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Guardianes del territorio: la voz de la comunidad bajo amenaza

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viernes, 10 febrero 2023

Guardianes del territorio: la voz de la comunidad bajo amenaza

Cada vez son más los periodistas que ejercen un liderazgo social en sus comunidades y se enfrentan a múltiples violencias: actores armados, desprecio de la política local e intereses económicos. Este periodismo de urgencia es uno de los cambios más relevantes del ecosistema mediático y su protección uno de los desafíos más urgentes del Estado. ¿Quiénes encarnan esas voces y por qué es tan importante su papel?

Por: César Paredes

No tienen una sala de redacción ni grandes equipos de producción. Combinan fórmulas del periodismo tradicional con nuevas maneras de contar lo que pasa en su localidad. No tienen un guion, pues con el tiempo han aprendido empíricamente qué es lo que funciona para que la comunicación sea efectiva. En la calle son conocidos por sus vecinos y seguidores. Su punto de vista es del testigo directo de los acontecimientos. Aunque algunos han recibido formación académica o técnica, en la práctica cuestionan la dogmática de la objetividad en el oficio. Hay quienes consideran su trabajo un servicio social, otros, un activismo o, incluso, una militancia. Su ventaja es la proximidad a la noticia. Su audacia, emprender un proyecto, la mayor de las veces unipersonal, para suplir la falta de información en un país en el que la tercera parte de los municipios no cuentan con medios locales. Su desventaja es el fruto de esa condición, ya que la misma notoriedad que los lleva a convertirse en las únicas voces que vigilan y controvierten al poder local, los puede poner en riesgo, sobre todo en las zonas más conflictivas del país. Se trata de un nuevo tipo de periodista que, al alero de la transformación de la industria del periodismo, ejerce el liderazgo social en su territorio.

En los últimos tres años en Colombia han sido asesinados, en razón de su oficio, cinco periodistas, de los cuales cuatro eran independientes y cumplían con este perfil: Abelardo Liz, en Corinto, Cauca; Efraín Montalvo, en Tuluá, Valle del Cauca; Rafael Emiro Moreno, en Montelíbano, Córdoba; y Wilder Alfredo Córdoba, en La Unión, Nariño. 

Su desaparición ha supuesto una herida para las comunidades que admiraban su valentía al denunciar la corrupción o al visibilizar el trabajo comunitario; su silenciamiento, un golpe brutal al maltrecho ecosistema mediático de las regiones en donde a veces ni siquiera hay medios de comunicación local. Estas muertes coincidieron con la oleada de asesinatos de líderes sociales que, según Indepaz, entre 2020 y 2022 ascendieron a 670 a lo largo y ancho del país, así como con el aumento sostenido de las amenazas contra las y los periodistas que pasó de 152 en 2020 a 218 en el último año; la cifra más alta que la FLIP haya registrado.

Lea más historias como esta en la quinta edición de Páginas para la libertad de expresión

Las muertes de estos periodistas regionales son el cierre de una espiral del riesgo que enfrentan cuando ejercen el liderazgo social y que empieza con la estigmatización en las redes sociales con expresiones como“no sea sapo” o comentarios que buscan deslegitimar su trabajo como “sicario de micrófono” o “chismoso”; solicitudes anónimas de no meterse con los políticos locales y no informar sobre algún tema. El riesgo se escala con el desprecio público de funcionarios que se atreven a cuestionar su trabajo periodístico, con la intimidación de desconocidos contra su familia a través de redes sociales o, incluso, con mensajes de texto directos en sus comunicaciones. Esta espiral puede llegar a la amenaza con panfletos o sicarios que transmiten el mensaje de la muerte. El asesinato de un periodista en estas comunidades profundiza la violencia contra la ciudadanía vulnerable, representada en un ciudadano de a pie que solo cuenta con su voz y una audiencia que ha quedado sola. 

Vale preguntarse ¿por qué estos periodistas que tienen liderazgos sociales están tan expuestos? ¿Cuál es el papel que cumplen en una democracia? ¿Por qué su desaparición compromete a toda la sociedad?

