miércoles, 18 octubre 2023
La prensa en la mirada de los grupos armados ilegales: 69 periodistas agredidos durante 2023
En 17 de los 32 departamentos de Colombia, la FLIP ha documentado casos en los que diferentes grupos armados ilegales intimidan, persiguen y amenazan a las y los periodistas, con el propósito de controlar la información que se publica en los medios de comunicación local. A menos de un mes de las elecciones, y hasta el 29 de septiembre, hemos registrado 69 agresiones a periodistas provenientes de distintos grupos armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, la guerrilla del ELN, el Estado Mayor Central y disidencias de las FARC entre las que están la Segunda Marquetalia y Comandos de Frontera.
Estos grupos operan invadiendo los espacios físicos y digitales de los y las periodistas. También les citan a reuniones para indicarles qué pueden o no cubrir e ingresan a las sedes de los medios. Atacan a directores, editores, reporteros y locutores, sobre todo si están cubriendo temas relacionados con las acciones delincuenciales de estos grupos en el territorio, es decir: seguridad, orden público, hechos judiciales y políticos (como campañas electorales).
Para los grupos armados ilegales la información que se anuncia o calla sobre ellos es de suma importancia, mucho más cuando varios de estos grupos inician procesos de negociación con el Gobierno. Pretenden hacer visible su presencia territorial y mostrar contundencia en sus acciones, por eso intimidan a los y las periodistas, para quienes cada vez resulta más difícil hacer su labor, sobre todo en las zonas donde el control del territorio se encuentra en disputa.
La violencia está despojando a comunidades de la oportunidad de tener información local. La FLIP ha conocido que producto de las amenazas, presiones y hostigamientos de estos grupos ilegales, medios locales han cancelado espacios informativos, periodistas han limitado o frenado el cubrimiento de temas como los ya mencionados, y dos periodistas han tenido que dejar sus lugares de residencia.
Esta situación impacta la dimensión individual, la integridad física y emocional de los y las periodistas, y de forma colectiva afecta el proceso democrático al impedir que las personas puedan tener datos sobre las campañas electorales y ejercer su derecho al voto de manera informada.
En algunos casos la presión y amenazas de los grupos ilegales ha sido tan fuerte y la respuesta del Estado tan limitada que hay una afectación al colectivo de periodistas. Esto ha pasado, por ejemplo, en el municipio de Tuluá en dónde las bandas criminales como “La Oficina” y “Los Cancerberos” , que se disputan la presencia en este territorio, han amenazado a al menos diez periodistas en los últimos cuatro meses. También les han citado para ordenarles cómo deben hacer su labor, sobre todo en el cubrimiento de sus acciones y de algunas campañas políticas. El efecto de esta intimidación ha sido el cierre de importantes espacios noticiosos, y el cubrimiento parcial de las elecciones por parte de algunos periodistas que han decidido, pese a las circunstancias, continuar realizando su oficio. El impacto de esta violencia también a la ciudadanía tulueña que ha visto disminuida la información electoral y sobre candidatos al Concejo y la Alcaldía.
Esto también ha ocurrido con las Emisoras de Paz cuyos comunicadores, en las diferentes partes del país, han sufrido, desde julio, presiones y amenazas directas por parte de grupos ilegales. En este caso y en el de Tuluá, el miedo ha permeado no solo a los y las periodistas directamente afectados sino también a aquellos que están cerca y que al hacer un trabajo similar entienden que pueden correr el mismo riesgo.
La Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana 030 de 2023, emitida el 22 de agosto, advirtió que la población de periodistas se encuentra en riesgo en el marco de las elecciones regionales y dio unas recomendaciones encaminadas a la disuasión y control del contexto de amenaza. Arauca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Putumayo son algunos de los departamentos que la Defensoría señala como lugares con un riesgo electoral alto o extremo, y en los cuales la violencia contra la prensa se está recrudeciendo.
Con este panorama, la prevención y correcta atención de la violencia contra las y los periodistas, por parte del Estado colombiano, es fundamental para lograr el buen desarrollo del ejercicio electoral. La prensa, en su diversidad, es esencial para que la ciudadanía tenga acceso a múltiples fuentes de información así como opiniones e ideas que fortalezcan el contexto democrático.
