Intimidaciones a Proclama del Pacífico reiteran la alerta sobre la situación de la prensa en Cauca

El pasado 18 de febrero, integrantes del diario Proclama del Pacífico fueron interceptados, amenazados y obligados a suspender la distribución de su periódico en el norte del Cauca. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza y alerta este hecho, pues constituye un acto de censura violenta que restringe el derecho de la ciudadanía a recibir información y evidencia los riesgos extremos que enfrenta la prensa en esta región del país.

El equipo del diario Proclama del Pacífico estaba realizando un recorrido por varios municipios del norte del Cauca para entregar su periódico. Los hombres desconocidos les confiscaron los ejemplares impresos, les insultaron y les amenazaron diciéndoles que si no se marchaban del lugar, los matarían. Como consecuencia, los periodistas decidieron suspender la entrega en otros municipios de la región, lo que configuró un acto de censura violenta y limitó el ejercicio periodístico del medio.

En esta edición, el medio informaba sobre temas judiciales, de salud y orden público, todos asuntos de interés para las y los habitantes de los municipios que contemplaban visitar. Además, y teniendo en cuenta la jornada electoral que se avecina, había énfasis en temas políticos, y un llamado a la ciudadanía para asistir a las urnas y votar de manera consciente.

En los últimos años, el departamento del Cauca ha enfrentado un escenario de violencia persistente y sistemática derivado de la disputa territorial entre distintos grupos armados ilegales, incluidas disidencias de las FARC como el Estado Mayor Central, estructuras del ELN y otras organizaciones vinculadas a economías ilícitas. En este entorno, la prensa se ha visto directamente afectada y amenazada: aunque el Cauca registró 13 agresiones contra la prensa durante 2025, resulta preocupante que la presencia y el control ejercido por actores armados, sumados a la débil respuesta institucional, puedan estar generando subregistro de agresiones, así como autocensura y silenciamiento en varias zonas del territorio.

A su vez, la Defensoría del Pueblo también ha advertido sobre la grave vulneración de derechos humanos en el departamento y sobre los riesgos que este contexto representa de cara a la jornada electoral.

En la mañana de hoy, 26 de febrero de 2026, se realizó un consejo bidepartamental de seguridad entre autoridades del Valle del Cauca y el Cauca, en el que participaron gobernadores, alcaldes municipales, fuerza pública, órganos de control y representantes de derechos humanos. Si bien se llegaron a compromisos de articulación entre entidades y autoridades para hacerle frente a la situación de seguridad, no se incorporó de manera diferencial ni prioritaria en su agenda los riesgos que enfrentan periodistas y medios de comunicación en el departamento, especialmente en el marco electoral.

En esta vía, solicitamos que dentro de las medidas que se tomarán para garantizar la seguridad de la ciudadanía, se incluya la protección y el respaldo a la labor de la prensa, especialmente antes, durante y después de la jornada electoral. Esto implica no solo medidas reactivas ante posibles agresiones, sino también de prevención y de articulación con medios y periodistas, que permitan identificar riesgos, activar rutas de protección y prevenir nuevos hechos de violencia o censura.

Finalmente, pese a que el riesgo de Proclama del Pacífico fue calificado como extraordinario en una resolución emitida el mes pasado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), aún no se han implementado las medidas colectivas ordenadas. Por ello, reiteramos a la UNP que ejecute de manera urgente y efectiva dichas medidas y que evalúe si estas resultan adecuadas, oportunas y proporcionales frente al nivel de riesgo que enfrentan los periodistas.

La libertad de prensa es un pilar esencial para unas elecciones transparentes y democráticas, pues garantiza que la ciudadanía acceda a información plural, verificada y oportuna sobre candidaturas, propuestas y eventuales irregularidades. En un país donde persisten amenazas de grupos armados organizados, el periodismo también actúa como barrera frente a presiones e interferencias indebidas. Sin garantías para el ejercicio periodístico, se debilita el debate público y se afecta directamente el derecho de la ciudadanía a tomar decisiones informadas.