“Los periodistas que ejercemos un liderazgo social hemos sido el resultado de una necesidad”, anota Diana Jembuel, periodista de la emisora Namui Wam, (“Nuestra Palabra” en español), y quien pertenece al pueblo misak, ubicado en el suroriente del departamento del Cauca. Para ella, la información que provenía de los medios de comunicación ajenos a su territorio no era precisa ni suficiente, lo que la motivó a estudiar comunicaciones y a dedicarse a la transmisión de contenidos en su propia lengua. “Yo creo que dentro de los territorios tiene que haber alguien que conozca la historia, conozca el espacio y además interactúe con el resto de la comunidad, para que resalte la realidad de lo que pasa”, agrega. Su trabajo periodístico, además de conectar interculturalmente a su comunidad, ha sido destacado por dar a conocer el papel de la mujer en el pueblo misak. 

Laura Giraldo, una socióloga de la Universidad de Antioquia que aprendió el oficio en los talleres del proyecto Consonante de la FLIP, secunda esta opinión: “aquí en El Carmen de Atrato [en Chocó] no llegan los medios grandes. Para poner un ejemplo: hay una sola corresponsal de Caracol para todo el departamento y pues no puede darle una mayor visibilidad a las historias del municipio”. Para ella, la combinación de periodismo y liderazgo social es fundamental para poner el foco en los temas ambientales de su municipio.

Como ellas, otros periodistas han encontrado en sus localidades un acervo de historias que han potenciado su capacidad de influencia. Ese es el caso de Éder Narváez en Caucasia, Antioquia, director del portal NP Noticias Online y corresponsal de Teleantioquia. En diciembre del 2021, cuando se preparaban las corralejas de su municipio, Narváez comenzó a publicar noticias sobre el maltrato animal con un seguimiento detallado de los caballos heridos, los toros asesinados y las personas afectadas. Pero no solo eso, con documentación en mano se fue a visitar a las autoridades del departamento. “Teniendo en cuenta mi capacidad de buscar información, de buscar datos, de contrarrestar, me di a la tarea de visibilizar ese problema. Yo dije: a los defensores de derechos animales los intimidan, pero si lo hago yo puedo generar reflexión y hacer cuestionamientos con argumentos, a mí posiblemente me van a escuchar más”, dice. 

Así fue. Narváez se convirtió en un defensor de los animales. El eco de sus denuncias obligó a las autoridades a crear protocolos para la celebración de las fiestas. Pero también vinieron las amenazas. Hoy Narváez tiene un esquema de seguridad con dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y está a la espera de más protección, pues los peligros no han parado en una región en la que el liderazgo social incrementa los riesgos en la seguridad. 

Para Germán Rey, profesor e investigador de comunicación de la Universidad Javeriana, la emergencia de este tipo de periodistas tiene que ver con los cambios en la forma de percibir el valor social, la elaboración y circulación de la información. Con los cambios tecnológicos y sociales se ha incrementado un periodismo que desafía la frontera del oficio con el activismo. “Este incremento tiene aspectos favorables, pero también riesgos y problemas”, dice. En su trabajo de investigación ha podido constatar que entre las ventajas de este periodismo están “una mayor visibilidad de sus propósitos, un diálogo con otros campos de movilización social y una agenda de temas concretos que interesan a la comunidad”. 

En efecto, en los medios alternativos y redes sociales no solo han fortalecido la agenda comunitaria de las mujeres y de los pueblos indígenas contada en su propia lengua, como en el caso de Jembuel o las demandas ambientalistas específicas de una comunidad como en el caso de Giraldo o el llamado animalista que hace Narváez en una región con una cultura ganadera. El trabajo periodístico local también ha impulsado liderazgos campesinos, de la población LGTBI, o de quienes reclaman mejores servicios públicos o sanitarios, entre muchas posibilidades. 

