La impunidad en las amenazas a periodistas: el temor instalado que censura

Uno de los factores que ha influido en la reducción de asesinatos de periodistas es el desarrollo de una oferta estatal de protección. Este mecanismo, a cargo actualmente de la Unidad Nacional de Protección (UNP), brinda seguridad a los comunicadores amenazados junto a defensores de derechos humanos, sindicalistas, víctimas de violencia, entre otros.

Las actividades encaminadas por la UNP se dirigen únicamente a la reacción frente a una situación de riesgo y, a pesar de la asignación de medidas estatales de protección, las causas de peligro suelen mantenerse, especialmente si se tiene en cuenta que no se conoce una sola condena contra alguien que haya amenazado a un periodista.

La impunidad en las amenazas instala un ambiente de autocensura para la prensa y de permisividad para que los victimarios continúen intimidando periodistas sin castigo. La impunidad de amenazas también alimenta la desconfianza en las instituciones por parte de los periodistas y de la sociedad en general. El mensaje, a la larga, es que no se puede hacer cubrimiento o denuncia de temas sensibles porque desencadenará en un peligro para la vida sin respuesta del Estado.

En ciertos casos, como el de Édinson Molina, en el que recibió amenazas las cuales fueron denunciadas ante Fiscalía y Procuraduría, se hubiera podido evitar el desenlace fatal con una mayor diligencia de la justicia.

Es una incoherencia institucional que el Estado gaste siete millones de dólares al año para proteger periodistas, pero no promueva que avancen las investigaciones por los hechos que motivan la asignacion de esquemas de protección. Trece años después de la existencia del programa de protección a periodistas en Colombia, la coordinación entre Gobierno y Fiscalía sigue en mora.

La FLIP llama la atención de las autoridades estatales en especial a la Fiscalía y el Ministerio del Interior. En mayo de este año, el entonces jefe de dicha cartera, Fernando Carrillo, propuso la creación de una mesa de garantías e indicó que “uno podría darles seguimiento a los casos más emblemáticos y eso lleva a que estén permanentemente las autoridades haciéndole seguimiento. Impedir, por ejemplo, las prescripciones y mostrando resultados de las investigaciones”.

No obstante, esta iniciativa no ha avanzado. Además de esto, la FLIP se encuentra a la espera de la socialización de una propuesta de política pública por parte del Ministerio del Interior en defensa de la libertad de expresión.

Por último, la FLIP hace un llamado a la Fiscalía para que avance en las investigaciones frente a hechos amenazantes contra periodistas y participe de los espacios interinstitucionales donde se toman decisiones frente al riesgo de comunicadores (CERREM). La Fiscalía, a pesar de tener asiento permanente, asiste esporádicamente y su presencia parece no tener eco en la apertura y seguimiento de investigaciones por amenazas.

Con el fin de conmemorar el Día Mundial de la lucha contra la Impunidad, la FLIP y el Centro Ático de la Universidad Javeriana, con el apoyo del National Endowment for Democracy (NED), quiere invitarlos al conversatorio “Impunidad: La deuda de la justicia para la paz”. Evento que se realizará el próximo viernes 22 de noviembre a las 9:00 am, en las instalaciones del Centro Ático. En éste se discutirá sobre la impunidad en las agresiones a periodistas y las implicaciones que ello tiene en un contexto de diálogos de paz y justicia transicional.