Detención de Esteban Vanegas en Medellín es arbitraria y atenta contra la libertad de prensa

Vanegas fue detenido mientras cubría las marchas en las que participaban trabajadores y estudiantes durante el primero de mayo en la ciudad de Medellín. De acuerdo con la información recogida por la FLIP, los periodistas se percataron de una emboscada que la Policía hizo a un grupo de estudiantes e hicieron el registro gráfico. Después, miembros de esa entidad se dirigieron a donde se encontraban los reporteros. Vanegas fue arrojado al piso y golpeado antes de ser conducido a la tanqueta del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) en la cual fue llevado hasta la Fiscalía. 

Vanegas se encontraba junto con otros dos compañeros de El Colombiano, Sebastián Carvajal y Juan Fernando Rojas, quienes también resultaron golpeados por la Policía cuando intentaban evitar la detención de su compañero.

Agentes de la Policía justificaron la detención de Esteban Vanegas advirtiendo que éste habría cometido un delito de agresión contra la autoridad. Sin embargo, la versión de los testigos y videos que fueron tomados por otros periodistas muestran que dicha agresión no existió.

Tras doce horas de detención, Vanegas fue liberado, pero la denuncia interpuesta por un patrullero de la Policía no fue retirada.

Para la FLIP es de suma gravedad que las autoridades continúen agrediendo a la prensa en contextos de protesta social, sustrayéndolos del espacio noticioso de forma arbitraria. En el año 2013 la FLIP advirtió sobre la falta de garantías para la prensa durante las manifestaciones sociales. A pesar de haber hablado con las autoridades, los hechos siguen ocurriendo e incluso con mayor gravedad. La privación de la libertad por el solo hecho de estar ejerciendo su labor periodística es una clara agresión contra la libertad de prensa.

La FLIP recuerda que los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión de la ONU y la CIDH han recalcado la importancia de la labor que cumplen los periodistas que cubren manifestaciones sociales, “el Estado debe otorgarles el máximo grado de garantías para que cumplan su función. Ese deber no se limita a otorgar medidas concretas de protección para los comunicadores. Incluye también la obligación de crear las condiciones necesarias para mitigar el riesgo del ejercicio de la profesión en esas situaciones”.

Adicionalmente, señalan que “El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentren realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar en ejercicio de su profesión”.

Además, la FLIP recuerda que en el año 2012 el Estado Colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso del periodista Richard Vélez, quien fue agredido por miembros del ejército mientras cubría las marchas Cocaleras en 1996.  En dicha sentencia la Corte Interamericana señaló que las agresiones a la prensa en el marco de protestas sociales tienen un efecto amedrentador sobre otros periodistas que cubren temas de interés público.  

La FLIP considera vergonzosa la reincidencia de agresiones a la prensa por parte de los miembros de la Fuerza Pública, especialmente de la Policía. Se debe recordar que durante el 2013 los principales agresores contra los comunicadores fueron agentes de dicha institución y durante el 2014 esa situación no ha cambiado. La situación es la misma, pese a los antecedentes y las advertencias de la FLIP.

Estos hechos se presentan exactamente un año después del atentado contra el periodista de Semana, Ricardo Calderón, quien estaba haciendo investigaciones sobre posibles hechos de corrupción en el Ejército. A la fecha de este comunicado, la FLIP no conoce avances en las investigaciones por este caso. Nuevamente, se presenta una agresión grave contra la prensa en vísperas al Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra el 3 de mayo.

La FLIP hace un llamado a la Policía para que se tomen medidas inmediatas al interior de las instituciones para que incidentes como este que violan la libertad de expresión no vuelvan a ocurrir y se castigue a los agentes involucrados.