Desde el pasado 17 de mayo, la periodista Sandra Chindoy de RTVC ha sido objeto de múltiples amenazas de muerte por parte de una misma cuenta en la red social X, que incita a la violencia y al odio en contra de periodistas de varios medios de comunicación. Las intimidaciones incluyen fotomontajes de su rostro con impactos de bala, y mensajes de sentido pésame haciendo referencia a su funeral.

En lo que va corrido de este año, la agencia Noticias Kilómetro 169 (ANK169), a la que pertenecen Prensa Comunitaria y el medio feminista Ruda, ha sido objetivo de más de 25 ataques en redes sociales, especialmente a través de X (antes Twitter). Cuentas anónimas y falsas, netcenters han impulsado una campaña de intimidación y desprestigio en contra del medio, pues los mensajes contienen acusaciones falsas sobre su financiación y amenazas directas contra algunos de sus integrantes, especialmente a los cofundadores y periodistas Nelton Rivera y Quimy De León.

Desde el 16 de abril de 2024, cuando Hollman Morris fue designado como director de RTVC, en la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) hemos documentado más de treinta casos de trabajadores cuyos testimonios denuncian un ambiente de censura y presión editorial dentro del sistema de medios públicos del país. Además, en estos últimos once meses, se han conocido decenas de publicaciones, realizadas por diversos medios de comunicación, quienes han documentado e investigado reiteradas irregularidades en la administración de la entidad.

Ayer 19 de marzo, el senador del Pacto Histórico, Alex Flórez, publicó en su cuenta de X varios mensajes estigmatizantes en contra de El Colombiano, como respuesta a publicaciones que el medio ha hecho sobre él; sin embargo, durante el 2025 este diario no ha realizado ninguna investigación, artículo o noticia sobre el senador.

Esta guía busca establecer protocolos para el uso de redes sociales por parte de funcionarios y entidades públicas.

Rechazamos los cuestionamientos y estigmatizaciones del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, contra la periodista Paula Bolívar de La W Radio. Estas acciones se produjeron tras la publicación de la investigación “Caso UNGRD: los presuntos nexos del ELN en contratación de maquinaria amarilla”. En respuesta, el funcionario se pronunció en su cuenta personal de X descalificando la investigación y responsabilizando a la periodista por afectaciones a su seguridad, lo que ha derivado en insultos y mensajes con contenido machista y sexista contra la comunicadora.

Desde ayer, 9 de enero, la periodista Diana Saray Giraldo ha sido blanco de estigmatizaciones por parte de la senadora Sandra Ramírez, del partido Comunes, después de que la comunicadora replicara una publicación en la red social X sobre su participación en un encuentro en Venezuela. En sus declaraciones, la senadora acusa a la periodista de perfilarla y la responsabiliza por cualquier eventualidad que pudiera ocurrirle. Estas afirmaciones han desencadenado ataques hostiles y misóginos por parte de otros usuarios en redes.

Desde 1996 hemos documentado vulneraciones a la libertad de prensa en Colombia.

El 6 de noviembre se hizo público un video en el que Gustavo Bolívar, director del Departamento para la Prosperidad Social, menciona que “el Gobierno está empezando a comunicar mejor que antes”, se refiere al rol de los influencers en la comunicación de noticias y dice que las campañas contra medios como Caracol, RCN y Semana “han dado resultados”. El video, en el que Bolívar aparece en medio de una videollamada, ha generado cuestionamientos por la posible intervención del Gobierno en campañas de desprestigio en redes sociales contra medios de comunicación.

El concejal Alejandro Sánchez, del partido Centro Democrático, lanzó comentarios estigmatizantes que deshonran la memoria de Jaime Garzón, asesinado hace 25 años. Sánchez dirigió sus críticas hacia una iniciativa estudiantil realizada por estudiantes de la Institución Educativa La Paz en Envigado, cuyo propósito era resaltar las frases célebres y el legado de Garzón para las nuevas generaciones, promoviendo valores como la paz, la igualdad y la vida.

Desde el pasado 24 de septiembre, la periodista Sandra Chindoy, presentadora de noticias y del programa “La voz del Territorio” de RTVC, ha sido objeto de acoso digital, pues ha recibido a través de su cuenta de X más de cien mensajes estigmatizantes con insultos, expresiones racistas y misóginas en contra de su trabajo periodístico, su identidad y su apariencia física.

