A un mes de haber asumido el poder, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella debe traducir su compromiso público con la libertad de prensa en garantías reales y verificables. Hoy, en el Día Nacional de los Derechos Humanos, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reitera que la seguridad de quienes ejercen el periodismo es una garantía de derechos humanos: protege su vida y garantiza el derecho de la ciudadanía a acceder a información libre e independiente. El deterioro acumulado durante los últimos años y las decisiones tomadas por esta administración en sus primeras semanas demuestran una oposición a este compromiso.

Ante la expedición de la Directiva Presidencial 01 de 2026, socializada el 3 de septiembre del mismo año, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) analizó los lineamientos para la coordinación de la comunicación institucional del Gobierno nacional. Si bien varias de sus disposiciones son decisiones legítimas de organización interna, la directiva también contiene algunas limitaciones al relacionamiento entre funcionarios públicos, medios de comunicación y periodistas que la Fundación considera importante señalar.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las directrices que habría impartido la Presidencia de la República para el relacionamiento del Gobierno con los medios de comunicación. Las disposiciones contempladas afectan directamente la labor crítica del periodismo en una sociedad democrática: restringen el trabajo de medios y periodistas y afectan la posibilidad de interpelar al poder, exigir explicaciones y contrastar las versiones oficiales de asuntos de interés público.

Tras la decisión de Inravisión de suspender la programación informativa y territorial de las 20 emisoras de paz, el 18 de agosto, distintos funcionarios y figuras políticas señalaron a estas emisoras de ser instrumentos de propaganda de las Farc y el ELN. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y El Veinte advierten que estos señalamientos repiten un patrón de estigmatización que las emisoras han enfrentado desde su creación y que expone a sus integrantes a riesgos contra su seguridad física y su vida.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) rechazan la decisión de Inravisión de suspender, desde el 18 de agosto y hasta nueva instrucción, la programación de las 20 emisoras de paz y las emisoras descentralizadas de radio a nivel nacional, reemplazándola con una programación exclusivamente musical y centralizada desde Bogotá. Esta decisión restringe el acceso de comunidades enteras a la información sobre sus propios territorios, especialmente aquellos afectados por el conflicto armado, y desconoce lo pactado en el Acuerdo Final de Paz.

#AlertaFLIP | Rechazamos la pretensión de la Unidad Nacional de Protección de retirar el esquema de protección que fue asignado a Cristian Herrera, periodista asesinado hace apenas dos meses, y que actualmente protege a su familia. Desmontar las medidas de protección que tiene la familia en estas circunstancias de alto riesgo es inadmisible.

Tras cumplirse seis años del asesinato del periodista indígena Abelardo Liz Cuetia, el proceso en la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral se encuentra sumido en una paralización injustificada. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), como representante judicial de la familia, denuncia que las investigaciones han enfrentado barreras institucionales que configuran un escenario de desprotección e impunidad para el periodismo comunitario.

La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, expresa su preocupación por la obstaculización del trabajo de la prensa al cubrir los hechos derivados del terremoto, ocurrido el 10 de agosto, en las zonas afectadas. Varios periodistas que se encuentran en Cali han reportado que uniformados de la Policía les han bajado sus cámaras mientras realizaban el debido registro, y les agredieron físicamente con empujones o codazos. Además, aseguran que personas de la comunidad les insultaron y les advirtieron que debían abandonar el lugar. La Policía no protegió a los periodistas afectados, lo que impidió el desarrollo de su labor.

#AlertaFLIP | Los directores y periodistas José Reyes, de José 24/7 Noticias, y Apolinar Beltrán, de Revista la Nueva Conciencia, fueron amenazados el pasado lunes 10 de agosto, a través de un audio que circuló por redes sociales en Puerto López, Meta. En el mensaje de voz, el hombre aseguró ser parte de un grupo armado (sin precisar cuál) y declaró a los periodistas como objetivo militar. Además, los acusó de “desinformar y atacar el progreso del pueblo”, y les advirtió que debían abandonar el lugar en un plazo máximo de 48 horas.