A mediados de octubre, el abogado Abelardo De La Espriella interpuso una tutela contra los periodistas Julián Fernando Martínez Vallejo, Ignacio Gómez Gómez, Alfredo Serrano Zabala, Wilmer Alberto Zuleta y Daniel Mejía Lozano, en retaliación a las opiniones e información revelada sobre él y su ejercicio profesional, en el medio de comunicación Tercer Canal. De La Espriella presentó una acción de tutela ante el Juzgado 60 Civil del Circuito de Bogotá, la cual fue declarada improcedente por no haber acudido a los mecanismos ordinarios. Sin embargo, el juez abrió la puerta para que el abogado recurra a la denuncia penal o a una demanda civil para resolver la controversia, mecanismos que deberían ser utilizados en última instancia y, por ello, implica un grave riesgo para la libertad de expresión.

El presidente Gustavo Petro ha firmado hoy una directriz que busca promover buenas prácticas y conductas éticas que se alineen con las responsabilidades sociales y democráticas vinculadas a la garantía de la libertad de expresión y de prensa. Por iniciativa de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta directiva tiene como objetivo reforzar el deber que recae sobre los funcionarios públicos al emitir pronunciamientos públicos, especialmente en su interacción con periodistas, comunicadores y medios de comunicación, cuando se aborden temas relacionados con el cumplimiento de sus funciones.

Durante las últimas semanas, varios integrantes del Pacto Histórico y del gobierno nacional han hecho estigmatizaciones y señalamientos irresponsables sobre los contenidos y las publicaciones de Revista Semana. Estas afirmaciones perjudican la libertad de prensa y estigmatizan a los y las periodistas del medio de comunicación.

Hace 38 años asesinaron al periodista Lides Renato Batalla en frente de su residencia en Buenaventura, Valle del Cauca. Fue locutor de Radio Buenaventura y director del periódico La Batalla, su trabajo se enfocó en investigar actos de corrupción administrativa y tráfico de drogas en la ciudad.

La inconformidad del periodista fue alimentándose de la situación de corrupción, presencia de grupos armados y actividades delincuenciales en Buenaventura.  Lides denunciaba todas estas irregularidades en su medio de comunicación La Batalla, que fundó en 1983. Entre sus investigaciones más importantes está el caso de corrupción por parte de Jesús Jori Valencia, comandante del Departamento de Bomberos de la ciudad. 

Lides Renato será recordado por su labor periodística y por velar por el bienestar de los bonaverenses. Gracias por recordar con nosotros. 

Para escuchar la historia completa, te invitamos a reproducir el siguiente video: 

Fernando Bahamón Molina fue corresponsal de El Espectador, de la cadena radial Caracol y del Noticiero 24 Horas. También se desempeñó como locutor deportivo y tenía un programa de música vallenata en la emisora La Voz de la Selva. Bahamón enfocó su profesión como periodista regional en velar por los derechos de las personas más necesitadas, narraba la situación de violencia que sucedía en el departamento y realizaba denuncias sobre la mafia de cocaína.

Desde la FLIP, conmemoramos el arduo trabajo que desempeñó el periodista Fernando Bahamón que con pasión ejerció su profesión. 

Para escuchar la historia completa, te invitamos a reproducir el siguiente video: 

Hoy, 28 de septiembre, se conmemora el Día Internacional por el Derecho a Saber, una fecha que recuerda la importancia de estar debidamente informado mediante el acceso a la información, para de esta manera ejercer una ciudadanía activa y responsable.

El 23 de octubre de 2020, la Fundación para la Libertad de Prensa publicó una carta dirigida al Fiscal General de la Nación con el objetivo de transmitir su preocupación frente a las irregularidades en la investigación y la inminente imputación de cargos a la periodista Diana Díaz por la presunta comisión del delito de utilización de asunto sometido a secreto o reserva.

El día de hoy, viernes 23 de octubre, el director de la FLIP, Jonathan Bock, sostuvo una reunión con el Fiscal General de la Nación y la Vicefiscal, quienes anunciaron la conformación de un comité técnico jurídico para la revisión de este caso.

Por otra parte, la FLIP  reiteró la necesidad de aplicar los estándares constitucionales e internacionales de protección a la libertad de expresión, tales como la protección de la reserva de la fuente y la protección a los denunciantes, y su respeto en el marco de la investigación y sanción de delitos. 

Se acordó establecer una mesa de trabajo para la creación de directrices que garanticen la protección de la libertad de prensa en las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y en el marco de la investigación, judicialización y sanción penal de delitos en contra de los periodistas. 

La FLIP reitera que continuará ejerciendo veeduría sobre el caso de Diana Díaz hasta que la Fiscalía desista de la imputación de cargos en su contra.

En vista de la declaratoria de emergencia en todo el territorio nacional por el COVID-19 y el anuncio presidencial del aislamiento preventivo obligatorio, en todo el país, a partir del próximo martes 24 de marzo hasta el 13 de abril, la FLIP manifiesta su preocupación por las posibles limitaciones a la libertad de prensa que se puedan presentar durante este periodo. 

La situación de emergencia que atraviesa el país demanda la atención plena del Estado colombiano, en cabeza del Presidente de la República, su gabinete,  gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos. Es indispensable que se garantice el acceso a información oportuna sobre los riesgos a los que está expuesta la ciudadanía, el desarrollo de la emergencia y las recomendaciones para sobrellevarla. En ese sentido, es importante que los funcionarios estatales se acojan a las recomendaciones que han hecho los organismos internacionales que promueven la defensa de la libertad de prensa. 

La FLIP expresa su preocupación por las siguientes situaciones que pueden obstaculizar la labor periodística: 

El Estado debe garantizar las condiciones para el cubrimiento periodístico

Las medidas como el aislamiento preventivo y el toque de queda deben contemplar excepciones para el cubrimiento de los medios de comunicación. Este tipo de directrices no pueden convertirse en un obstáculo para el ejercicio periodístico durante esta emergencia, ya que entorpece el acceso y flujo libre de la información sobre un asunto de alto interés público. La labor periodística es libre y no requiere de ninguna acreditación establecida en la ley.

En algunas ciudades y departamentos, los mandatarios han decretado este tipo de medidas, sin contemplar las excepciones para los medios de comunicación. La FLIP tuvo conocimiento de que las administraciones de Ipiales, Mocoa, Sincelejo y las gobernaciones de Sucre, Norte de Santander y Cauca; no han incluido la excepción para periodistas en sus decretos.

"La salud humana no sólo depende del fácil acceso a la atención sanitaria. También depende del acceso a información precisa sobre la naturaleza de las amenazas y los medios para protegerse a sí mismo, a su familia y su comunidad", Declaración conjunta.

Acceso a la información oficial de manera segura

La FLIP demanda del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, de las secretarías municipales de salud, y de las alcaldías y gobernaciones que dispongan de canales de comunicación ágiles y de fácil acceso para que los periodistas, sin ningún tipo de discriminación, obtengan la información oficial tan pronto como lo requieran.

A la FLIP le preocupa que las ruedas de prensa, entrevistas o reuniones presenciales con fuentes oficiales puedan ser espacios que faciliten el contagio de COVID-19. Por ello le exige al Gobierno Nacional y a las instituciones que mantengan sus canales abiertos para atender los requerimientos de la prensa, tomando las medidas de prevención y cuidado necesarias para proteger la salud de los reporteros. 

Los medios públicos deben contar con personal y recursos suficientes durante esta emergencia

La FLIP ha recibido información sobre los retrasos en la contratación del personal periodístico y de producción en el sistema de medios públicos: Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC). Solo en la Radio Nacional de Colombia, en lo que va del año, han contratado a cerca de 25 personas, cuando el equipo completo supera los 150 puestos de trabajo. El bajo número de personal se convierte en un obstáculo para atender las necesidades informativas de esta situación de emergencia. 

Acceso a fuentes no oficiales

Es importante tener en cuenta que el libre ejercicio periodístico comprende la contrastación de información con fuentes no oficiales para fortalecer el debate público. En este caso, el personal médico que atiende la emergencia de primera mano y los pacientes son fuentes indispensables para la prensa. Es imperativo que las autoridades hospitalarias se abstengan de promover medidas restrictivas que dificulten el diálogo de la prensa con este tipo de fuentes. 

"El periodismo cumple una función crucial en un momento de emergencia de salud pública, en particular cuando tiene por objeto informar al público sobre información crítica, y monitorear las acciones del gobierno (…) La información falsa sobre la pandemia podría provocar preocupaciones en materia de salud, pánico y desorden", Declaración conjunta.

A partir de lo anterior, la FLIP considera fundamental que: 

• La reglamentación del aislamiento preventivo obligatorio entre el 24 de marzo y el 13 de abril contemple las garantías necesarias para el cubrimiento de la prensa. 
   

• Los periodistas estén exentos de restricciones de movilidad durante los toques de queda y aislamientos preventivos. 
  
  

• Las autoridades locales ajusten sus decretos relacionados con las restricciones de movilidad con el fin de incluir las excepciones para garantizar el libre cubrimiento periodístico.
  
  
• Los periodistas y los medios de comunicación puedan acceder a las alertas emitidas por las autoridades locales y nacionales y cuenten con los espacios para interpelar a los funcionarios del Estado durante sus declaraciones con el fin de fortalecer el debate público  sobre este tema de interés general.
  
  
• El Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y demás fuentes en materia de salud cumplan con la obligación del Estado de máxima divulgación de información. Para ello, es indispensable que dispongan de canales digitales eficientes y oportunos.
  
  
• Los medios públicos del país (nacionales, regionales y locales) cuenten con el personal y recursos suficientes para atender las necesidades informativas de esta emergencia de manera segura. 
  
  
• RTVC y todos los medios públicos del país dispongan de recursos humanos y financieros suficientes para brindar información completa y oportuna a la ciudadanía sobre esta emergencia de salud.

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Actualización 24 de marzo de 2020

La FLIP tuvo conocimiento de que RTVC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia, acelerará esta semana la contratación de periodistas, corresponsales, productores y demás personal. Según fuentes de RTVC entre el martes y el miércoles, 84 personas serán contratadas; y entre el jueves y viernes, contratarán a 44 más. La FLIP celebras esta decisión, pues es indispensable que en medio de la emergencia #CoronavirusColombia los ciudadanos reciban información oportuna de parte de sus medios de comunicación públicos. 

Los 200 años de la independencia abren la oportunidad para aproximarse al pasado del país y aportar reflexiones sobre múltiples procesos sociales que la constituyen. La FLIP aprovecha esta efeméride e inicia una serie de investigaciones sobre el desarrollo del periodismo en el país, el ejercicio de la libertad de expresión y las prácticas de censura que durante más de dos siglos hemos tenido en Colombia.

De la imprenta al podcast es un formato híbrido entre documental y radionovela que busca contar la historia del periodismo colombiano para sensibilizar a sus oyentes sobre su devenir y los múltiples obstáculos para su ejercicio.

Para la FLIP es un gusto contar, en esta ocasión, con Mabel Lara como conductora invitada y con las actuaciones de Bernardo García, como Manuel del Socorro Rodríguez, y Manuel Navarro, como el general Morillo.

Coordinación editorial: Emmanuel Vargas
Investigación: Carolina Quintero, Juan Pablo Madrid-Malo y Daniel Chaparro
Realización: Gabriel Linares y Andrea Torres
Producción y guion: Daniel Ruge
Coordinador del centro de estudios: Jonathan Bock
Coordinadora de defensa y atención a periodistas: Luisa Isaza
Coordinadora administrativa: Mireya Luque
Director ejecutivo: Pedro Vaca

Episodio 1: El primer periódico

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la orden dada por la Juez Segunda Penal Especializada de Bogotá de censurar las expresiones de la periodista Claudia Julieta Duque en el marco del proceso adelantado contra Emiro Rojas Granados, ex funcionario del DAS, por tortura psicológica contra Duque. 

La orden de la Juez consiste en limitar la publicación de informaciones por parte de Duque a que estas sean veraces, imparciales y concretas, pero sin tergiversaciones u opiniones; restringir la emisión de opiniones que pongan en tela de juicio a los acusados, testigos o al despacho mismo y; prohibir la publicación de fotos de las partes del proceso.

Las restricciones que se impone a Duque a opinar sobre dicho proceso son contrarias a la libertad de expresión, protegida por el artículo 20 de la Constitución y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La orden de la Juez es una forma de censura previa, prohibida por el artículo 13 de la Convención Americana. 

La Corte Constitucional ha dicho que las autoridades no pueden establecer medidas de “supeditar la divulgación del contenido a su permiso, autorización, examen previo, o al recorte, adaptación o modificación"¹.

La FLIP considera grave que la Juez restrinja la opinión de Duque de una forma completamente alejada de las garantías de la libertad de expresión. En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), “la opinión no puede ser objeto de sanción, más aún cuando se trata de un juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo"². Adicionalmente, la libertad de expresión “no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población"³.

Limitaciones como la determinada por la Juez sólo pueden darse en los casos más extremos, en los que esté comprobado que se causaría un daño superior al interés que existe para que la sociedad conozca lo que pasa en el transcurso de dicho juicio. En este caso, las opiniones e informaciones que Claudia Julieta Duque pueda dar sobre este proceso son de un alto interés público, pues el crimen que se investiga es una grave violación a los derechos humanos y ha sido declarado como crimen de lesa humanidad por parte de la Fiscalía. 

Las restricciones que se imponen a Duque, además de violar la libertad de expresión de la periodista, vulneran gravemente el derecho de la sociedad a recibir informaciones y opiniones. Adicionalmente, la libertad de expresión no solo "protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población".

El abogado que representa a Duque presentó un recurso de reposición para que la juez reconsiderara su decisión y esta última indicó que se pronunciaría otro día. La FLIP exige a la juez que revoque su decisión y que otorgue garantías para el ejercicio de la libertad de expresión por parte de la periodista Duque. 

Para conocer más sobre el caso de Duque, consulte en este enlace. 

¹ Corte Constitucional. Sentencia T 391 de 2007.
² Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr 93. 
³ Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr 93.

Actualización

El 2 de septiembre de 2019, la FLIP presentó una tutela en representación de la periodista Claudia Julieta Duque contra el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Bogotá por la vulneración de los derechos a la libertad de expresión e información de la periodista.

En la tutela se solicitó que se revoque la decisión que prohíbe a Claudia Julieta Duque realizar valoraciones sobre el proceso y opinar de forma tal que pongan en tela de juicio a los acusados, testigos o al despacho mismo. Esta decisión constituye censura previa, la cual está absolutamente prohibida por el artículo 20 constitucional y el artículo 13 de la Convención Americana. Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que todo control o prohibición de información y opiniones antes de la publicación está proscrito y constituyen una violación a la libertad de expresión (Sentencia T-098 de 2017).

En la tutela también se argumentó que, contrario a lo que señaló la Juez Segunda Penal, según la cual las expresiones críticas respecto de su labor no están protegidas por la libertad, la Corte Constitucional ha señalado que la libertad de expresión protege también aquellas expresiones críticas, molestas, chocantes e, incluso, insultantes (Sentencia C-417 de 2000).

En la tutela se argumentó que la actuación de la juez es un intento por silenciar posturas críticas con su labor como funcionaria pública y, como tal, corresponde al juez de tutela tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos de la periodista.

En los próximos días el Tribunal Superior de Bogotá se pronunciará de fondo sobre la tutela interpuesta por la FLIP.

Actualización 19/09/2019

El 18 de septiembre de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá se pronunció en primera instancia respecto de la acción de tutela interpuesta por la FLIP en representación de la periodista Claudia Julieta Duque contra la Juez 2° Penal de Bogotá. 

La Sala Penal del tribunal declaró improcedente la acción de tutela por considerar que la periodista cuenta con otros mecanismos judiciales para proteger sus derechos fundamentales. Además, exhortó a la Juez 2° Penal "para que en el término máximo de 10 días se pronuncie respecto de la recusación" planteada en su contra en el proceso que adelanta contra el exfuncionario del DAS, Emiro Rojas. Esto con miras a que se defina lo antes posible el juez que deberá resolver el recurso de reposición interpuesto contra su decisión de prohibir a la periodista opinar respecto del proceso. 

Sin embargo, La FLIP manifiesta su preocupación respecto de la parte considerativa de la sentencia toda vez que, a pesar de haber declarado la improcedencia de la decisión, se pronunció señalando que "la limitación impuesta por el juez accionado ofreció una justificación constitucional admisible".

Al respecto, la FLIP le recuerda al Tribunal que al declarar improcedente la acción de tutela debió abstenerse de hacer mención respecto del fondo del asunto en cuestión. Más importante aún, que ninguna limitación previa a la libertad de expresión es legalmente permitida en Colombia. 

En el caso en concreto, la FLIP se abstendrá de impugnar el fallo de tutela a la espera de que se resuelva el recurso de reposición en contra de la decisión de la Juez 2° Penal. En caso que la decisión sea confirmada, la FLIP tomará las medidas judiciales necesarias para proteger los derechos fundamentales de la periodista Claudia Julieta Duque.

A pesar de la preocupante cifra de agresiones, hubo una buena noticia para el ejercicio periodístico gracias a una sentencia de la Corte Constitucional que estableció nuevos parámetros para valorar el riesgo que corren los periodistas.

En 2018, la FLIP registró el número más alto de violaciones a la libertad de prensa; en 2019, la prensa sigue asediada por la violencia y la censura. Por esa razón, los miembros del proyecto Antonio Nariño (PAN), del que hace parte la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), han convocado a todos los partidos políticos y movimientos significativos de ciudadanos a firmar el Pacto por la Libertad de Prensa y contra la desinformación en elecciones.

Organizaciones en defensa de la Libertad de Expresión y el periodismo a nivel mundial, condenamos la intimidación y la censura de Nicolás Maduro a periodistas de Univison.

Las organizaciones Artículo 19, Círculo de Periodistas de Bogotá, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Fecolper, International Media Support (IMS), Reporteros Sin Fronteras y la Fundación para la Libertad de Prensa manifiestan su preocupación por el ambiente hostil en contra de Noticias Uno y su directora Cecilia Orozco. 

Frente a esta situación, las organizaciones publicaron un comunicado conjunto con algunas consideraciones.

Lea aquí el comunicado.

El Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la FLIP anuncia el lanzamiento de Pautavisible.org, una herramienta para facilitar el acceso a información sobre los contratos que celebran las entidades públicas con los medios de comunicación.

Como punto de partida, el portal ofrecerá información de más de 427 contratos que en su conjunto tienen un valor superior a los ciento cuarenta mil millones de pesos; suscritos por 41 entidades públicas a nivel nacional y local, a lo largo del 2016 y el primer semestre del 2017. Pauta Visible hace el seguimiento a los objetos de los contratos, así como quienes lo celebran y los criterios de selección, entre otros datos.

Este micrositio se suma al trabajo que adelanta la FLIP hace más de diez años, cuando la Fundación inició las primeras investigaciones sobre el tema y se empezaban a discutir las presiones de entidades estatales sobre los medios a partir de la pauta como un mecanismo de censura indirecta. A lo largo de esta década hemos documentado y alertado sobre la forma en la que las entidades públicas adjudican los contratos de publicidad oficial en Colombia y su impacto en la libertad de expresión a nivel nacional y local.

Vea el libro País lejano y silenciado

Vea el multimedia Fuera del aire

Este fenómeno ha desnaturalizado el propósito esencial de este tipo de publicidad: servir de canal de comunicación entre los organismos públicos y la ciudadanía sobre asuntos que a ésta última le interesan, como emergencias, campañas, subsidios o el acceso a derechos y servicios.

Los excesos y abusos que se cometen en la asignación de la publicidad oficial afectan a la libertad de prensa de manera generalizada en Latinoamérica y en otras regiones del mundo. En 2003, esta problemática fue denunciada como una forma de censura indirecta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. Desde entonces, organizaciones de libertad de prensa han reclamado atención pública sobre este asunto y han adelantado propuestas para revertir el efecto que esto tiene sobre el trabajo periodístico y el derecho a la información de los ciudadanos. Al respecto, un importante hito ocurrió en México días atrás, cuando La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el proyecto con el que se obliga al Congreso mexicano a regular la publicidad oficial para evitar restricciones indirectas en el ejercicio periodístico.

Infortunadamente, el marco normativo y las prácticas colombianas en la asignación de publicidad privilegian la discresionalidad del sector público. Esta tradición no contempla principios de Libertad de Expresión, ni cuenta con mecanismos de denuncia cuando se presentan presiones ilegales y de censura en los contenidos.

El análisis de la información recogida por Pauta Visible permite establecer, al menos, seis patrones que contaminan la adjudicación de la pauta:

1) Existe un incumplimiento generalizado por parte de las entidades públicas frente a las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

2) En la amplia mayoría de los casos no existen criterios específicos y técnicos para la selección de contratistas.

3) Los objetos de los contratos no corresponden al objeto natural de la publicidad oficial.

4) Las entidades de Control no tienen herramientas para establecer si la asignación de publicidad oficial vulnera los estándares de libertad de expresión.

5) Los recursos de la publicidad oficial se ejecutan en buena medida por intermediarios, aumentando los costos para las entidades y generando opacidad sobre estos contratos.

6) La presión de estos contratos genera un impacto indirecto: la cultura de la autocensura.

La FLIP hace un llamado al Gobierno colombiano y a las entidades de control para que en materia de libertad de expresión prioricen esta problemática, a partir de un amplio debate nacional con los distintos actores del sector.

Este es un desafío de la democracia en Colombia que nos compete a todos, muestra de ello es que sectores tan opuestos en la deliberación pública coincidan en que debe ser abordado. Durante la pasada legislatura cursó un proyecto de ley del Centro Democrático que finalmente se archivó. El próximo escenario de discusión parece ser la implementación del punto 2 del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC donde se plantea la regulación de la publicidad oficial. Con Pautavisible.org la FLIP espera aportar insumos para impedir que la publicidad oficial sea utilizada como un mecanismo de censura.