El Consejo de Estado admitió hoy 27 de septiembre la acción de tutela presentada por El Veinte y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), con el respaldo de Linterna Verde, en representación de 19 mujeres periodistas. El objetivo es proteger sus derechos fundamentales ante las reiteradas expresiones estigmatizantes del presidente Gustavo Petro contra la prensa, en particular, contra las mujeres periodistas.

Rechazamos enérgicamente las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien el 30 de agosto, durante la ceremonia de posesión de la primera mujer Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en Nuquí, Chocó, se refirió a las periodistas como “muñecas de la mafia”. Posteriormente, en su cuenta en X, el presidente, lejos de corregir y rectificar, afirmó que: “cuando hablo de periodistas del establecimiento, me refiero a quienes no están al servicio de la ciudadanía, sino a quienes trabajan para poderes oscuros”. Calificarlas como "muñecas de la mafia" y reafirmar que están al servicio de “poderes oscuros” son conductas que generalizan, estigmatizan y perpetúan los estereotipos de violencia contra las mujeres periodistas.

El martes 20 de agosto, en compañía de Reporteros Sin Fronteras, sostuvimos una reunión con el presidente Gustavo Petro y otros miembros de su Gobierno. El encuentro se centró en solicitar una política más eficaz para combatir la impunidad de los crímenes contra la prensa, teniendo en cuenta que cinco comunicadores han sido asesinados desde que asumió el poder en agosto de 2022, dos de ellos bajo protección del Estado.

El gobernador de Magdalena, Rafael Martínez, señaló a varios medios de comunicación locales de ser parte de una campaña “financiada con recursos públicos del distrito en contra del proyecto de la Gobernación del Magdalena (...) para desacreditar y para desdibujar”. Esto ocurrió en dos ruedas de prensa que hizo el mandatario el 16 y 22 de julio a través de sus redes sociales, en las que se refirió al periodismo en general, y también señaló a Seguimiento.co, Opinión Caribe, la emisora Radio Hoy y Caracol Radio.

En los últimos meses, y a pesar de las varias solicitudes que le hemos hecho para abstenerse de estigmatizar a la prensa, el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Daniel Briceño, ha mantenido un discurso estigmatizante en contra de RTVC. Briceño ha asegurado de manera reiterada que el medio es una “máquina de desinformación y de persecución política”. Estas afirmaciones generan un ambiente hostil en contra del sistema de medios públicos, desacreditando el ejercicio de la prensa y desconociendo sus deberes como Concejal en el marco de un debate democrático y plural.

Frente a un hecho desafortunado de desinformación por parte del presidente Gustavo Petro, la Junta directiva de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), su Asamblea y su equipo directivo, se permiten aclarar lo siguiente:

El pasado 25 de junio, Jorge Eliécer Reales, alcalde de Repelón, Atlántico, realizó pronunciamientos estigmatizantes en contra de los medios del municipio. Durante la socialización de una obra municipal, el alcalde señaló a la prensa en general de dar información negativa, promover un “chantaje sucio” y emitir “programas amarillistas sucios que están contaminando el oído al pueblo todas las mañanas”.

Durante los últimos días, se ha dejado en evidencia la persistente intención del presidente Gustavo Petro de debilitar el debate sobre asuntos de interés público relacionados con la gestión del gobierno nacional.

#AlertaFLIP | Ayer en San Gil, Santander, el periodista Freddy Ortiz, director del periódico El Regional, cubría las protestas convocadas por el sector de la construcción del municipio cuando fue acusado por el alcalde Édgar Pinzón de extorsionarlo y fomentar la manifestación. Expresamos nuestro rechazo ante el actuar de Pinzón.

El pasado 20 de junio, la Alcaldía Municipal de Zarzal, Valle del Cauca, publicó en su cuenta oficial de Facebook una imagen en la que se aseguró que las redes sociales de la administración son el “único medio de comunicación serio, oficial y verídico”. Además, en la pieza gráfica se invitó a la comunidad en general y funcionarios públicos a “solo compartir la información que de verdad informa".

En los últimos cinco días, Orlando Villar, jefe de redacción de Caracol Radio y periodista de La Luciérnaga, ha recibido cerca de cien mensajes intimidantes en sus redes sociales como consecuencia de los señalamientos del senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como ‘Jota Pe Hernández’. El senador ha estigmatizado a Villar y al medio de comunicación a propósito del artículo ‘Diputado salvadoreño revela cómo senador Jota Pe pidió invitación para posesión de Bukele’, que desmentía la presencia de Hernández en la posesión del presidente salvadoreño.

