La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la situación de orden público por el paro armado de 48 horas decretado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en Magdalena, Cesar y La Guajira. En medio de las restricciones ordenadas por el grupo armado ilegal, periodistas han denunciado que han sido víctimas de intimidaciones y se han visto obligados a limitar el cubrimiento de la situación.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) sostuvo una reunión con el nuevo director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, con el propósito de presentar una agenda de prioridades frente a los desafíos estructurales que persisten y que deben ser atendidos para la protección de la prensa en Colombia.

#AlertaFLIP | Denunciamos la desaparición del líder y comunicador comunitario, Julián Hincapié. Según información preliminar, fue visto por última vez el pasado sábado 10 de septiembre, en Anorí, Antioquia. Hincapié ha estado relacionado con procesos comunitarios y de defensa de derechos en la región.

Desde el mediodía de hoy, 10 de septiembre, varios periodistas de Arauca han recibido el mismo mensaje de texto que les señala de ser supuestos “altoparlantes del ELN” y les advierte que está “prohibido seguir ese juego o no responden”. Rechazamos estas amenazas y estigmatizaciones que ponen en peligro la seguridad y el trabajo de periodistas locales.

A un mes de haber asumido el poder, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella debe traducir su compromiso público con la libertad de prensa en garantías reales y verificables. Hoy, en el Día Nacional de los Derechos Humanos, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reitera que la seguridad de quienes ejercen el periodismo es una garantía de derechos humanos: protege su vida y garantiza el derecho de la ciudadanía a acceder a información libre e independiente. El deterioro acumulado durante los últimos años y las decisiones tomadas por esta administración en sus primeras semanas demuestran una oposición a este compromiso.

Ante la expedición de la Directiva Presidencial 01 de 2026, socializada el 3 de septiembre del mismo año, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) analizó los lineamientos para la coordinación de la comunicación institucional del Gobierno nacional. Si bien varias de sus disposiciones son decisiones legítimas de organización interna, la directiva también contiene algunas limitaciones al relacionamiento entre funcionarios públicos, medios de comunicación y periodistas que la Fundación considera importante señalar.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las directrices que habría impartido la Presidencia de la República para el relacionamiento del Gobierno con los medios de comunicación. Las disposiciones contempladas afectan directamente la labor crítica del periodismo en una sociedad democrática: restringen el trabajo de medios y periodistas y afectan la posibilidad de interpelar al poder, exigir explicaciones y contrastar las versiones oficiales de asuntos de interés público.

Tras la decisión de Inravisión de suspender la programación informativa y territorial de las 20 emisoras de paz, el 18 de agosto, distintos funcionarios y figuras políticas señalaron a estas emisoras de ser instrumentos de propaganda de las Farc y el ELN. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y El Veinte advierten que estos señalamientos repiten un patrón de estigmatización que las emisoras han enfrentado desde su creación y que expone a sus integrantes a riesgos contra su seguridad física y su vida.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) rechazan la decisión de Inravisión de suspender, desde el 18 de agosto y hasta nueva instrucción, la programación de las 20 emisoras de paz y las emisoras descentralizadas de radio a nivel nacional, reemplazándola con una programación exclusivamente musical y centralizada desde Bogotá. Esta decisión restringe el acceso de comunidades enteras a la información sobre sus propios territorios, especialmente aquellos afectados por el conflicto armado, y desconoce lo pactado en el Acuerdo Final de Paz.