#AlertaFLIP | Desde el pasado 8 de diciembre, el periodista Julián Céspedes ha recibido más de 600 mensajes, entre amenazas e insultos, a través de sus cuentas de X, Instagram, Facebook y WhatsApp. Además, ha recibido al menos 50 llamadas a su teléfono personal. En algunas de ellas, lo amenazaron, y le advirtieron que “lo colgarán de un puente” y que conocen su lugar de residencia, así como la placa y el modelo de su vehículo.

Wilder Córdoba era periodista y director del noticiero de Unión Televisión, el medio más representativo de La Unión, Nariño. Allí trabajó por más de 12 años. A través del informativo del canal y de sus redes sociales, informó sobre la inseguridad, los barrios marginados y la corrupción en el municipio.

El pasado 23 de noviembre, durante las manifestaciones en Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá retuvo al director del medio Cofradía para el Cambio, Hernán Muriel, y a los camarógrafos Luis Fernando Giraldo y Carlos Andrés Campuzano en un Centro de Traslado por Protección (CTP). Esta detención injustificada duró aproximadamente una hora y en ningún momento los funcionarios de la Policía explicaron a los periodistas las razones por las que los llevaron al CTP, situación que viola directamente el debido proceso estipulado en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

A mediados de octubre, el abogado Abelardo De La Espriella interpuso una tutela contra los periodistas Julián Fernando Martínez Vallejo, Ignacio Gómez Gómez, Alfredo Serrano Zabala, Wilmer Alberto Zuleta y Daniel Mejía Lozano, en retaliación a las opiniones e información revelada sobre él y su ejercicio profesional, en el medio de comunicación Tercer Canal. De La Espriella presentó una acción de tutela ante el Juzgado 60 Civil del Circuito de Bogotá, la cual fue declarada improcedente por no haber acudido a los mecanismos ordinarios. Sin embargo, el juez abrió la puerta para que el abogado recurra a la denuncia penal o a una demanda civil para resolver la controversia, mecanismos que deberían ser utilizados en última instancia y, por ello, implica un grave riesgo para la libertad de expresión.

El pasado 9 de septiembre se hizo público que Jesús Emiro Pereira Rivera, alias “Huevo de Pisca”, condenado a 40 años por los delitos de secuestro, tortura agravada y acceso carnal violento contra la periodista Jineth Bedoya, se encuentra prófugo. Ante estos hechos la Fiscalía General de la Nación se ha limitado a informar que Jesús Emiro salió en libertad a causa de una decisión tomada por un magistrado de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín y que a pesar de que esa orden fue revocada poco tiempo después, no conocen el paradero del victimario.

El 6 de noviembre se hizo público un video en el que Gustavo Bolívar, director del Departamento para la Prosperidad Social, menciona que “el Gobierno está empezando a comunicar mejor que antes”, se refiere al rol de los influencers en la comunicación de noticias y dice que las campañas contra medios como Caracol, RCN y Semana “han dado resultados”. El video, en el que Bolívar aparece en medio de una videollamada, ha generado cuestionamientos por la posible intervención del Gobierno en campañas de desprestigio en redes sociales contra medios de comunicación.

El pasado 5 de noviembre, periodistas de La Lupa Araucana, medio de comunicación digital, fueron contactados por parte del Comando Conjunto de Oriente del Estado Mayor Central (EMC), de las disidencias de las FARC, quienes les exigieron publicar un video en el que se lanza una grave advertencia a varias comunidades rurales del departamento. La presión ejercida sobre el equipo periodístico los obligó a publicar un video en su página el día de ayer. Como consecuencia el medio recibió recriminaciones por parte del Frente de Guerra Oriental del ELN, que los acusó de simpatizar con la otra organización armada. Esta intimidación y acusaciones cruzadas no solo comprometen la vida e integridad de los periodistas de La Lupa Araucana, sino que reafirman la crítica situación que enfrenta la prensa en Arauca.

Rechazamos el atentado contra el periodista Víctor Daniel Pino en Soledad, Atlántico. El ataque ocurrió la noche del miércoles 30 de octubre, mientras Pino se desplazaba en un taxi por la avenida El Platanal, donde fue impactado en su cara y cuello. Seguimos atentos a la evolución de su estado de salud, deseándole una pronta recuperación.

Las dificultades del Estado para investigar los asesinatos de periodistas han elevado los niveles de impunidad. Este fenómeno no solo pone en riesgo la seguridad y protección de la prensa, sino que evidencia una falta de compromiso de los gobiernos e instituciones para salvaguardar la libertad de expresión. Silenciar a un periodista no solo atenta contra la libertad de prensa; también socava la democracia, limita la participación de las voces críticas y desestabiliza el tejido social comunitario. En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, hacemos hincapié en el preocupante panorama de impunidad en los homicidios de comunicadores y en el hecho de que en la gran mayoría de los casos los responsables no enfrenten consecuencias legales.