Noviembre contra la impunidad

Como en años anteriores, la FLIP se une a esta iniciativa de la red por el Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión, IFEX. Por esto, durante todo el mes, la FLIP hará difusión de mensajes, cifras e información en general sobre el estado de la impunidad en casos de agresiones a periodistas en Colombia.

En Colombia, 63 de 142 asesinatos de periodistas han prescrito. Esto significa que, después de cumplidos 20 años desde la fecha de los hechos, el Estado no tiene posibilidades legales de condenar a los responsables. Durante el 2013, prescribieron cuatro casos y queda uno que posiblemente tendrá ese destino el 26 de diciembre. Por otro lado, el caso de Eustorgio Colmenares Baptista fue declarado crimen de lesa humanidad y por lo tanto, no prescribe. Sin embargo, el caso de Guillermo Cano, que ostenta la misma condición jurídica, ha sido una muestra de que aun con esta figura las investigaciones judiciales no avanzan.

El común denominador de la mayoría de casos prescritos y próximos a prescribir es la falta de avances en la investigación previa y la identificación de posibles responsables por parte de la Fiscalía. Esto va de lado con una precaria gestión de la información de las autoridades judiciales: según el último informe anual de la FLIP, hay 49 expedientes de asesinatos que no tienen paradero conocido por parte de la Fiscalía, no se sabe qué pasó con ellos y no hay autoridad judicial que se haga responsable.  

En algunos casos en los que parece haber esperanza en la justicia, es cuestionable la lentitud en el trámite de los procesos. Después de seis meses de finalizado el juicio contra Ferney Tapasco y otros por el asesinato de Orlando Sierra todavía no existe sentencia, y el juicio contra José Miguel Narváez, por el asesinato de Jaime Garzón, inició pero no reporta mayores avances.

Preocupa también la falta de justicia en otras agresiones contra la prensa. Un ejemplo es la sorprendente decisión de la Corte Suprema de Justicia en la que declaró prescritos algunos delitos por los que se acusaba a Jorge Noguera, ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por interceptaciones ilegales contra periodistas. Además, durante el 2012 y lo corrido de este año se han reportado 125 amenazas contra periodistas, de las cuales no se conoce ninguna condena a la par que el Estado gasta alrededor de 7 millones de dólares anuales en la protección de periodistas.

La FLIP considera que es necesaria una concientización social sobre las graves consecuencias de la impunidad en las agresiones contra periodistas. Por esta razón, invitamos a hacer difusión de la información que se dará a conocer en redes sociales y página Web de la FLIP durante el mes de noviembre.