Amenazas de muerte contra el periodista Camilo Chará evidencian el deterioro de la libertad de prensa en Cali

A solo ocho días de finalizar el 2025, la libertad de prensa en Colombia continúa enfrentando graves riesgos, particularmente en Cali, Valle del Cauca. Desde la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazamos de manera enfática las amenazas de muerte dirigidas contra el periodista Camilo Chará, quien ejerce su labor informativa de manera independiente a través de su cuenta en X, donde denuncia presuntos hechos de corrupción en la ciudad. Estas intimidaciones ponen en riesgo su vida e integridad personal y constituyen un grave ataque contra la libertad de expresión, pues buscan silenciar el ejercicio periodístico y la denuncia de asuntos de evidente interés público, fundamentales para el control social y el fortalecimiento de la democracia.

El jueves 18 de diciembre, el periodista Chará publicó una denuncia sobre presuntos actos de corrupción relacionados con la empresa encargada del servicio de alumbrado público en Cali y su vínculo con un exalcalde de la ciudad. Al día siguiente, el viernes 19 de diciembre, recibió a través de su WhatsApp personal una serie de mensajes intimidatorios en los que se le advierte que, de continuar informando y solicitando protección a las autoridades, será asesinado antes de finalizar el año.

Estas intimidaciones están acompañadas de dos videos que evidencian un presunto seguimiento ilegal a su persona. Según el periodista, en el primer video se le observa participando en una alborada, el 1 de diciembre; y en el segundo, se le ve saliendo de las oficinas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) el viernes 19 de diciembre, lugar al que había acudido para una reunión relacionada con el estudio de riesgo que adelanta esa entidad sobre su situación. Uno de los mensajes enviados señala textualmente: “ya sabemos que está buscando ayuda, pero le va a llegar tarde”.

Este no es un hecho aislado. Camilo Chará ha enfrentado riesgos reiterados por el ejercicio de su labor periodística. En diciembre de 2023, la FLIP se pronunció frente a las amenazas que tuvo como represalia directa por su trabajo informativo. En esa ocasión, el periodista recibió en su residencia una corona fúnebre, dos proyectiles y dos panfletos amenazantes, en los que se leía “muerte a los sapos” y se le exigía abandonar el país. Como consecuencia de estas intimidaciones, Chará se vio forzado al exilio y a autocensurarse para proteger su vida. Solo hasta mediados de este año regresó a Colombia para retomar su labor de informar a la ciudadanía.

Las cifras reflejan un deterioro sostenido del entorno para la prensa en Cali y en el Valle del Cauca. En 2025, el departamento ocupa el cuarto lugar a nivel nacional donde más se agrede a las y los periodistas y comunicadores. La totalidad de estas agresiones están relacionadas con la cobertura de hechos relacionados con corrupción y administración pública, los mismos temas que investiga y sobre los que informa Camilo Chará.

Ante la gravedad de los hechos, el periodista ha acudido a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Policía Metropolitana de Santiago de Cali para solicitar acciones oportunas. No obstante, hasta el momento, la respuesta institucional ha sido insuficiente frente al nivel de riesgo. La UNP sólo le entregó un chaleco antibalas y un teléfono celular, mientras que la Policía Metropolitana informó que no podía asignarle un esquema de protección y no han activado ninguna medida de acompañamiento preventivo. Esta situación fue puesta en conocimiento de la Personería de Cali, con el fin de que se activen mecanismos de control y garantía de sus derechos fundamentales.

De acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, el Estado colombiano tiene la obligación de prevenir, proteger y garantizar el ejercicio del periodismo, especialmente cuando existen amenazas de muerte previas, patrones de violencia y denuncias relacionadas con corrupción, lo que activa un deber reforzado de protección. La respuesta estatal no puede ser meramente formal o reactiva, sino integral, oportuna y efectiva, atendiendo el contexto y la reiteración del riesgo.

Por lo anterior, desde la FLIP exigimos a la Unidad Nacional de Protección implementar de manera inmediata medidas integrales y acordes con el nivel de riesgo que enfrenta Camilo Chará. Así mismo, instamos a la Policía Metropolitana de Cali a adoptar acciones preventivas y de vigilancia que permitan disuadir cualquier ataque en su contra, y a la Fiscalía General de la Nación a adelantar con urgencia investigaciones serias y eficaces para identificar y sancionar a los responsables de los delitos de amenaza de muerte y seguimiento ilegal.

La protección de Camilo Chará no solo constituye una obligación ineludible del Estado para salvaguardar su vida y seguridad, sino que es una condición indispensable para garantizar el derecho de la ciudadanía a estar informada y para frenar el deterioro de la libertad de prensa en Cali.