La FLIP exhorta al gobierno para que cesen las declaraciones estigmatizadoras contra periodistas

 Consideraciones de la FLIP

 • No puede considerarse ilegal el hecho de que un periodista tenga como fuente a grupos armados al margen de la ley. Mucho menos puede afirmarse que divulgar información diferente a la oficial, o aquella que incomode al gobierno, implica una “apología” o “publicidad” del terrorismo. Esta concepción no sólo estrecha el debate democrático de una sociedad, sino que estigmatiza la labor de quienes quieren contar la realidad desde otras perspectivas, y los pone en riesgo.

 • Si el gobierno tiene información sobre la posible vinculación de periodistas o medios de comunicación con grupos armados ilegales debe entregarla a las autoridades judiciales de inmediato. Mientras tanto, debe cesar y rectificar las descalificaciones y acusaciones públicas, que se han vuelto reiteradas y sólo sirven para aumentar la polarización, poner en riesgo a los afectados y vulnerar su buen nombre.

 • Se equivoca el presidente Uribe al afirmar que un periodista con protección del Estado incumple sus deberes por el hecho de “escapársele a sus escoltas”. En una sentencia reciente (sentencia T-1037 de 2008), la Corte Constitucional manifestó: “Cuando se trata de un periodista que pese a las amenazas decide continuar sus investigaciones, es probable que requiera de esquemas especiales que tengan en cuenta la totalidad de los derechos involucrados. En particular, es obvio que los comunicadores pueden requerir cierta privacidad para poder entrevistarse con una fuerte reservada o hacer ciertas indagaciones”. La protección del periodista en riesgo no puede afectar su libertad de expresión.

 • El gobierno menciona de manera constante su compromiso con la libertad de prensa y la protección física que le presta a los periodistas en riesgo. Lamentablemente, esta protección física no ha estado acompañada de una protección política. Al contrario, muchas de las afirmaciones hechas por el propio presidente Uribe han incrementado la vulnerabilidad de los mismos periodistas que el Estado debe proteger después.

 • En varias ocasiones la FLIP se ha referido al precedente de la Corte Constitucional en la materia: “(…) al Presidente compete una posición de garante respecto de los derechos fundamentales de todos los habitantes del territorio nacional, que hace que cuando se dirija a los ciudadanos deba abstenerse de emitir cualquier declaración o afirmación que lesione o ponga en riesgo tal categoría de derechos. Esta obligación adquiere mayor relevancia tratándose de sujetos de especial protección constitucional” (sentencia T-1191 de 2004).

 • El archivo periodístico de un periodista está protegido por la reserva de la fuente, y constituye una arbitrariedad de la Fuerza Pública intentar confiscar ese material.

 • Las restricciones físicas que se impusieron a los periodistas en Villavicencio constituyeron una obstrucción ilegítima al trabajo periodístico. Y si bien el gobierno rectificó esta decisión, preocupan los testimonios en la zona sobre registros fotográficos a periodistas hechos por agentes de seguridad, con fines desconocidos.

 • Es importante adelantar un debate ético sobre la actuación de los comunicadores involucrados en los hechos recientes; analizar el papel que cumplieron como periodistas, los riesgos que asumieron y los que propiciaron, y el tipo de información que produjeron. Sin embargo, en el fragor de los hechos se dejaron de lado las versiones de los afectados y se optó de manera apresurada por la especulación antes que el análisis. Los medios de comunicación, las asociaciones de periodistas y la sociedad civil deben participar en este debate de forma ponderada.

 Hechos

 1. El pasado domingo 1 de febrero, día de la liberación de tres militares y un policía que estaban en poder de las FARC, el periodista Jorge Enrique Botero, en su condición de garante de la liberación, hizo parte de la comisión que acudió a la entrega de los secuestrados. De ésta también hacía parte el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Durante la liberación, Botero tomó varias fotografías, las cuales fueron dadas a conocer a través de la agencia de prensa internacional AP. Las fotografías provocaron el malestar del gobierno, que calificó el hecho como “prestarse al juego publicitario del terrorismo”.

