En el marco del Día del Periodista en Colombia, la directora de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Sofía Jaramillo Otoya, sostuvo una reunión con la Defensora del Pueblo, Iris Marín, en la que le expresó su profunda preocupación por el aumento de agresiones, estigmatizaciones y campañas de desprestigio contra periodistas en el contexto electoral.

Nuevamente, Carlos Caicedo y Rafael Martínez, integrantes del movimiento político Fuerza Ciudadana y exmandatarios de Santa Marta y del departamento de Magdalena, arremeten contra la prensa local. En esta ocasión, ambos han proferido señalamientos estigmatizantes y han amenazado con llevar a cabo acciones legales y penales contra periodistas de La FM tras la publicación de una investigación que revela denuncias de presunto acoso sexual ocurridas cuando Caicedo fue gobernador de Magdalena, entre 2020 y 2023.

Ayer, 24 de enero de 2026, se cumplieron dos años del asesinato del periodista Mardonio Mejía, director de la emisora comunitaria Sonora Estéreo de San Pedro, Sucre. Durante este tiempo, el proceso judicial no sólo ha carecido de una decisión de fondo y de avances sustanciales en la investigación, sino que ha estado atravesado por retrocesos y actuaciones que han debilitado la posibilidad de una sanción efectiva de los responsables, manteniendo el caso en un escenario de impunidad. “Hoy, después de dos años seguimos como al principio”, dice Angélica Mejía, hija de Mardonio, en representación de una familia que continúa esperando verdad y justicia.

El Juzgado Penal Quinto del Circuito Especializado de Cúcuta emitió el pasado 22 de enero un sentido de fallo condenatorio contra integrantes del autodenominado Comando Central (Coce) y otros cabecillas del frente de guerra nororiental de la guerrilla del ELN por el secuestro de siete periodistas y dos trabajadores de medios de comunicación, hechos ocurridos en 2016 en el departamento de Norte de Santander. Esta decisión judicial se produce casi una década después de los sucesos y cerca de ocho años de la presentación del escrito de acusación. Los condenados fueron hallados responsables del delito de rebelión y secuestro simple y extorsivo agravado.

El pasado 16 de enero, el medio de comunicación Diario La Piragua fue víctima de varias agresiones, luego de que un grupo de manifestantes se reuniera a las afueras de sus instalaciones para protestar tras la publicación de una serie de videos hechos por el director del medio, el periodista Rafael Gómez. En estos contenidos, Gómez denuncia presuntas irregularidades en proyectos de vivienda social en Montería, Córdoba, relacionados con el movimiento “Los Sin Techo y Sin Tierras”.

Una vez más, la periodista Lorena Beltrán enfrenta nuevos episodios de acoso judicial. En septiembre del año pasado, denunciamos que había recibido cuatro acciones de tutela interpuestas por médicos que, de acuerdo con las investigaciones de la periodista, estarían ejerciendo como cirujanos plásticos sin cumplir los requisitos legales. Como consecuencia del hostigamiento judicial reiterado, Beltrán se vio obligada a salir del país y actualmente teme por su seguridad e integridad.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) manifiesta su preocupación por las acciones judiciales anunciadas por el candidato a la Presidencia de la República, Abelardo De La Espriella, en contra de la columnista Ana Bejarano Ricaurte*, a raíz de la columna de opinión titulada “Alex y Abelardo”, publicada el 11 de enero de 2026 en Cambio y Los Danieles. La publicación aborda cuestionamientos de interés público sobre la trayectoria profesional y el discurso político de Abelardo de la Espriella, en particular su relación con Alex Saab.

#AlertaFLIP | Periodistas colombianos y extranjeros reportan detenciones arbitrarias y falta de garantías para informar desde la zona de frontera con Venezuela. Esto ha limitado el cubrimiento, en un contexto de escasa información oficial y mayores controles sobre el acceso a la información e intimidación a la prensa.

Las 17 organizaciones que conformamos la Red Voces del Sur expresamos nuestra profunda preocupación por el aumento de las restricciones a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información registradas en Venezuela, tras los hechos ocurridos el 3 de enero de 2026.