En una rueda de prensa convocada hoy, 28 de abril, la periodista Jineth Bedoya Lima anunció que, tras 25 años de búsqueda de justicia, desiste del proceso judicial relacionado con su caso y que, en constancia de la comunidad internacional, “su caso está y quedará en la impunidad”. Esta decisión fue motivada por la falta de diligencia y de respuestas oportunas por parte del Estado colombiano y la falta de cumplimiento de las medidas exigidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en 2021, para reparar a la periodista.

Desde la FLIP, reconocemos el acuerdo de solución amistosa firmado hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por parte del Estado colombiano y representantes de los familiares de Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, periodistas asesinados el 24 de abril de 1991. 34 años después del crimen, esta decisión representa un avance significativo en materia de justicia, al reconocer la responsabilidad del Estado colombiano y comprometerse a reparar integralmente los daños morales, materiales e inmateriales ocasionados por el doble homicidio.

El jueves 10 de abril, dos periodistas del diario Q’Hubo Medellín recibieron varios mensajes intimidantes a través de WhatsApp, en los que les señalan como “periodistas mediocres y pervertidos” y los amenazan de muerte. Las amenazas llegaron luego de que el miércoles 9 de abril el medio publicara un video en su cuenta de Instagram sobre el caso de Sara Millerey, una mujer trans de 32 años, torturada y asesinada el 4 de abril en Bello, Antioquia. Este tipo de intimidaciones tienen la intención de limitar el trabajo periodístico y el cubrimiento sobre un asunto de interés público y representan un grave riesgo contra quienes informan.

El pasado 27 de marzo, durante una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia, en representación de la familia de Luis Antonio Peralta, solicitamos la revisión de la decisión emitida por el Tribunal Superior de Florencia el 1 de marzo de 2021, contra Yean Arlex Buenaventura, condenado en 2018 como coautor del crimen. Este fallo modificó la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Segundo Penal Especializado de Florencia, específicamente en lo relacionado con la pena impuesta. El Tribunal en segunda instancia consideró que no se podía probar que Buenaventura supiera que la víctima era periodista ni que el crimen estuviera relacionado con su labor. Con base en esto, decidió reducir significativamente la pena de prisión establecida por el Juzgado. La familia del comunicador considera que esta decisión desconoce el vínculo entre el crimen y el ejercicio del periodismo, y representa una negación al derecho a la verdad.

Las organizaciones firmantes, comprometidas con la defensa de libertad de prensa y el derecho a la información, hacemos un llamado urgente a los aspirantes a la Presidencia del Ecuador en la elección de este domingo para que se comprometan, de manera pública y concreta, a garantizar el pleno respeto a los principios de libertad de expresión consagrados en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el país.

Desde el 16 de abril de 2024, cuando Hollman Morris fue designado como director de RTVC, en la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) hemos documentado más de treinta casos de trabajadores cuyos testimonios denuncian un ambiente de censura y presión editorial dentro del sistema de medios públicos del país. Además, en estos últimos once meses, se han conocido decenas de publicaciones, realizadas por diversos medios de comunicación, quienes han documentado e investigado reiteradas irregularidades en la administración de la entidad.

Ayer 19 de marzo, el senador del Pacto Histórico, Alex Flórez, publicó en su cuenta de X varios mensajes estigmatizantes en contra de El Colombiano, como respuesta a publicaciones que el medio ha hecho sobre él; sin embargo, durante el 2025 este diario no ha realizado ninguna investigación, artículo o noticia sobre el senador.

Desde la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, anunciamos que Jonathan Bock dejará la dirección ejecutiva de la organización. A partir de mayo, el cargo será asumido por Sofía Jaramillo Otoya, abogada de la Universidad del Rosario, con máster en Derecho, y quien cuenta con más de quince años de experiencia en temas de libertad de expresión. Con esta decisión, después de 20 años, la dirección vuelve a estar en cabeza de una mujer.

Ocho organizaciones internacionales exigimos la liberación inmediata e incondicional del periodista guatemalteco Jose Rubén Zamora, quien ha sido encarcelado nuevamente bajo supuestos cargos de lavado de dinero en un proceso arbitrario y violatorio del debido proceso, ampliamente cuestionado por su motivación política.