Rechazamos la difusión del contenido estigmatizante en contra de Semana y su directora Vicky Dávila por parte del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. El pasado 26 de mayo, Velasco compartió en su cuenta personal de X una imagen en la que se vincula a la periodista con grupos armados al margen de la ley.

Rechazamos la estigmatización que el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, hizo en su cuenta de X (Twitter) el pasado lunes 20 de mayo, donde vincula de manera general el trabajo periodístico de medios locales con intereses de la banda criminal denominada La Inmaculada, la cual opera en el municipio.

Durante las últimas semanas en la FLIP hemos documentado diversos señalamientos y calificativos en redes sociales por parte del presidente Gustavo Petro, altos funcionarios públicos y miembros de la coalición de Gobierno, que estigmatizan la labor del periodismo en el país. Con estas afirmaciones, que generalizan la labor de los y las periodistas en Colombia, se agudiza el clima de hostilidad hacia la prensa, con lo cual se desconoce la obligación que tiene el Estado, y particularmente el Presidente, de garantizar condiciones óptimas para el ejercicio de la libertad de prensa.

Desde la Red Voces del Sur alertamos que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha implicado a los periodistas del portal de investigación Armando.Info: Ewald Scharfenberg y Roberto Deniz, en una supuesta trama extorsiva liderada por el exministro de Petróleo Tareck El Aissami (detenido en abril de 2024 por su presunta participación en hechos de corrupción en la empresa estatal Petróleos de Venezuela, mediante operaciones con criptomonedas).

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa reiteramos nuestra preocupación por la situación de violencia que enfrenta la prensa del país. En los primeros cuatro meses del año, hemos documentado 158 agresiones y un mayor riesgo para quienes cubren temas relacionados con administraciones públicas, manifestaciones, seguridad y conflicto armado. Este escalamiento de la violencia tiene un efecto inhibitorio en el periodismo, vulnera los principios democráticos y plurales de las sociedades, y evidencia que las y los periodistas corren un riesgo cada vez mayor.

En los últimos dos años, grupos armados ilegales han sido el principal agresor de la prensa en Arauca. Según nuestra documentación, en 2022 los ataques del Estado Mayor Central de las FARC (EMC-FARC) y el ELN contra periodistas correspondieron al 57.45% del total de agresiones en el departamento. Si bien en 2023 el porcentaje bajó a 45%, en lo corrido del 2024 alcanza el 50%. Esta violencia ha causado que los y las periodistas acudan a la autocensura como mecanismo de protección y dejen de informar sobre conflicto armado, orden público y violación de derechos humanos, producto de la acción de estos grupos que se ha agravado por el enfrentamiento directo en el que se encuentran.

Rechazamos los comentarios misóginos y expresiones machistas realizadas por el streamer Luis Villa, conocido como ‘Westcol’, hacia las periodistas de la Revista Semana, Paola Vega y Juanita Gómez, durante una transmisión que realizó en redes sociales el 13 de marzo.

#AlertaFLIP | Durante las protestas que se presentaron hoy en el centro de Bogotá, el periodista Jesús Garzón y su camarógrafo de RTVC Noticias fueron agredidos verbal y físicamente. Esta violencia impide el libre desarrollo de la libertad de prensa.

En la última semana, tres periodistas han sido objeto de amenazas y acoso en línea por parte de Luis Villa, conocido como "WestCol", y sus seguidores, en respuesta a una publicación realizada en los medios Publimetro y Última Hora Col. La publicación se refería a una foto compartida por Villa en sus redes sociales, donde se mostraba a un gallinazo amarrado en el cuello con un texto que planteaba la pregunta: "Nueva mascota. ¿Cómo le ponemos?"

Ante el nuevo periodo de gobierno que comienza en El Salvador, las organizaciones y redes firmantes de este comunicado hacemos un llamado para que se establezcan las condiciones y garantías necesarias para que las y los periodistas puedan ejercer su labor, la ciudadanía esté informada, y se reconozca el papel de los medios en el fortalecimiento de la democracia.

#AlertaFLIP | El 12 de diciembre, la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, publicó un hilo en X (Twitter) en el que estigmatiza a Seguimiento.co por un artículo sobre las obras inconclusas en la ciudad. Estos mensajes van en contravía de sus deberes como funcionaria.

Rechazamos la conducta intimidatoria de la Fiscalía contra la Revista Raya que pretende violar la reserva de la fuente. El pasado 27 de octubre, Edinson Bolaños, periodista y director del medio, fue contactado por un investigador del CTI, quien manifestó tener una orden emitida por la Fiscalía 515 Local para realizar una inspección judicial de los archivos y fuentes del medio.