Según Rey, quien fue relator del Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre la violencia contra periodistas (2015) y coordinó una investigación sobre medios nativos digitales en América Latina (2022), una persona con la misión de informar sobre algún aspecto de la comunidad casi de inmediato se convierte en líder. Sin embargo, este periodismo enfrenta problemas como: “una adscripción militante que puede disminuir su capacidad crítica, unos compromisos que confunden su sentido y papel en la sociedad, y un énfasis político que desvanece la libertad del periodismo”.

Desde otra orilla, hay quienes consideran que su papel en el periodismo contrarresta narrativas dominantes que han contribuido a la estigmatización de sectores vulnerados. Para Mauricio Reyes, periodista de Trochando sin fronteras, un proyecto de comunicación transmedia que cubre las demandas de organizaciones sociales campesinas de Arauca, el periodismo de su medio es militante y no puede adscribirse a la objetividad pregonada por las escuelas de periodismo. “Es militante en el entendido de que las organizaciones de las que hacemos parte tenemos un concepto de mundo y un plan de vida”, afirma. 

Reyes, quien es ingeniero de sistemas e hizo una maestría en periodismo de datos, lo ilustra con un ejemplo: “durante varios años la matriz mediática impulsada por el Estado era que Arauca estaba lleno de coca y traficaba hacia Venezuela. Pero nosotros hicimos una investigación con datos sobre la erradicación, las incautaciones, destrucción de laboratorios y la lucha de la gente por cambiar los cultivos sin la ayuda del Estado, demostramos que no era cierto y contrastamos esa estigmatización”. 

Otra de las razones clave para entender la emergencia de este tipo de periodismo y liderazgos es la financiación. Según los periodistas consultados para esta revista, quienes pertenecen a colectivos, se sostienen gracias a la gestión de sus líderes que buscan recursos con la cooperación de ONG o en concursos del Estado. En cambio, para las y los periodistas que tienen su propio medio la tarea es más difícil. Ellas y ellos refieren que la actividad informativa no puede sostenerse sin la ayuda de la pauta de emprendedores, la política local o el apoyo en otras actividades económicas. “Yo me he dedicado a hacer notas sobre la entrega de regalos, a hacer cubrimientos con fotografías sobre algunos temas por los que pagan, si no, no llego a fin de mes”, dice Yamir Jhan Pico, director del portal Caribe Noticias 24/7 del sur de Córdoba. 

De ahí que el liderazgo sea una llave que abre puertas en el mundo de la representación social y que da otras ventajas, ya sea para emprender nuevos proyectos o para participar en política. Sin embargo, con esa visibilidad también aumentan los riesgos. Los dos periodistas asesinados el año pasado Rafael Moreno (37 años, Montelíbano), fundador de Voces de Córdoba, y Wilder Alfredo Córdoba (44 años, La Unión) no se limitaban a comunicar. El primero aspiró a una de las curules especiales de la circunscripción por la paz; el segundo, además de denunciar la corrupción y la falta de atención de las autoridades locales a los problemas de su comunidad, también convocaba jornadas para tapar huecos de las calles de su municipio. “Los riesgos se aumentan —advierte Reyes— cuando a la función periodística se suman los liderazgos sociales y políticos, entre otros motivos porque se agregan otros conflictos, otros intereses y actores, que en algunos contextos se tornan muy peligrosos y difíciles de manejar”.

La manera de enfrentar los riesgos también cambia de acuerdo a los contextos y el apoyo que estos periodistas líderes puedan tener. Jembuel, por ejemplo, se siente rodeada por una comunidad que valora y demanda su trabajo. “Hasta ahora no he recibido amenazas o presiones, pues estamos en el territorio y tenemos el respaldo de nuestras autoridades”, dice. No obstante, reconoce que hay temas que entrañan un peligro latente y requieren de cuidado para su cubrimiento, por ejemplo, lo que las comunidades indígenas del Cauca llaman la recuperación de tierras mediante la ocupación de predios. 

En otra esquina del país, Giraldo considera que se trata de un dilema: hacer periodismo con mayor protagonismo o mantenerse al margen, a pesar de que muchas de las noticias en El Carmen de Atrato tienen que ver con su activismo. “Si por ejemplo hiciera más opinión, que a mí me gusta, entraríamos en las disputas más de tipo político y eso me pondría en riesgo. A veces pienso ‘eso hay que decirlo’, pero no me atrevo porque este es un municipio en el que hay de todos los actores armados y un tema conflictivo que es la presencia de una multinacional minera”. 

