Desde ayer, 9 de enero, la periodista Diana Saray Giraldo ha sido blanco de estigmatizaciones por parte de la senadora Sandra Ramírez, del partido Comunes, después de que la comunicadora replicara una publicación en la red social X sobre su participación en un encuentro en Venezuela. En sus declaraciones, la senadora acusa a la periodista de perfilarla y la responsabiliza por cualquier eventualidad que pudiera ocurrirle. Estas afirmaciones han desencadenado ataques hostiles y misóginos por parte de otros usuarios en redes.

Las redes regionales de organizaciones de la sociedad civil defensoras de la libertad de expresión y organizaciones firmantes denunciamos la desaparición de Carlos Correa, director de Espacio Público, y exigimos su liberación inmediata, garantizando su retorno sano y salvo.

#AlertaFLIP | En menos de un mes, Éder Narváez, director del medio NP Noticias Online, de Caucasia, Antioquia, ha sido amenazado dos veces por el Frente 36 de las Disidencias, esto en retaliación a su ejercicio periodístico. El comunicador se encuentra en una situación de riesgo inminente.

A través de amenazas y llamadas intimidatorias, integrantes del Clan del Golfo le han exigido a varios periodistas del departamento que se abstengan de publicar información relacionada con la captura de alias “Viejo 40”, uno de los comandantes del frente Rubén Darío Ávila Martínez que opera en Montelíbano, Córdoba. El capturado sería, según la Policía, uno de los responsables de ordenar el asesinato del periodista Rafael Moreno.

#AlertaFLIP | Desde el pasado 8 de diciembre, el periodista Julián Céspedes ha recibido más de 600 mensajes, entre amenazas e insultos, a través de sus cuentas de X, Instagram, Facebook y WhatsApp. Además, ha recibido al menos 50 llamadas a su teléfono personal. En algunas de ellas, lo amenazaron, y le advirtieron que “lo colgarán de un puente” y que conocen su lugar de residencia, así como la placa y el modelo de su vehículo.

Wilder Córdoba era periodista y director del noticiero de Unión Televisión, el medio más representativo de La Unión, Nariño. Allí trabajó por más de 12 años. A través del informativo del canal y de sus redes sociales, informó sobre la inseguridad, los barrios marginados y la corrupción en el municipio.

El pasado 23 de noviembre, durante las manifestaciones en Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá retuvo al director del medio Cofradía para el Cambio, Hernán Muriel, y a los camarógrafos Luis Fernando Giraldo y Carlos Andrés Campuzano en un Centro de Traslado por Protección (CTP). Esta detención injustificada duró aproximadamente una hora y en ningún momento los funcionarios de la Policía explicaron a los periodistas las razones por las que los llevaron al CTP, situación que viola directamente el debido proceso estipulado en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

A mediados de octubre, el abogado Abelardo De La Espriella interpuso una tutela contra los periodistas Julián Fernando Martínez Vallejo, Ignacio Gómez Gómez, Alfredo Serrano Zabala, Wilmer Alberto Zuleta y Daniel Mejía Lozano, en retaliación a las opiniones e información revelada sobre él y su ejercicio profesional, en el medio de comunicación Tercer Canal. De La Espriella presentó una acción de tutela ante el Juzgado 60 Civil del Circuito de Bogotá, la cual fue declarada improcedente por no haber acudido a los mecanismos ordinarios. Sin embargo, el juez abrió la puerta para que el abogado recurra a la denuncia penal o a una demanda civil para resolver la controversia, mecanismos que deberían ser utilizados en última instancia y, por ello, implica un grave riesgo para la libertad de expresión.

El pasado 9 de septiembre se hizo público que Jesús Emiro Pereira Rivera, alias “Huevo de Pisca”, condenado a 40 años por los delitos de secuestro, tortura agravada y acceso carnal violento contra la periodista Jineth Bedoya, se encuentra prófugo. Ante estos hechos la Fiscalía General de la Nación se ha limitado a informar que Jesús Emiro salió en libertad a causa de una decisión tomada por un magistrado de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín y que a pesar de que esa orden fue revocada poco tiempo después, no conocen el paradero del victimario.