El director de la emisora comunitaria Sonora Estéreo, Mardonio Mejía Mendoza, fue asesinado en la noche del 24 de enero en San Pedro, Sucre, por sicarios a bordo de una motocicleta. Mejía era uno de los periodistas más reconocidos del municipio e integrante del Colegio Nacional de Periodistas del departamento. Además, dirigía el programa “Amanecer Campesino”, en el que tenía una sección especial que llamaba “Crónica Roja”, dedicada a temas judiciales como capturas, asesinatos y asuntos de seguridad local.

Un reportero se aparta del oficio, un proyecto cultural que aporta a la memoria no ve la luz y una emisora comunitaria se modera. Asesinar la voz de un comunicador es la primera gran herida de muchas.

Por Laura Ardila Arrieta, periodista.

Escribió Javier Valdez en su libro Narcoperiodismo que en el asesinato de periodistas el silencio gana. Cuando se cumplieron tres años del homicidio del reportero mexicano que desafió a los narcos a punta de pluma y valentía, su esposa, Griselda Triana, señaló además que la falta de justicia en estos casos agrava el estado emocional de las familias, y que, con la muerte de Javier, no solo resultaron huérfanos sus hijos: también quedaron desamparadas muchas víctimas de la violencia en México.

Parece obvio y, sin embargo, no siempre lo es: un periodista no solo perece cuando lo matan. Un periodista desaparecido, eliminado por la embestida asoladora de una acción criminal, vuelve a morir en cada pequeña o gran circunstancia definida por esa ausencia lograda a la fuerza.

Varias muertes, distintas formas de la muerte, oprimiendo las heridas abiertas de un oficio en el que, cada Día del Periodista en Colombia —y en México y en toda América Latina, región en la que el año pasado se cometió casi la mitad de los asesinatos a periodistas que registró el mundo— se volvió lugar común exponer un nuevo récord de agresiones.

Y las solas cifras frías ya no ayudan para entender bien la magnitud de lo que ocurre.

Cali se untó de tristeza e indignación cuando, en diciembre de 2020, un sicario disparó los cuatro tiros que acabaron con la vida de Andrés Felipe Guevara, periodista judicial del diario Q'hubo. 

El reportero de 27 años fue asesinado en Mariano Ramos, el barrio sede de oficinas de cobro en el que residía, después de publicar varias historias sobre una de las bandas que justamente opera en ese sector caliente del oriente de Cali. Así es que, incluso sin que su caso se haya esclarecido hoy, desde el primer momento se constituyó en otra constatación del alto riesgo que corren los periodistas inmersos en las periferias y en los territorios sin mucho Estado.

Pero, más allá, para su colega Felipe Becerra ese golpe significó la inflexión que le marcó el retiro del periodismo. Caleño, de 35 años y con una década larga ejerciendo el oficio, Becerra trabajaba entonces como editor judicial del diario El País, el más grande e influyente del Valle del Cauca. Y era el amigo, el compadre, con el que Guevara cada mañana charlaba informalmente los planes periodísticos del día.

“¿Qué tema llevás hoy?”, “¿cómo viste la portada?”, “píllate esta historia”. El compañerismo y la solidaridad. Jugaban juntos al fútbol. Iban por la obligada cerveza tras algunos cierres. Les decían “los tres Pipes”, porque eran ellos dos y un compañero llamado Andrés Felipe Carmona, los periodistas judiciales de Cali que siempre coincidían en notas y escenarios.

Antes del asesinato de Andrés Felipe, su compañero Pipe Becerra ya estaba agotado de hacer periodismo de diario y venía pensando su salida del periódico. Finalmente, con el peso de la pérdida de su amigo encima, renunció a El País y al periodismo. 

Ahora trabaja en la Fundación SIDOC del exalcalde Maurice Armitage. “Esto fue demasiado duro, ni mi familia ni yo estábamos tranquilos con una fuente que de por sí ya es complicada. Me encantaría volver a ejercer, yo quiero volver, pero si es en otra dinámica de trabajo”.

A unos quinientos kilómetros de Cali, desde Samaniego, Nariño, el docente y comunicador José Gerardo Gómez da cuenta de otra forma en la que un periodista muere más de una vez. En junio de 2019, Gómez colaboraba haciendo notas una o dos veces por semana para el programa ‘El Despertador’, que su amigo Libardo Montenegro dirigía y presentaba en Samaniego Estéreo, la emisora comunitaria del pueblo.

Un martes de aquel mes, a las 9:30 p.m., dos sicarios en moto mataron a Libardo cuando iba rumbo a su casa. Ocurrió pocos días después de que la víctima difundiera una cuña que promovía una marcha “por la paz y la vida de Samaniego”, un municipio cuyo control social y político ha estado históricamente en manos de narcotraficantes; y también de que se registrara una supuesta discusión entre Montenegro y la expareja de su novia.

Aunque en tres años y ocho meses no ha habido una condena que permita establecer si las motivaciones fueron en razón del oficio, relata José Gerardo que, como sea, el crimen de su compañero de programa ha tenido un efecto lamentable en el periodismo comunitario de Samaniego.

“La emisora tiene una pesadumbre que se siente en el aire y ya no se pueden decir muchas cosas. Por ejemplo, yo solicité un espacio para socializar la veeduría ciudadana que le estamos haciendo a una obra y nos piden callar algunas cosas, uno se siente limitado. Ya nadie puede dar un punto de vista, como lo hacía Libardo. Algunos dicen que la emisora lo hace por prudencia, otros que lo hace más bien por conveniencia”, cuenta Gómez.

Libardo era nieto de Segundo Montenegro, el fundador de la primera emisora comunitaria que tuvo Samaniego. Con su asesinato no solo callaron la voz de una institución y golpearon una libertad de expresión y prensa que ya era precaria. Los asesinos, de paso, cometieron otra agresión al provocar el desplazamiento de la madre del periodista: doña Yolanda Quintero, una auxiliar de enfermería jubilada que, a sus 70 años, tuvo que desarraigarse como medida de prevención después del homicidio. “Vive triste, extraña a su hijo y a su tierra”, comentó Wilson Montenegro, hermano de Libardo.

Tampoco están residiendo en la tierra en la que habían echado raíces los familiares de Mauricio Lezama, asesinado en mayo de 2019 en La Esmeralda, corregimiento del fronterizo municipio de Arauquita, en Arauca.

