, en frente de otros funcionarios y periodistas, le preguntó que si trabajaba para RCN. Cuando Arcila respondió afirmativamente el funcionario le contestó "con razón huele a azufre" y le dio la espalda. La FLIP habló con el contratista, quien confirmó lo ocurrido, lamentó los hechos y reconoció su error. 

La situación fue puesta en conocimiento de la jefe de prensa de Casa de Nariño, Marylin López; el director de Casa Militar, el General Maldonado y el Director del DNP, Simón Gaviria, este último indicó que abrirá una investigación interna.

Para la FLIP es grave que personas que trabajan para el Gobierno, o cualquier entidad pública, incurran en calificaciones estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación. Los estándares internacionales de libertad de prensa imponen obligaciones específicas en cabeza de quienes trabajan para el Estado con el fin de procurar un ambiente favorable a la deliberación pública. 

Es positivo que el contratista haya llamado a la periodista para disculparse. La FLIP no advierte que la agresión contra la periodista haya obedecido a una instrucción de directivos del Gobierno, fue un acto motivado desde el fuero personal. Sin embargo, es importante que sus superiores tomen correctivos para que este tipo de episodios no se repitan. Por esto invitamos al Gobierno Nacional a que públicamente instruya a sus funcionarios y contratistas para respetar la libertad de prensa, ser tolerantes a la crítica y abstenerse de restringir o perturbar la labor periodística, especialmente con los medios que formulan críticas al Gobierno. 

La FLIP rechaza las amenazas y las estigmatizaciones de las que ha sido víctima Edison Lucio Torres, reportero de Vox Populi en Cartagena. El responsable de los ataques es Miguel Arrázola, pastor de la iglesia Ríos de Vida.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas y agresiones que José David Martínez, reportero gráfico de la oficina de prensa de la Alcaldía de Barrancabermeja, sufrió el día 7 de julio en el barrio Lagos del Palmar y alerta sobre las dificultades que tiene la prensa para cubrir esta zona de la ciudad.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lamenta las declaraciones dadas por el periodista Yesid Toro el día de ayer, 24 de abril de 2015. Toro indicó por medio de una carta y de un audio difundido por internet que, en septiembre de 2014, fue autor de una autoamenaza en su contra y de intimidaciones contra siete de sus colegas por medio de un panfleto falsamente atribuido a los Urabeños. 

La FLIP rechaza los hechos intimidantes de la última semana contra periodistas de distintas zonas del país. Dos panfletos y una amenaza contra dos reporteros elevan a 58 la cifra de periodistas amenazados en lo que va corrido del 2014.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza el panfleto conocido ayer, 29 de septiembre, en horas de la mañana, y que llegó al correo personal de los periodistas amenazados de Cali y Buenaventura, departamento del Valle del Cauca.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Centro de Estudios de Justicia y Sociedad (Dejusticia), la Misión de Observación Electoral (MOE) y Andiarios, manifiestan su preocupación por las nuevas propuestas de reforma a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas inquietudes fueron presentadas por medio de una carta enviada hoy, 3 de junio de 2014, a la Canciller Colombiana, María Ángela Holguín.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alerta que durante los meses de marzo y abril se registraron 36 violaciones contra la prensa, catorce más que en los dos primeros meses del año. En ese periodo se registraron 10 amenazas y 16 obstrucciones, doce durante el cubrimiento de elecciones.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alerta que en los primeros sesenta días del año ha registrado 22 violaciones contra la prensa que han dejado 32 periodistas víctimas, es decir un ataque cada dos días. Se trata de doce amenazas, cinco agresiones y cinco casos donde se obstruye la labor del periodista. Los departamentos donde se registran más ataques son Valle del Cauca y Cundinamarca. A este panorama debe sumarse el asesinato de un periodista en Buenaventura, sobre el que la FLIP continúa documentando si estaría relacionado con su oficio.

