Balance mayo y junio: Detenciones ilegales se convierten en la fórmula ‘exitosa’ de censura previa

En este periodo las principales dificultades para los comunicadores fueron el cubrimiento electoral y las manifestaciones públicas, concretamente las celebradas el primero de mayo, Día Mundial del Trabajo, y los últimos días de un paro de distintos sectores de agricultores que se extendió a varias ciudades del país. Entre las principales agresiones es importante resaltar que hubo 6 agresiones,10 obstrucciones, 5 amenazas y 3 detenciones ilegales.

Es precisamente este último indicador el que más preocupa. Las detenciones ilegales fueron una constante durante las manifestaciones del año 2013 y en la mayoría de los casos es la Fuerza Pública quien detiene de manera ilegal y arbitraria a los periodistas.

El primero de mayo el periodista Esteban Vanegas, reportero gráfico de El Colombiano y Q’hubo, fue detenido por agentes de la Policía de Medellín, mientras cubría las marchas en las que participaban trabajadores y estudiantes en la capital antioqueña. De acuerdo con la información recogida por la FLIP, los periodistas se percataron de una emboscada que la Policía hizo a un grupo de estudiantes e hicieron el registro gráfico. Después, miembros de esa entidad se dirigieron a donde se encontraban los reporteros. Vanegas fue arrojado al piso y golpeado antes de ser conducido a la tanqueta del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) en la cual fue llevado hasta la Fiscalía. 

Durante varias horas la Policía argumentó que la detención correspondía a una agresión previa por parte del camarógrafo y que tenían un video donde esto quedaba comprobado. Estas afirmaciones eran falsas y a Vanegas lo dejaron en libertad. La incoherencia del tratamiento de la información por parte de la Policía y el gobierno de Medellín llevaron a que el Comandante de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino, ofreciera perdón a través de su cuenta de Twitter. A la fecha, cursa una investigación disciplinaria no resuelta contra los policías.  

Por otra parte, en horas de la tarde del miércoles, 28 de mayo de 2014, Diana Pérez, periodista de Caracol Televisión en Medellín, y el camarógrafo que la acompañaba, fueron detenidos durante más de dos horas por un numeroso grupo de estudiantes de la institución Politécnico Jaime Isaza Cadavid. El vocero de los estudiantes argumentó que la retención se realizó con la intención de verificar las imágenes que habían captado sus cámaras al interior de la institución.

Los periodistas se encontraban cubriendo las protestas que empezaron en la sede central del Politécnico, después de que los estudiantes se enteraran sobre el aumento de las matrículas. A pesar de la intervención de la Personería de Medellín y la presión de distintos sectores, los estudiantes no regresaron el material periodístico. La FLIP no conoce si se identificaron a los responsables de estos hechos.

A estos dos casos se suma lo ocurrido el día sábado, 3 de mayo de 2014, en el marco de las protestas agrarias en el sur del país. Miller Torres corresponsal de Noticias RCN, fue retenido ilegalmente por dirigentes y manifestantes del paro a la altura de “Cinco Veredas” en la carretera entre Pitalito y Neiva. Los manifestantes argumentaron que el medio en el que trabaja Torres es gobiernista y no informa bien a la comunidad. 

El comunicador estuvo retenido cerca de 4 horas y fue liberado después de la intermediación de la alcaldía de Pitalito, la Cruz Roja y colegas de la región.

La FLIP recuerda que los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión de la ONU y la CIDH han recalcado la importancia de la labor que cumplen los periodistas que cubren las manifestaciones sociales, “el Estado debe otorgarles el máximo grado de garantías para que cumplan su función. Ese deber no se limita a otorgar medidas concretas de protección para los comunicadores. Incluye también la obligación de crear las condiciones necesarias para mitigar el riesgo del ejercicio de la profesión en esas situaciones”.

Adicionalmente, señalan que “el Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentren realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar en ejercicio de su profesión”.

Este tipo de actuaciones se han convertido en los últimos dos años en una constante que es muy delicada, pues constituye censura previa y es una grave violación a la libertad de prensa en la medida en que el efecto final es el retiro del comunicador del escenario noticioso.