Alcalde de El Zulia, Norte de Santander, ataca a medios locales

Elkin Caballero, alcalde de El Zulia, Norte de Santander, agredió físicamente y estigmatizó a periodistas que cubrían las afectaciones derivadas de una obra ejecutada en los municipios de El Zulia y San Cayetano. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza estos hechos y recuerda que las agresiones por parte de funcionarios constituyen una grave vulneración a la libertad de prensa y al derecho ciudadano a estar informado.

Los hechos ocurrieron mientras periodistas de medios como Cúcuta Real y Noticias Cúcuta 75, entre otros, cubrían una visita de autoridades locales a la zona afectada por una obra que desbordó el río Zulia. Esta situación afectó, al menos, a 52 familias del municipio de San Cayetano. Durante la jornada, el alcalde reaccionó de forma hostil ante preguntas relacionadas con la emergencia y con las responsabilidades institucionales frente a las obras ejecutadas. Además, Caballero increpó en varias ocasiones a los reporteros, elevó el tono de sus señalamientos y cuestionó su presencia en el sitio. Minutos después, el alcalde empujó a uno de los periodistas y les lanzó agua, tratando de interferir con sus transmisiones y afectado algunos de sus equipos de trabajo.

Finalmente, el mandatario local realizó una transmisión en vivo desde su perfil personal en redes sociales en la que calificó a periodistas presentes como responsables de ejercer “periodismo amarillista” y “prostituirse por tres pesos”, además de señalarlos de buscar intimidarlo y de actuar por supuestos intereses económicos para hablar mal de su administración. Este tipo de declaraciones estigmatizantes desacreditan injustificadamente la labor periodística, exponen a comunicadores a mayores riesgos y deterioran el ambiente para el ejercicio libre e independiente de la prensa.

La prensa tiene una función esencial en contextos de emergencia, como el ocurrido en Norte de Santander, pues visibiliza necesidades de las comunidades y hace veeduría sobre asuntos de interés público y la respuesta institucional. La Corte Constitucional, en sentencias como la T-038 de 2024, ha reconocido que los periodistas son sujetos de especial protección constitucional. Por eso, obstaculizar esta labor mediante insultos, amenazas u otro tipo de agresiones limita el flujo de información de interés público y afecta el derecho fundamental de la libertad de expresión, contenido en el artículo 20, especialmente en momentos en los que la ciudadanía necesita respuestas claras de sus autoridades.

Cualquier acto de violencia contra quienes cumplen labores de reportería resulta inadmisible y exige una respuesta inmediata de las autoridades competentes. La FLIP le solicita al alcalde Caballero que, en vez de emitir señalamientos en contra de quienes informan, rectifique sus afirmaciones, y promueva y respalde la labor de la prensa. En su calidad como funcionario, debe mantener un mayor nivel de tolerancia frente al escrutinio ciudadano y garantizar condiciones para el ejercicio periodístico.

Así mismo, los funcionarios deben hacer un uso responsable de sus canales oficiales y redes sociales. Sus expresiones tienen un impacto amplificado y no pueden utilizarse para señalar, desacreditar o poner en riesgo a periodistas que están realizando su trabajo.