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El acoso digital afecta a periodistas, lo que se traduce en censura y autocensura y es una forma de violencia. Confrontaciones, estigmatizaciones y campañas de desprestigio en redes sociales son algunas de las estrategias que se utilizan, de manera coordinada, en contra de periodistas. Este fenómeno ocurre en Colombia y también se repite en otros países.

A dos años de su mandato, la relación del presidente Gustavo Petro con la prensa ha estado marcada por la descalificación y la desconfianza en los medios de comunicación y en periodistas que considera incómodos. En contraste, su Gobierno creó nuevos canales de comunicación oficial y aumentó el presupuesto del sistema de medios público. De manera intermitente ha enviado señales —que no terminan de concretarse— de querer fortalecer a los medios alternativos y comunitarios, y ha incluido a influencers en su estrategia de comunicación. A diferencia de la actitud del presidente Iván Duque hacia la prensa —quien dividió el panorama mediático entre "amigos" y "enemigos" durante un periodo marcado por protestas contra sus políticas y su manejo de la crisis del COVID-19–, el actual Jefe de Estado considera que los medios de mayor influencia son adversarios políticos y prefiere comunicarse por X.

Más de 650.000 millones de pesos gastaron las principales alcaldías y gobernaciones durante los últimos cuatro años, en muchas ocasiones sin cuidar los recursos públicos y desdibujando los propósitos de la publicidad oficial. En esta fase de arranque de los mandatos, las autoridades de las alcaldías y gobernaciones entrantes enfrentarán un dilema que es crucial para la democracia: utilizar el dinero de la publicidad oficial para informar a la ciudadanía sobre su gestión o gastarlo en promover su propia imagen y sus intereses particulares. Esta elección implica riesgos para la información de interés público, la transparencia del gasto del Estado y la reputación de los medios de comunicación.

Las emisoras de paz se encuentran en un punto de quiebre. Esta esperanzadora política de Estado, que se empezó a implementar como una estrategia de reconciliación hace siete años, después del Acuerdo de Paz, está enfrentando retos profundos, como las amenazas en contra de las emisoras que están en funcionamiento y la incertidumbre sobre su sostenibilidad a largo plazo.