Mauricio era un comunicador, dedicado a la producción audiovisual y a la gestión cultural, que vivía en la capital Arauca y había viajado hasta La Esmeralda —mencionado nacionalmente en enero del año pasado, debido a que guerrilleros del ELN patrullaron por su centro poblado, mientras el entonces presidente Iván Duque se encontraba de visita en el departamento— a hacer un casting para el cortometraje Mayo, que estaba produciendo.

En su caso, los seres queridos repiten el deplorable lugar común de la impunidad y de la falta de investigación y resultados, con el agravante de que la escena del crimen fue alterada. Desaparecieron su cámara, su celular y los casquillos de las balas, y su cuerpo no fue levantado formalmente por funcionarios judiciales, pues estos no se atrevieron a entrar a la zona.

Mayo fue concebido como una ficción para contar la historia real de Mayo Villarreal, una enfermera y profesora de La Esmeralda que sobrevivió al exterminio de la Unión Patriótica. Y el cortometraje fue seleccionado como beneficiario de los recursos que entrega el Fondo de Desarrollo Cinematográfico (FDC).

Aunque en su momento el crimen de Mauricio generó cierta conmoción (el cineasta Ciro Guerra exhibió su foto y pidió justicia en una alfombra roja en Cannes) y había expectativa de que el corto sí viera la luz (el exsenador Gustavo Bolívar anunció con bombos y platillos por Twitter que apoyaría el rodaje), el trabajo que ocupó la mente e ilusiones del productor en sus últimos días murió con él. Al menos, por ahora. 

Tonni Villarreal, hijo de Mayo y quien concibió y empezó a dirigir el proyecto, cuenta que, desde el asesinato que obligó a parar todo, la iniciativa ha pasado por tres productores y terminó perdiendo el apoyo de Proimágenes, que es la entidad que administra y ejecuta el dinero del FDC.

El respaldo con el que hizo bulla Gustavo Bolívar nunca llegó, asegura Villarreal. Una afirmación en la que coincide la familia de Mauricio Lezama. El papá, Benhur Lezama, y la madrastra, Marta de Lezama, se mudaron de Arauca tiempo después de los hechos, en parte por prevención y en parte porque la señora se pensionó.

Ambos dicen que con la muerte de Mauricio no solo se frenó un cortometraje, sino que se acabaron lo teatrinos en los que Lezama les llevaba a niños araucanos mensajes sobre educación sexual a través de títeres; los cursos de fotografía y pintura que el gestor dictaba en su ciudad; y el sueño del Festival de Cine de la Frontera, que fundó en 2015 y solo tuvo una versión.

Y dicen también que les gustaría poder ver alguna vez Mayo en una pantalla, pero siempre y cuando “nadie vaya a verse afectado en su seguridad y mucho menos vaya a haber más vidas sacrificadas”, como dijo Laura Lezama, la única hija que tuvo Mauricio.

De pronto sí logran verlo. Tonni Villarreal no se rinde y este año quiere volver a postular su proyecto a ver si le consigue recursos. Aunque, ahora se llamará de otra manera: Mayo 1984 o La mami Mayo.

Él seguirá intentando. Porque los contadores de historias, los periodistas, quienes creen en el poder de expresarse, también viven y sobreviven de varias maneras.

Hoy, 28 de diciembre, se conmemoran 31 años del asesinato del periodista Néstor Rojas, quien trabajaba y residía Arauca, Arauca. Trabajó en El Tiempo y fue director del periódico Concordia Fronteriza hasta el día de su muerte. Como periodista, se caracterizó por cubrir temas políticos, regionales y tener una postura inflexible antiguerrillera.

Rojas era oriundo de Neiva, Huila y desde muy joven se interesó por el periodismo, “tenía tal vez 15 o 16 años cuando ingresó a la radio en el Huila”, recuerda Patricia Rojas, su hija. “Su voz era muy hermosa, entonces él hacía cositas pequeñas en la radio”. A sus 18 años, migró al municipio de Arauca y allá afianzó su carrera periodística. Fue jefe de prensa de la gobernación de Arauca; durante 10 años fue el corresponsal de El Tiempo en ese departamento y fundó el periódico Concordia Fronteriza, un medio regional que nació de la necesidad por mantener al pueblo informado.

“Mi papá era una persona amable, con buen léxico, sociable y siempre dispuesto a ayudar a la gente”, indica Patricia. Su forma de ser y profesión fueron la combinación perfecta para relacionarse con diferentes representantes de la sociedad y ser un hombre muy querido por el pueblo. “Hay demasiada gente que yo ni siquiera conozco y dice que él era como de la familia, él llegaba a cuánta casa y era súper bien recibido”, agrega. 

Sus convicciones lo llevaron a forjar un carácter fuerte y desde su rol como periodista apoyó los procesos democráticos que se adelantaron en el departamento. De modo que, durante la campaña política para las elecciones de gobernadores para el periodo 1992 - 1994, trabajó como jefe de prensa en la candidatura a la gobernación de Luis Alfredo Colmenares Chía.

El día de cierre de campaña, Marcos Ataya, también aspirante a la gobernación, amenazó a Rojas como consecuencia de un reportaje publicado El Tiempo en el que se informaba sobre los pactos secretos que sostenía el candidato con jefes guerrilleros. “Para él [Ataya] fue fácil pensar que mi papá había sido el autor de esa noticia, pero realmente mi papá no fue el autor, él le confesó a mi mamá que esa no era la forma de redactar de él”, menciona su hija. 

El 28 de diciembre de 1991, cuando el periodista llegaba a su residencia, fue asesinado delante de su esposa e hijos. El homicida le hirió con tres disparos y fue auxiliado por su familia, pero falleció en el Hospital San Vicente. El 31 de diciembre de 1991, la Policía y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) capturaron a Wilson Eduardo Daza Rozo, exmiembro de las FARC, por ser el autor material del crimen y al soldado José Alberto Cristiano Riaño, como coautor. 

Según un artículo de El Tiempo, el crimen se le atribuye al dirigente político Marcos Ataya, debido a las amenazas que había realizado contra el periodista. La Segunda Brigada del Ejército, con sede en Bucaramanga, responsabilizó a las FARC por el asesinato de Rojas. Y la Procuraduría General de la Nación indicaba una posible participación de militares. El 12 de diciembre de 1998, la Fiscalía capturó a Diógenes Castellano, coronel retirado del Ejército Nacional, como presunto autor intelectual. No obstante, hasta la fecha no hay claridad sobre los responsables del crimen. 

