Desde la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazamos y condenamos el atentado contra Gustavo Chicangana, periodista de Guaviare Estéreo, emisora asociada a Caracol Radio, y corresponsal de la FLIP en el departamento (*), ocurrido el pasado 5 de julio en San José del Guaviare. Gustavo hace parte de nuestra red de periodistas territoriales, quienes son parte esencial de nuestra organización y cuya labor es clave para entender y visibilizar los riesgos del periodismo en zonas silenciadas. En casi 30 años de trabajo, es la primera vez que recibimos un ataque tan directo en contra de quienes integran nuestra red. Este atentado nos afecta profundamente como organización, pues sin el trabajo y apoyo de los corresponsales, nuestra misión no sería posible.

El sábado en la noche, el periodista Gustavo Chicangana y su esposa Ana Milena Torres fueron atacados al salir de su casa. Chicangana recibió cuatro disparos; su esposa, dos. Debido a la gravedad de las heridas, Gustavo fue trasladado a un hospital en Bogotá; actualmente su estado de salud es estable.

Dos sujetos involucrados en el crimen fueron capturados por la Policía de San José de Guaviare e imputados por los crímenes de homicidio agravado en grado de tentativa y porte o tenencia ilegal de armas de fuego: Wilmer Alexander Perea, quien disparó, y Alberto Antonio Araújo, quien conducía la moto en la que iban ambos sicarios. Actualmente, ambos están con medida privativa de la libertad, la cual se mantendrá mientras transcurre el juicio en su contra. Aún no se ha demostrado el vínculo entre ellos y algún grupo armado ilegal.

El atentado en contra de Gustavo se suma a una serie de agresiones (225) que hemos documentado entre el 1° de enero y el 30 de junio de este año, de las cuales 95 corresponden a amenazas, lo que equivale a un 42% del total, y constituye el tipo de agresión más frecuente. Una de las hipótesis más sólidas en este caso es que Chicangana fue atacado por negarse a difundir información de grupos armados ilegales, pues durante los últimos meses, él y otros periodistas de la emisora habían recibido amenazas de la estructura armada Renacer ERPAC, en las que les exigían publicar información del grupo junto con la advertencia “si no lo suben vamos y le hacemos visita a cada uno” (sic). A finales de junio, y ante la gravedad, la codirectora del medio, Érica Londoño, denunció las amenazas ante la Fiscalía General de la Nación.

Aunque la presencia del grupo Renacer ERPAC en el Guaviare ha sido más visible recientemente, altos mandos de la Policía Nacional en el departamento han confirmado que el cabecilla de esta estructura está privado de la libertad desde 2017 y, a pesar de ello, continúa ejerciendo control a través de redes de delincuencia común contratadas para ejecutar intimidaciones y agresiones contra la población civil.

En el departamento de Guaviare se ha consolidado un ambiente de violencia, silenciamiento e instrumentalización del periodismo por parte de distintos actores armados, que incluyen las disidencias de alias ‘Mordisco’ y alias ‘Calarcá’. Ambos grupos se disputan el control territorial en el departamento, dejando a la población civil, a periodistas y medios de comunicación, en medio del conflicto y en condiciones de alta vulnerabilidad. La respuesta por parte del Estado ante las alertas de riesgos y la escalada de la violencia ha sido insuficiente, lo que recrudece la vulnerabilidad de las y los periodistas.

De acuerdo con las denuncias de varios periodistas locales, los grupos armados les han presionado y amenazado para publicar información alineada a sus intereses o les han impuesto restricciones a su labor. Esto impide que las comunidades conozcan lo que ocurre en sus territorios y fomenta el silencio como forma de protección. Además, demuestra un patrón que hemos documentado desde hace tiempo: la instrumentalización del periodismo y que la información se ha convertido en un campo de batalla, donde periodistas enfrentan presiones, intimidaciones y vigilancia.

Esto resulta aún más preocupante ante la falta de respuestas oportunas por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Aunque Chicangana contaba con un esquema de seguridad, que sólo incluía a un hombre de protección, éste no estaba presente en el momento del atentado. Esta no es la primera vez que una agresión contra un periodista ocurre en condiciones similares: en octubre de 2022, Rafael Moreno fue asesinado en Montelíbano, Córdoba, y en abril de 2024, Jaime Vásquez fue asesinado en Cúcuta, Norte de Santander. Ambos habían solicitado refuerzos en su esquema de seguridad; los crímenes fueron perpetrados el fin de semana, cuando los esquemas estaban debilitados, lo que demuestra respuestas insuficientes y medidas desproporcionadas al riesgo que corrían los comunicadores. Así mismo, y a pesar de las múltiples advertencias por parte de las organizaciones y de los mismos periodistas, la UNP sigue fallando en prevenir hechos de violencia como estos.

En este sentido, le exigimos a la Unidad que atienda y priorice las alertas de riesgo de periodistas, active de inmediato los trámites de emergencia en zonas de riesgo y refuerce los esquemas de seguridad necesarios para garantizar la protección de quienes lo requieren. Además, pueden coordinar de manera articulada con otras instituciones rutas de protección, prevención y atención de violencias con enfoque territorial y diferencial, teniendo en cuenta las particularidades del periodismo en Guaviare. Es fundamental tener en cuenta que las zonas más afectadas son aquellas alejadas de los centros urbanos y del poder, donde la prensa es más vulnerable. De acuerdo con el Decreto 4065 de 2011, la labor de la UNP debe ser preventiva y no meramente reactiva: el Estado no puede esperar a que ocurran atentados como este para ajustar de manera efectiva los esquemas de protección.

La agresión contra Gustavo, quien además es la voz de referencia departamental para alertar sobre agresiones contra la prensa, deja a la región más expuesta, más silenciada y con menos garantías para informar. Por ello, también le hacemos un llamado a la Policía de San José del Guaviare a trabajar de manera articulada con las autoridades locales para garantizar de manera inmediata la seguridad de Gustavo, de su familia y de periodistas locales que puedan ser víctimas de agresiones o ataques. Así mismo, le solicitamos a la Fiscalía que investigue de manera célere y diligente el atentado para identificar a los autores intelectuales y prevenir otros hechos de violencia, especialmente teniendo en cuenta los altos niveles de impunidad en las investigaciones de amenazas contra periodistas.

Desde la FLIP expresamos nuestra solidaridad con Gustavo y su familia, y esperamos su pronta recuperación y su regreso a las labores informativas, siempre y cuando sea en un contexto seguro y de protección.

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(*) Gustavo Chicangana hace parte de la Red de Corresponsales de la FLIP, un grupo de periodistas que se creó en 1999 y trabaja desde varios departamentos del país para alertar sobre las agresiones a la prensa y promover los derechos a la libertad de expresión y a la información. Por eso, nos sumamos al llamado conjunto de las y los integrantes de esta red. Pueden leerlo en este enlace.