Por su parte, Jhan Pico, en el Sur de Córdoba, quien en el 2018 fue víctima de un atentado en el que sicarios con moto pasaron frente a su casa disparando, siente un miedo constante. Él ha considerado cambiar el enfoque investigativo de su trabajo por uno que le represente menos riesgos en el territorio. No le falta razón, pues Jhan Pico, primo de Rafael Moreno, era uno de los cuatro periodistas de la región que eventualmente se juntaban para hacer investigaciones compartidas. “Yo vivo con terror —dice—, porque la gente que me quiere, ocho de cada diez me saludan, pero también me advierten, ‘¡cuídese!’... Yo no he vuelto a ver una nota de denuncia contra la corrupción, nadie se atreve a publicar sobre los políticos, vivimos censurados. Rafa era valiente, pero también creo que el periodismo de mártires no va”. 

Y es que la pérdida de un periodista que ejerce el liderazgo en el territorio es irreparable. Su desaparición frustra “la posibilidad de compartir información, construir vida pública, hacer seguimiento a problemas que afectan a la comunidad y poner freno a las arbitrariedades —dice Rey—. La violencia contra los periodistas no es solo una violencia individual, sino sobre todo una vulneración muy grave de la vida de una comunidad”. El vacío que dejan resquebraja cualquier asomo de tejido social y en su lugar se afianza el poder de facto de los corruptos y los violentos. 

Los cambios en el panorama mediático demandan una apertura de miras de la sociedad para desestigmatizar este tipo de periodismo. El gobierno actual, en su compromiso con defender la vida e integridad de las y los líderes sociales, tiene el reto de desarrollar una estrategia que proteja a las y los periodistas con este perfil. No solo que brinde garantías para su seguridad —que es lo mínimo—, sino que fortalezca los medios de comunicación nacientes en escenarios que resienten los vacíos de información. Reconocer el trabajo de estos guardianes de sus territorios y valorar el aporte que hacen a una comunidad es un factor clave para el fortalecimiento de las democracias locales, pues estos periodistas regionales en la mayoría de municipios del país suplen las necesidades de información que los grandes medios de comunicación no proporcionan. Su voz no representa una alternativa entre otras, sino que muchas veces es la única vigilante de una comunidad. 

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viernes, 10 febrero 2023

Hacer periodismo en medio de una guerra: Cauca, Nariño y Putumayo

Las decisiones que tienen que tomar las y los periodistas de regiones afectadas por la violencia no son fáciles: callar, asumir los riesgos, trabajar bajo la amenaza inminente, denunciar. Este es el relato de la prensa en tres departamentos al sur del país que convive con la violencia, que en algunos casos asume el rol de liderazgo social y que con distintas motivaciones trabaja a nivel local para informar a sus comunidades.

Por: Carolina Arteta Caballero y Juan Pablo Madrid-Malo

Colombia sigue siendo un país en guerra. Con muchas guerras. El panorama de paz que por un tiempo se vivió en algunas regiones después de la firma del acuerdo con las FARC-EP poco a poco se ha esfumado. En los últimos cuatro años ha aumentado de manera sostenida la presencia de grupos armados en todo el país, como lo expone Indepaz en su más reciente informe. Hoy retumba con cada vez más fuerza el ruido de los combates con la fuerza pública, las disputas territoriales, los atentados, los asesinatos y las masacres. Lo que poco se escucha es el asfixiante control social ejercido sobre la población civil por parte de los miembros de grupos paramilitares y guerrillas. Hoy, los habitantes de más de 600 municipios todavía cuentan las heridas que deja la confrontación armada en sus territorios. 

