Recrudecimiento de la violencia contra periodistas requiere de un mayor compromiso del Estado

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa reiteramos nuestra preocupación por la situación de violencia que enfrentan las y los periodistas del país. En los primeros cuatro meses del año, hemos documentado 158 agresiones y un mayor riesgo para quienes cubren temas relacionados con administraciones públicas, manifestaciones, seguridad y conflicto armado. Este escalamiento de la violencia tiene un efecto inhibitorio en el periodismo, vulnera los principios democráticos y plurales de las sociedades, y evidencia que las y los periodistas corren un riesgo cada vez mayor.

La amenaza, con 56 casos, ha sido la principal agresión entre enero y abril de este año. Periodistas reciben mensajes o llamadas de números desconocidos o publicaciones en redes sociales en las que les atacan de manera directa, o a sus familiares. Les amenazan por notas periodísticas realizadas, por investigaciones que están en curso o por no publicar alguna información, como sucedió con Juan Alejandro Loaiza, de Huila, quien fue amenazado y posteriormente secuestrado por un grupo armado al negarse a publicar su información.

Así como en Huila, la prensa de Arauca ha quedado en medio de la contienda de los grupos armados ilegales, que se disputan el control territorial y declaran como objetivo militar a periodistas. Esta situación ha generado autocensura como un mecanismo de protección y ha obligado a periodistas a salir de sus departamentos. En Antioquia, y especialmente en Norte de Santander, han aumentado las agresiones a periodistas, y varios de ellos han dicho que abandonarán las investigaciones que les puedan poner en mayor riesgo.

Al elevado número de agresiones y amenazas se debe agregar el retorno de asesinato de periodistas. En enero fue asesinado Mardonio Mejía, en San Pedro, Sucre, y el pasado 14 de abril, Jaime Vásquez, en Cúcuta, Norte de Santander. Estos dos crímenes han interferido con el flujo de la información en sus municipios, pues en el caso de Mardonio, su emisora duró tres semanas sin programación, y en el de Jaime, varios colegas aseguran que no continuarán con sus denuncias. Actualmente estamos documentando otros dos homicidios: el del periodista Julio Zapata, en San Rafael, Antioquia; y el de Hilton Barrios, en Puerto López, Meta, ocurridos la última semana de abril. Detrás del asesinato de periodistas hay un silenciamiento de zonas que, por lo general, cuentan con poca información local.

La situación de la prensa en Colombia resulta aún más alarmante al revisar las cifras de los años anteriores. En los últimos dos años, otros tres periodistas fueron asesinados por razones de su oficio: Rafael Moreno y Wilder Córdoba, en 2022; y Luis Gabriel Pereira, en 2023. Además, en 2022 América Latina tuvo una cifra récord con el mayor número de periodistas asesinados durante el año, y en 2023, alertamos sobre las agresiones por parte de funcionarios públicos, que se incrementaron en el marco de las elecciones regionales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha llamado la atención sobre el incremento de la violencia hacia periodistas y medios, así como la impunidad y falta de diligencia en las investigaciones. Sin embargo, la respuesta estatal ha sido insuficiente, ya que no se han brindado medidas de protección adecuadas y oportunas, ni rechazado de manera categórica y pública los hechos de violencia contra la prensa.

De igual manera, en una reciente visita de la CIDH al país, recordó el deber que tienen funcionarios públicos y líderes políticos de garantizar y respaldar el ejercicio periodístico y, a su vez, abstenerse de emitir mensajes que socaven la confianza hacia la prensa. Sus señalamientos promueven un ambiente hostil hacia las y los comunicadores y pueden derivar en otro tipo de agresiones, como ha ocurrido en el cubrimiento de las marchas ciudadanas en las que periodistas han sido víctimas de ataques físicos, daño al material de trabajo, obstrucción al ejercicio periodístico e insultos.

En este contexto, es urgente que se establezcan estrategias de prevención de las violencias contra periodistas y se brinden mecanismos de protección efectivos, proporcionales y oportunos para contener los ataques. Es fundamental que las instituciones coordinen acciones para avanzar en las investigaciones judiciales, con el objetivo de combatir la impunidad y establecer sanciones contra aquellos responsables de amenazar y asesinar a periodistas.

En un momento de marcada polarización política, es imperativo que desde la máxima cabeza del Estado se reconozca y condene de manera pública y enérgica la violencia contra la prensa en el país. Es necesario asumir un papel activo y contundente en la respuesta a estos ataques, priorizando su atención y exigiéndole a los grupos armados en el marco de los diálogos en curso, que no involucren a las y los periodistas en el conflicto. Además, es crucial que los funcionarios se comprometan con la protección de periodistas y se abstengan de emitir mensajes que estigmaticen o inciten hostilidad hacia la prensa, ya que tales actitudes pueden ser fácilmente adoptadas y propagadas por la ciudadanía.

Solo con una postura resuelta por parte de las autoridades, podremos avanzar hacia una sociedad pacífica donde se honren y protejan derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información.