Funcionarios agreden a periodista de Córdoba y legitiman la violencia en su contra

El pasado domingo 13 de julio, el periodista Luis Alberto Suárez, del municipio de Ayapel, Córdoba, fue agredido físicamente por el secretario de Gobierno, Jorge Rojas, hecho que ha sido legitimado durante estos días por el alcalde Hugo Armando Pinedo. Ambos funcionarios han protagonizado una serie de ataques contra el comunicador, que incluyen violencia física, amenazas y estigmatización, en represalia por su labor periodística y las denuncias públicas que ha hecho sobre la gestión municipal. Estas agresiones constituyen una grave vulneración a los derechos a la libertad de expresión y a informar sobre asuntos de interés público.

El domingo el periodista salía de su casa e iba en su moto, cuando el secretario de Gobierno, Jorge Rojas, lo siguió, lo alcanzó y lo golpeó por la espalda, provocándole una caída, heridas en su brazo y su pierna izquierda, y daños en su celular y su motocicleta. Luego le advirtió “si quieres te llevo a Medicina Legal y te pago la incapacidad para que aprendas a respetar a los hombres”.

Horas después, Suárez denunció lo que ocurrió a través de su página de Facebook. Como respuesta, el secretario Rojas hizo varias publicaciones en las que justificó su conducta y aseguró que va a denunciar a Suárez por calumnia y por intentar dañar su buen nombre. El alcalde de Ayapel, Hugo Armando Pinedo, respaldó al secretario y le escribió a través de su cuenta de Facebook: “Mi querido dr., le faltó darle una más duro por mí para que por fin aprenda a respetar”, dando a entender que la agresión física en contra del periodista está justificada y era la vía legítima que tenía el funcionario para “exigir respeto”. En los últimos dos días, ambos funcionarios han continuado publicando videos en los que insisten en que las personas deben respetar a los funcionarios, por medio de los cuales se puede interpretar un discurso revictimizante en contra del periodista.

Este tipo de agresiones y señalamientos generan un ambiente hostil hacia la prensa local, pues promueve la autocensura y limita el derecho al acceso a la información sobre temas de interés público. En el caso de Suárez, su labor periodística ha sido reconocida por denunciar presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de los recursos públicos y la ejecución de obras en el municipio. Esta labor la hace a través de su página de Facebook “Luis Alberto Suárez Periodista”, que cuenta con más de 47 mil seguidores.

Desde la FLIP rechazamos de manera enfática las agresiones físicas y estigmatizantes dirigidas contra el periodista Luis Alberto Suárez por parte del secretario de Gobierno, Jorge Rojas, y legitimadas por el alcalde de Ayapel, Hugo Armando Pinedo, pues configuran una estrategia de agresión y censura directa. Los ataques físicos y verbales cometidos por el secretario Rojas y el alcalde Pinedo, respectivamente, son incompatibles con sus obligaciones como funcionarios y van en contravía de su deber constitucional de garantizar y respaldar la libertad de expresión y de prensa. Estos funcionarios deben recordar que, según la sentencia T-061 de 2022 de la Corte Constitucional, “están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad” y, por ende, deben ser más tolerantes con la crítica que las y los periodistas realizan sobre su gestión.

En este sentido, le exigimos al secretario de Gobierno, Jorge Rojas, y al alcalde, Hugo Armando Pinedo, que ofrezcan excusas públicas al periodista, reconozcan la gravedad de sus actos y se abstengan de atacar a la prensa en futuras ocasiones. Les reiteramos que, como funcionarios, tienen el deber constitucional de promover y proteger la libertad de expresión en un entorno libre y seguro, mas no deberían actuar como sus agresores o enviar mensajes intimidantes que pongan en riesgo la labor periodística en una sociedad democrática.

Así mismo, le pedimos al Concejo Municipal de Ayapel para que ejerza un control político frente a las conductas del secretario de Gobierno y el alcalde del municipio. De acuerdo con el Artículo 38 de la Ley 136 de 1994, estas instancias tienen la posibilidad de “vigilar y controlar la gestión de los funcionarios de la administración local, especialmente cuando sus acciones puedan constituir abusos de poder o violaciones a los derechos fundamentales”. La violencia física y verbal en contra de la prensa amerita un rechazo y un control contundente por parte de las autoridades, por lo que la labor del Concejo es fundamental ante la solicitud realizada a la Procuraduría General de la Nación para también investigar y sancionar a ambos funcionarios por sus conductas violentas en contra de la prensa

Por otro lado, le solicitamos a la Fiscalía General de la Nación que avance de manera rigurosa en la investigación y en la sanción de los responsables, considerando que las agresiones se dan como represalia a la labor periodística, vienen por parte de actores políticos e incluso, han sido sistemáticas. En noviembre del año pasado, Suárez interpuso otra denuncia hacia el alcalde Pinedo que, posteriormente, fue archivada. También le pedimos a la Policía Nacional de Córdoba que continúe garantizando la seguridad del periodista a través de la ruta de protección que ya fue activada, y a que prevenga el escalamiento de la violencia en contra del comunicador.