En efecto, estamos lejos de entender a la censura como una amenaza extinta en Colombia. Por fortuna, están disminuyendo los asesinatos a periodistas y en 2016, por primera vez en 7 años, no le quitaron la vida a ningún reportero por causas asociadas a su oficio. Pero las presiones, amenazas, obstáculos y agresiones en general se han multiplicado. La censura, en otras palabras, sigue mutando y está lejos de irse.

En 2016, la FLIP registró 216 violaciones a la libertad de prensa que afectaron a 262 víctimas. El secuestro a 5 periodistas en El Tarra, Norte de Santander, fue uno de los casos más graves.

Hay otro tipo de censura que no es directa ni usa la violencia. La transformación de Internet está dejando muchas preguntas abiertas alrededor de qué es legítimo o no en la red y quién debe tomar decisiones. En el universo de datos del siglo XXI, la información a la que se accede más fácilmente está mediada por los algoritmos de gigantes como Google o Facebook. Si se deja en sus manos el poder de filtrar o no el acceso a ciertos vínculos, la libertad de acceso a la información se puede ver marginada.

Así, el discurso bienintencionado de quienes quieren proteger, por ejemplo, la honra, la privacidad, los datos personales y la buena imagen de las personas, puede degenerar en una medida para que los poderosos involucrados en escándalos de interés público ordenen esconder los contenidos asociados a su nombre en Internet.

Por otro lado, en el año 2016 se registraron 47 agresiones físicas contra periodistas y 44 obstrucciones al cubrimiento. Hay un subregistro en los casos de violencia contra las mujeres periodistas. En parte porque muchas no denuncian, pero también porque las autoridades ignoran el carácter diferenciado de estas agresiones.

Sin embargo, frente a estas y otras categorías que analiza la FLIP, nada tan grave, contundente y premeditado como una amenaza. A modo de ejemplo, es grave que una periodista al norte del país, que denunció casos sobre corrupción, medio ambiente y orden público en su región haya tenido que soportar varias amenazas. La censura apenas comenzaba. La reportera renunció al medio al que servía como corresponsal, abandonó el periodismo y empezó a trabajar en el área de comunicaciones de una empresa de su municipio. ¿La asesinaron? No, pero sí lograron sacar su voz del debate público. En 2016, la Fundación registró 90 amenazas contra la prensa, un incremento del 52,5% frente a los casos documentados el año anterior.

El país está en deuda de encontrar justicia en todas las amenazas y crímenes contra la prensa. Las responsabilidades están repartidas entre distintos actores del Estado, las guerrillas, los grupos paramilitares y las bandas criminales. De ahí que haya tanta expectativa con el papel que cumplirá la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad en los casos de crímenes contra el periodismo. Estos escenarios deberían contribuir a reducir la brecha de impunidad que le hace tanto daño a la libertad de prensa en Colombia.

En las zonas más conflictivas y aisladas del país, los reporteros dejan de cubrir ciertos temas, a veces los medios cesan actividades, muchos abandonan su profesión para dedicarse a otras labores y, en el peor de los casos, se consolida la autocensura, aprender a callar para evitar represalias.

La FLIP lleva varios años denunciando estos fenómenos y por eso molesta la negligencia de las autoridades judiciales y la indiferencia por parte de la sociedad. El Informe sobre el Estado de la Libertad de Prensa en Colombia en 2011 escogió estos asuntos como un problema central: “¿La censura en las regiones llegó para quedarse?”. Con distintos matices, hoy, más de cinco años después, las respuestas a esta pregunta no son muy alentadoras.

Por las presiones y los crímenes que nadie investiga es muchas zonas apartadas del país se han quedado sin medios de comunicación que informen sobre asuntos locales, no hay confianza para hablar libremente. Además, la pauta publicitaria oficial es un elemento que distorsiona considerablemente la libertad de prensa a nivel nacional y local, premiando el silencio y castigando la crítica.

La FLIP investigó en profundidad las condiciones de los medios en zonas de conflicto durante el año 2016. Una conclusión aterradora es que: en las zonas más afectadas por el conflicto o bien los ciudadanos no cuentan con suficientes medios de comunicación que informen sobre asuntos locales, o no existen garantías para el trabajo periodístico libre.

El periodismo y los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la transición en la que se encuentra el país. Ahora que estamos en la capacidad de identificar dónde acecha la censura, es responsabilidad de todos combatirla para que el día de mañana no nos deje sin palabras.

Lea aquí el informe en línea.