En este contexto trabajan —y han trabajado por años— periodistas en todo el país. Reporteros y reporteras que informan desde sus territorios, pero que también suelen recurrir al silencio para protegerse. El Cauca, Nariño y Putumayo, cuyas geografías abarcan desde el piedemonte amazónico hasta el macizo y la costa Pacífica, se han consolidado como corredores estratégicos del narcotráfico y escenarios en donde confluyen múltiples actores armados en constante disputa. 

Este es el relato de periodistas, en diferentes zonas de los tres departamentos, que a diario conviven, en mayor o menor medida, con la amenaza latente de la violencia. Directores/as de medios, locutores/as, fotógrafos/as, reporteros/as y presentadores/as que ejercen su labor en emisoras comunitarias, comerciales y públicas; sitios web o plataformas digitales y como corresponsales para distintos medios también. Muchos/as con un importante rol de liderazgo social en sus comunidades. Sus testimonios constituyen la historia de una prensa que, lejos de los círculos de poder de grandes medios y por momentos acorralada, trabaja localmente contando lo que ocurre, aunque a veces las circunstancias no se lo permitan.

Cauca

“Lo primero que hago es asomarme a la puerta y salir con temor”, afirma Andrés* al hablar de su espacio en una emisora comunitaria. A sus 46 años, además de periodista, se ha convertido en líder en su comunidad. Carga, a su vez, la dolorosa memoria del asesinato de un miembro de la emisora ya hace varios años atrás. “Queremos decirle a Colombia y al mundo lo que ocurre en nuestra región, pero hay cierta gente que no quiere que eso salga a la luz pública”, sentencia.

Como él, periodistas en todo el departamento se debaten entre informar sobre la situación de orden público o asegurar su integridad en un territorio donde confluyen principalmente estructuras del Comando Coordinador de Occidente, del ELN y de la Segunda Marquetalia. Dentro del conflicto por controlar los numerosos cultivos de uso ilícito y los corredores del narcotráfico que del sur del país conducen hacia el Pacífico los periodistas han quedado entre la espada y la pared. La constante se encuentra en la autocensura.

Entre las limitaciones que enfrentan están una geografía complicada y la multiplicidad de actores armados. Ambos conllevan riesgos al momento de desplazarse que pocos están dispuestos a asumir. Otro radialista al sur del departamento afirma: “en cada corregimiento hay un grupo predominante. Hay líneas imaginarias y por eso se dan enfrentamientos. Acá en nuestro municipio ninguna persona puede andar sin una carta de recomendación emitida por un líder de la zona”. Un escenario crítico sobre el que Martín, radialista también, explica: “cayó un petardo en plena cabecera municipal y sacamos la noticia. Luego hubo una granada contra la estación de policía y reportamos. Hubo dos bombas a la entrada del municipio. Hubo dos hostigamientos más. En medio de todo eso laboramos”.

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El panorama hacia el norte es similar. Desde un medio digital Andrea* ejerce su labor para mostrar otra cara de un territorio, colindante con los departamentos de Tolima y Valle del Cauca, conocido por su violencia, según cuenta. “Nosotros siempre estamos con el temor de cubrir. Siempre pensamos que tenemos los ojos encima de alguien que está pensando que no es así lo que uno escribe. Casi siempre evitamos meternos en ese tema”, afirma al hablar de la agenda de orden público y también de corrupción. “No va a ser posible la libertad de prensa en el norte del Cauca”, finaliza.

Y entre tanto riesgo, vale la pena preguntarse por las motivaciones que llevan quienes se dedican a esto. En la respuesta de Martín* hay, tal vez, un espíritu común para todos: “yo creo que es la única forma de que el país entienda que hay otros territorios y otra gente que construye esta nación. Yo vengo de un lugar muy complejo, allá sólo mandaban los grupos armados en los 2000. Yo crecí en eso. Yo viví en medio de esa violencia. Yo escogí esto para tratar de revertir eso. Queremos seguir trabajando”

Cauca en cifras

  • Grupos armados presentes: El Frente Carlos Patiño, la Columna Móvil Dagoberto Ramos y la Columna Móvil Jaime Martínez del Comando Coordinador de Occidente (CCO), el Frente José María Becerra del ELN, el Frente Diomer Cortés y el Frente Dagoberto Ramos Ortiz de la Segunda Marquetalia.
  • Asesinatos de Líderes sociales 2022: 24
  • Masacres 2022: 15
  • Asesinatos firmantes de paz 2022: 7
  • Hectáreas de coca: entre 20 mil y 30 mil hectáreas. En Cauca el nuevo enclave se empieza a consolidar en la zona costera. 
  • Amenazas registradas por la FLIP 2019-2022: 19 dirigidas a 21 periodistas.

