Abelardo de la Espriella y su campaña profundizan su discurso hostil contra la prensa

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el candidato Abelardo de la Espriella y su campaña vuelven a atacar a periodistas y medios de comunicación como respuesta a investigaciones de interés público sobre su candidatura. Para la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), estos señalamientos reiterados buscan desacreditar el trabajo periodístico y constituyen una amenaza para el debate democrático.

A propósito del artículo “Campaña de Abelardo de la Espriella registró pagos por 1.299 millones a una empresa fantasma”, publicado el 16 de junio en Cambio, el candidato y su abogado, Germán Calderón España, aseguraron sin pruebas que el medio publicó información falsa. Enviaron una solicitud de rectificación, a nombre del movimiento Defensores de la Patria, que aglutina la campaña, en la que afirman que el medio incurre en “un juego sucio para causar un desequilibrio informático y presuntamente pretender alterar el resultado electoral de segunda vuelta”. En el documento, también etiquetan al periodista Daniel Coronell como “periodista activista ideológico de izquierda”, y anuncian la posibilidad de acudir a instancias judiciales si el medio no responde a la solicitud.

Horas después, Calderón España publicó un video en su cuenta de X afirmando que “la Revista Cambio se ha perfilado por tener unos periodistas activistas ideológicos que han atacado a Abelardo de la Espriella desde el inicio de la campaña”. Y posteriormente, haciendo referencia al medio, le escribió al director de Cambio, Federico Gómez Lara, que son “éticamente responsables indirectamente” con la comisión de algunos delitos.

Por otro lado, el 17 de junio y en una entrevista con Caracol TV, el candidato De La Espriella aseguró que “hay periodistas que ejercen proselitismo político. A esos no les va a ir bien en mi gobierno”. Para la FLIP, este tipo de afirmaciones sugieren un trato diferenciado hacia periodistas en función de sus opiniones o de la percepción que el propio candidato tenga sobre su trabajo. En una democracia, ningún gobernante puede condicionar las garantías para el ejercicio periodístico al grado de afinidad o simpatía que le generen los medios y periodistas que lo cubren.

El patrón de ataques de Abelardo de la Espriella en contra de la prensa es evidente: descalificaciones públicas, señalamientos sobre presuntas agendas políticas, acoso judicial contra periodistas, cuestionamientos infundados a la independencia y acciones orientadas a deslegitimar el trabajo periodístico sobre asuntos de interés público relacionados con su candidatura. En reiteradas ocasiones, la Fundación y varias organizaciones de la sociedad civil han hecho llamados al candidato para que, en su aspiración a la Presidencia de la República, se abstenga de estigmatizar a la prensa y promueva el respeto por la labor de veeduría y crítica que realizan las y los periodistas. Sin embargo, De La Espriella ha ignorado tales mensajes y ha continuado y escalado sus ataques.

Estas acciones limitan el debate público, reducen el flujo de información para la ciudadanía y afectan las condiciones necesarias para la rendición de cuentas democrática. Su gravedad es aún mayor cuando provienen de quien aspira a ocupar la Presidencia de la República. Presentar el trabajo periodístico como una acción coordinada para perjudicar una candidatura, atribuir motivaciones políticas sin pruebas a periodistas y medios, o desacreditar sistemáticamente investigaciones de interés público, contribuye a erosionar la confianza ciudadana en la prensa y debilita las condiciones para el debate democrático.

En una democracia, las candidaturas presidenciales están sometidas a un nivel particularmente alto de escrutinio público. Si bien los actores políticos pueden acudir a los mecanismos legales disponibles para controvertir información que consideren inexacta, estas herramientas no pueden convertirse en mecanismos de silenciamiento ni para castigar, intimidar o desalentar la labor periodística.

Esta preocupación se profundiza si se tiene en cuenta que los ataques de De La Espriella también han alcanzado a organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de prensa, como la FLIP. Deslegitimarlas busca debilitar la credibilidad de quienes documentan, denuncian, acompañan y protegen a periodistas víctimas de agresiones, y deteriora las condiciones para la defensa del espacio cívico y las libertades fundamentales.

La protección de la libertad de prensa consiste en asegurar las condiciones para que las y los periodistas, incluidos quienes investigan, cuestionan o incomodan al poder, puedan ejercer su labor sin estigmatización, represalias o presiones indebidas. Por eso, a pocos días de la segunda vuelta, estos discursos también constituyen una alerta sobre la forma en que un eventual gobierno entendería su relación con la prensa y con el escrutinio público.

La democracia requiere gobernantes capaces de proteger a toda la prensa, no únicamente a aquella que les resulta favorable. Quien ocupe la Presidencia tendrá la responsabilidad de garantizar las condiciones para que periodistas y medios puedan investigar, cuestionar e informar libremente, incluso cuando sus hallazgos o críticas resulten incómodos para el poder. Cuando una candidatura responde de manera sistemática al periodismo crítico mediante la descalificación, la estigmatización o los intentos de silenciamiento, se ponen en riesgo principios esenciales de la democracia: el control ciudadano sobre el poder, la circulación de información de interés público y la posibilidad de que la sociedad tome decisiones informadas.