Rechazamos y expresamos nuestra preocupación por la posible ejecución de un plan pistola contra medios de comunicación en Cúcuta, presuntamente promovido por la estructura criminal Los Mexicanos. La situación se produjo luego de que, el pasado 23 de mayo, el periodista José Ignacio Arango se viera obligado a publicar en su medio un video con amenazas dirigidas al director y la subdirectora de la Cárcel Modelo de Cúcuta emitidas presuntamente por la banda criminal Los Mexicanos. Luego de la publicación, Arango recibió un mensaje por WhatsApp de integrantes de esta estructura, quienes advertían sobre un posible plan en contra de los medios, argumentando una supuesta falta de colaboración en la difusión de los comunicados compartidos y la respuesta a sus mensajes.

En lo que va corrido de este año, la agencia Noticias Kilómetro 169 (ANK169), a la que pertenecen Prensa Comunitaria y el medio feminista Ruda, ha sido objetivo de más de 25 ataques en redes sociales, especialmente a través de X (antes Twitter). Cuentas anónimas y falsas, netcenters han impulsado una campaña de intimidación y desprestigio en contra del medio, pues los mensajes contienen acusaciones falsas sobre su financiación y amenazas directas contra algunos de sus integrantes, especialmente a los cofundadores y periodistas Nelton Rivera y Quimy De León.

La Procuraduría General de la Nación emitió el 2 de mayo una decisión que reconoce la responsabilidad del Ejército Nacional en los actos de perfilamiento y vigilancia ilegal contra periodistas, en el caso conocido como Carpetas Secretas. Este fallo confirma la responsabilidad de nueve miembros del Ejército adscritos a distintas unidades de inteligencia militar pertenecientes a la Brigada de Inteligencia Militar Número 1, quienes incurrieron en una falta disciplinaria grave al ordenar, coordinar y ejecutar, sin sustento, actividades de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) dirigidas a periodistas, y en contravía de las garantías constitucionales y a los derechos fundamentales.

El 2024 pasará a la historia como el más mortífero a nivel mundial para los periodistas: 128 reporteros y reporteras fueron asesinadas como retaliación a su trabajo. En su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025, Reporteros Sin Fronteras alerta que la mitad de los países del mundo presentan un contexto desfavorable para ejercer el periodismo y que, por primera vez en la historia de esta medición, “la situación es crítica a nivel mundial”.

La FLIP y El Veinte valoramos positivamente la decisión de la Corte Constitucional de seleccionar para su revisión la tutela presentada en contra del presidente Gustavo Petro, ante sus reiteradas expresiones estigmatizantes hacia la prensa, en particular contra las mujeres periodistas. La Corte tiene una oportunidad fundamental para sentar un precedente sobre los deberes que tienen los altos funcionarios, como el presidente de la República, al emitir declaraciones públicas que puedan resultar en estigmatizaciones contra el periodismo.

En una rueda de prensa convocada hoy, 28 de abril, la periodista Jineth Bedoya Lima anunció que, tras 25 años de búsqueda de justicia, desiste del proceso judicial relacionado con su caso y que, en constancia de la comunidad internacional, “su caso está y quedará en la impunidad”. Esta decisión fue motivada por la falta de diligencia y de respuestas oportunas por parte del Estado colombiano y la falta de cumplimiento de las medidas exigidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en 2021, para reparar a la periodista.

Desde la FLIP, reconocemos el acuerdo de solución amistosa firmado hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por parte del Estado colombiano y representantes de los familiares de Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, periodistas asesinados el 24 de abril de 1991. 34 años después del crimen, esta decisión representa un avance significativo en materia de justicia, al reconocer la responsabilidad del Estado colombiano y comprometerse a reparar integralmente los daños morales, materiales e inmateriales ocasionados por el doble homicidio.

El jueves 10 de abril, dos periodistas del diario Q’Hubo Medellín recibieron varios mensajes intimidantes a través de WhatsApp, en los que les señalan como “periodistas mediocres y pervertidos” y los amenazan de muerte. Las amenazas llegaron luego de que el miércoles 9 de abril el medio publicara un video en su cuenta de Instagram sobre el caso de Sara Millerey, una mujer trans de 32 años, torturada y asesinada el 4 de abril en Bello, Antioquia. Este tipo de intimidaciones tienen la intención de limitar el trabajo periodístico y el cubrimiento sobre un asunto de interés público y representan un grave riesgo contra quienes informan.

El pasado 27 de marzo, durante una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia, en representación de la familia de Luis Antonio Peralta, solicitamos la revisión de la decisión emitida por el Tribunal Superior de Florencia el 1 de marzo de 2021, contra Yean Arlex Buenaventura, condenado en 2018 como coautor del crimen. Este fallo modificó la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Segundo Penal Especializado de Florencia, específicamente en lo relacionado con la pena impuesta. El Tribunal en segunda instancia consideró que no se podía probar que Buenaventura supiera que la víctima era periodista ni que el crimen estuviera relacionado con su labor. Con base en esto, decidió reducir significativamente la pena de prisión establecida por el Juzgado. La familia del comunicador considera que esta decisión desconoce el vínculo entre el crimen y el ejercicio del periodismo, y representa una negación al derecho a la verdad.