Con el ánimo de reforzar el análisis y la investigación sobre las condiciones para la libertad de prensa en Colombia, la FLIP creó el Centro de Estudios de Libertad de Expresión. Este grupo de investigación dentro de la FLIP cuenta con el apoyo y orientación de un grupo de expertos de distintos sectores de la academia. 

En la más reciente edición del Premio y Festival Gabriel García Márquez, Fernando Alonso Ramírez recibió el Reconocimiento Clemente Manuel Zabala al editor ejemplar. Ramírez, editor de La Patria de Manizales, es corresponsal voluntario de la Red de Corresponsales de la FLIP desde hace más de 17 años y desde este año es el presidente del Consejo Directivo de la Fundación. A continuación, una transcripción del discurso que ofreció durante la premiación del viernes 29 de septiembre en el Orquideorama del Jardín Botánico de Medellín:

Buenas noches,

La vida es mucho más fácil cuando se camina sobre hombros de gigantes, y a mí me han sobrado hombros para apoyarme, por fortuna, como los de mi esposa, la que me recuerda que al regresar a casa siempre encontraré Esperanza. Y, por supuesto, mi hija, Valeria, el motor que desde que crecía en el vientre de su madre ya movía mi mundo con solo un dedo.

Y en hombros me lleva Orlando Sierra Hernández, mi jefe asesinado hace 15 años por el poder político sicarial que mandaba en Caldas. Este es el único caso en Colombia del asesinato de un periodista en el que se ha condenado a toda la cadena criminal. Falta que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia para saber si se quedará así definitivamente o engrosará las listas de impunidad en nuestro país. Ya veremos. Igual nada nos devolverá el inteligente humor de Orlando.

A él y a ustedes les debo presentar excusas por estar aquí y por haber mojado prensa durante esta semana. Mi editor interno me recordó una y otra vez que “los periodistas no son noticia”, tal como reza el Manual de Trabajo Periodístico de La Patria, por lección de Orlando. Para superarlo, me engañé con un cuentazo de cronista: no es protagonismo, es perspectiva de autor. Así llaman ahora al yoísmo, terminacho con el que designo esa necesidad de algunos periodistas por hacernos creer que las cosas son importantes porque ellos se meten a contaminar la historia. A mí no me vengan con ese cuentazo.

Cuando me llamaron a darme la noticia: que el jurado había seleccionado mi nombre para recibir este reconocimiento, no pude evitar darme cuenta de que ese 21 de septiembre él cumpliría 57 años. Él debería estar aquí antes que yo recibiendo el homenaje que nunca tuvo en vida, como los tantos que ha tenido tras su asesinato. Yo, apóstata, convencido de que no se puede tener por cierto nada que no se pueda comprobar por el método científico, tengo que reconocer la magia de Orlando en todo esto. No en vano, su nombre bautiza en La Patria la sala en la que los periodistas libramos a diario batallas campales en el consejo de redacción en busca de un mejor producto. Confiamos en su magia y en las lecciones que repetimos como mantras.

En 1995 recibí una beca de la FNPI para asistir a un taller de reportaje. No estaba programado con Gabriel García Márquez, pero él lo dictó. Escuché de su voz, y lo vi simular con sus manos, esta anécdota: cuando llegó a El Universal, en Cartagena, Clemente Manuel Zabala le corregía de una manera sencilla. Le tachaba todos los renglones escritos y encima de las enmendaduras escribía con corrección.

Nos contó entonces García Márquez que él se fijaba en las correcciones y las iba teniendo en cuenta. Así, cada vez las enmendaduras eran menos, hasta lograr textos limpios. Siempre les cuento esta enseñanza a mis alumnos, porque me funciona. Fijarme en las correcciones que me hacen es una buena forma de soñar con el ideal de un texto limpio.

El último día del taller, García Márquez tomó el trabajo que yo había enviado. El bueno, el de mostrar. ¿Recuerdan que había que enviar uno bueno y uno malo? Claro, uno nunca enviaba el más malo. Empezó a leerlo y terminó con una frase concluyente: “esta es una excelente investigación”. Mi ego subió más que si me hubiera ganado el reconocimiento Clemente Manuel Zabala, y continuó: “pésimamente escrito”.

Ese día él me entrevistó, largo, sobre el reportaje mal escrito, con el fin de ayudarme a encontrar el camino para reescribirlo. Me puso a habilitar. Que lo volviera a escribir y se lo enviara. Les confieso, le incumplí, pero aprendí a revisar mis errores cada día. Y corrigiéndome corrijo a otros, no siempre con éxito. Que lo digan los lectores de La Patria, que nos envían a diario los gazapos que se encuentran en la maraña de las letras impresas, pero tengan la certeza que no lo hacemos a propósito como muchos piensan. Trabajamos cada día por un periódico más riguroso en el quehacer periodístico y más limpio en la gramática y la ortografía.

Volví a la Fundación en 1998, a una reunión de directores de medios, a la que me colé, gracias a que el director de La Patria de entonces, Luis Felipe Gómez -maestro y mentor- no podía asistir. En ese encuentro conocí a María Teresa Ronderos y a Ignacio Gómez, quienes me llevaron de su mano a colaborar con la Fundación para la Libertad de Prensa, en donde me han formado en estas lides y me dieron alas para ser un activista.

La Flip ha sido mi casa desde entonces. Esta semana celebramos el encuentro de corresponsales, aquí en Medellín, y estoy seguro que al recibir hoy este reconocimiento se está rindiendo homenaje a ese grupo de valientes. Yo solo los represento, este año desde la Presidencia, debido a lo mucho que me quiere la gente. Era impensable hace unos años, que se tuviera un presidente de la Flip que vive en una ciudad pequeña como Manizales y de un medio modesto como La Patria.

Y gracias a la Flip conocí a otras personas. Carlos Huertas me invitó a ser parte de un grupo para promover el periodismo de investigación en Colombia y acepté. Consejo de Redacción, la organización que mi maestra Ginna Morelo, y a quien presuntuoso llamo mi mejor amiga, ha hecho grande. CdR está compuesto en su mayoría por periodistas regionales que pagan una mensualidad con el único fin de capacitarse y de mejorar la información periodística en el país.

La Flip y Consejo de Redacción no serían lo que son, si no fuera por los periodistas de región. Y yo estoy aquí simplemente en nombre de todos esos periodistas que se la juegan a diario en sus regiones para informar a sus coterráneos. De todos esos a quienes ningunean desde Bogotá, de esos corresponsales a los que sus jefes no les creen, de esos que quedan en riesgo por su medio cuando un irresponsable enviado especial vuelve a la comodidad de las capitales y suelta cualquier barbaridad sin reflexión previa. En nombre de un país sometido a lo que he llamado el provincianismo a la inversa, que no es otra cosa que ese talento natural que tienen la mayoría de medios nacionales de sentar cátedra de las regiones con base en la mirada de su propio ombligo.

A esto, súmenle los desplantes que se reciben en despachos públicos: “tiene que pedir esa información por Bogotá”. Además de la pésima gramática, esa muletilla oficial demuestra el Bogocentrismo colombiano. O cuando un alto funcionario va a tu región y todos esperamos que resuelva los asuntos pendientes de su cargo allí, pero él se lleva encamado un séquito de periodistas capitalinos a los que les habla de otras cosas. Y si acaso el corresponsal de región puede preguntar se verá obligado a hacerlo sobre lo que le ordenan desde Bogotá porque lo que interesa es su declaración sobre un tema nacional y no la acción o la denuncia de una inversión pendiente en un departamento.

Una buena manera de superar mis carencias han sido los libros. No alcanzo a leer los deseados. Si algo no lo entiendo, busco un libro que me lo explique; si estoy cansado, leo un libro que me divierta; si tengo tiempo libre, leo poesía. Pierdo la cuenta de la cantidad de libros que me han hecho mejor en este oficio. Los subrayó y los comparto, son mi mayor vicio. A ellos llegué inspirado por Fernando y Margarita, mis papás, que todavía viven en la república independiente de Pensilvania, mi pueblo. Ellos dos nos inculcaron a hijos y familia muchos valores, de los cuales resalto tres: honestidad, responsabilidad y solidaridad.

Honestidad es lo que intento lograr en cada información, solidaridad es la que me mueve a aportar algo, desde el voluntariado, a organizaciones como la Flip, como Consejo de Redacción y como Estoy con Manizales, grupo ciudadano para pensar la ciudad. Pero quiero hablarles de la responsabilidad, la que me permitió salir adelante, porque es en acatamiento de este valor que he podido ir superando todas mis carencias. Para que un reportaje saliera bien, yo tenía que madrugar más; si mi sección era chiviada, tenía que buscar la manera de encontrar un nuevo ángulo y me costaba mucho, y aún me cuento entre los primeros que entra a la oficina y entre los últimos que salen. No tengo mucho que enseñar, pero de lo que se acuerdan todos aquellos que han laborado conmigo es que nunca dejé tirado un trabajo y es ese ejemplo el único que me siento en capacidad de dar.

Cuento estas anécdotas, porque de alguna manera hoy, al lograr este reconocimiento se confirma el esfuerzo que ha hecho durante 22 años la Fundación García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Si estoy aquí, parado frente a ustedes, para recibir este galardón, es gracias a las entidades que se han preocupado por hacer de mí un periodista menos mediocre.

En La Patria, el periódico de casa, que hoy es además web e informativo radial, todos los que salimos a aprender en talleres como los de estas organizaciones, tenemos el permiso, siempre y cuando asumamos el compromiso de replicar lo aprendido. Esto se hace en el consejo de redacción, que debe ser siempre una tertulia en la que aporta el practicante más joven o el más veterano editor. Y por si acaso no se puede en este espacio, también tenemos una tertulia informal cada miércoles a las 5:30 de la tarde. Están invitados.

Eso es la escuela de La Patria, un lugar en el que aprendemos cada día a hacer un mejor periodismo entre todos, desde que se inició un cambio, que no ha parado, a comienzos de los años 90. Una redacción pequeña con ínfulas, llena de periodistas con la ambición de contar buenas historias y en la que yo apenas soy un coequipero al que el director que nos ha dejado hacer, Nicolás Restrepo, le dio la confianza de coordinarla y permitir varias locuras. Gracias por eso, jefe.

A mis pupilos, que han traído mi nombre a este premio, gracias. Son ellos los que me han graduado como editor y como profesor en la Universidad de Manizales, en donde me sufren. Nunca me preparé para ser jefe, pero las circunstancias determinaron que me convirtiera en eso, como nos pasa a casi todos los editores en Latinoamérica. He tratado de hacerlo de la manera más decorosa posible, y sé que en mi aprendizaje se me fue la mano muchas veces. Repartí más garrote del necesario. A todos con los que en algún momento me excedí, aprovecho aquí para pedirles que me perdonen y sepan que cada día me esfuerzo por repartir menos ‘madrazos pedagógicos’, como los definió un pupilo, y por ser más paciente, lo que tanto me cuesta.

A María Teresa Ronderos, mi guía; a Mónica González, mi maestra en el periodismo de investigación; y a Germán Rey, una inspiración para entender los meandros de la comunicación, gracias por su generosidad. Ustedes y quienes me postularon son la prueba de que soy el producto de la gente que me quiere mucho más de lo que merezco y que hoy encontrará motivos para quererme más.

Gracias.

En audiencia pública, celebrada en la mañana del viernes 9 de septiembre en Neiva, el Juez Tercero Penal Especializado de dicha ciudad impuso una pena de prisión de 47 años, 6 meses y 2 días a Juan Camilo Ortíz, alias ‘El Loco’ por la autoría material del homicidio de la periodista Flor Alba Núñez, ocurrido el 10 de septiembre de 2015 en Pitalito, Huila.

Ortiz fue condenado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. El Juez consideró las circunstancias de indefensión en las que se encontraba la periodista al momento de ser asesinada y tuvo en cuenta que el crimen fue consecuencia de la actividad periodística de Núñez. Un asunto relevante dado que en pocos casos se tiene en cuenta la calidad de periodista como determinante del crimen, lo que invisibiliza la violencia contra la prensa.

El juez argumentó que las pruebas obtenidas, entre las que se encuentran testimonios, videos, fotografías, entre otras pruebas técnicas, permitían probar que Ortíz fue el autor del crimen.

De acuerdo con la teoría del caso planteada por la Fiscalía, Ortíz actuó en conjunto con Jaumeth Albeiro Flórez, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia y a quien se acusa de ser quien conducía la moto en la que huyó Ortíz luego de ultimar a la periodista.

La FLIP reconoce esta decisión y la celeridad con la que se llevó el caso como un avance significativo en la lucha contra la impunidad, teniendo en cuenta que la pena impuesta es una de las más altas en los casos de violencia contra periodistas. Sin embargo, no se puede desconocer que esta es una victoria parcial, puesto que aún no se ha llevado a la justicia al otro autor material y tampoco se ha establecido una estrategia investigativa con el fin de identificar a los autores intelectuales del crimen.

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Viernes, 11 Agosto 2017 18:37

Juez condena al autor material del homicidio de Flor Alba Núñez

El juez tercero penal especializado de la ciudad de Neiva condenó a Juan Camilo Ortíz (alias ‘El Loco’) por el homicidio de la periodista Flor Alba Núñez, ocurrido el 10 de septiembre de 2015 en el municipio de Pitalito, Huila. En audiencia pública del viernes 11 de agosto se conoció el sentido del fallo y el próximo 8 de septiembre se emitirá la pena en contra de ‘El Loco’. El fiscal de derechos humanos que lidera la investigación del caso solicitó una condena de al menos 50 años por este crimen.

Flor Alba Núñez era la coordinadora de noticias de la emisora La Preferida Stéreo y hacía investigaciones acerca de corrupción y orden público en Pitalito. Fue asesinada cuando estaba a punto de ingresar a las instalaciones del medio.

Se manejan tres hipótesis frente a las causas del homicidio. De estas, la que relaciona directamente a Juan Camilo Ortíz se basa en los cuestionamientos que hizo Núñez contra un Juez de Timaná por concederle la detención domiciliaria a Ortíz, acusado de atentar contra la vida de la zootecnista Julieth Marcela Henao en noviembre de 2013.  

El crimen de Núñez silenció a una de las voces líderes en su municipio a la hora de denunciar el asedio de las bandas criminales a la población. Muestra de ello fue el Proyecto Pitalito, que inició un mes después del asesinato de Núñez y en el que diferentes medios de comunicación se aliaron para publicar historias durante un mes. Los reportajes estaban relacionados no sólo con la muerte de la periodista, sino también con las denuncias de la reportera con relación al crecimiento de las bandas criminales en el municipio huilense.

Núñez ocupa el renglón 153 en la lista de periodistas asesinados por razones de su oficio en los últimos 40 años. La FLIP reconoce esta condena como un progreso de la justicia en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, la Fundación exhorta a las autoridades judiciales para que continúen las investigaciones con el fin de determinar quiénes fueron los autores intelectuales del crimen. De no ser así, se impide hacer justicia efectiva dentro de su caso.

Igualmente, para la FLIP es importante la búsqueda de justicia en los asesinatos cometidos en contra de periodistas que desarrollan su labor en las regiones más apartadas de las grandes ciudades. Es allí donde la libertad de prensa se ve más amenazada y donde existe mayor probabilidad de que estas agresiones queden en la impunidad.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza la violencia en contra de periodistas durante el paro minero en los municipios de Segovia y Remedios, Antioquia.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- presenta derecho de petición al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Esto como consecuencia de información recibida sobre posibles interceptaciones a las comunicaciones de Gustavo Rugeles, director del portal El Expediente.

El pasado 23 de agosto, el portal Las2Orillas publicó un artículo en el que se denuncia que Gustavo Rugeles fue víctima de interceptaciones a sus comunicaciones el año pasado. En la nota se afirma que estas interceptaciones fueron ordenadas por la Fiscalía y habrían durado dos meses. En diálogo con la FLIP, Rugeles afirmó que el Fiscal Martínez le había confirmado a través de mensajes que sus comunicaciones habían sido interceptadas durante la administración de Eduardo Montealegre.

La FLIP expresa su preocupación por el caso puesto que las interceptaciones habrían sucedido en el marco de una serie de investigaciones periodísticas que llevaba a cabo Rugeles quien en ese entonces se desempeñaba como editor político de Las2Orillas. El periodista estaba indagando una presunta infiltración a la campaña de Óscar Iván Zuluaga para las elecciones presidenciales de 2014. Las interceptaciones cesaron el día posterior a la publicación del artículo.

Estas interceptaciones preocupan a la FLIP ya que constituirían una grave violación al secreto profesional. El derecho constitucional a la reserva de la fuente es una garantía inviolable para el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. 

Adjunto a este pronunciamiento puede encontrar el derecho de petición enviado por la FLIP.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza los ataques de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) con gases lacrimógenos en contra de Alexei Castaño, periodista de Caracol Radio y Red + Noticias. La situación ocurrió en la mañana del martes 15 de agosto en Bogotá.

El juez tercero penal especializado de la ciudad de Neiva condenó a Juan Camilo Ortíz (alias ‘El Loco’) por el homicidio de la periodista Flor Alba Núñez, ocurrido el 10 de septiembre de 2015 en el municipio de Pitalito, Huila. En audiencia pública del viernes 11 de agosto se conoció el sentido del fallo y el próximo 8 de septiembre se emitirá la pena en contra de ‘El Loco’. El fiscal de derechos humanos que lidera la investigación del caso solicitó una condena de al menos 50 años por este crimen.

La FLIP expresa su preocupación por la situación en la que resultó afectada la periodista Gina Rojas, a quien las directivas del periódico Extra de Boyacá le solicitaron su renuncia por no hablar bien de la gestión del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya.

El pasado 18 de julio, Rojas, para ese momento editora del periódico, publicó una entrevista al precandidato presidencial por el Centro Democrático, Rafael Nieto. La periodista le preguntó cómo calificaba el gobierno de Amaya, a lo que el precandidato respondió: “Malo, porque ofrece y no cumple, porque tiene problemas de corrupción”. Después de la publicación de este artículo, la editora recibió una serie de presiones por parte del medio: le enviaron un memorando con copia a la hoja de vida, solicitaron su renuncia, le hicieron un proceso de descargos y la descendieron de su cargo de editora general a reportera. Rojas, el pasado 29 de julio, envió al medio su renuncia.

En el memorando, firmado por Hernando Suárez Burgos, director del grupo editorial El Periódico, se puede leer: “Se les había manifestado la ayuda total y directa al gobernador Carlos Andrés Amaya (…) por lo tanto debe salir una noticia semanal de todo lo que está haciendo. En ningún momento criticando de él o de su gobernación”. La FLIP se comunicó con las directivas del medio en Boyacá quienes confirmaron todos los hechos.

Con esta decisión el diario El Extra se aparta de los valores de independencia de los medios de comunicación con respecto al Estado e impone una orden que va en contra de la vocación democrática de la libertad de prensa. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “es fundamental que los periodistas que laboran en los medios de comunicación gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad y el debate público se fortalezca”.

Si bien los medios de comunicación tienen plena libertad de definir sus líneas editoriales, lo sucedido sí es reprochable desde una perspectiva de libertad de prensa por dos razones. La primera es constatar que un medio de comunicación local, en regiones con una oferta de medios limitada, asigne consecuencias graves a sus periodistas en materia laboral como instrumento para proteger la “ayuda total y directa al Gobernador”, como reza el memorando.

La segunda, porque estas instrucciones de favorecer y no criticar a un gobernante deben ser anunciadas con transparencia a las audiencias. Los ciudadanos tienen derecho a conocer que un determinado medio de comunicación ha dado la instrucción de favorecer a un gobernante. Existe un pacto tácito entre medios y audiencias basado en la confianza de los ciudadanos en que tanto los periodistas como los medios proporcionarán de manera imparcial información sobre asuntos de interés público. La decisión de proteger a un gobernante se escapa de la esfera del periodismo y entra en el terreno de la propaganda. Eso es algo que los ciudadanos tienen derecho a saber.

Esta no es una situación exclusiva del Diario El Extra ni limitada al departamento de Boyacá. De manera informal es común que los periodistas comenten que este tipo de situaciones se presenten a nivel nacional. Sin embargo, por los intereses en juego y la estabilidad laboral, no es fácil documentar los casos con detalle. Es en definitiva un asunto autocensurado que afecta el derecho a la información de los ciudadanos.

La FLIP lamenta que el diario El Extra de Boyacá prefiera conservar sus buenas relaciones con el gobernador en perjuicio de la autonomía de sus periodistas y del derecho a la información imparcial de los ciudadanos boyacenses.

Esta situación se agudiza si tenemos en cuenta que el señor Hernando Suárez Burgos es dueño de 23 medios de comunicación en distintas regiones del país. Por esta razón la FLIP invita al señor Suárez Burgos a indicar con cuáles administraciones tiene una afinidad similar a la que defiende con respecto al Gobernador de Boyacá.

Vea abajo el memorando, el proceso de descargos, la notificación del cambio de cargo, la carta que dirigió Rojas al área de personal para pedir explicaciones por el cambio de cargo y la carta de renuncia de la periodista.

*El Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, se pronunció frente a este caso el 1 de agosto. (Vea aquí el comunicado.)

Washington, D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por los recientes episodios de estigmatización y violencia contra periodistas en Colombia e insta al Estado a fortalecer las medidas integrales de prevención, protección y procuración de justicia en estos casos.

De  acuerdo con la información disponible, el 5 de junio de 2017 el subsecretario del senado Saúl Cruz denunció ante el plenario del Congreso haber sido víctima de una agresión del equipo reporteril del noticiero Noticias Uno. El equipo se encontraba cubriendo las elecciones a magistrados de la Corte Constitucional de ese país. Varios senadores tomaron por cierta la denuncia y plantearon la necesidad de investigar los hechos y establecer sanciones penales en contra los reporteros. La senadora Rosemary Martínez, del partido Cambio Radical, habría ordenado "que se haga una investigación […] sino va a venir el ELN disfrazado de doctor y nos va a masacrar en este Congreso". Posteriormente, videos y testimonios revelaron que el subsecretario habría fingido la agresión física. La Procuraduría General de la Nación habría iniciado una investigación disciplinaria y ordenado la suspensión de Saúl Cruz por tres meses de su cargo.

