Alcalde de Tuluá estigmatiza y genera un clima hostil contra la prensa local

Rechazamos la estigmatización que el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, hizo en su cuenta de X (Twitter) el pasado lunes 20 de mayo, donde vincula de manera general el trabajo periodístico de medios locales con intereses de la banda criminal denominada La Inmaculada, la cual opera en el municipio.

Ese día, varios medios de Tuluá se vieron obligados a publicar un video enviado por este grupo criminal, el cual contenía afirmaciones sobre la gestión del alcalde. En dichas publicaciones, los medios dejaron claro que fueron presionados para divulgar ese contenido. Posteriormente, el mandatario mencionó en redes sociales que los medios estaban actuando de manera sistemática y coordinada para difundir información de La Inmaculada.

Estas afirmaciones son preocupantes porque vinculan sin ninguna prueba a la prensa con el actuar de una banda criminal en un escenario de alta violencia contra periodistas. El año pasado, desde la FLIP, advertimos una instrumentalización de los medios por parte de grupos criminales en Tuluá y alertamos que al menos siete comunicadores fueron amenazados y presionados por bandas criminales para publicar o dejar de compartir información.

En este contexto se ha creado un ambiente de miedo y censura entre los periodistas que se puede exacerbar con los señalamientos que hace el mandatario ya que desacredita la labor de la prensa y debilita el ejercicio del debate público. Además, su solicitud a la Fiscalía General para que investigue a los medios deslegitima la situación de riesgo de la prensa y pierde de vista la necesidad de protección y procuración de justicia ante los crímenes contra periodistas.

Exigimos al alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, que emita una disculpa pública por los señalamientos realizados, que esté en sintonía con el respeto a la libertad de prensa y expresión como pilares democráticos. El respaldo a la labor de la prensa y el manejo de un discurso responsable y garante del desarrollo plural del ejercicio periodístico se enmarca el deber de prevención y protección que tienen los servidores públicos.

Sobre este particular, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, ha constatado que los discursos oficiales pueden aumentar la situación de vulnerabilidad de los periodistas y con ello el riesgo de sufrir violaciones a sus derechos o puede ocurrir que, aunque no autoricen expresamente la violencia, “su reiteración y contenido puede aumentar la vulnerabilidad relativa de estos grupos”. Por esta razón, las autoridades deben respetar, proteger y garantizar su seguridad mediante la abstención de mensajes públicos que puedan crear o intensificar el riesgo o vulnerabilidad de un periodista en razón a las opiniones o informaciones que haga públicas.