Con el asesinato del periodista, dejó de circular el periódico Concordia Fronteriza y el municipio de Arauca perdió a un hombre que desde su labor buscó ayudar a su comunidad. Desde la FLIP, conmemoramos la labor que realizó Néstor Henry Rojas Monje.

Gracias por recordar con nosotros.

El 24 de enero de 1974, en Florencia, Caquetá el cacique liberal Hernando Turbay Turbay y Nelson Hermosa fundaron la emisora La Voz de la Selva; medio desde el cual se respaldó al partido turbayista y se denunció abusos y casos de corrupción en el departamento. Su corte político y el temple de los periodistas la posicionó como una de las emisoras más escuchadas en la región. No obstante, el asesinato de seis de sus periodistas la condenó a apagar sus micrófonos. 

Durante la década de los sesenta y setenta, Hernando Turbay Turbay fue uno de los políticos más influyentes en el contexto nacional. Con la expansión de su caudal político, creó la Asociación Jorge Eliécer Gaitán, que gestionó y financió proyectos para el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios públicos en Caquetá. Y bajo la idea de tener un espacio propio para difundir las acciones del turbayismo, en 1974 la Asociación financió la creación de la emisora La Voz de la Selva.

Con el rugido de un león, a las 4:00 de la mañana la emisora iniciaba operaciones. “Tenía sus estudios en el centro de Florencia y utilizó para la época los más modernos sistemas de radiodifusión, como fueron las antenas que se instalaron en medio de un lago y la adquisición de unos transmisores para tener la potencia y cobertura necesaria para llegar a todo el departamento del Caquetá”, menciona William Wilches, director del Museo Caquetá. “Para que la emisora estuviera a la altura, la Asociación no se limitó en recursos”, agrega.

La Voz de la Selva desde sus inicios estuvo marcada por la política, razón por la cual se promovieron programas como La Conga que, bajo la dirección de José Libardo Méndez y Carlos Julio Rodríguez, fueron el espacio de defensa de todo el ideario liberal. “Realizaban entrevistas a los dirigentes para que contaran sobre las gestiones que estaban adelantando. Pero también fue el espacio contestatario, donde a veces utilizaban unas palabras ofensivas y comentarios muy fuertes contra otros dirigentes. Entonces, además de defenderlo, le ganaban enemigos políticos a don Hernando”, explica Wilches.

En la década de los ochenta, inició un capítulo de violencia política en Caquetá, “las guerrillas de las FARC, empezaron a atacar por el lado débil, por el lado que más le doliera al turbayismo, entonces como los periodistas eran los que difundían las noticias de la región, empiezan a asesinarlos”, comenta Wilches. Desde ese momento, la emisora empezó a decaer, consecuencia de los ataques de las FARC contra la infraestructura del medio, el asesinato de varios de sus periodistas, la muerte de Hernando Turbay y el homicidio de varios integrantes de la familia. Estos hechos llevaron a una reducción en los apoyos económicos. 

“Las Farc logró su cometido de silenciar la emisora, fue una pérdida sensible porque a la ciudadanía le gustaban los programas que se hacían y les quitó la posibilidad de estar informados”, indica Wilches. Finalmente, después de la ola de violencia en Caquetá y el asesinato de seis de sus periodistas, la emisora fue vendida a Fernando Almario, parlamentario del Partido Conservador, que luego se la revendió a una comunidad evangélica.

A continuación encontrará una recopilación de la vida y obra de los periodistas que trabajaron en La voz de la Selva y fueron asesinados por la labor periodística que desempeñaron.

Francisco Castro Menco, también conocido entre sus amigos y audiencia como Chico Castro, fundó la Radio Majagual, un medio local comunitario que cubría eventos deportivos, concursos de belleza, festividades y las problemáticas sociales del municipio. Desde la emisora, Francisco veló por los intereses y derechos de los campesinos. En 1997, cuando se encontraba leyendo el diario, en su residencia en Majagual, Sucre, en compañía de dos sobrinos, fue asesinado. 

Desde la FLIP, destacamos la entrega de Francisco Castro a su labor periodística y comunidad en Majagual, Gracias por recordar con nosotros. 

Para escuchar la historia completa, te invitamos a reproducir el siguiente video: 

Hoy, 17 de octubre de 2022, conmemoramos la labor que realizó Diego Vargas Escobar, también conocido entre sus colegas y audiencia como El Muchachón. Vargas fue un periodista con una larga trayectoria profesional en medios como: RCN radio, la Voz de Colombia y Caracol. Es recordado por realizar periodismo comunitario en Medellín e innovar en el formato para presentar la noticia. Hace 33 años fue asesinado cuando llegaba a su residencia, ubicada en el barrio Simón Bolívar, al occidente de la capital antioqueña. 

En la década de los ochenta, Medellín estaba inmersa en una oleada de violencia, terror y muerte debido a los enfrentamientos del cartel de Medellín con otros grupos ilegales. como el cartel de Cali y paramilitares del Magdalena Medio. Estos conflictos configuraron un panorama hostil y violento para vivir, pero fueron el detonante para que Vargas ejerciera su profesión desde la humanidad y una posición crítica. “Tal vez éramos demasiados ingenuos, tratando de adelantarnos a lo que la justicia no hacía”, indica León Jairo Saldarriaga, colega de Vargas en Caracol. 

Los medios para los que trabajó Vargas fueron su plataforma para hablar sobre las anomalías en la administración local, inconvenientes en la infraestructura y servicios públicos o situaciones de orden público, siempre le dio preponderancia a la noticia local. “Él rompió el esquema de los noticieros que se hacían en la época -explica León Jairo Saldarriaga-. En las noticias, si había que criticar algo, él se pegaba su pequeño editorial. Además, era un trabajo muy barrial, de la calle, de la necesidad del problema de la esquina”. Cómo amaneció Medellín fue uno de esos programas que trató las necesidades de los medellinenses.

Cuando el narcotráfico, las estructuras sicariales y la mafia se tomaron la urbe, “Diego empezó a fustigar a los sicarios y los ajusticiaba de una manera vehemente y abierta, a esos que supuestamente eran los autores de esos crímenes y pecados. Alguna vez, hasta aludió algunos de esos actos violentos a Pablo Escobar”, menciona León Jairo. En la década de los ochenta, cuando los ciudadanos aclamaban por paz, seguridad y la garantía de sus derechos, Vargas se llenó de valentía y empezó a ser más frecuente en sus denuncias. 