Posteriormente, de acuerdo con la información recibida, el 19 de junio los periodistas holandeses Derk Johannes Bolt y Eugenio Ernest Marie fueron secuestrados en el norte del Departamento de Santander por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los periodistas fueron  liberados el día 24 del mismo mes y entregados a una comisión de la Defensoría del Pueblo de Colombia.

Según la información recibida, el 14 de julio, el ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe, a través de su cuenta en Twitter, acusó al periodista de la Revista Semana Daniel Samper Ospina de ser "violador de niños". En una columna posterior el senador colombiano ratificó su afirmación anterior e indicó que "el referido periodista maltrató a una niña de tres meses de nacida, hizo asociación pública de su nombre con drogas ilícitas, y atentó contra la honra de su madre y de su familia". Las acusaciones contra Samper fueron rechazadas a través de diversos comunicados de prensa por la Federación de Periodistas de Colombia (FECOLPER), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y mediante una carta pública firmada por reconocidas personalidades, juristas y periodistas del país. Los distintos pronunciamientos alertaron sobre la falta de fundamento de las acusaciones y repararon además en el riesgo que suponían para el comunicador.

Días previos, la periodista Claudia Gurisatti, directora de Noticias RCN y de NTN24, denunció haber sido víctima de una campaña de hostigamiento a través de redes sociales, que podría poner en riesgo su integridad personal.

La situación de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Colombia fue objeto de una audiencia pública en el marco del 163 periodo de sesiones de la CIDH celebrado en Lima, Perú. En esta audiencia la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH recibió información por parte de organizaciones de la sociedad civil y del Estado colombiano sobre este tema. En particular, la sociedad civil afirmó que, si bien durante 2016 no se registraron asesinatos contra periodistas en el país, persistían otras formas de agresiones, como secuestros, presiones indebidas, hostigamiento, y declaraciones estigmatizantes.  Por su parte, el Estado ratificó su compromiso con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Colombia e informó sobre las medidas adoptadas para fortalecer los mecanismos de protección e investigación existentes.

La Relatoría Especial recuerda al Estado colombiano que tiene la obligación de prevenir, proteger, investigar y sancionar la violencia ejercida contra periodistas, y en particular, de aquellos que hayan sido objeto de intimidación, amenazas u otro acto de violencia. La obligación de prevenir, supone – entre otras- la de adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas, lo cual "requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia". En este sentido, los funcionarios públicos deben promover de manera activa el pluralismo y la tolerancia propios de una sociedad democrática.

En la Resolución AG/RES. 2908 (XLVII-O/17), aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en el marco de su cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones, los Estados miembros de la Organización reafirmaron que "la actividad periodística debe ejercerse libre de amenazas, agresiones físicas o psicológicas u otros actos de hostigamiento", e instaron a implementar medidas integrales de prevención, protección y procuración de justicia en esta materia.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, aprobada en el año 2000, establece que "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la CIDH a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

Vea aquí el comunicado de la RELE.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por los hechos de los que fue víctima la columnista Leszli Kálli, el día de ayer en Floridablanca, Santander.

Como parte del periodo 163 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- participó en la audiencia pública sobre libertad de expresión a la que estaba citada el Estado colombiano. La sesión se realizó en la mañana del miércoles 5 de julio en Lima, Perú y había sido solicitada por la FLIP.

En la audiencia, la FLIP expuso un panorama de las agresiones más graves que ha sufrido el periodismo entre 2016 y lo corrido de este año. Un recuento que, más allá de las cifras, evidencia las omisiones del Gobierno colombiano para proteger a los periodistas, investigar y procesar a los agresores, evitar las violaciones a la libertad de prensa y garantizar el acceso a la información, entre otras acciones.

Entre 2016 y lo corrido de 2017 hemos registrado 373 agresiones a la prensa: @PVacaV ante el Estado y @CIDH https://t.co/HvFi89KXub pic.twitter.com/DFsWB8QXFC

— FLIP (@FLIP_org) 5 de julio de 2017

Los constantes secuestros en el Catatumbo, en el Norte de Santander, son solo el reflejo de las muchas zonas en las que el Gobierno no puede garantizar la seguridad de los periodistas. Y en otras regiones donde sí hay presencia del Estado, muchos funcionarios, en vez de cumplir con su obligación de garantes de la libertad de prensa, atacan o estigmatizan periodistas para entorpecer su trabajo. Desde el comienzo de 2016 a la fecha, 71 funcionarios públicos han agredido a la prensa y la ausencia de correctivos es la constante.

La Fuerza Pública también se encuentra en el top 3 de los agresores identificados más frecuentes. En menos de dos años la FLIP ha registrado 13 agresiones, 12 obstrucciones al trabajo periodístico, 5 amenazas, 4 detenciones ilegales y en 2 ocasiones han eliminado el material de trabajo de los reporteros.

Uno de los casos más recientes lo protagonizó el Comando General de las Fuerzas Militares cuando citó a la periodista Maritza Aristizábal, de Noticias RCN, para que revelara una fuente. El Comando se retractó al día siguiente de haber hecho la citación, pero las presiones que sufrió el equipo del Canal RCN durante esas semanas reflejan el débil respeto de las más altas esferas del Estado hacia los derechos que rodean el trabajo periodístico. 

Las tareas pendientes

Todo este panorama se condensa en una larga lista de tareas pendientes para el Estado colombiano. En la audiencia, la FLIP lamentó la ausencia del Ministerio de las TIC en el encuentro. Adicionalmente, la Fundación se dirigió:

A la Fiscalía: para pedir diligencia en las investigaciones de los crímenes contra la prensa, avanzar en la priorización de casos con miras a procesar a los responsables y reducir los índices de impunidad. Además, es necesario que esta entidad se comprometa con la reestructuración del Programa de protección a periodistas para que este funcione de manera integral y preventiva.

A la Procuraduría: para que adelante las investigaciones de todos los funcionarios públicos que han atentado contra la prensa y comuniquen los avances de estos procesos. Además, en su papel como garante de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Procuraduría debe informar y corregir las infracciones a esta norma.

Al MinTIC (a través de la Cancillería): para que adjudique las frecuencias radiales en las regiones más apartadas del país. Muchos de estos procesos están congelados desde 2005.

Al Gobierno y entes descentralizados: para que informe cómo se implementarán los puntos del Acuerdo Final que involucran a los medios de comunicación. La FLIP pidió al Gobierno a que se comprometa con el pluralismo para que se adjudiquen las radios comunitarias a las que se compromete el acuerdo en las regiones que más lo necesitan.

¿Quienes asistieron?

La Fundación para la Libertad de Prensa asistió en representación de la sociedad civil. Vivian Newman, subdirectora de Dejusticia e integrante de la junta directiva de la FLIP, y Pedro Vaca Villarreal, director de la Fundación, expusieron las amenazas que enfrenta la libertad de prensa en el país y dirigieron preguntas y solicitudes tanto a la Comisión como a distintas entidades del Estado.

En representación del Estado asistieron Luz Angélica Mariño, asesora de la Fiscalía General de la Nación; Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección; Viviana Ferro, subdirectora de la Unidad de Atención y Reparación Integral de las Víctimas; y la Cancillería colombiana.

En la mesa de la Comisión se encontraban los comisionados José de Jesús Orozco Henríquez, Margarette May Macaulay (Presidenta), Paulo Vannuchi, James L. Cavallaro y el Relator Especial de Libertad de Expresión Edison Lanza.

Vea la audiencia completa aquí:

El 13 de junio de 2017, el Juez Tercero Penal Municipal de Control de Garantías de Buga autorizó una búsqueda en la cuenta de Facebook del periodista William Solano. Esta autorización se dio tras la solicitud de un fiscal que investiga a Solano por el presunto delito de injuria, pretendiendo de esta manera tener acceso a las fuentes del periodista.

La FLIP rechaza fuertemente tanto la solicitud del fiscal como la decisión del juez por ser abiertamente violatorias de la libertad de prensa, la reserva de la fuente y la intimidad del periodista. Esta medida expresamente permite, entre otras cosas, la recolección de información sobre contactos, destinatarios de mensajes y claves de acceso.

La reserva de la fuente es una garantía constitucional inviolable, vital para el ejercicio de la libertad de prensa y esencial dentro de las democracias. En protección a esta garantía, la Corte Constitucional ha rechazado solicitudes para que se revelen fuentes periodísticas. Según esta Corte:

"...compeler al periodista a revelar la fuente de su información, conduce a limitar el acceso a los hechos noticiosos, porque quien conoce los hechos desea naturalmente permanecer anónimo, cubierto de cualquier represalia en su contra. Es obvio, que no es sólo el interés particular sino el interés social el que sirve de sustento a la figura del secreto profesional del periodista; su actividad requiere por consiguiente de la confianza que en él depositan los miembros de la comunidad quienes le suministran la información que debe ser difundida en beneficio de la sociedad”[1].                                              

No es admisible que un fiscal, que investiga la presunta comisión de un delito de injuria y/o calumnia, pretenda implementar medidas que terminen revelando información protegida por el secreto profesional, por ejemplo, a través de la búsqueda en la cuenta de Facebook de un periodista. Además de violar los derechos del reportero y de sus fuentes, este tipo de decisiones tienen un efecto inhibitorio para otras personas, quienes estarán menos inclinadas a hacer denuncias.

Es por esto que la Fundación para la Libertad de Prensa, con el apoyo de la Fundación Karisma, interpuso una acción de tutela en representación del periodista para que se revoque esta decisión.

La Fundación le exige al Juez Tercero Penal Municipal de Buga que revoque esta medida. Además, hace un llamado a las autoridades judiciales para que se abstengan de tomar decisiones que afecten la reserva de la fuente.

Finalmente, la FLIP solicita al doctor Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, que ordene que la fiscal encargada del caso se abstenga de realizar la búsqueda en la cuenta de Facebook del periodista.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la detención ilegal de la que está siendo víctima María Montiel, corresponsal de Colombia Informa en Santander. La situación se presentó en el sur del Cesar.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza que el Comando Estratégico de Transición de las Fuerzas Militares  desconozca sus obligaciones para garantizar la libertad de prensa. Son inadmisibles las presiones de esta institución a Noticias RCN para que revele sus fuentes periodísticas.

En la emisión del mediodía del 26 de mayo de 2017, Noticias RCN publicó una carta del general Javier Flórez, comandante del Comando Estratégico de Transición, dirigida al Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo. Según la noticia, el oficial expresa preocupaciones por las “actividades de carácter político” que realizarían las FARC el 27 y 28 de mayo de 2017 con motivo de su aniversario. El general Flórez advierte que esto “contraría lo establecido en el acuerdo final” y podría constituir una violación de las condiciones del cese al fuego pactado entre el gobierno y la guerrilla.

Después de la emisión, la periodista de Noticias RCN, Maritza Aristizábal, recibió una llamada del general Javier Flórez. “El oficial, muy molesto, le pregunta quién filtró el documento, asegura se trataba de una información secreta, y señala que con esa información la reportera lo destruyó e intenta destruir el proceso de paz. El general finalmente anuncia que va a pedirle a sus abogados que denuncien el hecho”, informó el noticiero a la FLIP.

Según ha conocido la FLIP, desde ese día, funcionarios del Comando Estratégico de Transición, del Ministerio de Defensa y delegados del gobierno ante el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, en violación del principio constitucional que protege el secreto profesional, han presionado a Noticias RCN para que revele sus fuentes periodísticas.

El 26 de mayo la periodista Maritza Aristizabal recibió otras dos llamadas de la asistente del general Flórez en las que intenta averiguar quién le dio el documento publicado, según dijo RCN a la FLIP. El 30 de mayo de 2017, el contraalmirante Orlando Romero, delegado del Gobierno ante el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, envió una carta dirigida a Noticias RCN en la que solicitó que se certifique si fue él quien entregó el documento en cuestión al medio de comunicación. El 2 de junio de 2017, el Teniente Coronel Víctor Portilla, funcionario instructor del Ministerio de Defensa, envía otra carta a la dirección del noticiero solicitando que se haga llegar copia del documento que reveló Noticias RCN.

Al respecto, el Comando Estratégico de Transición afirmó a la FLIP que nunca se pretendió “traspasar la línea de confidencialidad ni la reserva de las fuentes”. También dijo que solicitó a Noticias RCN copia de la carta publicada con el único objetivo de determinar si se trataba de un documento auténtico firmado por el General Flórez.

El martes 13 de junio de 2017, llegó una nueva comunicación, esta vez dirigida a la periodista Maritza Aristizábal, y en la que el Comando Conjunto de Monitoreo y Verificación la notifica que debe asistir a una declaración bajo la gravedad del juramento el próximo 20 de junio de 2017 en el Cantón Norte. En el documento, con el membrete y el logo del Comando General de las Fuerzas Militares, se hace referencia a una indagación preliminar sin aclarar los hechos*.

El Comando confirmó a la FLIP que sí se está adelantando una indagación preliminar en esa entidad por estos hechos. Sin embargo, aclaró que no se trata de un procedimiento en contra de Maritza Aristizábal sino que busca establecer “quiénes fueron los miembros de las Fuerzas Armadas responsables de filtrar la información”.

La FLIP rechaza que las Fuerzas Militares se valgan de mecanismos inconstitucionales para presionar a los periodistas con el fin de que estos revelen sus fuentes. Estas actuaciones son incompatibles con la vida democrática y la garantía de las libertades civiles.

La Fundación manifiesta su preocupación, observará con especial atención y acompañará este caso. Esta organización confía en que el Ejército reconsidere sus actuaciones sobre el caso y tome correctivos que impidan la repetición de estos hechos.

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Las actuaciones de las Fuerzas Militares en las últimas semanas son violatorias de la garantía constitucional del secreto profesional, consagrada en el artículo 74 de la Constitución.

Sobre este derecho, la Corte Constitucional ha dicho en la sentencia T-298 de 2009 que “la inviolabilidad del secreto profesional (la reserva de la fuente) permite que un periodista guarde el secreto sobre la existencia de una determinada información, su contenido, el origen o la fuente de la misma, o la manera como obtuvo dicha información”.

Además de lo anterior, la misma decisión indica que este derecho no es solo del periodista, sino de su fuente, pues se convierte en una garantía para poder difundir información. “La reserva de la fuente es una garantía fundamental y necesaria para proteger la verdadera independencia del periodista y para que pueda ejercer la profesión y satisfacer el derecho a la información, sin que existan limitaciones indirectas ni amenazas que inhiban la difusión de información relevante para el público”, manifestó la Corte en la sentencia.

Por eso es de suma gravedad que el Ejército esté desconociendo esta protección constitucional a la prensa.

La FLIP recuerda al Ejército que la Sentencia C - 491 de 2007 reconoce que los periodistas que han accedido a información reservada o clasificada no están sometidos a una obligación legal de no publicar esa información. “La reserva cobija a los funcionarios públicos pero no habilita al Estado para censurar la publicación de dicha información cuando los periodistas han logrado obtenerla (...) la reserva obliga a los servidores públicos comprometidos pero no impide que los periodistas que acceden a dicha información puedan publicarla”, dice la Corte.

Así mismo, la Resolución A/HRC/33/L.6 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas exhortó a los Estados a proteger “en la ley y en la práctica el carácter confidencial de las fuentes de los periodistas, en reconocimiento de la función esencial que cabe a estos en la promoción de la rendición de cuentas públicas y de una sociedad inclusiva y pacífica, con sujeción únicamente a excepciones limitadas y claramente definidas que estén enunciadas en los marcos legales nacionales, como la autorización judicial, de conformidad con las obligaciones que les impone el derecho internacional de los derechos humanos".

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*Actualización: En la mañana del miércoles 14 de junio, la periodista Maritza Aristizábal recibió una comunicación del Comando General de las Fuerzas Militares en la que le anunciaban, refiriéndose a la citación que le había llegado un día antes para presentarse el 20 de junio en el Cantón Norte, que "no se requiere dicho testimonio dentro de la Indagación Preliminar". Sin embargo, este revés no redime al Comando General, al Ministerio de Defensa y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación de su responsabilidad por las presiones inconstitucionales de los últimos días contra Noticias RCN y su reportera.

La Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP) condena las agresiones del subsecretario del senado y senadores de la República en contra de Noticias Uno.

El jueves 1 de junio el periodista Eduardo López Hooker, acompañado de un camarógrafo de Noticias UNO, cubría la sesión en el senado para elegir un magistrado para la Corte Constitucional. Durante la sesión, el subsecretario del Senado, Saúl Cruz, simuló ser golpeado en la cara por el camarógrafo. Luego denunció la inexistente golpiza ante policías que custodiaban el recinto. “Iba al baño y me he encontrado con una cámara de Noticias Uno, y -podrán ver- me han pegado en la cara. Yo no entiendo; yo cumplo mi función. Esto me tiene muy consternado,” dijo luego ante el Senado en pleno.

Noticias Uno tenía asignada una cámara para documentar las labores de Cruz de cabildeo a favor de uno de los candidatos a la Corte Constitucional. Lo que muestran las cámaras de seguridad del Congreso es que en realidad el propio camarógrafo fue embestido por Cruz.

Como reacción a la denuncia del subsecretario, el Presidente del senado Mauricio Lizcano, dio la palabra para que los senadores discutieran estos hechos. En ese momento algunos senadores hicieron declaraciones contrarias a su obligación de generar un ambiente favorable a la libertad de expresión.

Un grupo de congresistas pidió encarcelar a los periodistas y tomar acciones legales en su contra. José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, dijo que “tiene que haber algún tipo de sanción penal (…) ojalá cárcel al agresor”. Así mismo, Rosmary Martinez de Cambio Radical pidió demandar a Noticias Uno: “o si no va a venir el ELN disfrazado de doctor (sic) y nos va a masacrar en este Congreso”. Por su parte, Mílton Rodríguez, del partido de la U pidió sanciones “ejemplares” porque “la prensa no puede dar ese ejemplo aquí en la casa de la democracia”.

Otros senadores pidieron obstruir el trabajo periodístico del noticiero. Jorge Pedraza, del Partido Conservador le dijo a Mauricio Lizcano: “debe usted tomar medidas de inmediato para que este periodista no se mantenga en el recinto”. Maritza Rodríguez, de la U, pidió que como medida cautelar se retirara al periodista y no se permitiera “nunca más” su entrada al Congreso. De igual modo, José Obdulio Gaviria expresó que tenía que haber una medida administrativa que impidiera “para siempre” la presencia de quienes atacaron a Cruz.

Por último, la senadora del partido liberal Sofía Gaviria insinuó sentirse en riesgo por estos hechos y dijo que Noticias Uno tenía que responder como empresa. “Yo me siento amenazada,” concluyó.

Para la FLIP estos hechos son de la mayor gravedad pues sucedieron en el Congreso de la República, en donde deben existir las mayores garantías para el cubrimiento periodístico y el derecho a la información. En segundo lugar, porque están enmarcados dentro de una serie de agresiones repetitivas por parte de congresistas y que están generando un ambiente cada vez más hostil para la prensa en el congreso.

El 28 de marzo de 2016, la periodista Tania Guevara, después de cubrir una sesión en el Congreso, fue retenida por los guardaespaldas del secretario del senado Gregorio Eljach y conducida a una oficina en donde le obligaron a borrar las fotografías que había tomado. El primero de abril de 2017, mientras se realizaba una marcha en contra de la corrupción en Cartagena, el congresista Fernando Araújo, exhibió pancartas que incitaban a obstruir el trabajo periodístico. De igual forma, el pasado 15 de mayo de 2017, el senador Álvaro Uribe acusó de ser “pro Farc” a un periodista de Noticias Uno que estaba cubriendo presuntos malos manejos de recursos públicos con los que se habría beneficiado un predio propiedad del senador.

La simulación de la agresión por parte de Saúl Cruz, la posterior falsa denuncia presentada ante la policía y el Congreso y la andanada de llamados a encarcelar, censurar, demandar y obstruir el trabajo de Noticias Uno por parte de senadores de la República son una violación de las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado colombiano en materia de la libertad de expresión. 

Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los funcionarios públicos tienen la obligación de adoptar un discurso favorable que contribuya a prevenir la violencia contra la prensa: “la obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.

Así mismo, el comportamiento de Cruz es contrario a la obligación de los funcionarios públicos a ser tolerantes a la crítica. “En una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público, que afectan bienes sociales, y los funcionarios rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Kimel vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008).

La FLIP también recuerda a los senadores que hicieron el llamado a la censura que “el ejercicio efectivo de la libertad de expresión implica la existencia de condiciones y prácticas sociales que lo favorezcan. Es posible que esa libertad se vea ilegítimamente restringida (…) por condiciones de facto que coloquen, directa o indirectamente, en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejerzan o intenten ejercerla, por actos u omisiones de agentes estatales” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ríos versus Venezuela. Sentencia de 28 de enero de 2009).

La FLIP está evaluando qué medidas tomará para que se avance en la investigación y sanción de los responsables de estos graves hechos así como para proteger a Noticias Uno de futuras agresiones de las que puede ser víctima en el Congreso. 

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Actualización

El 29 de noviembre de 2017, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad por 8 meses al subsecretario del Senado Saúl Cruz. La defensa del funcionario apeló el fallo y el caso pasó a la Sala Disciplinaria de la Procuraduría.

La FLIP espera que esta sanción sirva de ejemplo para que los funcionarios se apropien del respeto a la libertad de prensa como un principio fundamental de su labor.

El jueves 25 de mayo la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) le envió una comunicación a Gabriel Reyes, presidente de RCN Televisión, y a Mauricio Correa, presidente de Win Sports, solicitándoles que se abstuvieran de transmitir a través de sus medios de comunicación los partidos del Deportivo Cali contra Millonarios y del América de Cali contra el Atlético Bucaramanga. Ambos encuentros completarán la última fecha del todos contra todos de la Liga Águila.

La comunicación firmada por Jorge Fernando Perdomo, presidente de la Dimayor, agrega “DIMAYOR ha dado instrucciones para que la prensa hablada y escrita no tenga acceso a los respectivos estadios”. Sin embargo, la institución aclara que RCN y Win Sports sí podrán hacer cubrimiento periodístico en ambos estadios sin hacer ningún tipo de transmisión en directo.

