Reportera de Radio Nacional de Colombia tuvo que desplazarse de Ituango luego de recibir amenazas

La FLIP expresa su preocupación por la situación de riesgo de María Eugenia Durango, periodista de estación radial de Ituango, la segunda emisora de pedagogía para la paz en el país, que es operada por la Radio Nacional de Colombia. La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que atienda de manera urgente las necesidades de reubicación de la comunicadora en condiciones de seguridad. 

El pasado 24 de enero, la reportera recibió una amenaza a través de un mensaje de WhatsApp en el que le advertían que tenía 24 horas para abandonar el municipio. Luego de esta intimidación, la periodista tuvo que suspender sus labores de reportería y desplazarse para salvaguardar su seguridad y la de su familia. Durango cubría temas culturales del municipio y noticias generales del departamento, y en los últimos días, dada la situación de violencia en el Bajo Cauca Antioqueño, también hacía notas informativas sobre el orden público en la región. 

La periodista estaba desarrollando su labor informativa en medio de las dificultades de seguridad que atraviesa el municipio. Ituango, al norte del departamento de Antioquia, es un corredor estratégico que comunica a la costa caribe con la región del Urabá y el Bajo Cauca Antioqueño, lo que lo convierte en una región atractiva para los grupos al margen de la ley. Actualmente, en este territorio se libra una disputa entre las disidencias de las Farc y otras estructuras ilegales como El Clan del Golfo y Los Caparrapos.   

Durante los últimos días la situación de orden público del municipio se ha agudizado y son constantes las denuncias por extorsiones a los habitantes de la zona y los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales. Esta situación de violencia venía siendo denunciada en los últimos días por el equipo periodístico de la emisora de Ituango que se escucha en el dial 92.3 FM. Durango asegura que para tratar estos temas han invitado a líderes sociales y autoridades de la región para que participen en los espacios informativos.

En vista de la inminencia del riesgo al que estaba expuesta la reportera, la FLIP le solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que implementara medidas de protección por trámite de emergencia pero la petición fue negada. La Fundación le reitera a la UNP la necesidad de implementar medidas de protección de manera urgente que garanticen la reubicación de la reportera en condiciones de seguridad con el fin de salvaguardar su vida, su integridad y la de su familia. 

Adicionalmente, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue a fondo este hecho con el fin de identificar y sancionar a los responsables. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.