“Yo supe por colegas que ya había recibido llamadas amenazantes de muerte que, de alguna manera, desdeñó”, explica León Jairo. Cuando ellos trabajaron juntos en Caracol habían recibido amenazas, pero nunca había sucedido nada. “Diego se llenó de esa confianza, pensaba que iba a ser igual que las amenazas anteriores, que simplemente lo querían amedrentar, y se envalentonó más, pero los ordenadores de la muerte, esos ángeles de la muerte, lograron silenciarlo y no hubo otro Diego que asumiera ese rol”. 

En ese mismo mes, el 10 de octubre, asesinaron a los periodistas de El Espectador Roberto Sarasty y Martha Luz López López, un panorama poco alentador para la prensa de la región. En palabras de León Jairo “se sembró pavor, nos amedrentamos más y nos autocensuramos mucho. Cuando llegaban noticias de este tipo no se recibían, porque después empezaban a preguntar por el periodista que había realizado la nota y le dimos más poder a los asesinos, a las mafias, que obviamente no les interesaba que los llamaran, como debía llamárseles, criminales". Hasta la fecha, no se tiene conocimiento de quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del asesinato del periodista. 

Desde la FLIP, conmemoramos el trabajo que realizó el periodista Diego Vargas Escobar y destacamos su iniciativa de apropiarse de los problemas de los medellinenses y así lograr cambios en la sociedad. Gracias por recordar con nosotros. 

A sus 68 años Marcos Efraín Montalvo estaba lejos de retirarse del periodismo. Todas las mañanas se levantaba, tomaba su desayuno y escuchaba las noticias en la radio. Con frecuencia iba al Concejo municipal para enterarse de lo que sucedía en la política de su municipio: Tuluá, Valle del Cauca. Luego acudía a alguna cafetería para entrevistarse con sus fuentes, quienes le proporcionaban y corroboraban la información que él posteriormente publicaba en su página de Facebook. Antes de su asesinato, escribió críticas en contra de la administración local, denunció problemas de tránsito y de delincuencia. 

Montalvo fue asesinado el 19 de septiembre del 2021. Un hombre en una moto le disparó mientras él se encontraba en una tienda a la que iba casi todas las tardes. “Lo asesinaron en su lugar favorito”, comenta Mauricio Altamirano, sobrino de Montalvo. Las y los periodistas de la zona ya sabían que lo podían encontrar allí, por lo que acudían a su encuentro para pedirle consejos de todo tipo, desde cómo hacer un derecho de petición hasta cómo abordar cierto tema. Montalvo más que solo un comunicador, fue un maestro y referente para generaciones de periodistas en la región.

La vida de un periodista

En sus últimos diez años de vida, Montalvo se dedicó a publicar de forma independiente en un blog de Facebook. Escribía columnas de opinión e informaba a la comunidad sobre asuntos de política, el tema que desde el inicio de su carrera le apasionó. Empezó en el periodismo a los 17 años. Apenas se había graduado como bachiller, cuando se presentó y pasó a una convocatoria del diario El País de Cali para unirse a la redacción de política. “Él siempre contaba esa anécdota, porque se presentaron alrededor de cincuenta o sesenta personas y algunas ya contaban con experiencia o con un título de periodistas”, afirma Altamirano.

Montalvo presenció la violencia contra la prensa desde el inicio de su carrera. Luego de trabajar con El País se unió al equipo de El Caleño, para ocupar el lugar que dejó uno de los editores que fue asesinado por la corrupción política. Años después, en 1987, ejerció como asesor de prensa de un congresista; fue cuando recibió sus primeras amenazas. Le exigieron que se fuera de Cali y que no volviera a trabajar para los medios de esa ciudad.

La familia de Montalvo nunca lo cuestionó por su trabajo ni tampoco lo persuadió para que dejara de publicar temas que podían implicarle riesgos. Sin embargo, era consciente de la exposición que tenía al ser periodista, “decía que para qué tenía hijos si su profesión era de mucho riesgo”, recuerda Altamirano.

De vuelta a Tuluá

Montalvo regresó a inicios de la década del noventa a Tuluá y empezó a trabajar en el periódico El Tabloide. Para Altamirano, cuando su tío llegó a la redacción de ese diario las ventas despegaron “porque él hacía opinión y creaba historias como de realismo mágico”. Era un periodista agudo, que se esforzaba siempre por criticar a los poderosos. Escribió con sátira y en algunas ocasiones, cuando el tema podía ser peligroso, publicaba bajo algún alias.

Montalvo se destacaba dentro de sus compañeros por ser incisivo con los líderes políticos y funcionarios públicos. Ese talante se vio reflejado cuando hizo que el presidente Alfonso López Michelsen le respondiera preguntas a la prensa. Estaban en el aeropuerto y Michelsen evadía a todos los periodistas que intentaban cuestionarlo, hasta que escuchó la voz de Montalvo que le increpaba: “es una lástima que no vayamos a saber lo que opina de las declaraciones de Lleras Restrepo”. El presidente se dio la vuelta, miró al periodista y le respondió a él y a los demás comunicadores. 

Con el paso del tiempo, Montalvo empezó a notar la falta de un relevo generacional de periodistas en Tuluá, así que emprendió el proyecto de una escuela de periodismo local. Era un cazatalentos, pero sobre todo un profesor. Uno de sus muchos pupilos fue Jorge Adrián Orozco, quien desde jóven lo tuvo como referente, pues creció escuchando su voz en el noticiero radial. Orozco conoció a “Marquitos”, como le decían de cariño sus estudiantes, cuando recién se había graduado del colegio. Montalvo lo invitó a trabajar en el diario El Mercurio y en la emisora Antena 2. “Marquitos siempre creyó en la gente jóven, a mí me llevó a hacer reportería comunitaria, porque él era un periodista de a pie”, señala Orozco.

Montalvo, que era un hombre desprendido de las posesiones materiales, que ayudaba a los periodistas más jóvenes que no tenían recursos. Si alguien, por ejemplo, no tenía una grabadora, él le regalaba la suya. A sus estudiantes les enseñaba a captar detalles rápidamente, a hacer preguntas incómodas en las entrevistas y, sobre todo a tener ética y ser independientes. “Nos enseñó a descubrir la noticia donde muchos creían que no había nada”, cuenta el periodista Orozco. 