La determinación se tomó luego de los enfrentamientos que protagonizaron los hinchas del Deportivo Cali y del América, durante el partido que se disputó el pasado miércoles 24 de mayo en el Estadio Pascual Guerrero.

La Fundación entiende que la Dimayor esté obligada a tomar correctivos que le permitan prevenir y sancionar la violencia en los estadios, pero también aclara que estas decisiones deben tener unos mínimos de proporcionalidad. Al respecto, Jorge Perdomo, presidente de Dimayor, aseguró “las medidas son extremas, lo reconozco” y agregó que busca hacer un llamado a la reflexión. Sin embargo, no explicó la relación entre la restricción al cubrimiento periodístico y lo sucedido en el Pascual Guerrero.

La FLIP considera que las medidas para garantizar la seguridad en los estadios no pueden vulnerar otros derechos como, por ejemplo, el que tienen los medios de comunicación de cubrir espectáculos de interés público y el que tienen los ciudadanos de estar informados sobre estos acontecimientos.

La FLIP le planteó estos interrogantes a Carlos Lajud, jefe de prensa de Dimayor, quien no ofreció mayores explicaciones y se limitó a argumentar que “la gente no ha entendido que la Dimayor como tal es una empresa privada (…) los partidos de fútbol son un espectáculo privado”.

Sin embargo, la Dimayor ignora el aporte que hace el sector público para el desarrollo del espectáculo deportivo. En primera medida, 19 de los 20 equipos que disputan la Liga colombiana juegan en el estadio distrital de la ciudad a la que pertenecen. Segundo, la seguridad en los estadios es responsabilidad de los miembros de la Policía Nacional, quienes juegan un rol de funcionarios públicos. Y, finalmente, la mitad de los equipos que compiten en la primera división reciben algún tipo de patrocinio por parte de entidades públicas.

Esta contribución del sector público legitima el cubrimiento y la veeduría que deben hacer los medios de comunicación frente las gestiones de los clubes del Fútbol Profesional Colombiano y su desempeño en la liga. Es decir, que los partidos del fútbol colombiano están lejos de ser solamente un espectáculo privado.

Por otra parte, la FLIP reconoce que RCN Televisión y Win Sports tienen los derechos de las transmisiones del Fútbol Profesional Colombiano. Sin embargo, otros medios de comunicación que, incluso, están acreditados por la Dimayor, tienen derecho a ingresar a los estadios para cubrir las novedades de los encuentros deportivos. Por esta razón, la FLIP considera problemático que estos medios sean excluidos, debido a que este tipo de medidas atentan contra la pluralidad de la información y de opiniones que debe ser garantizada en toda sociedad democrática. Es comprensible que se castigue a los aficionados con impedirles el acceso o la transmisión en directo, pero es desproporcionado que se impida el acceso a la prensa que no tiene siquiera permiso para transmitir en directo pero sí guarda interés con hacer cubrimiento periodístico.

Una cosa es tomar correctivos, otra atropellar derechos con medidas desproporcionadas. La Dimayor atiende una situación grave declarando una suerte de estado de excepción donde se restringen garantías civiles básicas como la libertad de prensa.

La FLIP hace un llamado a la Dimayor para que reconsidere las disposiciones de la sanción e implemente las medidas de prevención necesarias que cumplan con los estándares internacionales de libertad de prensa, esto incluye permitir el acceso a la prensa a los escenarios deportivos sin perjuicio de diferir la transmisión de los hechos para que no sea haga en directo, como muestra de sanción a los aficionados.

De igual forma, solicitamos a Coldeportes, a las distintas entidades públicas que arriendan espacios deportivos de propiedad estatal, así como a las entidades que pautan en los equipos, explicar de qué forma es compatible que en escenarios deportivos públicos se restrinja el derecho a la libertad de prensa.

Fútbol profesional colombiano, el estadio de la censura

El viernes 26 de mayo, Jorge Perdomo ofreció declaraciones a la W Radio para referirse al tema y aseguró que desde Dimayor se le ha entregado acreditaciones a “cualquier periodista”. Sin embargo, la FLIP ha documentado con preocupación que algunos clubes de la Liga Colombiana también han limitado el acceso de los medios de comunicación a los eventos deportivos.

Uno de los medios que se ha visto afectado por este tipo decisiones es el portal en internet El Rincón Vinotinto, que dedica su agenda mediática a informar sobre la actualidad del Deportes Tolima. Durante el 2016 y lo que va corrido del 2017, a este medio de comunicación se le negaron las acreditaciones para acceder al Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.

El otro medio afectado es el portal web Casablanca, que el 20 de enero de 2017 le envió al Once Caldas una solicitud de acreditación para acceder al estadio Palogrande cuando el equipo de Manizales disputara los encuentros de la Liga. Sin embargo, los dirigentes del equipo negaron la solicitud.

En ambos casos las respuestas de los clubes generan preocupaciones, debido a que violan estándares de libertad de prensa. Por un lado, tanto Once Caldas como Deportes Tolima, argumentaron que no era posible otorgar las acreditaciones porque los integrantes del medio no eran periodistas, sino que se trataba simplemente de hinchas que administran una página web. Sobre este punto es importante aclarar que para ejercer el periodismo en Colombia no se necesita tarjeta profesional y que es un oficio que puede ejercer cualquier ciudadano. La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre estos asuntos, dando instrucciones a los equipos de no restringir la libertad de expresión, pero la arbitrariedad de los clubes, así como de la Dimayor están fuera de todo control democrático.

Por otro lado, en ambos casos los medios a los que se les negó la credencial para el cubrimiento publican contenidos críticos sobre las gestiones de Once Caldas y Deportes Tolima. Resulta preocupante que la potestad que desde el 2017 les entregó la Dimayor a los clubes para que otorguen o nieguen acreditaciones pueda ser utilizada por los equipos de fútbol para obstruir la labor periodística de los medios que publican información contraria a sus intereses.

Debido a estas inquietudes, el 4 de abril de 2017 la FLIP le solicitó por escrito a Coldeportes que, a partir del deber que cumple frente al control y vigilancia de las gestiones que adelantan las federaciones en el país, revisara los parámetros que la Dimayor tiene dispuestos para la acreditación a periodistas. Adicionalmente, la Fundación le solicitó a la entidad que ejerciera mayor vigilancia sobre la disposición, la publicación y el cumplimiento de los requisitos dispuestos por los clubes para otorgar las credenciales.

A la fecha de esta publicación no ha habido respuesta alguna por parte de Coldeportes y la entidad tampoco ha emprendido ningún tipo de acciones para vigilar y controlar las actuaciones de Dimayor.

La FLIP encuentra inapropiado que los actos de obstrucción al cubrimiento periodístico y al acceso a la información por parte de las instituciones que participan del desarrollo de la Liga Colombiana no tengan ningún tipo de sanción y se sigan presentando sistemáticamente.

Pese a todo ese tiempo, los procesos que se adelantan por estos hechos avanzan a media marcha debido a que la periodista se ha enfrentado a un sistema judicial negligente y a un Estado sin voluntad política a la hora de investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes. Muestra de ello es que, a la fecha, sólo se han producido dos condenas anticipadas en contra de Alejandro Cárdenas Orozco y Mario Jaimes Mejía por la vía de aceptación parcial de cargos.

Este panorama evidencia el poco interés que han tenido las autoridades por buscar justicia efectiva en el caso de Bedoya y que ha derivado en la revictimización y en el desconocimiento de los derechos de la reportera como víctima del conflicto armado.

Visibilidad

En este escenario tan desolador, vale la pena resaltar la valentía con la que la periodista ha afrontado estos hechos y que la han llevado a no rendirse y seguir luchando. Un ejemplo de ello es su labor periodística en el diario El Tiempo, así como las múltiples campañas lideradas por ella, que ha contribuido a la visibilidad de las mujeres agredidas sexualmente con el fin de devolverles la dignidad a las víctimas de este flagelo.

Fruto de este esfuerzo el 25 de mayo se convirtió, desde 2014, en el Día Nacional por la Dignidad de Víctimas de Violencia Sexual y a través del cual se conmemora la lucha y la resistencia que ejercen las mujeres no sólo para evitar ser víctimas de violencia sexual sino también para lograr justicia efectiva en sus casos.

La FLIP le solicita al Estado que tome las medidas necesarias para dar celeridad a los procesos y sancionar a los responsables de estos crímenes y hace un llamado para que estos casos de agresión a mujeres periodistas sean atendidos con un enfoque diferencial de género con el fin de que no se desconozca que el hecho de ser mujeres es una de las razones que motiva las agresiones de las que son víctimas.

Sobre este punto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha señalado que “en casos de violencia contra mujeres periodistas los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas señaladas, una obligación reforzada de actuar con debida diligencia a partir de las disposiciones existentes en materia de los derechos de las mujeres, como los establecidos en la Convención Belém do Pará”. Y añade: “[l]os Estados deben adoptar medidas de protección en casos específicos en los que determinadas mujeres periodistas corren un riesgo especial de ser víctimas de violencia, tomando en consideración las distintas formas de discriminación por otros motivos conexos como su raza, etnia, edad u orientación sexual, entre otros”.

Y concluye diciendo que “[r]esulta indispensable además que las autoridades encargadas de proteger e investigar sean debidamente capacitadas en materia de género para evitar estereotipos discriminatorios a la hora de evaluar la credibilidad de la denuncia presentada, culpabilizar a la víctima, justificar los hechos por su actitud o comportamiento, o que por sus relaciones sentimentales se cuestione su honra o se utilice un vocabulario sexista”.

De acuerdo con los registros de la FLIP, entre 2006 y 2016 al menos 191 mujeres periodistas fueron víctimas de agresiones en el marco de su ejercicio periodístico. Estas comprenden, entre otras, amenazas, estigmatización, atentados, obstrucción a su trabajo y violencia sexual; las cuales han sido cometidos por grupos guerrilleros, paramilitares, actores estatales o particulares.

Por último, la Relatoría también ha señalado que los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto: “vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información, generan un efecto amedrantador y de silenciamiento en sus pares, y violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”. Por lo anterior, de acuerdo con este mismo organismo, los Estados tienen la obligación de prevenir, proteger y procurar justicia. El caso de Jineth Bedoya es un claro ejemplo de una falla por parte del Estado en el cumplimiento de dicho deber por lo que se hace necesario que este caso siente un precedente para que las instituciones actúen y reivindiquen su responsabilidad a la hora de evitar que las agresiones contra la libertad de prensa se repliquen.

Antecedentes

El 25 de mayo de 2000 la periodista Jineth Bedoya Lima, que en ese momento trabajaba en el diario El Espectador, fue víctima de violación, tortura y secuestro luego de acudir a la cárcel La Modelo de Bogotá para entrevistar al jefe paramilitar Mario Jaimes, alias El Panadero.

Tres años después, la reportera fue nuevamente víctima de secuestro, pero esta vez por parte de las Farc en Caño Jabón, Meta. Para ese entonces, Bedoya estaba realizando seguimiento a la situación de orden público del municipio, luego del secuestro masivo perpetrado por el grupo guerrillero en el año 2002.

Por estos hechos Bedoya lidera, desde 2009, la campaña ‘No es hora de callar’, que busca que las mujeres víctimas de violencia sexual denuncien a sus agresores y socialicen sus casos con el fin de recuperar su dignidad. Estas campañas, así como otras iniciativas que lidera la reportera para promover el perdón y la reconciliación, han aumentado su situación de riesgo por las múltiples amenazas que ha recibido durante los últimos 17 años.

La FLIP rechaza las intimidaciones de las que fue víctima Ricardo Ruidiaz y el resto del equipo periodístico de Colmundo Radio en Bogotá.

El domingo 14 de mayo, mientras Ruidiaz transmitía en vivo el programa “Rompecabezas arma corazones”, un hombre llamó a la emisora y amenazó al aire al reportero: “Tenemos un comunicado para el señor Ricardo Ruidiaz: dígale al periodista y director de la ONG, Ricardo Ruidiaz, que no siga investigándonos, que no sea sapo, no meta las hijueputas narices donde no debe. Le damos 24 horas para que salga de la ciudad y se esconda” (Sic.). 

Según los miembros del equipo periodístico, apenas notaron que se trataba de una amenaza, retiraron la llamada del aire y por el interno escucharon que el agresor se identificó como miembro del Clan del Golfo. Además de la labor que desempeña como periodista, Ruidiaz es el director de la Fundación Amigos Unidos, que denuncia y hace campañas de prevención sobre los riesgos a los que están expuestos los menores en Colombia. En los últimos días el periodista ha denunciado que las bandas criminales son los principales agresores de niños en el país frente a los delitos relacionados con explotación sexual.

El lunes 15 de mayo la Cadena Radial Colmundo emitió un pronunciamiento público refiriéndose a las intimidaciones y respaldando a Ruidiaz: “Es nuestra obligación sentar una voz de protesta y rechazo ante cualquier intención de intimidar o silenciar a un comunicador, pues nuestro trabajo se enfoca en un servicio social e informativo, que está alejado de cualquier otra consideración o postura”.

La FLIP expresa su preocupación por estas amenazas y le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos. Al respecto, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que la "intimidación, amenaza a los comunicadores sociales (...) viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Fundación hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que refuerce el esquema de seguridad de Ruidiaz con el fin de salvaguardar su vida. Para la FLIP, la amenaza pública de la que fue víctima el reportero lo sitúa en un riesgo inminente que el Estado debe atender con celeridad.   

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza los señalamientos hechos por el senador del Centro Democrático contra Julián Martínez, reportero del noticiero que dirige Cecilia Orozco.

El lunes 15 de mayo el senador Álvaro Uribe Vélez estigmatizó a Martínez a través de su cuenta en Twitter: “A Noticias Uno, su periodista Pro Farc Julián Martínez y a su directora dra Orozco les repetiré la respuesta de 2013 a su repetido infundió,” (sic.) dijo Uribe.

 A Noticias Uno, su periodista Pro Farc Julián Martínez y a su directora dra Orozco les repetiré la respuesta de 2013 a su repetido infundió

 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 15 de mayo de 2017

Los ataques del senador del Centro Democrático se produjeron luego de que Martínez publicara una nota en la que denuncia que entre los años 2008 y 2010, Uribe destinó recursos del Estado para sus propiedades. Según la publicación, el entonces presidente Uribe firmó un decreto que le permitió recibir subsidios por más de 3000 millones de pesos a través de su finca el Ubérrimo y otros predios ubicados en Mocarí, Córdoba.

Las estigmatizaciones del senador sitúan al periodista en una situación de riesgo infundado que puede desencadenar ataques de mayor gravedad. Este señalamiento, sobre el cual Uribe no presenta pruebas, supone que el reportero pertenece o simpatiza con un grupo armado. Algunos podrían interpretar esto como un aval para agredir al periodista.

Al respecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión declara que los funcionarios públicos tienen la obligación de adoptar un discurso favorable que contribuya a prevenir la violencia contra la prensa: “la obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.

En segundo lugar, los señalamientos de Uribe son un mensaje amedrentador para otros medios y periodistas, que generan un efecto inhibitorio para continuar con la investigación del tema publicado por Noticias Uno, que es un asunto de interés público. En ese sentido, la estrategia del Senador de responder con acusaciones personales, en lugar de presentar su versión sobre los hechos, debilita la deliberación pública y fractura las garantías para que los ciudadanos en Colombia puedan opinar e informar sobre el poder público.

La FLIP invita al senador Álvaro Uribe a expresar sus desacuerdos con la prensa de una manera que no afecte la labor de los periodistas y a adoptar un discurso que garantice la libertad de expresión y de información. Así mismo, la FLIP hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que adelante la investigación disciplinaria en contra del funcionario y determine las sanciones a las que haya lugar.

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Algunos antecedentes

No es la primera vez que Álvaro Uribe recurre a los ataques contra la prensa como respuesta pública a las críticas, denuncias y cuestionamientos que se le hacen en su condición de persona pública sometida a escrutinio social. La FLIP ha registrado las siguientes:

En 2002 Daniel Coronell publicó en una columna que en 1984 un helicóptero de Alberto Uribe Sierra, padre de Álvaro Uribe, había sido encontrado en el laboratorio de Tranquilandia. En esa ocasión el actual senador del Centro Democrático acusó por primera vez al columnista de Semana de tener vínculos con los narcotraficantes Perafán y Villegas. 

En abril de 2006 el entonces presidente Uribe afirmó que algunos medios de comunicación le “están haciendo daño a la legitimidad institucional” y que “la libertad periodística no puede sustituir a la justicia”. En su momento la FLIP expresó su preocupación por estas declaraciones, ya que podían malinterpretarse y generar una estigmatización en contra de los medios de comunicación y de la libertad de prensa en general.

El 2 de octubre de 2007, en una entrevista que le hizo Caracol Radio, el mandatario aseguró que el periodista Gonzalo Guillén "ha dedicado una carrera periodística a la infamia y a la mentira". Los señalamientos se hicieron luego del lanzamiento del libro “Amando a Pablo, odiando a Escobar”, que motivaron a Uribe a decir que el periodista estaba detrás de este y otros libros en su contra.

El 9 de octubre de 2007, Daniel Coronell retomó un señalamiento que había hecho Uribe contra el periodista Gonzalo Guillén, con ocasión de la publicación del libro “Amando a Pablo, odiando a Escobar”. Este hecho provocó una discusión entre el expresidente y el periodista en medios, donde Uribe calificó a Coronell de mentiroso y miserable. Horas después el columnista de la Revista Semana recibió un correo firmado por las Águilas Negras, en el cual anunciaban: “Quien ataca a nuestro presidente firma su sentencia de muerte”. 

En el año 2009, se refirió a Hollman Morris como “cómplice del terrorismo”. En ese momento, el Relator para la Libertad de Expresión de la ONU y la Relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH expresaron su preocupación por los señalamientos. Para los organismos internacionales, estas afirmaciones ponen en riesgo a los periodistas y generan un efecto de autocensura.

Este episodio fue analizado con posterioridad por la CIDH, organismo que en el informe “Violencia contra periodistas y trabajadores de medios” definió que los funcionarios públicos tienen la obligación de adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas.

En diciembre de 2010, Daniel Coronell publicó una columna en la que retomaba una investigación del Miami Herald en la que se hablaba de una relación entre los hijos de Álvaro Uribe y los hermanos Nule, cuestionados contratistas en el país. Tras la publicación, Uribe volvió a insistir en la relación del periodista con el narcotráfico y el lavado de dinero.

El 17 de septiembre de 2014, durante el debate que se realizó en el Congreso sobre paramilitarismo, el expresidente Uribe señaló a Telesur y a Canal Capital como “medios de comunicación serviles al terrorismo. Las declaraciones provocaron respuestas violentas como el trino que hizo un desconocido en Twitter el 23 de septiembre “me ofrezco a matar a @HOLLMANMORRIS”, quien para ese entonces era gerente de Canal Capital.

En octubre de 2014, Daniel Coronell habló en una de sus columnas sobre las conversaciones que mantuvieron miembros del gobierno de Uribe con alias “Pablo Catatumbo”. Según el columnista, personas cercanas a presidencia le ofrecieron al comandante guerrillero despejar 868 km para un posible acercamiento con el grupo armado. De inmediato el senador del Centro Democrático recurrió a los ataques contra el periodista, asegurando que recibía dinero del gobierno de Juan Manuel Santos para mentir sobre Uribe.

El 10 de diciembre de 2014, el Senador del Centro Democrático publicó en su cuenta de Twitter tres mensajes que atentaron contra la libertad de prensa y la protección especial a la actividad periodística. En los trinos hacía referencia a la entrevista que Morris realizaría en una cárcel de Itagüí a un hombre condenado por paramilitarismo.

En su momento la FLIP le recordó a Uribe que esa información por defecto es reservada y que, al hacerla pública, ponía en riesgo al periodista y a sus fuentes. Adicionalmente, se advirtió que las afirmaciones podían vulnerar la presunción de inocencia del periodista y afectar su credibilidad. También se hizo referencia a la necesidad que tienen los funcionarios públicos de mantener un discurso favorable a la libertad de expresión y la deliberación pública.

Luego de las agresiones, la FLIP le envió una carta al expresidente Uribe donde se le hacía un llamado para que aportara a construir un ambiente favorable a la deliberación pública, que respete y no afecte el libre flujo de ideas. El Senador del Centro Democrático jamás brindó respuesta, por el contrario, continuó con las agresiones a periodistas como las que emitió contra Yohir Akerman y Daniel Coronell en marzo y abril de 2016.

JohirAkerman, desteñido militante del ELN que busca notoriedad con la honra de los míos y la personal

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 29 de marzo de 2016

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza el hurto del que fue víctima el periodista de RCN en su lugar de residencia. 

El jueves 11 de mayo desconocidos entraron al apartamento de Beltrán y le robaron un computador portátil y dos discos duros. Cuando el periodista llegó a su vivienda cerca de las 9 de la noche notó que las cerraduras de la puerta estaban violentadas y que habían esculcado sus pertenencias. 

De acuerdo a la información recibida por la FLIP, en la residencia de Beltrán se encontraban otros objetos de valor que fueron ignorados por los desconocidos. Esto sugiere que los agresores tenían un interés particular sobre la información almacenada en los dispositivos.

Según Beltrán, en los equipos había información sensible sobre investigaciones relacionadas con extorsiones en Arauca por parte del ELN y de las disidencias de las Farc en Guaviare y Caquetá. Adicionalmente, el subdirector de La Noche estaba preparando una investigación sobre los militares condenados por casos de los falsos positivos en Soacha que se acogerán a la Justicia Especial Para la Paz.

La gravedad de este ataque contra la libertad de prensa radica en que, al contener los equipos robados información personal y periodística altamente sensible,  se pone en riesgo el secreto profesional, la seguridad del reportero y del equipo periodístico de RCN.

Antecedentes

En junio de 2016 Jefferson Beltrán denunció que había recibido amenazas a través de Twitter por las opiniones emitidas en su espacio periodístico sobre al proceso de paz entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos. Luego de estas intimidaciones, la Unidad Nacional de Protección (UNP) le implementó medidas de protección.