 2. Por otro lado, el periodista Hollman Morris, director del programa periodístico ‘Contravía’ y corresponsal de medios extranjeros; su camarógrafo, Leonardo Acevedo, y Camilo Raigozo, colaborador del semanario ‘Voz’, estuvieron en el lugar de la entrega de los plagiados. La comisión no sabía que un equipo periodístico estaría presente en el lugar. Al parecer, Morris había contactado días antes a las FARC para una entrevista y, por diferentes motivos, terminó presenciando la entrega.

 3. Morris entrevistó a los secuestrados antes de la entrega, pero – según él – se percató de que estaban ‘libreteados’. El periodista aseguró que por esta razón no publicó ningún informe periodístico con las declaraciones de los uniformados. En rueda de prensa con el presidente Uribe, uno de los liberados afirmó que habían hecho las entrevistas bajo presión de la guerrilla, y que el periodista estaba al tanto de esto.

 4. Morris y su equipo regresaron a Florencia por su propia cuenta después de que la comisión se negó a llevarlos en el helicóptero. Denunciaron que en el camino recibieron presiones del Ejército, que los detuvo e intentó decomisarles el material periodístico. Adicionalmente, miembros de la Dijín hicieron registros fílmicos de los periodistas.

 5. Frente a este incidente, la Vicepresidencia de la República emitió un comunicado el 3 de febrero, donde cuestionó duramente a los periodistas y señaló que Morris utilizó su condición de periodista para “hacerle apología a la violencia y a quienes someten al pueblo colombiano al secuestro, a tratos inhumanos, a mutilaciones y a ataques terroristas”. El comunicado señaló, además, que los militares que contactaron a los periodistas en La Unión Peneya le estaban ofreciendo protección “de manera preventiva, lo que fue rechazado por el señor Morris”. El comunicado también señalaba a Morris como el responsable de haber manipulado con chantajes y amenazas las entrevistas hechas a los militares secuestrados.

 6. Ese mismo día, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos dijo en diálogo con La W Radio que el Morris “le estaba haciendo juego a la guerrilla” y lo calificó como “cómplice de las FARC”. Sin embargo, en declaraciones posteriores entregadas a Caracol Radio matizó sus afirmaciones: “yo no he dicho que Morris sea auxiliador de la guerrilla, pero me parece muy cuestionante desde el punto de vista ético la actuación del periodista”.

 7. El 3 de febrero, en una decisión aparentemente motivada por estos incidentes con la prensa, el alto comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo prohibió el ingreso de todos los periodistas – locales, nacionales e internacionales – al aeropuerto Vanguardia de Villavicencio. El lugar iba a ser el escenario de la llegada del ex gobernador Alan Jara, tras su liberación. La decisión fue protestada por diferentes organizaciones de periodistas y medios de comunicación, lo que obligó al gobierno a reversar la decisión ese mismo día.

 8. Esa noche, el presidente Álvaro Uribe hizo serias acusaciones contra Morris y Botero. Refiriéndose a los periodistas dijo: “una cosa son aquellos amigos del terrorismo que fungen como periodistas, y otra cosa son los periodistas.”. Uribe también señaló que Botero engañó al gobierno e hizo “una exaltación al terrorismo” por la difusión de las fotografías de la liberación. En cuanto a las medidas de protección especiales con las que cuenta Morris, el Presidente señaló: “ha incumplido sus deberes como persona protegida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Gobierno de Colombia le ha dado toda la protección. Por ejemplo, él se les pierde a los escoltas”.

 9. En la rueda de prensa, varios periodistas denunciaron haber sido víctimas ese mismo día de agresiones y ultrajes por parte de militares y policías. Los hechos se presentaron en la mañana en el lugar en que la fuerza pública dispuso un cerco para restringir el paso de los comunicadores, a raíz de la directriz del Comisionado de Paz. Según la denuncia, varios reporteros fueron golpeados y a algunos les fueron quitados sus equipos periodísticos. Además, fueron registrados – con fotos y grabaciones – por integrantes de la Fuerza Pública con fines desconocidos.