Septiembre del 2021

Seis meses antes de su muerte, Montalvo empezó a recibir amenazas a través de las redes sociales. No le comentó a muchas personas, varios de sus colegas más cercanos no tenían idea de la situación que atravesaba el periodista. Altamirano, su sobrino, notó cambios en su comportamiento, por ejemplo, empezó a tomar transporte público, en vez de desplazarse a pie, como solía hacerlo. Un año después de su homicidio, muy poco se ha vuelto a hablar de este crimen, de alguna forma el silencio se apoderó del municipio. 

Los avances en la justicia también han sido lentos. Uno de los sicarios ya fue condenado y otro está en proceso de judicialización. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía aún no ha encontrado a las o los determinadores del crimen, algo fundamental para que se pueda saber las motivaciones detrás del homicidio de Montalvo.

La voz, pensamientos y enseñanzas de Montalvo siguen viviendo en los periodistas que aprendieron del oficio gracias a él. Su legado también permanecerá en su público, en las personas que siguieron su carrera en búsqueda de un periodismo que se preocupara por la gente, sin autocensuras y sin miedos. 

El 11 de septiembre de 2013, el abogado y periodista Edison Alberto Molina Carmona fue asesinado cuando se dirigía hacia su residencia en Puerto Berrío, Antioquia. Desde la emisora Puerto Berrío Estéreo 89.4, Molina dirigía su programa Consultorio Jurídico, en el cual asesoraba a la comunidad en temas legales y hacía denuncias sobre la corrupción en el municipio.

Molina fue reconocido por promover la verdad y la transparencia del sector público. A través de su papel activo en el grupo, los “Enanos-Porteños” hizo veeduría al Concejo Municipal y a la administración (2012 - 2015) de Robinson Alberto Baena. Realizó cerca de 60 denuncias de tipo disciplinario y penal ante diferentes órganos de control. En estas revelaba el nombramiento irregular de algunos funcionarios que no cumplían los requisitos para ocupar sus cargos; también llamó la atención sobre la celebración indebida de contratos, corrupción en la Secretaría de Educación del municipio, entre otros. Por todo esto, Molina será recordado por su familia y amigos por ser la cara visible en contra de la corrupción. 

Antes de su asesinato, el periodista fue víctima de persecución, estigmatización, acoso, amenazas y ofensas por parte de anónimos y de funcionarios de la administración local. En 2013, el alcalde de Puerto Berrío afirmó, en una declaración ante los medios, que había que eliminar a quienes “andan en las redes sociales hablando tonterías, injurias, calumnias en contra de Robinson Baena”. Ese mismo mes, la oficina de Molina fue atacada con piedras que traían mensajes amenazantes: “deje trabajar gonorrea porque no ataca a otros. Se calla o lo callamos”.

Dos semanas antes de su muerte, Molina denunció las amenazas de las que fue víctima ante la Procuraduría y la Fiscalía, que informaron a la estación de Policía del municipio sobre la situación de riesgo del periodista y se solicitaron medidas de seguridad y protección preventiva. Sin embargo, la Policía nunca pasó revista ni a su oficina ni a su residencia. Además, la Fiscalía no llevó a cabo las investigaciones pertinentes para encontrar a los autores de las amenazas ni remitió el caso a la Unidad Nacional de Protección.

Molina y su esposa fueron atacados con armas de fuego en la noche del 11 de septiembre de 2013. Ambos fueron trasladados al hospital La Cruz de Puerto Berrío, Antioquia, pero el periodista llegó sin signos vitales. El homicidio generó repudio en los ciudadanos y temor en los comunicadores de la zona. 

Durante estos nueve años, la Fiscalía no ha ordenado la práctica de pruebas que impulsen el avance de la investigación para conocer los motivos del crimen y condenar a los autores intelectuales y materiales. Así mismo, la Procuraduría ha sido negligente en la investigación contra los funcionarios de la estación de Policía de Puerto Berrío que omitieron las medidas de protección que se habían otorgado a favor del periodista y que modificaron el Libro de Población de la estación del día en que asesinaron a Edison Molina.

En la siguiente línea de tiempo podrá conocer algunos de los hitos más importantes en la investigación del caso de Edison Alberto Molina Carmona. 

Hace 38 años asesinaron al periodista Lides Renato Batalla en frente de su residencia en Buenaventura, Valle del Cauca. Fue locutor de Radio Buenaventura y director del periódico La Batalla, su trabajo se enfocó en investigar actos de corrupción administrativa y tráfico de drogas en la ciudad.

La inconformidad del periodista fue alimentándose de la situación de corrupción, presencia de grupos armados y actividades delincuenciales en Buenaventura.  Lides denunciaba todas estas irregularidades en su medio de comunicación La Batalla, que fundó en 1983. Entre sus investigaciones más importantes está el caso de corrupción por parte de Jesús Jori Valencia, comandante del Departamento de Bomberos de la ciudad. 

Lides Renato será recordado por su labor periodística y por velar por el bienestar de los bonaverenses. Gracias por recordar con nosotros. 

Para escuchar la historia completa, te invitamos a reproducir el siguiente video: 

A mediados del año 93, Iván Pelayo, un joven de 24 años de edad, oriundo de Hato Corozal, Casanare, llegó al municipio vecino de Puerto Rondón para crear la emisora cultural Llanorámica Estéreo. El 17 de agosto de 1995, cuando el periodista se encontraba en la cabina de la emisora, un comando de la guerrilla del ELN lo asesinó. Los guerrilleros dejaron volantes en los que acusaban a Pelayo de tener nexos con los paramilitares. 

Pelayo conocía el potencial cultural que había en la región de los Llanos Orientales y, por eso, desde su emisora “se enfocó en resaltar e impulsar a los artistas musicales (...) dio a conocer a declamadores y compositores que necesitaban ser reconocidos”, explica Alberto, colega del periodista que pidió que su nombre real no fuera revelado.

A sus 16 años, Alberto conoció a Pelayo, quien se convertiría en su maestro en el periodismo. Alberto empezó aprendiendo a hacer cuñas radiales y, muy pronto, era capaz de presentar todo un programa musical. Lo que era una posibilidad remota para él, se convirtió en una labor gracias a las enseñanzas de su amigo Pelayo. 

Cada mañana, el periodista saludaba a su audiencia con un "vaya, vaya". Pelayo tenía buen humor y es recordado como una persona que, además, tenía vocación para colaborar con los demás, especialmente con los jóvenes. 

