Hace casi un año, el periodista Gustavo Chicangana y su esposa, Ana Milena Torres, fueron víctimas de un atentado mientras salían de su vivienda en San José del Guaviare. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) valora la captura de Campo Elías Castañeda Valencia, alias ‘Morocho’, presunto integrante del Bloque Jorge Briceño Suárez de las disidencias de las Farc, como un paso importante dentro de la investigación. Sin embargo, este avance debe estar acompañado de esfuerzos sostenidos para esclarecer plenamente los hechos, identificar a todos los responsables y garantizar verdad y justicia para las víctimas.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las actuaciones adelantadas por parte del Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá en el trámite del incidente de desacato relacionado con el cumplimiento de una orden de rectificación impuesta a Revista Semana. Aunque el medio realizó las rectificaciones ordenadas por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá y acreditó su cumplimiento ante la justicia, el juez encargado del trámite ha emitido requerimientos que incorporan obligaciones no previstas en la sentencia original.

La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, alerta y rechaza la intensificación de los ataques cibernéticos dirigidos contra periodistas, medios de comunicación y otros actores que difunden contenidos de interés público en el marco de la segunda vuelta electoral. En un escenario en el que una parte significativa de la ciudadanía se informa, participa en el debate público y ejerce sus derechos políticos a través de plataformas digitales, este tipo de agresiones afectan tanto a quienes producen y difunden contenidos, como a la sociedad al limitar el acceso a información plural y oportuna.

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el candidato Abelardo de la Espriella y su campaña vuelven a atacar a periodistas y medios de comunicación como respuesta a investigaciones de interés público sobre su candidatura. Para la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), estos señalamientos reiterados buscan desacreditar el trabajo periodístico y constituyen una amenaza para el debate democrático.

A casi cuatro años del asesinato de Rafael Emiro Moreno, director de Voces de Córdoba, el proceso judicial para esclarecer su muerte se enfrenta a un panorama de impunidad. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en calidad de representante judicial de las víctimas, denuncia la falta de debida diligencia por parte del Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulantes de Montería.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lamenta y condena profundamente el asesinato de Cristian Herrera, ocurrido el pasado 6 de junio de 2026 en Cúcuta, Norte de Santander. Cristian era uno de los integrantes de la organización, desde 2019, era corresponsal de la FLIP en Norte de Santander, y desde el año pasado, del Consejo Directivo.

Hoy el periodismo colombiano nuevamente está de luto. Nos duele profundamente el asesinato de Cristian Herrera en Cúcuta. Cada periodista silenciado por la violencia es una pérdida irreparable para sus seres queridos, para el periodismo y para la democracia.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha documentado una escalada del 227% de las agresiones contra periodistas relacionadas con el cubrimiento electoral, en comparación del mismo periodo de 2022 (18 casos). El domingo 31 de mayo, durante la primera vuelta presidencial, se registraron 8 agresiones en contra de periodistas que cubrieron la jornada, que en su mayoría fueron obstrucciones al trabajo periodístico. Con estos casos, se registran 59 agresiones relacionadas con el cubrimiento de las elecciones, candidatos o asuntos políticos entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026.

El Decreto 211 de 2026, expedido el 5 de marzo por el Ministerio del Interior, contiene disposiciones poco claras sobre el uso de celulares y cámaras para el cubrimiento periodístico en los puestos de votación durante las elecciones del próximo 31 de mayo. La falta de precisión en esta medida genera incertidumbre para las y los periodistas que cubrirán la jornada electoral y puede afectar el derecho a informar y a ser informado sobre los comicios.