Putumayo

Si algo tiene claro Alberto*, después de 25 años trabajando en la radio, es que un periodista debe contar las dos caras de la moneda: lo bueno y lo malo. Esa premisa le devuelve la tranquilidad cuando recuerda que en un par de meses la emisora comunitaria que dirige cumplirá un año sin emitir noticias locales en el bajo Putumayo, a pocas horas de la frontera con Ecuador. A inicios del año pasado, el periodista suspendió la transmisión del informativo local después de que dos miembros de su equipo recibieron amenazas. 

La emisora, fundada hace más de veinte años, enfrentaba dificultades económicas desde la pandemia, pero había logrado mantenerse a flote con una parrilla informativa que combinaba las voces de campesinos y mujeres con música y noticias. Hasta aquel día en que suspendieron la difusión del noticiero. Alberto tomó la decisión cargando a cuestas con el recuerdo de un colega de la región que fue asesinado por su liderazgo social. “Uno siente nostalgia de no tener el noticiero. No poder hacer lo que deberíamos hacer… ¿para qué sirve una radio que solo pasa música o mensajes a la alcaldía o del hospital si hay otras cosas que contar? Lastimosamente no se pueden decir”, se lamenta. 

La autocensura como estrategia de autoprotección es una de las prácticas que han implementado los periodistas del Putumayo desde que el conflicto recobró su fuerza. Hoy, al menos cuatro grupos armados están presentes en el departamento, entre ellos el Frente Carolina Ramírez del Bloque Suroriental y los Comandos de la Frontera. En el territorio están dos de los enclaves productivos de coca más importantes a nivel nacional, y hasta finales de 2021 había 28 mil hectáreas de coca, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). 

En este contexto, muchos reporteros evitan desplazarse hacia áreas rurales o publicar noticias relacionadas con el orden público. “Yo lo hago para proteger mi integridad. Uno sabe que corre peligro si dice algo malo o no maneja bien la información. Cualquiera puede terminar amenazado”, sostiene César*, quien dirige un portal de noticias. Por su parte, un locutor de una emisora comunitaria afirma: “yo trato de ser muy técnico… de no usar adjetivos”.

Los pocos periodistas que cubren hechos violentos suelen enfrentar decenas de barreras, entre ellas el silencio estatal. “Es un problema grandísimo lograr que una autoridad se pronuncie sobre un hecho para tener una fuente oficial”, afirma César. Esto ha llevado a que la gente critique su labor. Hace unos meses, participó en un panel sobre periodismo que fue transmitido en vivo a través de redes sociales. En uno de los comentarios que recibieron ese día los llamaron periodistas mediocres. “Yo les pedía disculpas por eso —cuenta César—. A veces terminamos siendo mediocres, pero detrás de eso están las limitaciones que tenemos para informar. Si tuviéramos más libertad tal vez podríamos hacer otro periodismo”.  

Putumayo en cifras

  • Grupos armados presentes: El Frente Carolina Ramírez del Bloque Suroriental, los Comandos de la Frontera, la Segunda Marquetalia y la Columna Móvil Jhonier Toro Arenas del Comando Coordinador de Occidente (CCO). 
  • Hectáreas de coca: 28.205 hectáreas, 1,4 veces más que el año anterior. Junto a Caquetá, el Putumayo constituye la tercera región con más área de coca sembrada en todo el país. 
  • Asesinatos a líderes sociales en 2022: 17
  • Masacres en 2022: 7
  • Asesinatos a firmantes de paz en 2022: 5
  • Amenazas registradas por la FLIP 2019-2022: 3 dirigidas a 8 periodistas.