El 17 de agosto de 1995, Pelayo fue asesinado por dos sicarios en el local donde funcionaba el medio de comunicación. “Dijeron que él tenía vínculos con un grupo llamado los Masetos, que es filial de los paramilitares”, explica su colega. Este grupo armado operó desde los Llanos Orientales y fue un capítulo del grupo Muerte a Secuestradores (MAS), creado por los jefes del Cartel de Medellín a principios de la década de los ochenta. 

Mediante panfletos, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pertenecientes al Frente Domingo Laín Sáenz, se atribuyeron el asesinato del periodista. Para Alberto, la afirmación sobre los nexos de Pelayo con los Masetos es falaz, pues él nunca se relacionó con integrantes de este grupo y no cubrió orden público. Después del asesinato la emisora tuvo varios dueños, pero por la situación de seguridad del municipio y la presencia de grupos al margen de la ley, el medio tuvo que cerrar. 

Sin tener mayores avances en las investigaciones para imputar a los autores intelectuales y materiales del homicidio del periodista, en febrero de 1998 la Fiscalía Especializada de Cúcuta suspendió la investigación. Y pese a los reiterados llamados de la FLIP a la Fiscalía, el caso prescribió en el 2015.

La existencia de medios de comunicación en las regiones es fundamental para que toda la ciudadanía pueda acceder a información. En la FLIP, no olvidamos al periodista Iván Darío Pelayo que desde su labor dio a conocer artistas, representaciones culturales de los Llanos Orientales y fue la voz de su comunidad. 

A comienzos de los años 90, el periodista Mario Prada Díaz, oriundo de Barrancabermeja, Santander, llegó al municipio de Sabana de Torres con el propósito de ejercer su profesión en medios locales. A mediados de 1999 fundó Horizonte Sabanero, un diario mensual que se dedicaba a cubrir temas de desarrollo social, cultural y comunitario, y para 2002 ya se había expandido hasta Barrancabermeja y Puerto Wilches.

A Pablo Emilio Parra no le temblaba la voz para decir las cosas en la cara. Fue asesinado en Planadas, Tolima el 27 de junio de 2001, cuando tenía 50 años. Sobre el pecho de su cuerpo los asesinos dejaron un letrero que decía “por sapo y torcido”.

Según información de la FLIP, el crimen fue realizado por las FARC, pues creían que colaboraba con el Ejército o que ayudaba a los paramilitares. Sin embargo, hasta la fecha, el crimen está en completa impunidad. En la FLIP, no olvidamos la honestidad de Pablo Emilio Parra, su tenacidad con la transparencia, su valentía con la verdad y su trabajo. Gracias por recordar con nosotros.

El asesinato del periodista Jorge León Vallejo hace 33 años fue inesperado. Era el amigo de todos, el periodista conocido por estar enamorado de su carrera. Cubría temas económicos de Antioquia que luego publicaba en su programadora de televisión Pasado-Meridiano. Luego de todos estos años, aún no tenemos información sobre quiénes podrían haber sido los autores del asesinato y por qué lo hicieron. Darío Rada Sierra e Isabel Agudelo nos cuentan la historia de un amigo, cuya memoria siempre estará viva en cada uno de los que conozcan de su gratitud, carisma e inocencia. 

El secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra es un punto de inflexión para el periodismo de Ecuador y en Colombia y un pendiente a reclamarle a ambos estados que han fallado en su deber de verdad y justicia. Un tablero al que le faltan fichas y en donde reina el silencio.

Han pasado cuatro años desde el secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, a manos de una disidencia de las FARC. Luego de este tiempo, la deuda de verdad, justicia y reparación por parte de Ecuador y Colombia sigue intacta.

Si bien en Colombia la Fiscalía ha avanzado en la investigación y ha condenado a dos responsables de los crímenes, son pocos los avances en cuanto a verdad. Gran parte de la investigación ha estado fundamentada en las versiones —en ocasiones contradictorias— que han rendido exintegrantes del Frente Oliver Sinisterra, que no dejan claro el papel que desempeñaron las personas que participaron en los hechos y que no aclaran las condiciones en que se dio el secuestro y el homicidio del equipo periodístico

Además, el Estado se ha negado a responder las preguntas fundamentales sobre el caso: ¿cómo se desarrollaron las actividades de cooperación entre Ecuador y Colombia?, ¿por qué se negó sin mayor sustento que el cautiverio y asesinato tuvieron lugar en Colombia?, ¿por qué no se detuvieron las actividades militares del Ejército contra el Frente Oliver Sinisterra para facilitar la liberación de los periodistas?, ¿qué factores influyeron para que se frustrara la liberación de los periodistas?

En el 2021, la justicia colombiana condenó a Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel, y a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry, por los hechos en los que perdió la vida el equipo periodístico. Estas condenas se obtuvieron como parte de preacuerdos celebrados entre la Fiscalía y los acusados, que incluían como medida de reparación actos de reconocimiento de verdad y perdón en aras de lograr el esclarecimiento de los hechos.

Sin embargo, estos actos, lejos de otorgar una verdad para las víctimas, se convirtieron en un nuevo escenario de revictimización debido a la falta de condiciones dignas para su realización y de las contradicciones entre las distintas versiones de los hechos. Específicamente, en el caso de alias Cherry existieron contradicciones evidentes que impiden afirmar que hubo una reparación real y efectiva a las víctimas. Sin embargo, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Tumaco avaló el trámite del preacuerdo. Por esta razón, la FLIP apeló la sentencia condenatoria ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto. 

Además, en marzo del 2021 la Fiscalía anunció como un gran avance las futuras imputaciones de cargos en contra de Jesús Alfredo Segura Arroyo, alias Roberto, y Juan Carlos Portocarrero Cortés, alias Chuky. Sin embargo, esos avances prometidos no se han materializado, ya que la audiencia de formulación de imputación no pudo realizarse porque los procesados habían recobrado su libertad, pues no se encontraba pendiente una orden de captura por este caso. Sumado a esto, el proceso contra otro de los implicados, Gustavo Alonso Ospina, alias Barbas, no ha tenido muchos avances después de que fue dejado en libertad por vencimiento de términos, más allá de que se hayan programado las audiencias de juicio. 

Así, la Fiscalía, al no aportar más pruebas y quedarse únicamente con los testimonios de los procesados, perpetúa la revictimización y no aporta al esclarecimiento de los hechos. Esto va en contra de la recomendación que hizo el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las que afirmó que la investigación y el juzgamiento no puede basarse únicamente en las versiones que rindan los acusados, pues deben contar otros elementos de prueba que corroboren lo dicho por los acusados. 