En septiembre del mismo año, Beltrán denunció que mientras hacía el cubrimiento de la décima conferencia de las Farc en la región del Yarí, un jefe de la Columna Teófilo Forero lo intimidó. Por esos días, el subdirector de La Noche estaba haciendo un reportaje sobre extorsiones del grupo guerrillero en San Vicente del Caguán, Caquetá.

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La FLIP expresa su preocupación por las intimidaciones y el robo de los que ha sido víctima Jefferson Beltrán, quien ahora se encuentra en un riesgo inminente. En este sentido, la FLIP hace un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para que investigue los hechos con celeridad y sancione a los responsables del hurto.

De acuerdo a lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración de principios sobre libertad de expresión dispuso: “(…) la destrucción material [o robo] de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.”

Debido a que los equipos contenían información sensible, la FLIP solicita a la UNP que fortalezca el esquema de protección para el periodista y se haga extensivo a su núcleo familiar. Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, se han tomado medidas de protección transitorias para mitigar el riesgo. Sin embargo, se espera que la UNP implemente medidas de seguridad necesarias de manera inmediata para salvaguardar al periodista, su familia y su lugar de residencia.

La FLIP hace un llamado a los miembros de la Fuerza Pública para que brinden las garantías necesarias para el cubrimiento periodístico durante las manifestaciones, resulta preocupante que reporteros que se encontraban plenamente identificados denuncien uso desmedido de la fuerza por parte de uniformados de la Policía y del Ejército. 

En un periodo de polarización como el que atraviesa Colombia, era de esperarse que los ataques a la prensa se incrementarían. Pero los registros de la Coordinación de Defensa y Atención a Periodistas de la FLIP no dejan de preocupar. En un tercio del año ya se han registrado 87 ataques en los que han resultado afectados 108 reporteros (en 2016 se documentaron 216 casos con 262 periodistas víctimas).

Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, la FLIP hace un llamado a las autoridades colombianas, las audiencias, los periodistas, los medios de comunicación y a la comunidad internacional, para que se refuercen las garantías al periodismo en el país.

Parte de las variables que sólo han sido advertidas recientemente es la oferta deficitaria de medios de comunicación y de circulación de información local. El país rural recibe contenidos urbanos pero no siempre ve reflejadas sus realidades en los medios de comunicación.

Teniendo en cuenta algunas restricciones para el cubrimiento en las zonas veredales, la incertidumbre en términos de orden público en muchas regiones del país y la necesidad de hacer seguimiento a la transparencia institucional en un año decisivo para la próxima campaña electoral, resulta desalentador que haya funcionarios públicos empeñados en obstaculizar, estigmatizar o bloquear a la prensa. En lo corrido 2017, 23 servidores del Estado, que deberían ser los principales garantes de la libertad de prensa, han estado involucrados en actos de censura.

El Jefe de Estado, Juan Manuel Santos, ha sido señalado recientemente de sugerir contenidos periodísticos a través de terceros, con el fin de que los medios le den un giro a su línea editorial.La FLIP espera pronta respuesta de la Casa de Nariño al derecho de petición radicado el pasado 28 de abril para aclarar este episodio. Sin embargo, ya es muy diciente la evasiva del Presidente y su despacho a referirse sobre este tema. El respeto a la libertad de prensa debe ser un principio de cualquier funcionario público para ejercer su labor con transparencia y compromiso con los ciudadanos.

La indiferencia hacia la libertad de prensa se evidencia en otros problemas. Basta con resaltar que la justicia colombiana sigue sin mostrar avances significativos en los casos en los que los periodistas han sido víctimas.

Al interior del sistema judicial se presentan la negligencia, las dilaciones injustificadas y la dificultad para identificar dentro de la investigación a los autores intelectuales de los crímenes. Estas irregularidades han dado lugar a una administración ineficaz de justicia, lo que deriva en un alto riesgo de impunidad.

El equipo de la Fundación para la Libertad de Prensa sigue trabajando para contrarrestar los múltiples frentes por los que se presenta la censura. A las 37 amenazas, 13 estigmatizaciones, 11 obstrucciones al trabajo y 9 agresiones directas que han sufrido distintos periodistas en lo corrido de 2017, entre otros ataques, se suman más formas de presión que atentan contra los derechos protegidos en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia y ponen cuestión el derecho de los colombianos a estar informados.

Este año, la FLIP hará público el registro de otro tipo de violaciones a la libertad de prensa. Entre estas se encuentran los casos de acoso judicial, las obstrucciones al acceso a la información pública, las solicitudes de remoción o bloqueo de contenidos en Internet y los ciberataques a las páginas web de los medios de comunicación, entre otras. Confiamos en que estos datos ayudarán a enriquecer el análisis sobre las condiciones para el periodismo en Colombia.

La FLIP espera que esta fecha incentive a los ciudadanos a reflexionar sobre la necesidad de un periodismo libre en el país. El mejor reflejo de un sistema democrático eficiente es la defensa colectiva sobre la importancia de la libertad de prensa como valor fundamental para el buen funcionamiento de nuestra sociedad.

En el documento adjunto se encuentran los casos destacados de los primeros cuatro meses de 2017 en los que se resaltan las agresiones de funcionarios públicos a distintos periodistas y medios del país. 

Lea aquí el informe en línea.

El pasado viernes 28 de abril la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presentó un derecho de petición dirigido al Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón. En el documento, la FLIP solicita aclarar las acusaciones que señalan al primer mandatario de hacer un llamado a empresarios para que presionen a medios de comunicación para que hagan cambios a su línea editorial.

Esta solicitud se presenta a partir de información difundida por la mesa de trabajo de Blu Radio el pasado 6 de abril, según la cual Juan Manuel Santos se habría reunido con un grupo de reconocidos empresarios del país en un encuentro en el que se habló del clima de pesimismo del país. “Llamen ustedes a los dueños de los medios para influenciar en los contenidos, para que al final el producto de los medios sea de optimismo y de confianza”, dice una nota de Blu Radio citando al Presidente.

Desde entonces la FLIP ha intentado comunicarse –sin éxito- con funcionarios de la Presidencia para conocer su versión de los hechos. Teniendo en cuenta la gravedad de las denuncias, que señalan directamente al Presidente de la República de realizar actos contrarios a la libertad de prensa, la FLIP espera respuesta en término legal.

Actualización

El 18 de mayo, la Presidencia de la República dio respuesta al derecho de petición enviado por la FLIP. Si bien el despacho responde brevemente los interrogantes planteados, no aclara qué fue lo que dijo el Presidente Santos en relación con la directora de Noticias RCN.

Adjunto a este pronunciamiento podrá conocer el documento que radicó la Fundación y la respuesta enviada por la Presidencia de la República.

La FLIP rechaza la obstrucción a la labor periodística de la que fueron víctimas los reporteros de los canales nacionales. Los responsables fueron miembros de la fuerza pública, quienes recibieron la orden de Carlos Escobar, alcalde del municipio.

El jueves 27 de abril, los corresponsales RCN y Caracol televisión se trasladaron hacia el Punto Vive Digital de Armero-Guayabal para cubrir una reunión multidisciplinaria entre funcionarios de la alcaldía y de las demás instituciones distritales.  El encuentro se desarrolló luego de que las entidades fueran señaladas de haber actuado con negligencia frente a la atención de Sara Salazar, la menor de tres años que fue abusada sexualmente y asesinada el pasado 22 de abril.

Cuando los reporteros se encontraban haciendo tomas de apoyo frente al lugar de la reunión, miembros de la Policía les impidieron continuar con sus labores, argumentando que el encuentro era privado. Según los periodistas, uno de los uniformados aseguró que se trataba de una orden del alcalde del municipio, quien estaba molesto debido a que el cubrimiento periodístico sobre el caso de la menor había afectado a la administración.  

La FLIP le hace un llamado al alcalde Carlos Escobar para que ofrezca excusas públicas a los periodistas de los canales nacionales y adopte un discurso favorable frente al ejercicio periodístico. Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los funcionarios públicos deben ser los principales garantes de la libertad de prensa, aún cuando los contenidos periodísticos sean contrarios a sus intereses.

Durante la implementación de las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) dispuestas para el desarme de los miembros de las Farc y la transición para la reincorporación a la vida civil, periodistas de varios medios de comunicación han reportado restricciones para acceder a estos lugares. Las organizaciones han documentado las siguientes obstrucciones.

1. Empadronamiento: En Zonas Veredales como la que está ubicada en Caldono, Cauca, periodistas han denunciado que miembros del ejército les toman fotos a sus credenciales para hacer un registro y se demoran aproximadamente dos horas para permitir el ingreso.
2. Acceso restringido: Los reporteros que han intentado hacer cubrimiento en la Zona ubicada en Caño Indio, Tibú, en el departamento de Norte de Santander; denuncian que los miembros del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) restringen el acceso. Los reporteros han logrado ingresar, lo han hecho a través de las organizaciones sociales de la región. Una situación similar se ha presentado en la ZVTN de Anorí, Antioquia, donde periodistas denuncian que miembros de las Farc han impedido el acceso.
3. Trato discriminatorio: Periodistas de medios locales denuncian que cuando han solicitado entrevistas con algún jefe de las Farc, han notado que su trámite ha sido más engorroso que el de periodistas de medios nacionales o internacionales, quienes han tenido prioridad para el cubrimiento.

A pesar de que la FLIP y RSF enviaron una comunicación al MM&V solicitando que fueran aclaradas las situaciones en las que se han reportado las restricciones, no se recibió ningún tipo de respuesta por parte de los delegados.

Las organizaciones le solicitan al Mecanismo de Monitoreo y Verificación que se aclaren estas situaciones y se garantice el cubrimiento periodístico de los medios de comunicación sin ningún tipo trato discriminatorio. La pluralidad informativa en estos casos fortalece el debate público y contribuye a la veeduría y la verificación que toda sociedad civil necesita para acompañar los procesos de desarme.

La FLIP y RSF le hacen un llamado al MM&V para que haya transparencia en los trámites establecidos para la atención a periodistas en las Zonas Veredales. Sin embargo, la Fundación y RSF consideran importante que estos procedimientos contribuyan a garantizar el acceso de la prensa a las ZVTN y que no se conviertan en obstáculos ilegítimos para el cubrimiento.

La FLIP llama la atención y manifiesta su preocupación por algunos mensajes emitidos o respaldados por líderes políticos en contra de medios de comunicación durante las manifestaciones de este 1 de abril.

Estos señalamientos contra los medios de comunicación hacen más tenso el ambiente para que los reporteros puedan hacer su trabajo.

Este primero de abril el senador del Centro Democrático, Fernando Araújo, convocó a la ciudadanía en Cartagena para asistir a la manifestación. Algunas de las personas que salieron a expresar su rechazo por los recientes actos de corrupción sostenían una pancarta en la que aparecía Araujo con el siguiente mensaje: "!!! Fuera !!! Periodistas vendidos".

En la mañana, mientras se desarrollaban las manifestaciones en diferentes ciudades del país, Gustavo Petro publicó un mensaje a través de su cuenta en twitter: "Está fracasando el Canal RCN y su propietario en su tarea por "traquetizar la sociedad"”.

El trino del exalcalde de Bogotá estaba vinculado a una publicación que había hecho el medio de comunicación sobre las manifestaciones. Tras la invitación pública a reconsiderar el alcance de dicho mensaje, el exalcalde se reafirmó en sus comentarios al final del día.

La FLIP expresa su preocupación por las estigmatizaciones en contra de los medios de comunicación. En un ambiente tan polarizado como el que vive el país, este tipo de señalamientos aumentan el riesgo de los reporteros que cubren las manifestaciones y que representan a los medios involucrados.

Es importante que en las democracias se protejan los discursos que critican a los medios de comunicación. Sin embargo, cuando estos son formulados por líderes políticos hay una carga acentuada de precaución.

Lo anterior se sustenta en que los ciudadanos que respaldan esos liderazgos puedan interpretar los señalamientos y estigmatizaciones como un gesto de permisividad y respaldo para atacar a la prensa.

La FLIP hace un llamado al senador Araújo y al exalcalde Petro para que se reconsideren estos mensajes y evalúen el impacto de estos en el ambiente de deliberación plural y democrático.

Las opiniones y críticas sobre periodistas y medios de comunicación deben hacerse con precaución para no restringir la libertad de prensa.

Caracol Radio Colombia, La Asociación Nacional de Medios de Comunicación (ASOMEDIOS), La Asociación Colombiana de Editores de Medios Informativos (Andiarios) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), rechazamos de manera enfática las agresiones de las que fue víctima la periodista Elyangélica González, corresponsal en Venezuela de la cadena colombiana Caracol Radio. Este ataque no tiene precedentes recientes y contradice los principios democráticos.

A las 8:30 de la mañana del 31 de marzo de 2017, en inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y haciendo cubrimiento de la crisis institucional a partir de la suspensión de la Asamblea Nacional, la periodista fue brutalmente golpeada por una decena de militares venezolanos que la despojaron de sus equipos periodísticos e interrumpieron la transmisión que hacía en directo para Bogotá.

“Me arrancaron el teléfono, traté de sacar el otro para seguir hablando, me lo quitaron, lo partieron, lo quemaron, me detuvieron en el Tribunal Supremo (…) estoy completamente arañada, golpeada (…) me cayeron a patadas diez personas, me batían de un lado a otro”, relató la periodista cuando pudo retomar contacto con la cadena radial.

Estos hechos no solo son humillantes, autoritarios, crueles e inhumanos contra una periodista mujer, sino que además constituyen una grave violación a la libertad de prensa que cuestiona las garantías para los corresponsales internacionales que cubren la difícil coyuntura que atraviesa Venezuela. Son acciones de censura previa, violencia contra la prensa y destrucción de material periodístico que están prohibidas por las declaraciones internacionales de Derechos Humanos suscritas por el Estado de Venezuela.  Este ataque a la prensa colombiana acreditada en Venezuela ya está en conocimiento de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El sistemático desprecio de las autoridades venezolanas por la libertad de prensa restringe el derecho a la información y aumenta las condiciones de riesgo de los periodistas que trabajan en este país. A pesar del que el gobierno venezolano desconoce sus obligaciones de respeto a la prensa a partir de acciones autoritarias, nos corresponde  insistir en la exigencia de los valores democráticos.

La declaración de principios sobre libertad de expresión indica que la “intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Por lo anterior, hacemos un llamado especial a la Cancillería colombiana para que siga brindando apoyo a los periodistas que trabajan para medios colombianos en ese país, tomando en cuenta que el respeto por la libertad de prensa es un requisito imprescindible y prioritario en curso las relaciones internacionales.

Solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en su mandato de garantizar el derecho a la libertad de expresión y de prensa, active todos los mecanismos a su disposición que contribuyan a la protección de la periodista Elyangélica González.

Por último, convocamos al periodismo de las américas a sumar esfuerzos solidarios y de unión con el fin de mantener a la comunidad internacional informada sobre lo que sucede en Venezuela. 

El 12 de noviembre de 2016, Aldemar Solano, periodista del blog Garabatos, publicó un artículo titulado “Denuncian acoso y matoneo por parte de la juez de Sesquilé”. En la nota se hace referencia a los presuntos acosos laborales cometidos por la juez Gloria Patricia Mayorga denunciados por algunos de los escribientes que trabajaron anteriormente con ella. La nota informativa publicada por Solano está basada en quejas disciplinarias y testimonios de los afectados.

Días después, la juez interpuso una acción de tutela en contra de Solano por la publicación, solicitando la protección de su dignidad, la honra, el buen nombre, la intimidad y la propia imagen. Sin embargo, el 22 de noviembre de 2016 el Juzgado Penal Municipal de Chocontá declaró que el recurso era improcedente, debido a que Mayorga no había presentado una solicitud de rectificación previa ante el medio.

Luego de que la juez impugnara la decisión, el 25 de enero de 2017 el Juzgado Penal del Circuito de Chocontá falló en segunda instancia a favor de Mayorga y le ordenó al periodista rectificar la información del artículo en las siguientes 48 horas.

Teniendo en cuenta que el periodista no accedió a rectificar la información difundida a través de su blog al contar con los soportes de sus denuncias, el 28 de febrero el Juzgado Penal Municipal de Chocontá declaró en desacato el fallo inicial y sancionó a Solano con cinco días de arresto. El 27 de marzo, el ente judicial confirmó el desacato y, además de la orden de captura, dispuso una multa de un salario mínimo que el reportero debe pagar en los próximos diez días. Adicionalmente, el Juzgado ordenó retirar el artículo publicado por el periodista.

La FLIP rechaza las acciones judiciales que se adelantan en contra de Solano y quiere hacer las siguientes consideraciones frente a las decisiones del Juez Penal Municipal de Chocontá:

• El juez no tuvo en cuenta que Mayorga es una funcionaria pública y, como lo dispone la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, su condición la sitúa en un escenario en el que debe tener mayor tolerancia a la crítica que cualquier otro ciudadano.
• El juez no tuvo en cuenta el trabajo de reportería adelantado por Solano para determinar si la información difundida por el periodista era veraz.

La FLIP rechaza las decisiones arbitrarias que se han tomado en el proceso, ya que contradice los estándares constitucionales de libertad de expresión. En esa medida, la Fundación considera que la sentencia de tutela tiene todo el mérito para ser seleccionada por la Corte Constitucional para revisión.

Ordenar un arresto se convierte en un hecho intimidante que tiene como consecuencia la autocensura por parte del periodista que denuncia hechos de interés público amparado por la libertad de expresión, la orden de eliminación del contenido es una violación constitucional a la prohibición de censura previa. La FLIP solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que Solano cuente con las garantías procesales que no tuvieron en cuenta los jueces colombianos.

La FLIP solicita al juez penal municipal de Chocontá que suspenda la orden de arresto y el incidente de desacato en tanto la CIDH no resuelva la solicitud de medidas cautelares.    

*Actualización

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza los señalamientos estigmatizantes del Frente de Guerra Oriental del ELN contra algunos medios de comunicación.  

En el comunicado, que empezó a circular en el departamento de Arauca el 28 de marzo, la Guerrilla del ELN señala a la Emisora local La Voz del Cinaruco como un medio “funcional” a los militares y califica al portal La Silla Vacía (cuya directora, Juanita León, también preside el Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa) como parte de una “matriz mediática difamadora (…) que llama a golpear al movimiento social para debilitar a la guerrilla”. Estas afirmaciones tienen un efecto intimidatorio a los esfuerzos de hacer periodismo en una región de censura, sitúan al ELN como una organización que está lejos de entender la deliberación pública como un insumo fundamental para la democracia y marcan un efecto inhibitorio en el cubrimiento futuro de las distintas noticias que se presenten en el departamento de Arauca.

El pasado 19 de marzo, La Silla Vacía publicó una historia titulada “El desgane con el proceso del ELN se siente más en Arauca”. Allí este portal señalaba que “diferentes asociaciones sociales, muchas de las cuales guardan alguna afinidad con los postulados políticos del ELN (…) se han empezado a movilizar alrededor del proceso (…). En cambio en Arauca, departamento militarmente clave para el ELN y uno de los fortines políticos de esa guerrilla, todo está congelado”.

Por su parte, en la Voz del Cinaruco, medio local que ha sido víctima del ELN en repetidas ocasiones, se ha dado cubrimiento periodístico a los anuncios del gobierno nacional de incrementar el pie de fuerza militar en la zona. 

En los dos casos, y atendiendo a la coyuntura actual de una mesa instalada de diálogos con el ELN en Quito, las publicaciones de La Silla Vacía y la Voz del Cinaruco no solo son legítimas, sino necesarias en un departamento con obstáculos permanentes para la libertad de prensa. El ELN, con su comunicado, afecta las garantías a este derecho en una región y en un momento crucial donde es necesario el libre flujo de información sobre asuntos de interés público. Contra la Voz del Cinaruco la FLIP ha registrado 9 ataques dentro de los cuales se destacan dos asesinatos de periodistas. 

Los señalamientos del ELN a La Silla Vacía y la Voz del Cinaruco no pueden ser considerados como mensajes de paz. Particularmente porque los estándares internacionales de libertad de expresión y del derecho internacional humanitario son claros en indicar que los periodistas son considerados población civil en el marco de los conflictos armados. Cuando una fuerza rebelde como el ELN les asocia con su enemigo militar (El Estado) deja en condición de riesgo a medios y periodistas.

Resulta cuanto menos paradójico que el ELN, que tanto ha defendido la participación de la sociedad en la mesa de diálogos de Quito, sea quien emite este tipo de señalamientos que lo único que provocan es limitar las posibilidades de que la sociedad colombiana documente, publique y reciba información sobre la difícil situación del departamento de Arauca.

El comunicado de la guerrilla muestra, o que el ELN se resiste a entender que la libertad de expresión y de prensa son la base mínima de la participación social, o que esta guerrilla entiende por “participación de la sociedad” aquella que sólo coincide con sus intereses y visiones de la realidad. En cualquier escenario, el pronunciamiento del ELN afecta el derecho a la información de los colombianos en general y del pueblo araucano en particular.

La FLIP exige al Gobierno Nacional brindar todas las garantías al cubrimiento periodístico en Arauca. De igual forma, hace un llamado a la Mesa de Negociación de Quito para que sus integrantes acaten los estándares de libertad de prensa, esto pasa por abstenerse de hacer señalamientos estigmatizantes, ser tolerantes a las críticas y responder a ellas en el debate público sin atacar a la prensa.  

La FLIP rechaza la agresión verbal contra Karla Arcila por parte de un contratista del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la Casa de Nariño. 

El jueves 23 de marzo la periodista estaba en la Casa de Nariño esperando la autorización para ingresar. En la recepción, el contratista del DNP se acercó a la reportera y, en frente de otros funcionarios y periodistas, le preguntó que si trabajaba para RCN. Cuando Arcila respondió afirmativamente el funcionario le contestó "con razón huele a azufre" y le dio la espalda. La FLIP habló con el contratista, quien confirmó lo ocurrido, lamentó los hechos y reconoció su error. 