"Un sinnúmero de ciudadanos, artistas, blogueros, músicos y periodistas han sido acosados, amenazados, torturados, intimidados, encarcelados, y peor aún, por ejercer su derecho humano fundamental a la libertad de expresión. La mayoría de los crímenes contra la libertad de expresión quedan impunes.

A propósito del Día Mundial de la lucha contra la Impunidad, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) quiere llamar la atención sobre la falta de justicia en amenazas y agresiones contra periodistas.

La FLIP ha visto que en los últimos años se ha reducido el número de asesinatos de periodistas por razones de su oficio. Paradójicamente, la cantidad de amenazas contra la prensa sigue creciendo. De esta forma, junto a los 2 asesinatos registrados por la FLIP durante el 2013, se ha tenido conocimiento de 46 amenazas que han afectado a 62 periodistas y un total de 17 agresiones contra 36 periodistas.

El 23 de noviembre se conmemora el día mundial de la lucha contra la impunidad. “Este día marca el aniversario de la masacre de Ampatuan en el 2009, cuando 58 personas - incluidos 32 periodistas y trabajadores de los medios - fueron asesinados en Filipinas”.

Hace algunas horas el periodista Gonzalo Guillén se vio obligado a salir del país por amenazas de muerte en su contra. Guillén era una de las cuatro personas sobre las cuales se había diseñado un plan para atentar contra sus vidas como consecuencia de sus investigaciones.

Tomado de: Noticias Uno

Dos semanas después de que el alcalde de Puerto Berrío, Antioquia, dijera que había que tener a sus contradictores para eliminarlos, el periodista que más había denunciado la corrupción de su administración fue asesinado.

La Fundación para la Libertad de Prensa- FLIP rechaza el panfleto conocido ayer, 6 de mayo, a las once de la noche, en la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar, en el que se amenaza a ocho periodistas de la región: “Se le informa a todos los vallenatos que a partir de este momento los siguientes periodistas (sapos), son declarados objetivos militar y tienen 24 horas para salir de la ciudad”. Se lee en la amenaza firmada por Ejército Anti restitución de tierras, con fecha del 5 de mayo.

La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, rechaza las amenazas contra la organización Article 19 en su oficina para México y Centroamérica, recibidas el pasado viernes 19 de abril.

En un panfleto dejado en las instalaciones de Article 19 en Ciudad de México, se amenaza al director y funcionarios de esa organización, por el trabajo que vienen realizando en la protección de la libertad de expresión en México.

El 2013 empezó con graves ataques contra la prensa en el país. La FLIP ve con preocupación que en menos de un mes se hayan presentado tres amenazas de muerte contra periodistas, además del anuncio de zonas vedadas para el periodismo en Medellín y la interrupción de la circulación de un periódico en el departamento de Sucre.

La FLIP repudia un nuevo ataque con explosivos en el cual resultó herida Paola Osorio, locutora de la emisora comunitaria Sarare Estéreo; en Arauca.

Los hechos sucedieron ayer viernes a las diez de la noche en Saravena, Cuando desconocidos lanzaron una granada de fragmentación, presuntamente, contra un puesto de avanzada del primer anillo de seguridad dela Policía Nacional. El explosivo detonó a unos metros de la Emisora e hirió a la locutora que salía en ese momento de las instalaciones.

La FLIP rechaza las amenazas recibidas por los periodistas vallecaucanos William Solano y Arlex Velazco, del programa “Aló Buga”, que se emite por el Canal Une de Buga , Valle del Cauca.

La amenaza, que apareció consignada en unos panfletos que circulan por las poblaciones de Tulua, Buga y Cali desde el día 17 de Julio, es firmada presuntamente  por la banda de Los Urabeños.

La Fundación para la Libertad de Prensa rechaza los panfletos de las guerrillas del  Ejército de Liberación Nacional –ELN-  difundidos ayer 3 de julio en Arauca. En dichos panfletos se hacen señalamientos en contra del trabajo periodístico de las cadenas informativas de Caracol y RCN, además de declarar un paro armado en el departamento.