En 17 de los 32 departamentos de Colombia, la FLIP ha documentado casos en los que diferentes grupos armados ilegales intimidan, persiguen y amenazan a las y los periodistas con el propósito de controlar la información que se publica en los medios de comunicación local.

La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, expresa su preocupación por una serie de declaraciones públicas en las que el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se refiere y califica algunas publicaciones periodísticas.

Rechazamos las estigmatizaciones por parte de la candidata y el candidato a la Gobernación de Nariño, Claudia Cabrera Tarazona y Berner Zambrano Eraso, contra los periodistas Winston Viracachá y Aníbal Arévalo quienes han estado cubriendo el desarrollo de las campañas electorales en el departamento.

En la FLIP queremos visibilizar y hacer seguimiento a la situación de la prensa nacional respecto al cubrimiento de las elecciones, pues a medida que se acerca la jornada electoral del próximo 29 de octubre, notamos un incremento en las agresiones contra las y los periodistas.

Desde ayer, 24 de septiembre, y a través de su cuenta de X (Twitter), el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha acusado de manera reiterativa a Rodrigo Uprimny (*), luego de que el columnista publicara su columna de opinión “Los falsos positivos, la JEP y Uribe” en El Espectador. Los señalamientos de Uribe Vélez son estigmatizantes y constituyen una agresión directa para Uprimny y para las voces críticas que surgen desde la prensa.

A través de su cuenta de X (Twitter), el candidato a la Alcaldía de Medellín, Juan Carlos Upegui, ha escrito y replicado varios mensajes estigmatizantes en contra del periódico El Colombiano, en respuesta a los artículos que ha publicado el medio sobre la financiación de su campaña.

Ayer 21 de septiembre, en entrevista en Blu Radio, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, estigmatizó a la periodista y presidenta de la junta directiva de la FLIP, Ana Cristina Restrepo, la acusó de tener intereses políticos y emitir información falsa.

Celebramos la decisión de la Corte Constitucional en la que reitera que la Unidad Nacional de Protección (UNP) debe aplicar un enfoque diferencial para evaluar el riesgo de las y los periodistas que acuden al mecanismo de protección.

El pasado 27 de febrero, el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, publicó unos tweets señalando al periodista Leopoldo Granados de "pseudo periodista denunciado por extorsión"; y "prepago" por los clanes para-políticos. Granados es el director del medio Seguimiento.co y fue atacado luego de haber denunciado irregularidades en la contratación del hospital de Salamina.

La FLIP conoció que el pasado 19 de diciembre de 2022 el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia publicó en redes sociales un comunicado en el que hacían calificaciones estigmatizantes contra medios de comunicación. Los acusan de hacer un ejercicio “desmedido del derecho a informar” con “notas periodísticas suspicaces”, y tildan la libertad de información de los medios como una “injerencia indebida en sus decisiones -las de los funcionarios judiciales-”. Con esto, imponen la carga a medios de comunicación y periodistas de “predisponer a la ciudadanía e incitar a la ligereza en el ejercicio de los poderes disciplinarios”; además, los responsabilizan de “menoscabar la imagen de funcionarios públicos y del poder judicial”.

Estos señalamientos, que se hacen de manera generalizada y sin aportar ningún contexto, son, particularmente, problemáticos al provenir de una organización que asocia a funcionarios judiciales del departamento de Antioquia que, como funcionarios públicos, tienen un mayor compromiso social y ostentan una posición de garante respecto de los derechos fundamentales de las personas.

Estas estigmatizaciones tienen el riesgo de impactar negativamente y de coartar la labor de aquellos medios de comunicación y periodistas que informan sobre el trabajo de los jueces y fiscales, es decir, sobre asuntos de alta relevancia para la ciudadanía, como lo son los seguimientos a los procesos judiciales en el departamento de Antioquia. Las publicaciones sobre estos temas y sus difusiones deben gozar de un amplio margen de apertura y sus restricciones deben ser excepcionales.

Por eso, hacemos un llamado al Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia para que de manera constante, asuma como institución, y promueva en sus asociados, un discurso favorable para el ejercicio de la libertad de expresión. Asimismo, los invitamos a ofrecer públicamente un respaldo a la labor que desarrolla la prensa y a reconocer la importancia de la diversidad de opiniones y de pluralidad informativa para el mantenimiento de las sociedades democráticas. 

Lea aquí la carta completa enviada al Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia.