La situación fue puesta en conocimiento de la jefe de prensa de Casa de Nariño, Marylin López; el director de Casa Militar, el General Maldonado y el Director del DNP, Simón Gaviria, este último indicó que abrirá una investigación interna.

Para la FLIP es grave que personas que trabajan para el Gobierno, o cualquier entidad pública, incurran en calificaciones estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación. Los estándares internacionales de libertad de prensa imponen obligaciones específicas en cabeza de quienes trabajan para el Estado con el fin de procurar un ambiente favorable a la deliberación pública. 

Es positivo que el contratista haya llamado a la periodista para disculparse. La FLIP no advierte que la agresión contra la periodista haya obedecido a una instrucción de directivos del Gobierno, fue un acto motivado desde el fuero personal. Sin embargo, es importante que sus superiores tomen correctivos para que este tipo de episodios no se repitan. Por esto invitamos al Gobierno Nacional a que públicamente instruya a sus funcionarios y contratistas para respetar la libertad de prensa, ser tolerantes a la crítica y abstenerse de restringir o perturbar la labor periodística, especialmente con los medios que formulan críticas al Gobierno. 

Bogotá, 6 de marzo de 2017

Señoras
Cecilia Álvarez Correa
Gina Parody d’Echeona
Ciudad

Asunto: derecho de rectificación y deberes de las personas con notoriedad con respecto a la prensa.

Como es de público conocimiento, el pasado viernes 10 de febrero, Guillermo Prieto La Rotta, ‘Pirry’, anunció a través de un video que su programa de periodismo de investigación “fue cancelado por el Canal RCN”.

Además de las razones expuestas por Pirry, refrendadas públicamente por las directivas del canal, surgió la hipótesis de que el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, habría influido en el que canal tomara esta decisión. Lo anterior teniendo en cuenta que hay coincidencia entre una de las investigaciones adelantadas por el equipo de Pirry -que cuestionaba la legalidad de algunas actuaciones del senador- y la decisión de cancelar el relanzamiento del espacio por parte del canal RCN. La Fundación para la Libertad de Prensa – que decidió esperar a que los hechos se decantaran para hacer un análisis de lo sucedido – manifiesta lo siguiente.  

Anualmente la FLIP publica el Informe sobre el estado para la Libertad de Prensa en Colombia el 9 de febrero, día del periodista. En 2016, en medio de un año decisorio para la búsqueda de paz en Colombia, los reporteros se enfrentaron al secuestro, a las agresiones, a la persecución y a nuevas formas de censura que están imponiendo más obstáculos para informar con libertad.

El 28 de septiembre, en la Resolución No. 048, la Fiscalía General de la Nación, declaró que los asesinatos de estos tres periodistas, y de otros defensores de derechos humanos, eran de lesa humanidad. Con ello se ratificó que estos crímenes fueron planeados por la Fuerza pública y los grupos paramilitares dentro un patrón sistemático y generalizado que usó el Estado colombiano en contra de la población civil.

El 7 de septiembre de 2014 prescribió el caso del periodista Martín Eduardo Múnera del Río, quien fue asesinado en Medellín hace 20 años cuando se desplazaba hacia la emisora Radio Reloj en donde era locutor. Además, Múnera era vicepresidente nacional del sindicato de Caracol.

Durante los meses de julio y agosto la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró 14 ataques y 15 periodistas víctimas, 10 casos menos que en el bimestre (mayo - junio) inmediatamente anterior. Un descenso significativo aunque preocupante porque eleva a 109 el número de ataques y a 132 los periodistas perjudicados en lo que va del 2014. Además, porque se documentaron ataques especialmente delicados, como el intento de homicidio contra la periodista Amalfi Rosales en el municipio de Barrancas, en La Guajira; o el ataque contra el periodista Javier Osuna, a quién le quemaron sus equipos con valiosa información periodística.  

Fecha: 15 de septiembre de 2014

Lugar: Auditorio Luis Carlos Galán. Universidad Javeriana (Carrera 7 Nº 40-62)

Hora: 8:00 a.m. a 12:30 m.

En medio de la buena presentación de la Selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014, la Federación Colombiana de Futbol (FCF) convocó el pasado domingo, 6 de julio, a una celebración de bienvenida de la delegación futbolística. En el marco de dicha celebración, la FLIP recibió reportes sobre restricciones al cubrimiento periodístico.

A pesar de las numerosas campañas, tanto de organizaciones civiles como de autoridades nacionales, los funcionarios regionales obstaculizaron, tal y como pasó en las elecciones legislativas, la labor de los periodistas durante el cubrimiento electoral presidencial.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) resalta de manera positiva que durante las elecciones presidenciales, tanto en primera como en segunda vuelta, las agresiones contra la prensa disminuyeron significativamente, en comparación con la jornada electoral para elegir Congreso. En las dos fechas se registraron siete casos y la mayoría de ellos pudieron resolverse sin afectar seriamente el trabajo periodístico, frente a los 11 casos registrados el pasado 9 de marzo.

La revolución digital ha transformado las más básicas relaciones humanas, llevando a debate cómo los derechos y libertades fundamentales de miles de usuarios se garantizan en la era digital. La libertad de expresión se ha visto especialmente comprometida  en esta transición. ¿Cuál es el estado de este derecho en Internet?

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión trabaja, desde su creación en 1997, en la promoción y protección del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión en el continente americano. Uno de los mecanismos con los que cuenta para cumplir con su mando es la elaboración de Informes temáticos, el más reciente es el informe sobre “Libertad de Expresión e Internet”.

Dicho texto se divulgará el día 16 de junio de 2014 en un evento online liderado por la Oficina de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, coordinado por la Fundación Karisma y moderado por ADC de Argentina. En este evento participarán organizaciones de la sociedad civil de la región, con colaboraciones especiales desde España y Reino Unido.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Centro de Estudios de Justicia y Sociedad (Dejusticia), la Misión de Observación Electoral (MOE) y Andiarios, manifiestan su preocupación por las nuevas propuestas de reforma a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas inquietudes fueron presentadas por medio de una carta enviada hoy, 3 de junio de 2014, a la Canciller Colombiana, María Ángela Holguín.

El hangout: Periodismo y Paz. 'La nueva agenda para narrar las realidades del país', se realizará el miércoles, 28 de mayo de 2014, y tiene como objetivos realizar un acercamiento al concepto de periodismo de paz, con el fin de tener mayor claridad frente a la nueva agenda periodística en Colombia de cara al posconflicto. La transmisión en línea se realizará a través de www.plataformadeperiodismo.com de 2:00 a 3:00 p.m.

El conversatorio tiene como objetivos realizar un acercamiento al concepto de periodismo de paz, y tener mayor claridad frente a la nueva agenda periodística en Colombia de cara al posconflicto. La jornada se realizará el miércoles 28 de mayo de 2014 en la sala ‘Walter Benjamín’ del Centro Ático de la Universidad Javeriana de Bogotá, a partir de las 8:30 a.m.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Plataforma de Periodismo, Consejo de Redacción y la Misión de Observación Electoral (MOE) invitan al espacio de formación digital “Prensa y elecciones. Lo que los periodistas deben saber”. Este hangout se realizará el miércoles, 21 de mayo de 2014, de 11 am. a 12 m. y se desarrollará a través de www.plataformadeperiodismo.com.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) realizará dos talleres en Caucasia, Antioquia, dentro de la jornada por la libertad de prensa en el Bajo Cauca.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alerta que durante los meses de marzo y abril se registraron 36 violaciones contra la prensa, catorce más que en los dos primeros meses del año. En ese periodo se registraron 10 amenazas y 16 obstrucciones, doce durante el cubrimiento de elecciones.

En conmemoración del Día Mundial de la Prensa, el Proyecto Antonio Nariño (PAN)*, Unesco Quito, la Alianza Más Información Más Derechos, Consejo de Redacción y  la Universidad Javeriana, tienen el gusto de invitarlo este 6 de Mayo al debate "Nueva Ley de Acceso a la Información, ¿en qué quedamos?".

El paso de Gabriel García Márquez hacia la eternidad es una noticia dolorosa para el mundo literario y humanista; para el periodismo; para Latinoamérica; Colombia y las regiones que él como nadie supo describir y contar.

El pasado 20 de marzo de 2014, la Fiscalía General de la Nación adelantó una diligencia de gran importancia dentro de la investigación por tortura efectuada desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) contra la periodista Claudia Julieta Duque, en la que un ex funcionario de esta organismo de inteligencia, Jorge Armando Rubiano Jiménez, aceptó su responsabilidad por el cargo de tortura agravada. De esta forma, la justicia colombiana cuenta hoy con todos los elementos para producir la primera condena por tortura contra una periodista.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza dos agresiones que se presentaron en los últimos días por parte de agentes de la Policía contra los periodistas Manuel Sánchez, en la ciudad de Cali, y contra el fotógrafo Francisco Alvarado, en el municipio de Chía, Cundinamarca.

En el marco de las 150 sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se están llevando a cabo en Washington D.C desde el 20 de marzo de 2014, la Alianza por la Libertad de Expresión en América Latina y el Caribe (IFEX - ALC), de la que hace parte la FLIP, realiza la presentación del informe Rostros y Rastros de la libertad de expresión en Latinoamérica y el Caribe. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para exigir su derecho a la información como un derecho fundamental. Con esta ley, Colombia se alinea a la tendencia regional de legislación sobre el derecho de acceso a la información que lideran México, Chile y más recientemente Brasil.

Este domingo, 9 de marzo de 2014, se llevarán a cabo las elecciones parlamentarias en todo el país. La FLIP ha podido constatar que durante las últimas jornadas electorales es común que ocurran limitaciones ilegítimas contra la prensa.

El año del rastreo de datos

La innovación, el rastreo de datos, la edición de investigaciones de alta complejidad, la indagación a empresas y la reportería de temas afines al conflicto y la paz serán los ejes centrales del VII Encuentro de Periodismo de Investigación organizado por Consejo de Redacción, la organización colombiana sin ánimo de lucro que reúne a los profesionales de este oficio.

La FLIP quiere invitar a la exposición ‘Restricciones a la prensa en Colombia 2013’, que se encontrará exhibida del 4 de marzo al 30 de marzo en el Centro de Memora, Paz y Reconciliación (Cra. 19B No. 24-86, Bogotá).

Andiarios, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Proyecto Antonio Nariño (PAN) y La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH (OEA, Washington) invitan al encuentro sobre justicia y libertad de expresión en Colombia. 

Evento dirigido a periodistas, abogados, fiscales y jueces, y organizaciones con interés en la libertad de expresión y los Derechos  Humanos, así como a estudiantes de carreras afines a estos temas.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) publica este 11 de febrero su informe anual ‘Protestas: Sin garantías para cubrir’, en el que hace una radiografía de la situación de la libertad de prensa en Colombia en 2013. Durante este año la FLIP registró 123 agresiones directas contra la prensa, dentro de ellas causan especial preocupación los asesinatos del periodista Edinson Molina, en Puerto Berrío (Antioquia), y del reportero y voceador José Darío Arenas, en Caicedonia (Valle del Cauca).

La Fundación para la Libertad de Prensa-FLIP y la Fundación Karisma rechazan los diferentes bloqueos que se están presentando en las cuentas de YouTube de medios de comunicación colombianos a solicitud de la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional, asociada al partido político MIRA, por la alegada violación de derechos de autor al publicar el video “María Luisa Piraquive, fundadora del partido MIRA dice que al púlpito no deben subir discapacitados”.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA  y La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) realizarán en la ciudad de Bogotá, el Seminario sobre Reparación a la Libertad de Expresión en el Sistema Interamericano para periodistas. Este evento académico estará liderado por Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la OEA.

El próximo martes, 11 de febrero, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) realizará la presentación de su informe anual 2013 ‘PROTESTAS: Sin garantías para cubrir’. Evento que se llevará a cabo dentro de la Semana por la Libertad de Prensa, con el conversatorio ‘Libertad de prensa en Colombia en 2013 y desafíos para el futuro’.

El conversatorio tendrá lugar en el auditorio Jaime Hoyos, edificio 95 de la Universidad Javeriana (Carrera 5 No. 39- 00), de 8:30 a 11:30 de la mañana. Entrada libre.

"Un sinnúmero de ciudadanos, artistas, blogueros, músicos y periodistas han sido acosados, amenazados, torturados, intimidados, encarcelados, y peor aún, por ejercer su derecho humano fundamental a la libertad de expresión. La mayoría de los crímenes contra la libertad de expresión quedan impunes.

A propósito del Día Mundial de la lucha contra la Impunidad, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) quiere llamar la atención sobre la falta de justicia en amenazas y agresiones contra periodistas.

La FLIP ha visto que en los últimos años se ha reducido el número de asesinatos de periodistas por razones de su oficio. Paradójicamente, la cantidad de amenazas contra la prensa sigue creciendo. De esta forma, junto a los 2 asesinatos registrados por la FLIP durante el 2013, se ha tenido conocimiento de 46 amenazas que han afectado a 62 periodistas y un total de 17 agresiones contra 36 periodistas.

Cuando se habla de la impunidad de agresiones contra la prensa en Colombia, es inevitable referirse al conflicto armado y a los procesos de justicia transicional que se han derivado de esta situación.

De acuerdo con la Unidad de Justicia y Paz de  la Fiscalía, sólo se registran 10 casos de asesinatos de periodistas atribuidos a paramilitares y uno relacionado con desmovilizados de las FARC. Situación que contrasta con la proporción de asesinatos atribuibles a dichas estructuras. De 142 periodistas asesinados por razones de oficio que registra la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 50 podrían tener como autores a grupos armados al margen de la ley, 30 casos se atribuyen a organizaciones paramilitares, 13 a las FARC y 7 casos al ELN.

El 23 de noviembre se conmemora el día mundial de la lucha contra la impunidad. “Este día marca el aniversario de la masacre de Ampatuan en el 2009, cuando 58 personas - incluidos 32 periodistas y trabajadores de los medios - fueron asesinados en Filipinas”.

Tomado de: Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

Miami (22 de octubre de 2013).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) finalizó hoy su 69ª Asamblea General, en la que evaluó y aprobó sus conclusiones sobre el estado de la libertad de prensa en el hemisferio occidental.  

Aumentan los desafíos para transmitir información sobre el estado de garantía de los derechos humanos. La libertad de expresión, base fundamental del trabajo de la FLIP, ajusta y renueva su promoción en Colombia a través de éste nuevo portal.

Foto tomada de: El Tiempo

Hoy, 8 de octubre de 2013, iniciaba el juicio contra Jorge Noguera Cotes, ex director del extinto  Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por escándalo de las ‘chuzadas’. No obstante, la Corte Suprema decidió declarar prescritos los delitos relacionados con la intervención de comunicaciones a periodistas y opositores. Esto quiere decir que se venció el tiempo para investigar y sancionar. El juicio se dará únicamente por los delitos de concierto para delinquir y abuso de poder con relación a hechos ocurridos en el exterior.

Por: Emmanuel Vargas

Tomado de: Las2Orillas.com

Anoten en su calendario este día: el sábado 28 de septiembre es el día mundial del derecho a saber. Este derecho consiste en que cada ciudadano está en la capacidad de exigir que se le informe sobre aspectos que le interesen, ya sea porque quiere lograr un cambio, o por simple curiosidad.

Desde el pasado 20 de junio, fecha en la que la FLIP registró la primera agresión contra un periodista durante el cubrimiento de la protesta social en la región del Catatumbo; y en un lapso de dos meses, se han documentado trece ataques contra la prensa que han dejado un saldo de 26 periodistas víctimas.

La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, celebra la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de absolver al periodista Luis Agustín González por el delito de injuria.

González, director del periódico Cundinamarca Democrática, había sido denunciado en 2008 por la ex congresista Leonor Serrano de Camargo, tras publicar un editorial en el que cuestionaba sus aspiraciones políticas. En la decisión de primera y segunda instancia, el periodista fue encontrado culpable y condenado a 18 meses de prisión y al pago de 17 salarios mínimos.

En el marco de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la FLIP quiere llamar la atención sobre los graves casos contra periodistas que se han presentado en los últimos meses en Colombia.

El pasado 13 de abril el periodista Yesid Toro del diario Q’hubo, se vio obligado a salir de Cali luego de recibir serias amenazas tras la publicación de su libro: ‘Complot para matar al Diablo’, que cuenta la historia de un reconocido sicario caleño ya asesinado. Las propias autoridades locales le sugirieron al periodista salir de la región, por un tiempo, debido a la gravedad de las amenazas.

Hasta el martes 7 de mayo se extiende la convocatoria para participar en el Premio "Verdades ocultas, lo que nadie se ha atrevido a contar". Dirigido a jóvenes periodistas de nacionalidad colombiana, entre 18 y 30 años de edad, que quieran postular sus trabajos periodísticos en prensa, radio, televisión o internet, cuyo eje temático sea la libertad de expresión.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, instó hoy a todos los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a que la reforma del sistema interamericano de protección de derechos humanos no afecte su independencia y su capacidad de defender a las víctimas y a las personas en riesgo de violaciones de derechos humanos.

El diplomado “Política de paz, conflictos armados y medios de Comunicación”, obedece a la necesidad de contar con un espacio académico en Colombia para la reflexión y el estudio del quehacer de los comunicadores sociales en relación con la paz y el conflicto. Además de temas de reflexión ética y jurídica, el diplomado ofrece una serie de talleres con el fin de fortalecer la formación de los profesionales de cara los retos de cubrir la guerra y la paz.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos – SIDH, es uno de los principales referentes en la promoción, protección y amparo de los derechos humanos en la región.

La libertad de expresión, pensamiento y opinión ha sido uno de los derechos que ha tenido un papel protagónico en la gestión de los dos organismos principales del SIDH: La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ésta última creó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, siendo la única que tiene un mandato especial y permanente.

La Fundación para la Libertad de Prensa-FLIP publica este 9 de febrero, día del periodista, su informe anual en el que hace una radiografía de la situación de la libertad de prensa en el 2012. La FLIP ve con preocupación que se hayan registrado un total de 158 agresiones directas contra periodistas en el ejercicio de su oficio, entre las que se incluye el asesinato de Guillermo Quiroz en San Pedro, Sucre; el atentado contra Fernando Londoño en Bogotá; la amenaza colectiva a 10 periodistas de Santa Marta, Magdalena; el desplazamiento forzado de 6 reporteros y el exilio de uno. 

Si bien las condiciones de seguridad para periodistas en otros países de América Latina, como México, Honduras y Brasil son muy delicadas, Colombia es uno de los lugares más peligrosos para el periodismo, especialmente a nivel local. Igualmente preocupa el estado de impunidad en que se encuentran varias investigaciones. 

En 2012 prescribieron dos casos de asesinatos de periodistas: el de José Domingo Cortés Soto, del Diario del Otún, baleado el 15 de noviembre de 1992 en Valencia, Córdoba; y el de John Félix Tirado Castañeda de la emisora Ondas del Urrá, ocurrido el 5 de agosto del mismo año en Cartago, Valle. Esto significa que, de los 140 periodistas asesinados desde 1977, hay 59 casos que ya prescribieron. 

Las investigaciones por las interceptaciones y seguimientos a periodistas por parte del DAS, parecen haber entrado en un letargo. Se dieron condenas contra mandos medios de la entidad, pero las investigaciones a funcionarios de alto nivel siguen sin mostrar avances. 

Por otro lado, se destacan ciertos avances en el caso de Jineth Bedoya, que fue declarado crimen de lesa humanidad, así como en los de Orlando Sierra y Jaime Garzón, ambos en etapa de juicio.

La FLIP registró el incremento de procesos judiciales contra periodistas como método de censura. En el 2012 la inquietud ha llegado al extremo con la condena dada por el Tribunal Superior de Cundinamarca contra el periodista de Fusagasugá, Luis Agustín González, por el delito de injuria tras cuestionar en un editorial las aspiraciones políticas de una reconocida dirigente del departamento. Igualmente notorio, entre otros, fue el caso ocurrido en agosto, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anunció una denuncia penal contra la columnista de El Espectador, Cecilia Orozco, por criticar el trabajo de esta Corporación. Al final, la Corte se retractó. 

La FLIP destaca que en el 2012 los roces entre periodismo y fuerza pública se acentuaron. La muerte de Guillermo Quiroz involucró a miembros de la Policía en hechos que están por esclarecerse. A su vez, se dieron agresiones en Bogotá, Arauca y Santander. Por otro lado, se resalta la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de condenar a Colombia por las agresiones cometidas por miembros del Ejército al camarógrafo Richard Vélez, en 1996, y por la falta de justicia en el esclarecimiento de los hechos. 

Por último, en el 2012 se dieron algunos avances en el reconocimiento de los periodistas que han sido afectados por el conflicto. En el marco de la Ley de Víctimas, la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas reconoció a los periodistas como una población beneficiaria de reparación colectiva y, la Alcaldía de Bogotá, a través del Centro de Memoria Distrital, hizo un monumento a los afectados por el conflicto, dentro de las que se incluyó a los periodistas.

Lea aquí el informe completo en línea.

La situación de libertad de libertad de prensa en la regiones difícilmente se conoce en las agendas de los medios nacionales. Por ello, se hace necesario generar espacios de reflexión para dar visibilidad a las principales problemáticas del periodismo regional. 

"Por segunda vez se hunde un intento gubernamental para modificar las normas que regulan el uso de Internet a favor de los derechos de autor. Bastaría con un debate abierto y amplio, pero este gobierno no aprende…" Por: Pilar Sáenz. Vía: Razón Pública.

Hasta el próximo viernes 16 de noviembre tendrás plazo para postularte a la convocatoria para participar en el II Seminario para Periodistas sobre Políticas de Drogas en América Latina, que se realizará el 4 de diciembre de 2012 en Bogotá, en el día previo a la IV Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas. 

La Asociación Civil Intercambios de Argentina amplió la fecha de inscripción y recepción de documentos para participar en el Concurso Premio Latinoamericano de Periodismo sobre Drogas 2012, hasta el próximo viernes 2 de noviembre, a las 12 am (hora de Buenos Aires), con el fin de que más periodistas de América Latina y el Caribe tengan la oportunidad de participar y dar a conocer sus trabajos periodísticos. 