El pasado martes 5  de junio, en Barrancabermeja, Santander, fue amenazado a través de un sufragio el periodista y director del diario La Tarde, Diro César González. La amenaza fue dejada bajo la puerta de su casa y  fue proferida presuntamente por la banda Criminal de los Rastrojos. González es beneficiario del programa de protección de periodistas del Ministerio del Interior y esta es la séptima amenaza que recibe en 6 años.

El sábado 19 de marzo la FLIP conoció un nuevo panfleto que empezó a circular desde el pasado 14 de marzo a través del correo electrónico, en el que se amenaza de muerte a defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, entre estas la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER); y a cuatro periodistas del país.

El pasado 10 de agosto de 2010 la periodista Deyanira Castro recibió en las instalaciones del periódico una llamada en la que le decían “usted nos la tiene montada, pero ya la tenemos localizada, cuídese”. Según dijo la comunicadora a la FLIP, es posible que las amenazas estén relacionadas con algunas bandas de sicarios que operan en el sector donde ella reside, sobre las cuales ella había publicado algunas informaciones en oportunidades anteriores. La comunicadora que las amenazas aparecen en este momento pues recientemente se ha incrementado los operativos de la Policía contra estas bandas. La FLIP solicitó al Ministerio del Interior medidas de protección para la comunicadora.

En los últimos días se han presentado dos nuevas amenazas contra periodistas en Montería, Córdoba, en la costa norte del país. El comunicador Édgar Astudillo y el camarógrafo Alexis Tordecilla fueron víctimas de intimidaciones por parte de desconocidos.

El pasado 23 de marzo de 2010, Álex Pájaro Mosquera, periodista del diario El Propio, en Montería (Córdoba), en la costa norte del país, fue contactado por la policía local para informarle de la existencia de un plan para atentar contra su vida. Las autoridades aseguran que ya tienen identificado al responsable.

El periodista radial Manuel Morón Arrieta denunció haber sido víctima de amenazas, aparentemente relacionadas con el proceso electoral que se lleva actualmente en el país. Morón es director del Informativo Majagual, de la emisora del mismo nombre, en la ciudad de Sincelejo, Sucre, en la costa norte del país.

Desde el pasado 21 de febrero de 2010, circula en la ciudad de Cartago, Valle del Cauca, al occidente del país, un comunicado en el que se amenaza de muerte a varios ciudadanos de este municipio, entre ellos cinco periodistas de la región. Desde marzo de 2009 han circulado en Cartago cuatro panfletos similares.

El presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez afirmó el martes 16 de febrero de 2010 que aquellos funcionarios que ilegalmente espiaron a la prensa son “enemigos de su gobierno”, durante una reunión con una delegación conformada por el Comité de Protección para los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).  

Uribe emitió esa declaración luego de conocer las observaciones elevadas por la delegación del CPJ y la FLIP, en una reunión de alrededor de dos horas de duración, con el mandatario y funcionarios de alto rango en el Palacio de Nariño, sede del gobierno colombiano. Entre los funcionarios participantes estuvieron el vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón; el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio; el director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Felipe Muñoz, y el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo Trujillo, entre otros. 

En días recientes la periodista Claudia Julieta Duque denunció que dentro de la investigación que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación por las interceptaciones y seguimientos ilegales en su contra por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se encontró una orden que decía cómo debía ser amenazada. 

El pasado 16 de octubre de 2009, un grupo de desconocidos intentaron ingresar a la residencia de Claudia Julieta Duque, corresponsal en Colombia de la radio en línea ‘Radio Nizkor’, quien ha sido víctima de amenazas, seguimientos e interceptaciones ilegales desde hace varios años. El evento ocurrió en circunstancias que aparentemente no corresponden a una tentativa de robo. 

El periodista Herbin Hoyos, director del programa ‘Las voces del secuestro’, que transmite por Caracol Radio, fue advertido por las autoridades colombianas de la existencia de un plan para atentar contra su vida, por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

El paramilitar desmovilizado Jorge Enrique Ríos, alias ‘Sarmiento’, confesó haber asesinado al periodista Flavio Iván Bedoya, ocurrido el 27 de abril de 2001, en la ciudad de Tumaco, Nariño, al sur del país.

