La Corte Suprema de Justicia emitió ayer, 14 de agosto, un fallo histórico en el que resolvió el caso del asesinato del periodista Luis Antonio Peralta Cuéllar y estableció, por primera vez, que los crímenes contra periodistas deben ser investigados, juzgados y sancionados con enfoque diferencial. Esta perspectiva reconoce el riesgo superior que enfrentan quienes ejercen el periodismo y ordena aplicar la perspectiva de censura, que implica analizar el contexto de las agresiones, identificar patrones de violencia contra la prensa y valorar las pruebas de manera integral, incluyendo los indicios.

Hoy se cumplen cinco años del asesinato de Abelardo Liz Cuetia, comunicador indígena del pueblo Nasa, ocurrido el 13 de agosto de 2020, mientras cubría un operativo de desalojo en el marco de la Liberación de la Madre Tierra en zona rural de Corinto, Cauca. A pesar de que existen indicios que indican que el proyectil pudo haber provenido del armamento oficial del Ejército usado ese día, el caso sigue impune y el Estado colombiano sigue en deuda de garantizar verdad, justicia y reparación hacia su familia y la comunidad.

Hoy, 12 de agosto, se cumplen 100 años del natalicio de Guillermo Cano Isaza, periodista y director de El Espectador, durante más de tres décadas, hasta su asesinato el 17 de diciembre de 1986, en Bogotá. Su coraje, su ética y rigor periodístico lo hicieron un referente y ejemplo para generaciones de periodistas. Hoy honramos la memoria de un periodista que creyó, con firmeza, que la palabra debía visibilizar las injusticias y jamás callar ante los violentos.

Las redes Alianza Regional por la libre expresión e Información, IFEX-ALC y Voces del Sur, que defienden y promueven la libertad de expresión en América Latina y el Caribe, manifestamos nuestra profunda preocupación por el proyecto de “Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales”, presentado por el Presidente de Ecuador Daniel Noboa y actualmente en trámite en la Asamblea Nacional del Ecuador, y exhortamos a los miembros de la Asamblea a votar en contra de dicha iniciativa.

Desde la FLIP reiteramos que la censura, en todas sus formas, representa una vulneración directa y un retroceso para la libertad de expresión y de prensa. La pérdida de voces periodísticas, ya sea por presiones externas, ataques violentos o autocensura, no solo es lamentable sino alarmante: evidencia el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo, empobrece el debate público y debilita la democracia. En un contexto marcado por la polarización, la violencia y los señalamientos constantes, es preocupante que, en lugar de garantizar un ejercicio periodístico independiente y libre, se multipliquen los obstáculos que buscan silenciarlo.

El pasado lunes 28 de julio, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, condenó a 20 años de prisión a Cristhian Camilo Chávez Muñoz, alias ‘Chepe’, por su participación en el homicidio del periodista Marcos Efraín Montalvo el día 19 de septiembre de 2021. El comunicador era ampliamente reconocido por su trabajo en Tuluá desde hace más de cuarenta años, y por la labor que realizó en medios como El País de Cali, Radio Reloj, La Cariñosa, el semanario El Tabloide y el periódico local La Variante. Además, también difundía noticias en dos páginas de Facebook que llevaban su nombre.

Desde la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresamos nuestra preocupación y rechazamos de manera enfática las medidas judiciales desproporcionadas que enfrentan el periodista Álvaro William López Ossa, director del medio digital El Expreso, y Camila Alejandra López Ospina, representante legal de L.L. Editores S.A.S. El comunicador López Ossa podría ser sancionado con una multa e incluso con una orden de arresto por tres días, por un supuesto desacato derivado de una tutela interpuesta por el congresista Aníbal Hoyos Franco, del Partido Liberal. Esta acción judicial fue presentada con el fin de solicitar la rectificación y eliminación de una investigación periodística sobre temas relacionados con la junta directiva de la Asociación de Municipios de Risaralda (ASOMUR) y de contratación pública. El uso del aparato judicial para censurar a un comunicador por el contenido de su trabajo investigativo constituye una forma de acoso judicial y una amenaza contra la libertad de expresión.

El pasado 15 de julio, el Juzgado 61 Administrativo de Bogotá dictó una sentencia que reconoce la responsabilidad administrativa y patrimonial del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional por las lesiones causadas al periodista Andrés Cardona, durante el cubrimiento de las marchas del Paro Nacional de 2021. En la decisión, el Juzgado les obliga a indemnizar a Cardona por 10 salarios mínimos legales vigentes (SMLV) por daños a la salud, y otros 10 SMLV por daños morales.

El pasado domingo 13 de julio, el periodista Luis Alberto Suárez, del municipio de Ayapel, Córdoba, fue agredido físicamente por el secretario de Gobierno, Jorge Rojas, hecho que ha sido legitimado durante estos días por el Alcalde Hugo Armando Pinedo. Ambos funcionarios han protagonizado una serie de ataques contra el comunicador, que incluyen violencia física, amenazas y estigmatización, en represalia por su labor periodística y las denuncias públicas que ha hecho sobre la gestión municipal. Estas agresiones constituyen una grave vulneración a los derechos a la libertad de expresión y a informar sobre asuntos de interés público.