En año y medio 41 entidades del Estado gastaron 148.659 millones de pesos en pauta publicitaria
El Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la FLIP anuncia el lanzamiento de Pautavisible.org, una herramienta para facilitar el acceso a información sobre los contratos que celebran las entidades públicas con los medios de comunicación.
Como punto de partida, el portal ofrecerá información de más de 427 contratos que en su conjunto tienen un valor superior a los ciento cuarenta mil millones de pesos; suscritos por 41 entidades públicas a nivel nacional y local, a lo largo del 2016 y el primer semestre del 2017. Pauta Visible hace el seguimiento a los objetos de los contratos, así como quienes lo celebran y los criterios de selección, entre otros datos.
Este micrositio se suma al trabajo que adelanta la FLIP hace más de diez años, cuando la Fundación inició las primeras investigaciones sobre el tema y se empezaban a discutir las presiones de entidades estatales sobre los medios a partir de la pauta como un mecanismo de censura indirecta. A lo largo de esta década hemos documentado y alertado sobre la forma en la que las entidades públicas adjudican los contratos de publicidad oficial en Colombia y su impacto en la libertad de expresión a nivel nacional y local.
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Este fenómeno ha desnaturalizado el propósito esencial de este tipo de publicidad: servir de canal de comunicación entre los organismos públicos y la ciudadanía sobre asuntos que a ésta última le interesan, como emergencias, campañas, subsidios o el acceso a derechos y servicios.
Los excesos y abusos que se cometen en la asignación de la publicidad oficial afectan a la libertad de prensa de manera generalizada en Latinoamérica y en otras regiones del mundo. En 2003, esta problemática fue denunciada como una forma de censura indirecta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. Desde entonces, organizaciones de libertad de prensa han reclamado atención pública sobre este asunto y han adelantado propuestas para revertir el efecto que esto tiene sobre el trabajo periodístico y el derecho a la información de los ciudadanos. Al respecto, un importante hito ocurrió en México días atrás, cuando La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el proyecto con el que se obliga al Congreso mexicano a regular la publicidad oficial para evitar restricciones indirectas en el ejercicio periodístico.
Infortunadamente, el marco normativo y las prácticas colombianas en la asignación de publicidad privilegian la discresionalidad del sector público. Esta tradición no contempla principios de Libertad de Expresión, ni cuenta con mecanismos de denuncia cuando se presentan presiones ilegales y de censura en los contenidos.
El análisis de la información recogida por Pauta Visible permite establecer, al menos, seis patrones que contaminan la adjudicación de la pauta:
1) Existe un incumplimiento generalizado por parte de las entidades públicas frente a las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
2) En la amplia mayoría de los casos no existen criterios específicos y técnicos para la selección de contratistas.
3) Los objetos de los contratos no corresponden al objeto natural de la publicidad oficial.
4) Las entidades de Control no tienen herramientas para establecer si la asignación de publicidad oficial vulnera los estándares de libertad de expresión.
5) Los recursos de la publicidad oficial se ejecutan en buena medida por intermediarios, aumentando los costos para las entidades y generando opacidad sobre estos contratos.
6) La presión de estos contratos genera un impacto indirecto: la cultura de la autocensura.
La FLIP hace un llamado al Gobierno colombiano y a las entidades de control para que en materia de libertad de expresión prioricen esta problemática, a partir de un amplio debate nacional con los distintos actores del sector.
Este es un desafío de la democracia en Colombia que nos compete a todos, muestra de ello es que sectores tan opuestos en la deliberación pública coincidan en que debe ser abordado. Durante la pasada legislatura cursó un proyecto de ley del Centro Democrático que finalmente se archivó. El próximo escenario de discusión parece ser la implementación del punto 2 del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC donde se plantea la regulación de la publicidad oficial. Con Pautavisible.org la FLIP espera aportar insumos para impedir que la publicidad oficial sea utilizada como un mecanismo de censura.
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Thursday, 05 June 2014
Preocupación por nuevas propuestas que debilitarían autonomía de la CIDH y de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Centro de Estudios de Justicia y Sociedad (Dejusticia), la Misión de Observación Electoral (MOE) y Andiarios, manifiestan su preocupación por las nuevas propuestas de reforma a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas inquietudes fueron presentadas por medio de una carta enviada hoy, 3 de junio de 2014, a la Canciller Colombiana, María Ángela Holguín.
Thursday, 03 July 2014
Balance elecciones presidenciales: Funcionarios de la Registraduría y agentes de la Policía obstaculizan labor de la prensa
A pesar de las numerosas campañas, tanto de organizaciones civiles como de autoridades nacionales, los funcionarios regionales obstaculizaron, tal y como pasó en las elecciones legislativas, la labor de los periodistas durante el cubrimiento electoral presidencial.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) resalta de manera positiva que durante las elecciones presidenciales, tanto en primera como en segunda vuelta, las agresiones contra la prensa disminuyeron significativamente, en comparación con la jornada electoral para elegir Congreso. En las dos fechas se registraron siete casos y la mayoría de ellos pudieron resolverse sin afectar seriamente el trabajo periodístico, frente a los 11 casos registrados el pasado 9 de marzo.
Thursday, 18 February 2010
Miembros de la Policía de Funza impiden la circulación de una publicación
El pasado 30 de enero de 2010 miembros de la Policía de Funza, Cundinamarca, evitaron la distribución del boletín ‘El Libelo’ el cual era repartido en el marco de una jornada de rendición de cuentas de la gestión pública en ese municipio. El boletín traía una denuncia sobre algunos casos de abuso de autoridad por parte de la Policía local.
El periodista Guillermo Andrés Castro, director del periódico ‘El Macarenazo’ y quien también distribuye el boletín, se disponía a repartir la publicación cuando fue requisado abruptamente por los miembros de la fuerza pública presentes. Sin explicación alguna, los agentes le arrebataron de las manos los ejemplares de ‘El Libelo’, los cuales no le fueron devueltos.