En versión libre ante un fiscal de Derechos Humanos de la unidad de Justicia y Paz (proceso de justicia transicional de los paramilitares), ‘Sarmiento’ reconoció que asesinó al comunicador, quien trabajaba para el semanario ‘Voz’, periódico de orientación comunista. Esta confesión se unió a la de Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’, quien en marzo de este año aceptó también su participación en el crimen.

En las últimas semanas se conocieron dos nuevos fallos en los que se condenan al autor material, en un caso, y a la Nación, en otro, por el asesinato de los periodistas Elacio Murillo Mosquera, ocurrido en Chocó en 2007, y Henry Rojas Monje, en Arauca en 1991.

En días pasados la Fiscalía General de la Nación anunció la captura de al menos diez integrantes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que planeaban un atentado contra Juan Manuel Santos, ministro de Defensa nacional; Enrique Santos, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y uno de los fundadores de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), y Luis Fernando Santos, presidente de la Casa Editorial El Tiempo.

Según la información oficial, la Policía Nacional venía investigando desde hace más de un año los planes de la columna móvil ‘Teófilo Forero’ de las FARC. El objetivo era atentar contra los Santos en una casa de descanso de éstos cercana a Bogotá. Las FARC también buscaban atacar a militares y contratistas estadounidenses en esa misma zona.

En su más reciente columna de opinión, Enrique Santos – ex director de ‘El Tiempo’ y, desde finales de 2008, presidente de la SIP – afirmó: “Más allá de la inevitable zozobra que producen, noticias como estas despiertan recuerdos de un pasado periodístico en el que no han faltado amenazas y atentados. Similar al de muchos colegas y amigos, a los que sin embargo no les alcanzó la vida para estos privilegios retrospectivos”.

* * *

La FLIP manifiesta su preocupación por estos hechos y celebra la eficiente y célere actuación de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Igualmente, envía un mensaje de solidaridad a la familia Santos y la Sociedad Interamericana de Prensa, que de manera decidida y permanente han defendido la libertad de expresión y el derecho a la información en Colombia.

El periodista Hollman Morris, director del programa periodístico ‘Contravía’ y corresponsal de medios extranjeros informó a la FLIP que en los últimos días ha recibido varias amenazas de muerte a través de mensajes dirigidos al correo electrónico de ‘Contravía’.

El 21 de enero pasado la Fiscalía General de la Nación informó que el ex alcalde de Barrancabermeja (Santander) Julio César Ardila Torres y dos personas más fueron encontradas culpables por el asesinato del periodista José Emeterio Rivas, ocurrido el 6 de abril de 2003. Según el fallo, los condenados fueron los autores intelectuales del homicidio. El ex alcalde Ardila fue condenado a 28 años y 8 meses prisión y obligado a pagar una suma de 1.192 millones de pesos (unos 530 mil dólares).

Los corresponsales de ‘Noticias Uno’ Fernando Cifuentes, en Medellín (Antioquia), y Leonardo Montoya, en Quibdó (Chocó), recibieron el pasado 17 y 18 de octubre llamadas amenazantes de parte del abogado Leonel Torres, a raíz de una investigación del medio de comunicación sobre presuntas actuaciones irregulares del litigante. Torres es primo del presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Édgar Ulises Torres.

En un trascendente fallo, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Ejército Nacional entregar información a un periodista, e indicó que la entidad pública que niegue información amparándose en la seguridad nacional debe fundamentar su respuesta.

El periodista Mario Puello, secuestrado el pasado 17 de febrero en el departamento de La Guajira, fue liberado hoy hacia las 5:15 de la tarde, luego de que una comisión de la Cruz Roja Colombiana lo recibiera de manos de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El pasado sábado 24 de mayo, fue hallado muerto en su apartamento el periodista Carlos Humberto Jiménez, colaborador del diario ‘El Tiempo’ en la ciudad de Cali, Valle de Cauca, al occidente del país. Aún no existe claridad sobre las motivaciones del asesinato.