Durante las últimas semanas, varios integrantes del Pacto Histórico y del gobierno nacional han hecho estigmatizaciones y señalamientos irresponsables sobre los contenidos y las publicaciones de Revista Semana. Estas afirmaciones perjudican la libertad de prensa y estigmatizan a los y las periodistas del medio de comunicación.

La FLIP rechaza enérgicamente los mensajes estigmatizantes del candidato a la presidencia Enrique Gómez, quien en su cuenta de Twitter afirmó que “varios medios han asumido las banderas del narcotráfico en demérito de las poblaciones más vulnerables del país”. Esto, refiriéndose a los reportajes publicados por Vorágine, Cambio y El Espectador, en los que se denuncian graves irregularidades cometidas por integrantes del Ejército en contra de civiles en Putumayo. Este tipo de señalamientos, infundados y que además vinculan a los periodistas con acciones ilegales como el narcotráfico, buscan deslegitimar su trabajo pero sobre todo los pone en peligro.

La actual campaña electoral se ha caracterizado por los ataques diferenciales contra la prensa, que en ocasiones, son promovidos, alentados o tolerados por miembros de partidos, movimientos políticos y sus seguidores. Por este motivo, la FLIP le solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Procuraduría General de la Nación que tomen acciones inmediatas frente a este tipo de violencia que afecta el libre trabajo de los medios de comunicación. 

De igual manera, la FLIP ha llamado la atención sobre las estrategias que deben implementarse para hacer frente a los contenidos que pueden configurarse como discurso de odio, mensajes que no están protegidos por la libertad de expresión y, que además, son los jueces quienes tienen competencia para determinar cuando se transgrede este límite. Resulta irresponsable que se señale a la prensa, como protectora y promotora de este tipo de expresiones. 

El periodismo juega un rol fundamental dentro de las elecciones, pues hace veeduría a los partidos, movimientos políticos, sus candidatos y líderes, para que la ciudadanía vote informada. Sin embargo, en los últimos tres meses, han ocurrido al menos 30 ataques contra la prensa por cubrimientos electorales.

Concretamente, preocupa la intensificación de una narrativa antagónica contra la prensa como parte de las campañas electorales. Es peligroso para la democracia que esto se normalice y acreciente, de manera que se avale la promoción de mensajes de odio y repudio contra la prensa. Algunos de los casos que ejemplifican cómo las estigmatizaciones afectan el debate público son el de la senadora , los tuits que emitió el senador Gustavo Bolívar en contra de la periodista Darcy Quinn y la publicación de Gustavo Petro en la que dijo habían “neonazis en RCN”.

Para la FLIP, las críticas contra la prensa son legítimas y existen herramientas legales diseñadas para dirimir errores o informaciones difundidas de mala fe. Además, la libertad de expresión no es absoluta y tiene límites. Sin embargo, los funcionarios públicos o candidatos no deben aleccionar o poner etiquetas al periodismo, esto tiene implicaciones negativas en el ecosistema mediático y en la seguridad de los y las reporteras. 

Los límites a la libertad de expresión no deben ser instrumentalizados por sectores cuya intención sea la de deslegitimar el papel de los medios de comunicación. Por el contrario, las autoridades electorales y los partidos y movimientos políticos deben prevenir que los políticos recurran a este tipo de discurso en el marco de las campañas electorales. 

Por ello, en aras de que se den garantías mínimas para el cubrimiento electoral, solicitamos al CNE y la Procuraduría que:

• Se establezca una estrategia de prevención de la violencia electoral cuando está direccionada contra la prensa, en la que se acojan las recomendaciones emitidas por las Relatorías para la libertad de expresión en la Declaración Conjunta sobre líderes políticos, personas que ejercen la función pública, y libertad de expresión.
  
  
• Vigilen y adopten medidas respecto de los partidos y movimientos, así como de sus miembros cuando incurran en hechos que atenten contra la buena fe o los intereses generales de la comunidad o la sociedad, como es una agresión contra la prensa.

A puertas de las elecciones legislativas y presidenciales del 2022, en la FLIP hemos publicado diferentes insumos que guían a la ciudadanía, periodistas y funcionarios públicos sobre cómo garantizar la libertad de prensa antes y durante los comicios.

El sábado 18 de mayo The New York Times publicó una nota del periodista Nicholas Casey sobre políticas del ministerio de Defensa de Colombia advirtiendo sobre el riesgo de que se repita un fenómeno de ejecuciones extrajudiciales de civiles, que se conoció como “falsos positivos”.