En su informe, el ESE “reconoce que han sido identificados los cabecillas de la organización, no obstante sería valioso documentar la forma en que se impartieron las órdenes desde esa dirigencia y cómo se condujo el secuestro, a fin de avanzar en la reconstrucción de lo sucedido y extender las imputaciones a la mayor cantidad de delitos investigados que se hubieran cometido bajo su mando”. 

Las fallas en el proceso demuestran que no se han seguido estas recomendaciones del ESE. Si bien las medidas cautelares de la CIDH fueron clausuradas en agosto del 2020, la CIDH indicó que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), en el marco de sus funciones, podría realizar seguimiento de la implementación de las recomendaciones y conclusiones. Por eso, la FLIP solicita a la RELE y a la CIDH que evalúen la posibilidad de hacer seguimiento a este caso y que emitan las alertas necesarias para encontrar verdad y justicia.

También es urgente que la Fiscalía adopte las recomendaciones dadas por el ESE y actúe con diligencia en el desarrollo de la investigación, aportando pruebas y adoptando las medidas necesarias para el adecuado juzgamiento de los responsables, dentro de términos razonables y evitando la configuración de escenarios de impunidad. Finalmente, los jueces a cargo del juzgamiento deben evaluar los actos de perdón y contrastar la información declarada con las demás pruebas, para determinar su consistencia y con ello, su potencial reparador.

Ernesto Acero Cadena era periodista del periódico El Informador Socioeconómico. A sus 59 años fue asesinado el 12 de diciembre de 1995 en Armenia, Quindío. Ese día, un desconocido lo atacó a dos cuadras del Cuartel de Policía y del Palacio de Justicia de Armenia. Su caso prescribió en 2015 luego de que la Fiscalía no lograra determinar a los autores del crimen. 

Ernesto tuvo una reconocida trayectoria periodística. Durante 1957 y 1962, trabajó en los periódicos El Relator y Occidente en Cali, Valle del Cauca. Años más tarde, fue editor del diario Edicron y Estelar Publicidad, así como redactor de la revista de la Policía Nacional en Bogotá. En 1966, viajó a Medellín y se desempeñó como director de Colprensa y de la emisora La Voz de la Independencia. 

Tres años después, Ernesto se estableció en Armenia donde fue jefe de prensa de la Gobernación del Quindío, periodista de las emisoras La Voz del Comercio y Radio Sucesos, corresponsal de La Patria de Manizales, El Espectador, El Pueblo, Occidente, El Siglo, La República, y redactor de La Patria del Quindío. 

Ernesto también fue emprendedor y, por eso, creó El Informador Socioeconómico del Quindío, un plegable que alcanzó 195 ediciones en Armenia y en el que criticaba y denunciaba temas de interés público.

Antes de su asesinato, Ernesto denunció al excongresista Carlos Alberto Oviedo por presuntos vínculos con narcontraficantes. Un funcionario de la unidad de investigaciones secretas de la Policía declaró ante la Fiscalía que, días antes del asesinato del periodista, el agente de policía Edgar Gamboa le contó que se estaba preparando un asesinato por el que pagarían 40 millones de pesos. Y aunque Gamboa fue expulsado de la institución, nunca  hubo condenas y las autoridades no lograron identificar a los responsables del homicidio. 

Nuestro equipo FLIP no ha podido contactar a colegas o personas cercanas a Ernesto. Si usted lo conoció o tiene pistas de quiénes pudieron haber tratado con él, puede escribirnos a info@flip.org.co. 

En la FLIP, recordamos a Ernesto y reconocemos su trabajo periodístico cuya trayectoria lo convirtió en uno de los periodistas más destacados del departamento. 

Gracias por recordar con nosotros. 

Guillermo León Agudelo fue asesinado el 30 de noviembre del 2000 en Florencia, Caquetá. Guillermo era periodista de la emisora La Voz de la Selva, que para ese momento estaba afiliada a la cadena radial Caracol.

El 30 de noviembre del 2000, tres sicarios ingresaron a la vivienda de Guillermo y lo asesinaron. Inicialmente se creyó que las FARC era responsable del homicidio, pues en su espacio radial, Guillermo respaldaba al partido Conservador. Sin embargo, las autoridades no han logrado esclarecer el caso que aún permanece en investigación.

En la FLIP, no olvidamos a Guillermo y hacemos un llamado para que su caso no permanezca en total impunidad. Gracias por recordar con nosotros.

Rodrigo Ahumada fue periodista y fundador de la emisora Radio Galeón y Galeón TV, programadora que lo convirtió en uno de los fundadores de Telecaribe. El 26 de septiembre de 1991 fue atacado. Recibió dos impactos de bala, que lo dejaron hospitalizado por doce días, hasta que finalmente murió en Santa Marta, Magdalena.

Hace 21 años fue asesinado el periodista Gustavo Ruíz Cantillo en el municipio de Pivijay, Magdalena. Antes de su asesinato, fue amenazado por su trabajo periodístico. Luego de más de dos décadas, la Fiscalía mantiene en reserva la información sobre el caso.  

Gustavo era un periodista empírico, apasionado por el oficio y la investigación. Llevaba 10 años trabajando como corresponsal de Radio Galeón, medio de comunicación de Santa Marta, Magdalena donde diariamente hacía cubrimientos para el noticiero Mi Radioperiódico. 

“Él los reportajes los hacía desde Pivijay y llamaba a Radio Galeón desde la plaza de mercado, era el único lugar aquí donde había teléfono público. A veces tenía que estar viajando a la emisora, pero él casi todos los días informaba lo que pasaba desde acá”, cuenta su hermana. 

Los reportajes y noticias que Gustavo emitía abordaban temas como la presencia y control de grupos paramilitares en el municipio, corrupción, inseguridad, deficiencias del servicio de electricidad y la demora del pago de salarios a docentes. Sus emisiones tenían una amplía audiencia, y así, empezó a convertirse en un periodista reconocido en la región. 

A causa de sus informes, Gustavo comenzó a recibir amenazas en las que le advertían que debía detener su actividad periodística. “Aquí no podía haber periodistas, porque estábamos en la era de las AUC y ellos no querían a personas como él en Pivijay; le habían dicho que dejara de contar todo lo que pasaba en el municipio”, explica la hermana de Gustavo, quien además dice que su hermano jamás les contó sobre las amenazas, porque de lo contrario habrían hecho lo necesario para sacarlo de allí. 