El pasado 30 de abril de 2008, se entregó ante las autoridades Julio César Ardila Torres, ex alcalde de Barrancabermeja, Santander, a quien la Fiscalía sindicó como presunto autor intelectual del asesinato del periodista José Emeterio Rivas, en abril de 2003.

El pasado 18 de marzo en Barrancabermeja, Santander, el reportero gráfico Alfredo Estévez del diario ‘Vanguardia Liberal’ fue obstruido en su labor periodística por una jueza que le exigió borrar las fotografías tomadas en una audiencia pública. Al día siguiente, el reportero recibió amenazas de muerte de origen desconocido.

El pasado 22 de noviembre fueron amenazados los periodistas Diro César González, director del semanario ‘La Tarde’ de Barrancabermeja, Santander; y Feibir Beltrán Luna, director del informativo ‘Cauca Noticias’ del canal local ‘Cauca Visión’, en Popayán, Cauca.

Alianza FLIPYS. Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP - Instituto Prensa y Sociedad, IPYS.

El pasado 29 de octubre, en una diligencia de reconocimiento de presos en fila, el periodista Omar Orlando García señaló al hombre que disparó en contra de José Duviel Vásquez, director de la emisora ‘La Voz de la Selva’, en Florencia, Caquetá. El crimen había sido perpetrado el 6 de julio de 2001.

La FLIP manifiesta su preocupación por declaraciones del presidente Uribe en contra de periodista

El pasado dos de octubre, en una entrevista otorgada a Caracol Radio, el presidente Álvaro Uribe aseguró que el periodista Gonzalo Guillén "ha dedicado una carrera periodística a la infamia y a la mentira".

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El viernes 21 de septiembre, el periodista Geovanny Álvarez Castro, codirector y conductor del programa radial ‘La Verdad’, de la emisora comunitaria ‘La Nueva 101.6 FM’ de Sabanalarga, Atlántico, norte del país, fue alertado por la Policía de que en su contra se produciría un atentado.

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Anoche –12 de septiembre– fueron capturados en Barrancabermeja, Santander, Juan Pablo Ariza, candidato al concejo municipal y Abelardo Rueda Tobón, aspirante a la asamblea departamental, por estar sindicados de participar en el asesinato del periodista José Emeterio Rivas, el 6 de abril de 2003.

En un nueva circular expedida el pasado 13 de agosto, pero conocida por la FLIP días después, el Ministerio de Comunicaciones aclaró la definición de proselitismo contenida en la ley 1981 de 2003 que reglamenta las emisoras comunitarias. Este pronunciamiento se da luego de que en un su anterior circular prohibió la realización de debates políticos y la intervención de candidatos en dichas emisoras.

Ayer 13 de agosto de 2007, Juan Pablo Monsalve, del equipo periodístico de ‘La Noche’ de RCN, recibió tres llamadas telefónicas donde lo intimidaron para que publicara una información y lo amenazaron de muerte. Los hechos están relacionados con la investigación que adelantaba ese programa periodístico sobre un posible caso de corrupción en Cantagallo, pueblo ubicado al sur del departamento de Bolívar.

El sargento viceprimero de la decimoctava Brigada del Ejército, Álbeiro Otálvaro, y la aseadora de esa institución, Fanny Estella Lozano, confesaron que planearon y ejecutaron el homicidio de Garrid Muñoz Tello, propietario de la emisora 'La Voz del Cinaruco' de Arauca. La fiscal 17 seccional de Villavicencio, Gladys Gutiérrez, ratificó la versión después de confrontar estos testimonios con otras pruebas sobre el caso.

