Periodistas de Putumayo piden que los dejen fuera de la guerra

Los enfrentamientos por el control del territorio entre los grupos armados ilegales Frente Carolina Ramírez y Comandos Bolivarianos de la Frontera han obligado a los periodistas de Putumayo a no volver a hablar sobre la guerra. La FLIP entrevistó a decenas de periodistas de este departamento, quienes desde agosto del año pasado han recibido presiones y amenazas por parte de estos grupos. La única salida que han encontrado es la autocensura.

“Empezó la guerra del comunicado entre ellos”, dijo uno de los periodistas para explicar la dinámica: cada uno de los grupos armados les envía panfletos —aunque ellos usan el término comunicados de prensa— en los que se enorgullecen de acciones militares contra el grupo contrario, critican al “enemigo” o advierten a la gente de la región sobre las reglas que quieren impartir. Escritos con un tono cordial, les obligan a difundirlos en sus medios, e incluso les han invitado a “ruedas de prensa” o a “entrevistas exclusivas”. 

Sin muchas opciones, los periodistas publican en sus medios algunos de estos panfletos, pero al hacerlo quedan en la mira del grupo contrario. En palabras de uno de los reporteros que informa sobre orden público desde hace más de cuatro años “si uno publica a un grupo, el otro se va a enojar; si no publica, es grave y puede haber consecuencias”.

Otras veces las amenazas llegan más camufladas, a través de comentarios de personas que están en los sitios donde hay mayor presencia de los grupos armados o por recomendaciones de fuentes confiables. Expresiones como “en lo posible no venga si no lo tiene que hacer” o “es mejor que usted se vaya” parecen ser advertencias que los periodistas siguen al pie de la letra para no correr mayores riesgos.  

Los comunicadores también saben que existe un monitoreo sobre su trabajo: en redes sociales los siguen cuentas que pertenecen a líderes o miembros de estos dos bandos y saben que sus emisoras son escuchadas dentro de los campamentos. Todo esto alimenta un ambiente de temor para ejercer el periodismo y de precaución sobre cada palabra dicha.

La tensión y el miedo se sienten en los relatos de los periodistas, quienes afirman que los grupos armados los han convertido en un arma más de disputa. Y aunque no son claras las motivaciones detrás de las amenazas y presiones de los actores armados, los comunicadores creen que pueden responder a un interés de visibilidad mediática motivada por las negociaciones del Gobierno sobre la Paz Total.

La autocensura como medida de supervivencia

Para los periodistas la autocensura se ha convertido en su única medida de protección. Hace algunas semanas, varios de ellos llegaron al acuerdo de no publicar los comunicados de los grupos armados, no conceder entrevistas, ni participar en ruedas de prensa. Tampoco publican noticias sobre los asesinatos y otros crímenes cometidos por estas dos organizaciones, pues consideran que esto les trae mayores riesgos. Ahora enfocan su agenda informativa en asuntos como el turismo, las vías o la economía. “Si se quiere conservar la vida, hay temas de los que no se puede hablar”, sentenció un periodista con más de veinte años de trayectoria. 

Desplazarse por el departamento también se ha convertido en una actividad casi imposible de realizar. Todos evitan hacer cubrimientos fuera del casco urbano de sus municipios y afirman que hay otros a los que desde hace meses no pueden viajar: Puerto Guzmán, Puerto Asís, Puerto Caicedo y La Hormiga.

Cuando hay noticias que son de gran relevancia pero que les pueden ocasionar riesgos —las que sí o sí deben difundir—, los periodistas han decidido publicarlas sin mostrar su rostro o enviar la información a colegas que vivan en Bogotá y trabajen para medios nacionales. “Si lo hacemos nosotros acá estaríamos muertos al siguiente día”, afirma uno de los periodistas.

“Nos sentimos desprotegidos” 

En estos municipios, donde todas las personas saben quiénes son periodistas, dónde viven o en qué vehículos se movilizan, parece más fácil hacer efectivas las amenazas. El temor es latente y la zozobra no solo les ha obligado a voltear la cara y no informar sobre hechos de violencia —por lo que han recibido reproches de la audiencia—, sino que también los ha hecho considerar salir del departamento e incluso dejar el oficio.

Y con este silencio no solo se afecta la vida y el trabajo de los periodistas; son las personas que viven en el departamento quienes ven perjudicados sus derechos al no recibir información sobre lo que está sucediendo. Así, sólo les queda enterarse a través de murmuraciones o conversaciones privadas.  

En medio de toda esta violencia, la institucionalidad parece debilitada ante los ojos de periodistas amenazados y censurados. Ninguno de ellos cuenta con medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección. Algunos han acudido a la Policía, la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo regional, pero su respuesta parece insuficiente ante el poder de los grupos armados ilegales. Por ahora, todos los reporteros coinciden en un mismo llamado al Alto Comisionado de Paz para que emprenda acciones que garanticen el trabajo de la prensa en el cubrimiento de la Paz Total y que se solicite un cese de amenazas y hostigamientos a la prensa.

Más allá de esto, para los periodistas parece no haber una solución clara ni efectiva a la vista. En este momento solo les queda el temor y el silencio, en palabras de un periodista: “aquí ya se formó la cultura del miedo”.