Nariño

El periodismo en Nariño tiene puntos ciegos. Es decir, porciones del territorio en las que está vedado el ingreso de periodistas. En este departamento fronterizo, ONUDD ha identificado enormes laboratorios de cocaína en los que se llega a producir hasta cinco toneladas en un mes. Allí confluyen varios grupos armados y organizaciones criminales que se disputan el control de las zonas cocaleras y las rutas de narcotráfico. De acuerdo con Indepaz, los enfrentamientos se concentran en las subregiones Saquianga, Pacífico Sur y Telembí, especialmente en municipios como Tumaco, Roberto Payán, Olaya Herrera y Barbacoas. Repartidos en pequeñas fracciones del territorio, hay miembros de al menos ocho grupos que por momentos actúan unidos, en bloque, y en otros se enfrentan entre ellos o con el Ejército. 

Las dinámicas de la guerra en el departamento son tan confusas y cambiantes que la gente no logra seguirle la pista al fuego cruzado. Las y los periodistas, que en otros lugares del país se las ingenian para hacer reportería en lugares controlados por los grupos armados, quedan atrapados entre fronteras invisibles. “Al viajar durante una hora desde la zona de piedemonte hasta la frontera puedes encontrar un grupo y en 45 minutos va a ser otro”, ilustra Diego*, un periodista que a pesar de las limitaciones publica algunas noticias sobre el conflicto en medios regionales y nacionales. Para hacerlo sin correr demasiados riesgos, se vale de varias estrategias como enviar reportes para que sean otros colegas quienes den la información o utilizar imágenes de archivo al momento de mencionar ciertos lugares. “Hay sitios en donde es imposible llegar con cámaras. Se limita hasta el uso de dispositivos móviles. Si los usas y sale algo de por allá, te van a llegar amenazas”, explica. Aún así, Diego ha recibido mensajes intimidantes. “Vea cuidese con la información que mandó”, le dijeron hace poco a través de un mensaje de texto. 

Los registros de las organizaciones humanitarias dan cuenta de la dimensión del conflicto. Solo en febrero del año pasado se registraron cinco desplazamientos masivos en La Tola, Mosquera, Olaya Herrera y Barbacoas, de acuerdo con Médicos Sin Fronteras. Pero el verdadero impacto que está teniendo la violencia en la vida de la población civil no se ve en los medios, pues las mismas cifras de los grupos defensores de derechos humanos alimentan el miedo de los periodistas. “Una vez intenté hacer un acercamiento para viajar con un abogado conocido allá (en Ricaurte). Me dijeron que fuera y que al siguiente día me secuestraban”, cuenta un fotógrafo que utiliza la ciudad de Pasto como sede. El cronista asegura que en Nariño casi todos los días ocurren decenas de asesinatos de los que nadie se entera. “Eso no lo publica nadie porque es como meterse en la boca del lobo”. Un colega de Ipiales coincide. Para él, el miedo es un sentimiento permanente: "es una amenaza indirecta”. 

Nariño en cifras

  • Grupos armados presentes: El Bloque Occidental Alfonso Cano y la Columna Móvil Ariel Aldana de la Segunda Marquetalia, el Frente Franco Benavides y la Columna Móvil Urías Rondón del Comando Coordinador de Occidente (CCO), el Frente Comuneros del Sur del ELN, Los Contadores (también llamados el Frente Iván Ríos), el Frente Oliver Sinisterra (FOS), y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
  • Asesinatos a líderes sociales en 2022: 22
  • Masacres en 2022: 4
  • Asesinatos a firmantes de paz en 2022: 2
  • Hectáreas de coca:  56.516 hectáreas, una cifra casi dos veces mayor a la registrada en 2021. 
  • Wilder Córdoba, periodista de La Unión, fue asesinado el 28 de noviembre de 2022.  
  • Amenazas registradas por la FLIP 2019-2022: 8 dirigidas a 8 periodistas.

 

* Los nombres de los periodistas consultados han sido modificados por su seguridad. 

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