Periodistas, fotógrafos y camarógrafos de las ciudades de Ibagué, Manizales y Bogotá fueron víctima de agresiones por parte de estudiantes de diferentes universidades públicas. Los hechos se presentaron durante las manifestaciones que se vienen realizando contra medidas económicas del gobierno, que algunos sectores consideran lesivas, y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

1. Agredido equipo periodístico de ‘El Nuevo Día’ en Ibagué

El líder paramilitar desmovilizado Juan Francisco Prada Márquez, alias 'Juancho Prada', confesó su responsabilidad en el homicidio del periodista Martín La Rotta Duarte, ocurrido en 2004. La Rotta se desempeñaba como director de la emisora 'La Palma Estéreo', en el municipio de San Alberto, departamento del Cesar, al norte del país.

El periodista Hollman Morris, director del programa ‘Contravía’, le confirmó a la FLIP las razones que tiene para pensar que es uno de los periodistas cuyo teléfono fue interceptado de manera ilegal. Según la información suministrada, esto estaría sucediendo desde el año pasado.

Adamis Guerra Bermúdez, fotógrafo del periódico ‘Vanguardia Liberal’, edición Valledupar, fue agredido el pasado 9 de mayo por distribuidores informales de gasolina, quienes protestaban por una decisión reciente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

Años perdidos y muy pocos avances. Así podrían resumirse los resultados de las investigaciones judiciales por las violaciones a la libertad de prensa en Colombia, especialmente por los asesinatos de periodistas. Lejos de generar precedentes sobre la importancia de proteger el derecho fundamental a la información y la opinión en Colombia, las cifras muestran un panorama desalentador.

"Sí, tuve que salir del país el nueve de marzo pasado, y lo hice discretamente", afirmó hoy el director del programa informativo '6 a.m., hoy por hoy' de Caracol Radio, Darío Arizmendi. Informó además que se frustraron dos atentados en su contra en los últimos seis meses.

El pasado 20 de febrero, en horas de la tarde, fue frustrado en Cali un ataque en el quincenario 'La Razón' que al parecer tenía como objetivo principal a su director, el periodista Edgar Buitrago Rico. La efectiva acción de uno de sus escoltas le permitió salir ileso. Las autoridades policiales, por su parte, aseguraron que el ataque no era contra el periodista.

Amenazas contra periodistas, obstrucciones a la distribución de medios y posibles sabotajes de transmisiones televisivas revelan la preocupante situación del periodismo en la Costa Atlántica luego de las primeras decisiones judiciales por vínculos entre políticos y paramilitares.

Amenazas

El periodista José Ponce Obispo, director de 'Mi Radioperiódico' de la emisora Radio Galeón, de Santa Marta, fue amenazado de muerte el pasado 14 de noviembre a través de llamadas a su teléfono móvil y de una visita a su residencia.

El pasado 18 de octubre de 2006, en los departamentos de Sucre y Córdoba, al norte del país, se suspendió la señal de televisión del Canal Institucional, justo cuando comenzaba un debate en el Congreso sobre congresistas vinculados al paramilitarismo.

Los hechos se presentaron cuando el partido Polo Democrático se disponía a intervenir en el debate sobre los políticos que aparecen en el computador del jefe paramilitar 'Jorge 40' como colaboradores de este grupo insurgente, como parte del escándalo denominado como 'parapolítica'.

(Tomado con autorización del diario ‘El País’ de Cali. www.elpais.com.co).

Intentando contar cómo el Gobierno “recuperó” una porción del país tan grande como Francia, quedó en evidencia otra realidad: la guerrilla se sigue paseando a sus anchas por el Meta. Junto a mi reportero gráfico fui retenido, obligado a interrumpir el trabajo periodístico y vetado para regresar. Crónica, sin ataduras, de una captura y el abandono estatal.

Pocas horas después de emitir un programa radial sobre posibles irregularidades en los procesos de extradición a Estados Unidos de varios reclusos de la cárcel de Cómbita, el periodista José Herbin Hoyos Medina recibió una amenaza donde lo conminan a dejar el país en 72 horas.