La XV Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC) invita a periodistas colombianos menores de 35 años a postularse a la iniciativa Jóvenes Periodistas IACC que brindará la oportunidad a cerca de 15 periodistas de las Américas de trabajar con la unidad de medios de comunicación IACC, que transmitirá la Conferencia a través de medios sociales y diversos canales de comunicación.

Del 14 al 17 de octubre la FLIP estará presente en la Séptima Asamblea del Movimiento Mundial para la Democracia, que se lleva a cabo en Lima, Perú. El tema central de esta versión es: Democracia para Todos: Garantizar la inclusión política, social y económica. 

La campaña Víctimas y Derechos, Hasta Encontrarlos, invita a jóvenes periodistas y fotógrafos a participar en el Primer concurso periodístico in-VISIBLES sobre ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada.

Ver en adjunto las Bases del concurso.

Es un placer para la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP- anunciar el lanzamiento del portal informativo laotraorilla.co realizado por periodistas freelance colombianos, que han sido víctimas de amenazas y, en algunos casos, de desplazamiento.

"El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) está en peligro. Algunos Gobiernos han cuestionando las competencias, facultades, procedimientos, prácticas y decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si bien es necesario profundizar la efectividad y el alcance de este sistema, en el debate que se desarrolla en la Organización de Estados Americanos (OEA) se manifiesta la intención de algunos Estados de limitar la capacidad y disminuir las atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por una iniciativa de periodistas se está invitando a apoyar a Cecilia Orozco y María Jimena Duzán, incluyendo su firma en la carta que encontrarán a continuación. Quienes estén interesados en firmar, por favor enviar sus datos al correo: info@flip.org.co

Esto fue lo que dijo Ignacio Gómez, presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa, a Caracol Radio, frente a las declaraciones que dio el presidente de la República, Juan Manuel Santos, durante la 49° Asamblea Nacional de Confecámaras, donde afrimó que: " Si no existieran medios de comunicación, no existiría terrorismo "

Esta intervención fue presentada por la Fundación para la Libertad de prensa junto a la Fundación Karisma, por las posibles vulneraciones a la libertad de expresión y el acceso a la información, en los artículos 6 y 13 de dicha ley.

Orfandad: esa es la realidad de los defensores(as) de derechos humanos en Colombia para su ejercicio. Las cifras del Programa Somos Defensores demuestran que el nivel de amenaza contra la vida de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, crece de manera exponencial, trabajando en caminos solitarios, sin acompañamiento del Estado y desinterés desde la ciudadanía por su trabajo y por su seguridad. 29 asesinados, 3 desaparecidos y más de 31 huérfanos producto de estas acciones violentas.

Son cinco puntos los que preocupan a las organizaciones firmantes. La posición fue enviada a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que se reúne hoy en Bogotá. Ya se habilitó la página www.reformasidh.org para que la ciudadanía conozca la importancia de defender el Sistema Interamericano.

La FLIP repudia un nuevo ataque con explosivos en el cual resultó herida Paola Osorio, locutora de la emisora comunitaria Sarare Estéreo; en Arauca.

Los hechos sucedieron ayer viernes a las diez de la noche en Saravena, Cuando desconocidos lanzaron una granada de fragmentación, presuntamente, contra un puesto de avanzada del primer anillo de seguridad dela Policía Nacional. El explosivo detonó a unos metros de la Emisora e hirió a la locutora que salía en ese momento de las instalaciones.

Centro Latinoamericano de Periodismo 

Conozca el comunicado emitido por el Dr. Frank La Rue, Relator Especial de Naciones Unidas para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, frente al atentado que sufrió el exministro Fernando Londoño, el pasado miércoles 16 de mayo.

La Coordinación de agencias Diálogo Inter Agencial en Colombia DIAL, se permite informar la apertura de postulaciones al “PREMIO NACIONAL A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA” en su primera edición, desde el 26 de abril hasta el 4 de junio.

El próximo 3 de mayo, el Proyecto Antonio Nariño - PAN y Consejo de Redacción, con el apoyo de El Mundo, Unesco y UNDEF, invitan al debate sobre las nuevas formas de regulación de medios de comunicación y libertad de expresión en Colombia. Con la participación de Carlos Cortés, Investigador del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información -CELE- de la Universidad de Palermo; Juan Carlos Garzón, Docente y experto en regulación de medios de Colombia; Santiago Rocha, @tiranozurdo, Creador de Pequeño Tirano y, como moderador, Jaime Abello Banfi, Director General Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano.

Hoy, 26 de abril, fue presentada la demanda de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Cundinamarca, que condenó al periodista Luis Agustín González en febrero de este año a 18 meses de prisión y al pago de 18 salarios mínimos, al considerar que injurió a la ex senadora y líder política Leonor Serrano de Camargo, en un editorial publicado en el periódico Cundinamarca Democrática en 2008.

Hoy, 29 de febrero, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca ratificó la condena contra el periodista Luis Agustín González por el delito de injuria y lo absolvió por el de calumnia. El Tribunal modificó la condena inicial de 20 meses de prisión y el pago de 20 salarios mínimos, por una de 18 meses y 18 días de prisión, y 17 salarios mínimos. El periodista había sido condenado, en primera instancia, por un juez en Fusagasugá, por la publicación de un editoral, en 2008, que cuestionaba las aspiraciones políticas de la ex gobernadora de Cundinamarca, Leonor Serrano de Camargo.

Mañana, 29 de febrero, a las 9 a.m., la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca  leerá el fallo en segunda instancia en el caso del periodista Luis Agustín González, acusado por los delitos de injuria y calumnia. El periodista había sido condenado por un juez en Fusagasugá, por la publicación de un editoral en 2008 que cuestionaba las aspiraciones políticas de la ex gobernadora de Cundinamarca, Leonor Serrano de Camargo.

El próximo jueves 9 de febrero, día del periodista, queremos invitarte a la presentación del informe de la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP - 2011:\'¿La censura en las regiones llegó para quedarse?\', y al debate sobre la protección a periodistas en Colombia y América Latina, con la participación de Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la OEA; Ignacio Gómez, presidente de la FLIP y subdirector de Noticias UNO; Jacinto Rodríguez, periodista mexicano, fundador y coordinador editorial de la Revista independiente Eme-equis; Fausto Ríos, corresponsal de Teleantioquia en Guarne (Antioquia), cobijado por el Programa de Protección a Periodistas del Estado; Andrés Villamizar, director general de la Unidad Nacional de Protección, adscrita al Ministerio del Interior y, como moderadora, Claudia Morales, editora de Enfoque de la Revista Semana.

La Fundación para la Libertad de Prensa, miembro de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, presentó en el caso “Néstor José y Luis Uzcátegui y otros Vs. Venezuela” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en calidad de Amigos del Tribunal (Amicus Curiae) un documento en formato no convencional (audiovisual) que contienen los testimonios de 6 casos de 6 países que cuentan con procesos penales por sus opiniones.

La FLIP condena el uso abusivo de mecanismos jurídicos para coartar el trabajo informativo del periodista Jaime Moreno de CM&. El abuso del derecho penal puede llegar a ser un arma para intimidar y coartar la libertad de prensa.

La Fundación para la Libertad de Prensa, en el marco del Proyecto No. EIDHR/2010/226-579, titulado: “Fortalecimiento de las garantías para el ejercicio de los derechos de libertad de pensamiento, expresión y agrupación pacífica de las organizaciones de la sociedad civil, de los defensores de derechos humanos y de los medios de comunicación en Colombia”, financiado por la Unión Europea, y administrado por Diakonia y sus socios,lo invita a participar en la convocatoria para el fondo de subvenciones en Cascada que dará apoyo económico, de hasta 10.000 Euros, a pequeñas iniciativas locales en las regiones consideradas de mayor riesgo para el trabajo de los Defensores y Defensoras de DDHH, organizaciones sociales y comunicadores en Colombia.

En el marco de la campaña Víctimas y Derechos. Haz lo Justo, hasta encontrarlos, liderada por Intermon Oxfam, se llevará a cabo la conferencia: La Guerra No Es un Espectáculo. Aprendizajes en Torno a la Desaparición Forzada, a cargo del Periodista español Gervasio Sánchez, gran conocedor de conflictos armados en los últimos 25 años y quien recientemente inauguró en España la exposición: Desaparecidos.

La FLIP presenta su informe sobre el estado de la libertad de prensa durante el proceso electoral 2011, donde se documentan todas las agresiones contra la prensa relacionadas con el cubrimiento del proceso electoral y las campañas políticas.

Cuál es el papel de los medios de comunicación en las transiciones políticas.

Expertos internacionales y periodistas de todo el país se reúnen a debatir sobre el tema en un espacio convocado conjuntamente por organizaciones nacionales y la cooperación internacional

Hoy, 4 de agosto, el canal regional Telecaribe sacará del aire su señal durante cuatro minutos. Igualmente, 850 emisoras comunitarias del país silenciarán sus voces a las 12 del mediodía. Estas protestas organizadas en el marco de la jornada “Un silencio para escuchar”, del Colegio Nacional de Periodistas CNP, son la forma como los periodistas celebran su día en Colombia.

La Fundación para la Libertad de Prensa, miembro de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, junto con el resto de sus integrantes, se presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en calidad de Amigos del Tribunal (Amicus Curiae) en el caso “Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador”, que lleva adelante el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Dr. Mario Melo. Esta intervención se hizo enfocándose en transparencia activa que incumplió el gobierno de Ecuador para brindar información a la comunidad kichwa.

El autor británico George Orwell escribió que la libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír. Afortunadamente en Colombia, hay quienes están dispuestos a decir cosas que no quisiéremos escuchar, pero que como sociedad necesitamos saber. Lastimosamente, hay quienes por décadas los han querido silenciar.

• Solo han sido condenados 5 autores intelectuales de asesinatos a periodistas desde 1977.

• Dos periodistas fueron asesinados en 2010.

De los 138 casos de periodistas asesinados por razones de su oficio desde 1977 hasta 2010, 19 están cerca de prescribir y 46 ya prescribieron. Es decir, el 90% de los casos de periodistas asesinados antes de 1991 quedaron impunes. Así lo revela el informe sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia 2010: "El olvido de la Justicia", que presentó hoy la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en conmemoración del día del periodista. 

Hasta el momento, solo se conocen cinco sentencias condenatorias a autores intelectuales por homicidios a periodistas, ocho sentencias absolutorias y 29 casos permanecen estancados en investigación preliminar. Por otro lado, en el caso de las amenazas, no existe en Colombia una sola condena contra alguien por atentar de esa manera contra la vida de un periodista.

Durante el 2010 se presentaron los lamentables asesinatos de los periodistas, Clodomiro Castilla en Montería, Córdoba; y Rodolfo Maya Aricape en Caloto, Cauca. Castillo era reconocido por denunciar la presencia de grupos armados ilegales en sus regiones y Maya era un reconocido comunicador y líder comunitario. La FLIP también documentó 51 casos de amenazas contra periodistas durante el año, varios atentados contra instalaciones de emisoras radiales, los avances judiciales por los seguimientos e interceptaciones ilegales hechos por el DAS contra periodistas y la difícil situación que se vive en Córdoba para ejercer el periodismo. 

Igualmente, la FLIP subraya con preocupación el incremento de denuncias penales, sin justa causa, por injuria y calumnia contra periodistas. Se documentaron 10 casos a lo largo del año donde la mayoría de denuncias son de líderes políticos o funcionarios públicos.

Finalmente, se señala que durante el 2010 se aprobó la ley 1426 que aumentó a 30 años la prescripción de homicidios a periodistas, sin embargo esta ley no tiene carácter retroactivo. Asimismo, la FLIP destaca la declaración como crimen de lesa humanidad del asesinato del ex director de El Espectador, Guillermo Cano, sucedido en 1986 y la vinculación de los líderes políticos Ferney y Dixon Tapasco al proceso por el homicidio del periodista Orlando Sierra, ocurrido en el 2002.

Vea aquí el informe completo en línea.

Por cuarto año consecutivo se entregaron los premios de periodismo Semana –Petrobras, el país contado desde las regiones. Más de 650 trabajos de todo el país participaron en las 9 categorías.

Este año el periodista y director del Periódico La Tarde de Santander, Diro César González, recibió el premio Orlando Sierra al Coraje de un periodista, Según el jurado, “pese a las adversidades, el desplazamiento, el acoso permanente y el veto económico de los gobiernos de turno en Barrancabermeja, Diro César continua adelante haciendo un periodismo responsable, de alto riesgo, siempre en defensa de la vida, liderando las causas nobles de los sectores débiles de la ciudad y de la región”.

Ginebra (FLIP/ IFEX). Una delegación de IFEX- ALC (red de 17 organizaciones en América Latina y el Caribe que promueven y defienden el derecho a la libertad de expresión en los países de la Región. La delegación está encabezada por C-Libre, Article XIX, Amarc y la FLIP), está presente en el Examen Periódico Universal de Honduras que se llevará a cabo el próximo jueves 4 de noviembre, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, manifestando su preocupación sobre la situación de libertad de expresión en el país centroamericano.

Mañana, 28 de octubre de 2010, La Escuela de Periodismo de la Universidad de Missouri hará entrega de su tradicional Medalla de Honor a la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en reconocimiento a su labor en la defensa de la libertad de prensa. El premio será recibido por Ignacio Gómez, presidente de la FLIP.

Desde 1930, la facultad se ha encargado de premiar anualmente a aquellos personajes, medios u organizaciones internacionales que han contribuido de manera positiva al ejercicio del periodismo.

Un grupo internacional de medios de comunicación premió el martes a cuatro mujeres periodistas de Colombia, México, Tíbet y Tanzania por su valentía para enfrentar intimidación, amenazas y violencia.

Claudia Julieta Duque, reportera e investigadora de radio en Colombia, quien fue secuestrada en dos ocasiones y ha sido víctima de varias amenazas en su contra; Tsering Woeser, escritora y poetisa tibetana; y la periodista independiente Vicky Ntetema, quien investigó encubierta la matanza de albinos en Tanzania, recibieron el Premio Valentía en el Periodismo 2010 por parte de la Fundación Internacional de Mujeres en Medios de Comunicación.

El 28 de octubre de 2010, La Escuela de Periodismo de la Universidad de Missouri hará entrega de su tradicional Medalla de Honor a la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en reconocimiento a su distinguida labor en defensa de la libertad de prensa.

México D.F., 15 de septiembre de 2010.- Durante los días 9 y 10 de septiembre de 2010, organizaciones internacionales y mexicanas dedicadas al tema de la libertad de expresión se reunieron en la Ciudad de México con el fin de compartir experiencias y buenas prácticas en materia de seguridad para periodistas y explorar posibles acciones coordinadas de protección a largo plazo que den respuesta a las necesidades de seguridad de las y los periodistas mexicanos.

Anoche, 6 de septiembre de 2010, la Fiscalía General de la Nación emitió orden de captura en contra del periodista colombiano William Parra Jaimes, quien trabajó hasta hace unos años como corresponsal de la cadena internacional de televisión TeleSur. A Parra se le acusa de tener vínculos con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Quedan sólo 11 días para el cierre de inscripciones a la cuarta edición del Premio de Periodismo Semana-Petrobras, una iniciativa diseñada exclusivamente para incentivar y reconocer el trabajo valiente y difícil de los periodistas.

Este año habrá premios entre 6 y 15 millones de pesos por categoría y además, los trabajos ganadores serán publicados con firma en la edición impresa de la revista Semana.

El pasado 27 de julio de 2010, la Secretaría de Estado del gobierno de Estados Unidos anunció su decisión de reversar la negativa de permiso migratorio para el periodista colombiano Hollman Morris.

La FLIP celebra la decisión de las autoridades migratorias estadounidenses de otorgar la visa al periodista Morris, por cuanto se trata de un reportero con una importante trayectoria en el ámbito periodístico colombiano y latinoamericano. Además, su interés por ingresar a los Estados Unidos se debe a que seguirá capacitándose gracias a una beca a la que se hizo acreedor en la Universidad de Harvard.

La Fundación para la Libertad de Prensa expresa su profunda preocupación por la forma como se ha venido tramitando la expedición del proyecto de ley que busca imponer sanciones a los medios de comunicación por infracciones contra la Ley de Infancia y Adolescencia.

La ONG Global Exchange invita a la presentación del estudio:
"Análisis del programa Familias en Acción en el marco de los procesos electorales en Colombia"

Fecha: martes 15 de junio de 2010
Hora: 2:30 p.m.
Lugar: Hotel Crown Plaza Tequendama – Salón Bolívar

Por cuarto año consecutivo la Revista Semana y Petrobras se unen para premiar el talento y el trabajo periodístico en las regiones del país con su Premio de Periodismo Semana – Petrobras, el país contado desde las regiones, que tiene como socio al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, a la Agencia de cooperación Española- AECID y al Programa Promoción de la Convivencia. Igualmente, este año la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP, apoya esta iniciativa en la categoría de homenaje a través del Premio Orlando Sierra al coraje de un periodista regional.

El pasado 30 de mayo de 2010, dos equipos periodísticos del Caracol Noticias y el noticiero 90 Minutos fueron secuestrados por cerca de 50 minutos por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los hechos ocurrieron en la carretera que del corregimiento de El Palo conduce a Toribio, en el departamento del Cauca, al sur occidente del país.

El pasado miércoles 19 de mayo de 2010, el Gobierno Nacional expidió el decreto 1740 que reglamenta el funcionamiento de la política de protección de personas que se encuentren en situación de riesgo y el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CRER).

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) le envió una carta al Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, para solicitarle a la Registraduría, que le haga un llamado a todos sus funcionarios a garantizar y respetar el oficio de los reporteros el próximo 30 de mayo, día de las elecciones presidenciales, tal y como lo exige la Constitución y la ley.

Ya está disponible el documental Colombia 2010 “VI Informe de Verificación de los Derechos Humanos”, realizado por la Productora de Programas del Principado de Asturias, financiado por la Agencia Asturiana de Cooperación Internacional y que será presentado en los próximos días en el canal asturiano de televisión en España.

El pasado 3 de Mayo, día mundial de la Libertad de Prensa, en las instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana, se celebró un foro conmemorativo a esta importante fecha en la que se hizo un llamado de atención al Estado para fomentar la Libertad de Prensa como un elemento vital para el buen funcionamiento de las sociedades democráticas.

En el marco de las celebraciones del día mundial por la Libertad de Prensa, el Círculo de Periodistas de Cali (CPC) condecoró a la FLIP, con la Medalla a la Libertad de Prensa Antonio Nariño, en reconocimiento al esfuerzo y a la labor que cumple la Fundación en la defensa de la libertad de prensa, de información y de expresión, en medio del conflicto social que vive el país y los altos riesgos del ejercicio periodístico.

Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la sección sueca de la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF-Suecia) anunció la entrega del Premio de Libertad de Prensa 2010, a la periodista colombiana Claudia Julieta Duque, como un reconocimiento a su labor en contra de la injusticia y la censura en Colombia; "por su valor, a pesar de las amenazas y la persecución, a buscar y decir la verdad sobre la corrupción", dijo RSF-Suecia en su portal web.

El pasado 23 de abril de 2010, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en Pasto, Nariño, expulsaron de un evento público a los periodistas Javier Jules, de Canal Caracol, y Carlos Mora, de Pasto Noticias, informativo que se emite por el canal Telepasto de la Universidad de Nariño.

El pasado miércoles 14 de abril de 2010 se realizó en Bogotá la audiencia de apelación del fallo absolutorio dictado a favor del periodista Alfredo Molano Bravo por los delitos de injuria y calumnia. El Juez mantuvo en firme el fallo inicial.

El canal público regional de televisión Telepacífico, que opera en la región pacífica colombiana, publicó el pasado 23 de febrero de 2010 los resultados de la licitación para adjudicar los espacios de los noticieros para los próximos siete años. Según la evaluación, el noticiero Occinoticias, hasta ahora desconocido en el medio noticioso, ocupó el primer lugar, obteniendo el horario de la una de la tarde, el de más audiencia en la región. Directivos del noticiero 90 minutos denunciaron que fueron relegados por la línea editorial del medio.

El pasado 9 de febrero de 2010, varios periodistas del departamento del Meta denunciaron que cerca de 20 comunicadores de la zona recibieron sobres con dinero por parte de la campaña de la senadora de la República y actual candidata a una curul en esa entidad legislativa, Carlina Rodríguez.

El pasado 3 de febrero de 2010 la Casa Editorial El Tiempo (CEET) anunció a través de un comunicado que su revista Cambio, publicación nacional semanal sobre actualidad nacional y política, se convertirá en una revista mensual de variedades argumentando problemas financieros. Sus directores, que fueron despedidos, denuncian que los reales motivos del cierre estuvieron relacionados con su línea editorial. 

En su comunicado la CEET, cuyo mayor accionista es el Grupo Planeta de España, manifestó que el cambio en la publicación se debió a que “el declive mundial de las revistas de actualidad y política derivado de un cambio en los hábitos de los lectores y, como consecuencia de ello, el viraje en las decisiones de inversión de los anunciantes de este tipo de revistas, se ha producido ese ajuste". En ese mismo sentido, el presidente de esa casa editorial, Luis Fernando Santos, manifestó que “estas decisiones no son fáciles, son decisiones de negocios”.

Hoy, 9 de febrero de 2010, el juez cuarto penal municipal de Bogotá, José Eduardo Saavedra Roa, absolvió al periodista Alfredo Molano por la denuncia que había presentado la familia Araujo de Valledupar, después de que en febrero de 2007 publicara una columna de opinión en la cual cuestionaba algunas actuaciones de dicha familia. 

Mecanismos Internacionales para la Promoción de la Libertad de Expresión emitieron una declaración conjunta sobre difamación de religiones y sobre legislación anti-terrorista y anti-extremista. El pronunciamiento estuvo a cargo de el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación, la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información.

En días recientes la periodista Claudia Julieta Duque denunció que dentro de la investigación que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación por las interceptaciones y seguimientos ilegales en su contra por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se encontró una orden que decía cómo debía ser amenazada. 

