A un mes de las elecciones generales del 30 de noviembre, las organizaciones internacionales que integran la misión de libertad de expresión y libertad de prensa en Honduras alertan sobre el acoso judicial, el perfilamiento y la impunidad que ponen en riesgo el ejercicio del periodismo y el derecho de la ciudadanía a informarse libremente durante el periodo electoral.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió las demandas de casación presentadas por los defensores de Emiro Rojas Granados, exsubdirector del DAS, y Néstor Javier Pachón Bermúdez, exdetective de inteligencia del mismo organismo. Desde la FLIP destacamos esta decisión, ya que mantiene en firme las condenas impuestas por la justicia ordinaria por los delitos de tortura agravada y concierto para delinquir agravado cometidos contra la periodista Claudia Julieta Duque Orrego.

Desde la FLIP expresamos nuestra preocupación por el panfleto firmado por las disidencias de las FARC-EP que circula en redes sociales desde el 28 de octubre, y que, si bien ha tenido un alcance nacional, ha sido enviado de manera directa y amenazante a periodistas en el Cauca. El comunicado intimidatorio, que constituye una grave forma de censura y control informativo, habría sido emitido como una represalia a las publicaciones que periodistas y medios han realizado sobre hechos violentos en el departamento y operativos de la fuerza pública. Este es el tercer panfleto en el que el grupo armado hace exigencias y condiciona la labor de la prensa local.

La Sentencia SU-432 de 2025 marca un hito en la defensa de la libertad de prensa y los derechos de las mujeres periodistas en Colombia. Según el comunicado divulgado por la Corte Constitucional este lunes 20 de octubre, la Sala Plena acogió las pretensiones de 16 comunicadoras de diversas orientaciones políticas quienes solicitaron que el presidente de la República se abstuviera de emplear expresiones estigmatizantes, como el calificativo de “muñecas de la mafia”, para referirse a ellas.

Perfil de Rafael Emiro Moreno, periodista del sur de Córdoba asesinado en 2022. Su trabajo mezclaba la investigación documental con la observación directa de lo que sucedía en los barrios y las veredas, y en cada historia buscaba demostrar lo que afirmaba.

Desde la FLIP vemos con preocupación la carta enviada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a distintos medios de comunicación, mediante la cual formula un requerimiento oficial de información con la advertencia de posibles sanciones administrativas, solicitando documentos internos sobre sus procesos editoriales, como actas, relatorías y manuales. Este tipo de requerimientos, provenientes de una entidad del Estado con funciones de inspección y vigilancia, plantean serias dudas sobre los límites de su competencia y sobre la garantía efectiva de la libertad de prensa.

La Red Voces del Sur presentó su Informe Sombra 2024 sobre la Libertad de Prensa en América Latina, que documenta 3.766 alertas de violencia contra periodistas y medios en 17 países de la región. Los datos revelan que la violencia contra la prensa no disminuye, sino que se reconfigura: se consolidan la autocensura, los desiertos informativos y el exilio de periodistas.

La periodista Lorena Beltrán, reconocida por denunciar desde hace años presuntas irregularidades en los títulos de médicos que estarían ejerciendo como cirujanos plásticos sin cumplir los requisitos legales, enfrenta hoy un nuevo caso de acoso judicial. Actualmente, la periodista está enfrentando cuatro acciones de tutela interpuestas por médicos que han sido objeto de sus investigaciones. Estos procesos configuran un claro patrón de acoso judicial contra Beltrán y generan un efecto amedrentador para quienes investigan temas sensibles relacionados con la salud pública.

Desde la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), expresamos nuestra preocupación por los ataques en contra de mujeres periodistas, especialmente en entornos digitales. Estas agresiones sistemáticas afectan la seguridad e integridad de las comunicadoras, y contienen un claro componente de violencia basada en género, cuyo objetivo es silenciar sus voces y limitar el debate democrático.