El pasado 7 de junio, varias organizaciones no gubernamentales - entre ellas la FLIP - recibieron un correo electrónico firmado por el 'Frente Democrático Colombia Libre' donde las declara 'objetivo militar'. Esta amenaza se suma a las del mismo tenor enviadas a la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, el columnista Iván Cepeda y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

El periodista Hollman Morris, director del programa 'Contravía', denunció ante la FLIP la publicación de un video de una supuesta organización denominada 'Frente Social por la Paz, FSP' donde se le señala como vocero internacional de la guerrilla de las FARC.

En la reunión sostenida hoy con el vicepresidente de la República, Francisco Santos; el director de la Dirección de Policía Judicial, general Óscar Naranjo y el director de derechos humanos del Ministerio del Interior y Justicia, Rafael Bustamante, entre otros, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) le expuso al gobierno el preocupante balance del la libertad de prensa en el primer mes del año y los antecedentes de 2005.

El pasado 20 de septiembre de 2005 el periodista Juan Gossaín recibió amenazas de muerte por sus recientes denuncias sobre las irregularidades en la administración pública de Cartagena, ciudad de la Costa Norte de Colombia. Gossaín, director de Noticias de RCN Radio, recibió la amenaza de manera telefónica en los siguientes términos: "Si usted y los demás periodistas siguen hablando de lo que pasa en Cartagena, aténganse a las consecuencias".

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza las amenazas y hostigamientos contra los comunicadores que divulgan información relacionada con temas de derechos humanos. La última victima fue Adriana Cuéllar, jefe de la Oficina de Comunicaciones del Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo". 

Fernando Marimón, director del noticiero Mundial de la emisora Radio Vigía de Todelar en Cartagena (norte de Colombia) denunció haber sido víctima de violencia política. 

El jueves 25 de septiembre, durante la emisión de su noticiero, el periodista Fernando Marimón recibió una llamada que fue contestada por Femberto Muñoz López, el control de la emisora. Según Muñoz, en ésta amenazaban al periodista diciéndole que "dejara de hablar tanta mierda, que si no se calla lo callamos". Al momento de recibir la llamada, el periodista Fernando Marimón daba su opinión en contra del referendo y criticaba a algunos congresistas de Bolívar por apoyarlo. 

Desde el 23 de septiembre de 2003, varios municipios del Valle, Cauca y Nariño al oriente colombiano, se encuentran sin servicio de televisión pública debido a la voladura de la torre repetidora de INRAVISIÓN. Los diarios nacionales y regionales reportaron que la torre fue volada por miembros de las FARC. 

Gladys Barajas, presidenta por cinco años del Círculo Colombiano de Reporteros Gráficos, fue víctima de amenazas contra su vida en los últimos quince días. A través de llamadas, correos electrónicos, cartas y sufragios, hombres desconocidos le dieron a la reportera diez días para salir. 

Dos periodistas de Vanguardia Liberal en Valledupar fueron retenidos por más de quince minutos y obligados a borrar unas fotografías que habían tomado de la Penitenciaria Nacional de es ciudad, capital del departamento del Cesar al norte de Colombia. La orden fue dada por el director de la cárcel, quien aseguró haber actuado según normas legales y consideró una imprudencia la manera cómo los periodistas realizaron su trabajo.

El 19 de noviembre a las 12:30 de la madrugada, una maleta bomba fue dejada al frente de las instalaciones del periódico regional La Opinión en Cúcuta, Norte de Santander. Los agresores pretendían entrar a la sede del diario, pero los celadores alcanzaron a cerrar la puerta de acceso a las instalaciones. Ante la imposibilidad de ingresar, los delincuentes dejaron la maleta bomba en la puerta principal del periódico y huyeron. Un celador se dio cuenta de la presencia de la maleta bomba e informó a La Policía. Alrededor de las 4 de la madrugada unidades antiexplosivos frustraron el atentado al desactivar de manera controlada el artefacto compuesto con 30 kilos del explosivo Anfo. El episodio no dejó víctimas humanas ni daños materiales.