Desde la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresamos nuestra preocupación y rechazamos de manera enfática las medidas judiciales desproporcionadas que enfrentan el periodista Álvaro William López Ossa, director del medio digital El Expreso, y Camila Alejandra López Ospina, representante legal de L.L. Editores S.A.S. El comunicador López Ossa podría ser sancionado con una multa e incluso con una orden de arresto por tres días, por un supuesto desacato derivado de una tutela interpuesta por el congresista Aníbal Hoyos Franco, del Partido Liberal. Esta acción judicial fue presentada con el fin de solicitar la rectificación y eliminación de una investigación periodística sobre temas relacionados con la junta directiva de la Asociación de Municipios de Risaralda (ASOMUR) y de contratación pública. El uso del aparato judicial para censurar a un comunicador por el contenido de su trabajo investigativo constituye una forma de acoso judicial y una amenaza contra la libertad de expresión.

El pasado 15 de julio, el Juzgado 61 Administrativo de Bogotá dictó una sentencia que reconoce la responsabilidad administrativa y patrimonial del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional por las lesiones causadas al periodista Andrés Cardona, durante el cubrimiento de las marchas del Paro Nacional de 2021. En la decisión, el Juzgado les obliga a indemnizar a Cardona por 10 salarios mínimos legales vigentes (SMLV) por daños a la salud, y otros 10 SMLV por daños morales.

El pasado domingo 13 de julio, el periodista Luis Alberto Suárez, del municipio de Ayapel, Córdoba, fue agredido físicamente por el secretario de Gobierno, Jorge Rojas, hecho que ha sido legitimado durante estos días por el Alcalde Hugo Armando Pinedo. Ambos funcionarios han protagonizado una serie de ataques contra el comunicador, que incluyen violencia física, amenazas y estigmatización, en represalia por su labor periodística y las denuncias públicas que ha hecho sobre la gestión municipal. Estas agresiones constituyen una grave vulneración a los derechos a la libertad de expresión y a informar sobre asuntos de interés público.

A propósito de las denuncias que hemos hecho recientemente sobre el panorama de orden público en Guaviare, desde la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), queremos alertar que esta realidad se extiende a otros territorios del país igualmente afectados por la violencia. Uno de ellos es Arauca, donde la intensificación del conflicto armado entre el ELN y las disidencias de las FARC ha agravado la crisis humanitaria, especialmente en municipios como Saravena y Arauquita. Esta situación ha puesto en riesgo a periodistas que hoy enfrentan no solo agresiones, sino también una preocupante instrumentalización por parte de los actores armados.

Expresamos nuestra preocupación por la citación a audiencia de imputación hecha al periodista José Manuel Vega con motivo de una denuncia presentada en el año 2021 por el entonces director del Área Metropolitana de Valledupar, Andrés Arturo Fernández, en contra del periodista. Este proceso se enmarca en una serie de presiones e intimidaciones de carácter legal contra José Manuel Vega, motivadas por su labor periodística sobre contratación pública y presuntas irregularidades administrativas en Valledupar y en el departamento del Cesar.

Desde la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazamos y condenamos el atentado contra Gustavo Chicangana, codirector y periodista de Guaviare Estéreo, emisora asociada a Caracol Radio, y corresponsal de la FLIP en el departamento, ocurrido el pasado 5 de julio en San José del Guaviare. Gustavo hace parte de nuestra red de periodistas territoriales, quienes son parte esencial de nuestra organización y cuya labor es clave para entender y visibilizar los riesgos del periodismo en zonas silenciadas. En casi 30 años de trabajo, es la primera vez que recibimos un ataque tan directo en contra de quienes integran nuestra red. Este atentado nos afecta profundamente como organización, pues sin el trabajo y apoyo de los corresponsales, la misión de la FLIP no sería posible.

En la noche de ayer 5 de julio, el periodista Gustavo Chicangana y su esposa fueron víctimas de un atentado en San José del Guaviare. Ambos se dirigían a un comercio local, cuando un sujeto desconocido les disparó.

El Grupo Argos denunció penalmente al periodista Horacio Brieva Mariano, de El Heraldo, por los delitos de injuria, calumnia y pánico económico, en represalia por las columnas de opinión en las que ha cuestionado las presuntas afectaciones ambientales derivadas de los proyectos de construcción que adelanta la empresa en Barranquilla y su área metropolitana. Según la defensa de la empresa, Brieva incurre en una supuesta “campaña sistemática de desinformación y ataques infundados” que habría afectado el buen nombre y la reputación de la organización y que busca influir en la confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o accionistas del grupo empresarial.

Hoy, 15 de junio, en Bucaramanga, durante la marcha del silencio, los periodistas Nicolás Torres y Fredy Pernia, de RTVC, fueron agredidos física y verbalmente por algunos asistentes a la movilización. Rechazamos estas agresiones de manera categórica.