El Juez 32 Penal del Circuito de Bogotá ordenó la detención durante tres días del columnista del diario ‘El Tiempo’ Mauricio Vargas, al no considerar satisfactorio el cumplimiento que el periodista dio a una orden de rectificación. No obstante, al columnista le queda la posibilidad de una segunda instancia. Ya son varios los fallos contra periodistas demandados por el magistrado José Alfredo Escobar Araújo luego de haberlo cuestionarlo en sus artículos.

El pasado viernes 14 de noviembre se llevó a cabo en Popayán, Cauca, el juicio del presunto autor del asesinato del periodista José Everardo Aguilar. Arley Manquillo Rivera, inicialmente sindicado por la Fiscalía de haber cometido el crimen, fue declarado inocente en la etapa de juicio. Desde ya, la Fiscalía anunció que apelará la decisión. 

El pasado 13 de octubre, en su columna semanal en el diario ‘El Tiempo’, la columnista Claudia López criticó la forma como ese diario cubrió el reciente escándalo de Agro Ingreso Seguro, programa del Ministerio de Agricultura. Las directivas del medio tomaron la decisión de despedirla.

A pesar de que la revista ‘Cambio’ rectificó una información periodística relacionada con un magistrado de una de las altas cortes del país, el juez que tramita la acción de tutela (recurso de amparo) la considera insuficiente. Rodrigo Pardo, director de ese medio de comunicación, podría ser sancionado con cárcel.

Casi nueve meses después de que la Corte Constitucional le ordenó al gobierno que implementara un esquema de seguridad apropiado a una periodista en riesgo y entregara la información que sobre ella reposa en archivos de inteligencia, un tribunal inició un incidente de desacato por considerar que el fallo no se ha cumplido en su totalidad. El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca les dio 48 horas al Presidente de la República, la Viceministra del Interior y el Director de la Policía Nacional para que cumplan con la sentencia.

La semana pasada la Policía informó que el miércoles 8 de julio fue capturado Arley Manquillo Rivera, alias ‘Huracán’, sindicado de haber asesinado al periodista José Everardo Aguilar el pasado 24 de abril en el municipio de Patía, Cauca, al suroccidente del país.

Casi tres años después de ser denunciado por calumnia por un senador de la República, el periodista Edinson Lucio Torres enfrenta una audiencia pública de juzgamiento en medio de un proceso que se viene dilatando de manera inexplicable.

Ayer en su columna semanal el periodista Javier Darío Restrepo anunció su salida del diario ‘El Colombiano’, de Medellín. Después de 17 años de escribir para ese medio de comunicación, la dirección le notificó la decisión argumentando que se trataba de una reorganización en las páginas de opinión. Para el periodista, esto se debe a que su "'visión de los hechos políticos" no coincide con la del periódico.

Tras cinco meses de implementación, la política pública sobre publicidad oficial de la Alcaldía de Cartagena comienza a mostrar resultados positivos. Periodistas independientes y directores de medios de comunicación coinciden en señalar que se dio una ruptura frente a las prácticas del pasado, cuando los gobernantes usaban los dineros de publicidad oficial para ‘comprar’ periodistas y obtener coberturas favorables. Antes que una excepción, esta práctica nociva está extendida en todo el país. De allí la importancia de los avances en la capital de Bolívar.

En las últimas semanas se conocieron dos nuevos fallos en los que se condenan al autor material, en un caso, y a la Nación, en otro, por el asesinato de los periodistas Elacio Murillo Mosquera, ocurrido en Chocó en 2007, y Henry Rojas Monje, en Arauca en 1991.

Ulilo Acevedo Silva, director y propietario del ‘Hoy Diario del Magdalena’, se presentó el pasado 17 de marzo ante un fiscal antiterrorismo para rendir indagatoria por una investigación en su contra por presuntos vínculos con grupos paramilitares.

El fin de semana pasado la revista ‘Semana’ denunció que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) continúa interceptando de manera ilegal las comunicaciones personales de jueces de la República, líderes de oposición, periodistas e integrantes del gobierno. Adicionalmente, reveló que mucha de la información recogida fue destruida de forma irregular y por razones desconocidas.

Comunicado - Durante el proceso de liberación de varios secuestrados en poder de la guerrilla de las FARC, surgieron señalamientos contra periodistas y se conocieron actuaciones oficiales que afectaron la libertad de prensa en Colombia. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) manifiesta su posición sobre el particular. Al final, la FLIP hace un recuento de los hechos más revelantes de este caso.

El próximo lunes 9 de febrero, con motivo del ‘Día nacional del periodista’, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presentará el informe anual sobre libertad de prensa en Colombia en 2008 ‘La amenaza y la estigmatización: intimidaciones invisibles contra la prensa’.

Luego de más de un año de investigación, la Fiscalía General de la Nación dictó resolución de acusación contra cuatro personas sindicadas de participar en el asesinato del reportero gráfico Rafael Bruno Bruno, ocurrido el 19 de diciembre de 2007 en Cúcuta, Norte de Santander. Según el ente investigador, el motivo del crimen habría sido una extorsión que el reportero se negó a pagar a paramilitares de la zona.

En ese momento la FLIP se pronunció a través de una alerta. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) relanza su Red de Alerta y Protección a Periodistas (RAP), que desde el año 1996 monitorea el estado de la libertad de prensa en Colombia, alerta sobre violaciones a este derecho fundamental y coordina medidas de protección para periodistas.

Las instituciones que suscriben, reunidas el 24 y 25 de octubre en Ecuador con ocasión del I Encuentro Andino de Libertad de Expresión y el lanzamiento de la Red de Monitoreo y Vigilancia de Fundamedios en el país sede, acordamos emitir la siguiente declaración:

Del 17 al 20 de septiembre pasado, la FLIP participó en el ‘Primer curso para cobertura informativa en zonas de riesgo’, convocado por las organizaciones internacionales Artículo 19 y el Rory Peck Trust. El entrenamiento se llevó a cabo en el Distrito Federal, y contó con la participación de más de 30 periodistas activos de estados como Oaxaca, Sonora, Morelia, Michoacán, Tijuana y Tamaulipas.

En declaraciones públicas entregadas ayer, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos reconoció que el Ejército colombiano utilizó la imagen del canal internacional Telesur en el reciente operativo de rescate de 15 secuestrados en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Al parecer, el logo del medio de comunicación se utilizó en el chaleco del supuesto camarógrafo y en el cubo del micrófono del supuesto periodista. Santos agregó que se trata de “un detalle insignificante frente a la magnitud de los resultados”. Sobre el particular, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), manifiesta lo siguiente:

Comunicado conjunto - El Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas; la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) y su organización afiliada, el Círculo de Periodistas de la Guajira, y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), exigen al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) la inmediata liberación del periodista Mario Alfonso Puello.

A través de un proyecto que impulsa la reglamentación local de la distribución de la publicidad oficial y promueve el diálogo entre autoridades y periodistas, la FLIP busca combatir la censura indirecta en Colombia.

Una de las modalidades de censura indirecta más preocupantes en América Latina es la distribución abusiva de la publicidad oficial. Muchos funcionarios públicos asignan o retiran la pauta publicitaria como premio o castigo a medios de comunicación y periodistas. En algunos casos, son los periodistas quienes ofrecen información favorable a la gestión oficial a cambio de estos contratos.

Ayer se presentó en Buenos Aires una red regional de periodismo y acceso a la información pública de la cual hace parte la FLIP. Esta iniciativa nace del esfuerzo conjunto de periodistas, organizaciones de periodistas y otras organizaciones no gubernamentales de distintos países de la región, involucrados en el ejercicio y la promoción de este derecho fundamental. Ya está en funcionamiento su sitio en internet.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se integra al proyecto regional ‘Promoviendo la utilización y el apoyo de leyes de acceso a la información por el periodismo en América Latina’, junto con otras cuatro organizaciones de Argentina, Nicaragua, Perú y Venezuela. Este proyecto busca que los periodistas utilicen las herramientas de acceso a la información en su trabajo diario y promuevan su uso en la ciudadanía.

El Juzgado Segundo Municipal de Caloto, Cauca, ordenó a la alcaldía de ese mismo municipio entregar información pública a un periodista de esa ciudad que la había solicitado. Además, indicó en su fallo que no es requisito mencionar el motivo del pedido cuando un ciudadano presenta un derecho de petición de información.

La FLIP tiene a la venta su libro ‘Fotografías por la libertad de prensa’, una publicación que pretende reunir fondos para apoyar a los periodistas que por su trabajo han sido víctimas de amenazas y desplazamiento.

Esta publicación de la FLIP y Reporteros Sin Fronteras (RSF) hace parte de la colección de libros de fotos que esa organización publica en todo el mundo. Esta se ha convertido en la mejor manera de dar a conocer el trabajo por este derecho fundamental e involucrar a la sociedad en su defensa.

Alianza FLIPYS. Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP - Instituto Prensa y Sociedad, IPYS.

Los días 18 y 19 de enero de 2008 se llevará a cabo el taller ‘Periodismo investigativo y acceso a la información; aplicación de estas herramientas en el cubrimiento de Ley de Justicia y Paz y proceso de desmovilización’, en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico.

El pasado 24 de noviembre, el general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional, acusó al periodista William Parra, colaborador del canal internacional Telesur, de hacerle creer a la opinión pública que la prueba de vida del capitán de la Policía Guillermo Solórzano, secuestrado por la guerrilla de las FARC en junio de 2007, había sido fruto de la mediación del presidente de Venezuela Hugo Chávez y la senadora Piedad Córdoba.

El próximo jueves 22 de noviembre, la FLIP lanzará el libro de fotos ‘Fotografías por la libertad de prensa’. El evento se realizará en la sala de exposición ‘Cero Galería’, lugar dónde se exhibirán varias de las fotografías publicadas en el libro.

Alianza FLIPYS. Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, Instituto Prensa y Sociedad, IPYS.

Los próximos 16 y 17 de noviembre se llevará a cabo el taller ‘Periodismo investigativo y acceso a la información; aplicación de estas herramientas en el cubrimiento de Ley de Justicia y Paz y proceso de desmovilización’, en la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca.

Se realizó en alianza con el Instituto Prensa y Sociedad. Próximamente, Cali será sede de un evento similar.

Concluyó con éxito el segundo taller “Periodismo investigativo y acceso a la información; aplicación de estas herramientas en el cubrimiento de Ley de Justicia y Paz y proceso de desmovilización”, realizado en Cúcuta, Norte de Santander, el 28 y 29 de septiembre pasados.

Alianza FLIPYS. Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP – Instituto Prensa y Sociedad, IPYS.

Anoche –12 de septiembre– fueron capturados en Barrancabermeja, Santander, Juan Pablo Ariza, candidato al concejo municipal y Abelardo Rueda Tobón, aspirante a la asamblea departamental, por estar sindicados de participar en el asesinato del periodista José Emeterio Rivas, el 6 de abril de 2003.

La Alianza FLIPYS, conformada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), realizará tres talleres sobre periodismo investigativo y acceso a la información, con énfasis en la aplicación de esas herramientas en la cobertura de la Ley de Justicia y Paz y el proceso de desmovilización.

El pasado 31 de julio, diversos medios de comunicación – nacionales e internacionales – denunciaron el supuesto despido del camarógrafo Rafael Chica y la periodista Candelaria Roca por parte de ‘Noticias Uno’ por oponerse a cubrir una información.

La organización inglesa Rory Peck Trust prepara la undécima edición de sus premios 2007, auspiciados por la compañía Sony, que reconocen la labor de camarógrafos ‘freelance’, especialmente aquellos que cubren noticias en medio de conflictos armados o situaciones riesgosas.

En medio de la zozobra trabajan los periodistas que cubren las audiencias judiciales de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Medellín, capital del departamento de Antioquia.

Con mayor frecuencia, su labor está siendo observada y documentada con fines desconocidos. Adicionalmente, reciben mensajes y respuestas intimidantes en las entrevistas que llevan a cabo afuera del centro administrativo de esa ciudad, donde se realizan las diligencias. Además de autocensurar a los periodistas, este espiral de miedo y desconfianza comenzó a silenciar a las víctimas de las AUC, quienes habían salido del anonimato para exigir verdad y reparación.

El líder paramilitar desmovilizado Juan Francisco Prada Márquez, alias 'Juancho Prada', confesó su responsabilidad en el homicidio del periodista Martín La Rotta Duarte, ocurrido en 2004. La Rotta se desempeñaba como director de la emisora 'La Palma Estéreo', en el municipio de San Alberto, departamento del Cesar, al norte del país.

Ayer en la noche el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, afirmó que desde hace dos años la Policía viene interceptando de manera ilegal las comunicaciones de funcionarios del gobierno, miembros de la oposición y periodistas. Este anuncio se dio después de que la revista ‘Semana’ reveló grabaciones que muestran cómo desde la cárcel de Itagüí, donde están recluidos los principales líderes de los grupos paramilitares, se continúan ordenando delitos. Sobre el particular, la FLIP manifiesta lo siguiente:

Adamis Guerra Bermúdez, fotógrafo del periódico ‘Vanguardia Liberal’, edición Valledupar, fue agredido el pasado 9 de mayo por distribuidores informales de gasolina, quienes protestaban por una decisión reciente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

El equipo periodístico del Canal RCN, conformado por el periodista Omar Jaimes y su camarógrafo Rodrigo Piñeros, fue agredido el pasado 8 de abril por un vigilante de la empresa CIVIG Ltda., que presta sus servicios en el peaje 'Chinauta', zona rural del municipio de Fusagasugá, Cuandinamarca, en la vía Bogotá - Girardot.

El pasado 20 de febrero, en horas de la tarde, fue frustrado en Cali un ataque en el quincenario 'La Razón' que al parecer tenía como objetivo principal a su director, el periodista Edgar Buitrago Rico. La efectiva acción de uno de sus escoltas le permitió salir ileso. Las autoridades policiales, por su parte, aseguraron que el ataque no era contra el periodista.

"Estamos frente a un caso donde impera la duda", manifestó el fiscal en la decisión que el cinco de enero pasado le devolvió la libertad a Fredy Muñoz. Casi un mes después, se dio a conocer la nueva 'prueba reina' en el proceso: una fotografía de él vestido de boina, con un fusil al hombro y en medio de una celebración en un campamento guerrillero. Más allá del explicable escándalo que desató esta revelación, y de la aparente contundencia de una evidencia como ésta, el proceso por rebelión y terrorismo contra el corresponsal de Telesur presenta graves debilidades.

Después de haberle prohibido informar sobre los posibles vínculos de una empresa local con grupos paramilitares, el Juzgado Segundo Penal de Barranquilla falló a favor del periódico 'El Heraldo' de Barranquilla.

Antecedentes

El pasado domingo 21 de enero, 'El Heraldo' y la organización civil Protransparencia publicaron un informe sobre los presuntos vínculos de la empresa Métodos y Sistemas con grupos paramilitares de la región, y sobre el aparente desvío de recursos públicos para financiar la campaña electoral del alcalde de la ciudad, Guillermo Hoenigsberg Bornacelly.

Amenazas contra periodistas, obstrucciones a la distribución de medios y posibles sabotajes de transmisiones televisivas revelan la preocupante situación del periodismo en la Costa Atlántica luego de las primeras decisiones judiciales por vínculos entre políticos y paramilitares.

Amenazas

El periodista José Ponce Obispo, director de 'Mi Radioperiódico' de la emisora Radio Galeón, de Santa Marta, fue amenazado de muerte el pasado 14 de noviembre a través de llamadas a su teléfono móvil y de una visita a su residencia.

El periodista colombiano Freddy Muñoz Altamiranda, corresponsal en Colombia del canal de televisión Telesur en Venezuela, fue detenido ayer, 19 de noviembre, por las autoridades de inmigración del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, por el supuesto delito de rebelión y terrorismo.

En un comunicado emitido por el periodista desde su sitio de reclusión, manifestó: "una vez más el periodismo libre y crítico es agredido por quienes insisten en utilizar la coacción, el amedrantamiento, la mentira y la fuerza para doblegarlo. El día 19 de noviembre, cuando regresaba a Colombia luego de participar en un taller de narrativa audiovisual (…), fui detenido en las oficinas de inmigración de Colombia acusado de rebelión y terrorismo".

El pasado 18 de octubre de 2006, en los departamentos de Sucre y Córdoba, al norte del país, se suspendió la señal de televisión del Canal Institucional, justo cuando comenzaba un debate en el Congreso sobre congresistas vinculados al paramilitarismo.

Los hechos se presentaron cuando el partido Polo Democrático se disponía a intervenir en el debate sobre los políticos que aparecen en el computador del jefe paramilitar 'Jorge 40' como colaboradores de este grupo insurgente, como parte del escándalo denominado como 'parapolítica'.

Siete años después del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrido en Bogotá el 13 de agosto de 1999, no hay un solo detenido por el crimen. El único condenado por los hechos fue el jefe paramilitar Carlos Castaño, desaparecido desde abril de 2004.

El pasado 26 de julio fue aplazada en Bogotá la audiencia pública del caso de la revista ‘Soho’, donde el juez iba a decidir si se abría juicio penal contra el director y los colaboradores de la publicación. El proceso comenzó el año pasado, después de que la revista publicó unas fotos de una modelo con el torso desnudo y de varios personajes públicos donde se recreaba la última cena y la crucifixión de Jesucristo. Las fotos venían acompañadas de un artículo del reconocido escritor colombiano Fernando Vallejo. Varias personas y un movimiento laico denunciaron penalmente a todos los involucrados por injuria y calumnia y por “daños o agravios a personas o cosas destinadas al culto”.

El pasado 7 de junio, varias organizaciones no gubernamentales - entre ellas la FLIP - recibieron un correo electrónico firmado por el 'Frente Democrático Colombia Libre' donde las declara 'objetivo militar'. Esta amenaza se suma a las del mismo tenor enviadas a la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, el columnista Iván Cepeda y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

El periodista Hollman Morris, director del programa 'Contravía', denunció ante la FLIP la publicación de un video de una supuesta organización denominada 'Frente Social por la Paz, FSP' donde se le señala como vocero internacional de la guerrilla de las FARC.

La Comisión Primera del Senado de la República archivó el proyecto de ley que pretendía ampliar el alcance de los delitos de injuria y calumnia cometidos por periodistas y directores de medios de comunicación. De esta manera, se hunde nuevamente esta iniciativa, que ya había sido presentada por el propio senador Juan Gómez Martínez en 2003, y retirada posteriormente antes de dársele trámite.

En diciembre de 2005 el ponente del proyecto, senador Mauricio Pimiento Barrera, había rendido ponencia negativa de la iniciativa. Un mes antes, la FLIP y la Federación Internacional de Periodistas se había reunido con él para explicar las razones de la inconveniencia del proyecto de ley.

Hoy, 29 de abril, el periodista Emiro Goyeneche retorna a su casa en el municipio de Saravena (Arauca) al nororiente de Colombia. Luego de permanecer 20 meses en la cárcel acusado del delito de rebelión, hace dos días, el 27 de abril, al reportero le fue concedida la detención domiciliaria, mientras el juez que conoce su caso dicta la sentencia.

Goyeneche le manifestó a la FLIP su preocupación por el riesgo que corre al volver a Saravena. Señaló que mientras estuvo detenido un amigo lo informó que escuchó una conversación entre dos paramilitares donde manifestaban que tan pronto les fuera posible matarían al periodista.

Se incrementa cada vez más el número de casos que se resuelven en los estrados judiciales por los conflictos entre la libertad de prensa, la responsabilidad de los medios y la honra y el buen nombre de las personas de quienes se difunde información. 

Del 22 al 24 de septiembre se realizó en Paipa el Seminario sobre Seguridad para los Periodistas Colombianos. El seminario contó con la participación de Centurión Risk Assessment Services, Ltd. y el CPJ (Committee to Protect Journalists) con sede en New York. Fue auspiciado por IMS (International Media Support) e INSI (International News Safety Institute). 

La decisión de la Fiscalía de llamar a juicio al columnista del periódico El Tiempo, Roberto Posada (D'artagnan), por las afirmaciones hechas en su columna sobre el industrial Pedro Juan Moreno reabre la discusión sobre los alcances de la libertad de expresión y de opinión en Colombia y parece ser el precedente para que, de manera equivocada, en Colombia se instaure el delito de opinión. 

El Espectador, uno de los periódicos más antiguos del país y el segundo más influyente, denunció el pasado 11 de mayo que este semanario podría estar siendo objeto de espionaje por parte de algunos organismos gubernamentales. 

Durante 2003 cada tercer día en Colombia ocurre una agresión contra la prensa. 

Hoy 3 de mayo día mundial de la libertad de prensa conmemoramos el cierre del noticiero hora cero – único informativo que quedaba en el canal público A-, el silenciamiento de los medios en Arauca y la voz de 45 periodistas colombianos que en este año han sido víctimas de quienes no quieren que la sociedad esté informada. 

Un equipo periodístico de RCN televisión y un fotógrafo independiente fueron liberados hoy, 28 de enero de 2003, cerca de Tame (departamento de Arauca). Los periodistas permanecieron secuestrados durante 38 horas por guerrilleros del décimo frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Los aparatos de comunicación de los periodistas, las cámaras y el vehículo en el que se movilizaban fueron robados por el grupo guerrillero, según las versiones de la Policía y los directivos del Canal RCN.

El martes 15 de octubre de 2002, un grupo de periodistas de El Colombiano, el periódico de mayor circulación en Medellín, fue víctima de una retención forzada, por hombres que se identificaron como integrantes del Bloque Cacique Nutibara, de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).

El martes 16 de julio de 2002, alrededor de las 7:30 pm, fue asesinado el locutor Dennis Segundo Sánchez Lora en Carmen de Bolívar (departamento de Bolívar), un municipio ubicado a 1.115 Km al norte de Bogotá. Sánchez se encontraba afuera de su casa cuando un sicario se acercó y le disparó cuatro veces. Tres disparos impactaron en su rostro y uno en el brazo. El asesino se retiró caminando del sitio.