A sus 39 años, el miércoles 15 de noviembre del 2000, Gustavo fue asesinado en la plaza de mercado de Pivijay, mientras recolectaba información para el noticiero.

En la FLIP, no olvidamos las denuncias periodísticas de Gustavo y su labor por mantener informada a la región del Caribe colombiano. Gracias por recordar con nosotros. 

Oswaldo Regino Pérez fue asesinado el 11 de noviembre de 1988, tras denunciar las primeras masacres paramilitares en Córdoba. El periodistas abrió sus micrófonos a las comunidades más vulnerables del departamento. Iba de pueblo en pueblo, denunciando las precariedades a las que se enfrentaba la comunidad. Oswaldo trabajó en las emisoras La Voz de Montería y Radio Panzenú, y además fue corresponsal de El Universal de Cartagena y jefe de prensa de la Gobernación de Córdoba.

El martes 11 de octubre de 1988, en el corregimiento Los Pericos, zona rural de Montería, Córdoba, Oswaldo fue asesinado presuntamente por las Autodefensas Unidas de Colombia. Su caso prescribió en 2008 y hoy, 33 años después de su muerte, no hay condenas en contra de los responsables del crimen. 

En la FLIP, recordamos la trayectoria periodística de Oswaldo y recordamos sus esfuerzos por dar voz a las personas más vulnerables de su región. Gracias por recordar con nosotros.

Gabriel Cruz Díaz fue asesinado por desconocidos hace 26 años en Chinú, Córdoba. Gabriel fue corresponsal de los diarios El Universal de Cartagena, El Heraldo y El Espectador, y trabajó en emisoras como Panzenú, La Voz de Corozal Y Radio Piragua. Antes de su asesinato, el periodista estaba escribiendo un libro sobre los ataques militares contra las personas de izquierda en la región.

El caso del asesinato de Gabriel prescribió en 2015 sin que las autoridades identificaran a los responsables de su homicidio. Hoy, se cumplen 26 años de su muerte y en la FLIP reconocemos sus esfuerzos y el de todos y todas las periodistas que han sido asesinados en Colombia por denunciar las irregularidades y problemas en sus regiones. 

Gracias por recordar con nosotros.

El periodista Alejandro Jaramillo Barbosa fue presidente de la Asociación Colombiana de Periodistas (ACP) y cronista del Diario del Sur. Un día como hoy, hace 24 años, fue asesinado en Pasto, Nariño. El 24 de octubre de 2017, el caso de Alejandro prescribió en completa impunidad sin que las autoridades identificaran a los responsables del crimen. 

El periodista del diario El Caleño, Fernando Abadía, recuerda a Alejandro como uno de los periodistas más destacados de la crónica roja en la región. “Antes de trabajar en el Diario del Sur, Alejandro era el encargado de las noticias judiciales en el periódico El Caleño de Cali. En la década de 1970, dictó clases de periodismo junto a Evaristo Bugallo y tuve la oportunidad de aprender de los dos. Era un periodista extraordinario”, señaló Abadía. 

Para Jorge Carvajal, colega de Alejandro en el periódico Occidente de Cali y del Diario del Sur, Alejandro fue un cronista ejemplar que guió su carrera dentro y fuera de la redacción. “Alejandro me aconsejó mucho. Recuerdo que un día, a eso de la 1:00 p.m., llamaron de una empresa de transporte y nos informaron que había una maleta extraña. Cuando la abrí, había una cabeza adentro. Me asusté mucho, pero junto a él aprendí cómo asumir los gajes del oficio”, recordó Carvajal.

Antes de su muerte, Alejandro fue hostigado y amenazado por las investigaciones y relatos que realizó como parte de su oficio periodístico. En 1984, el periodista fue víctima de un atentado en Cali, Valle del Cauca y tiempo después abandonó su cargo como director del diario El Caleño. Al parecer, en sus últimos reportajes, Alejandro había denunciado las actividades ilícitas de los carteles del narcotráfico en Colombia. 

El viernes 24 de octubre de 1997, Alejandro de 67 fue reportado como desaparecido por sus familiares. Días después, partes de su cuerpo fueron halladas en diferentes puntos de la ciudad. La crueldad de su asesinato dejó un mensaje amedrantandor para la prensa de la región. Pese al llamado de varias organizaciones para investigar y judicializar a los autores de su homicidio, el caso de Alejandro prescribió hace cuatro años sin que nadie fuera judicializado por el crimen. 

En la FLIP, no olvidamos la labor periodística de Alejandro y recordamos a los y las periodistas que han sido asesinados a causa de su labor investigativa para contar y denunciar lo que sucede en las diferentes regiones del país. 

Gracias por recordar con nosotros.

El 18 de octubre de 1996, el periodista Norvey Díaz Cardona fue asesinado en Girardot, Cundinamarca. Norvey era director y fundador del noticiero radial “Rodando barrios” en la emisora regional Radio Colina y, durante seis años, fue hostigado y amenazado por las   denuncias periodísticas que realizó. Hace cinco años su caso prescribió en total impunidad. 

Una vida periodística hostigada  

Durante 1990, el periodista Norvey Díaz estuvo denunciado ante la opinión pública el asesinato masivo de habitantes de calle, recicladores y presuntos raponeros en Girardot. Norvey aseguró en sus reportajes que esta serie de crímenes respondía a la “limpieza social” que estaría haciendo un grupo ilegal denominado “Muerte a ladrones y bazuqueros” que, a través de avisos pintados en las paredes, amenazó con asesinatos selectivos. 

Además, según Norvey, algunos miembros de la Policía Nacional estarían implicados en las masacres, por lo que decidió denunciar los homicidios ante la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fiscalía. En consecuencia, varios policías  fueron investigados, pero las autoridades no determinaron la relación entre los agentes y estos asesinatos, de modo que ningún funcionario policial fue hallado culpable.

Sin embargo, a partir de ese momento, Norvey empezó a recibir amenazas e intimidaciones que pretendían silenciar su voz. En varias oportunidades, llegaron a la puerta de su casa coronas fúnebres con su nombre y cartas en las que lo amenazaban de muerte. Ante esto, el periodista empezó a abordar otros temas de investigación , en su mayoría relacionados con el orden público y la administración de recursos públicos de  la alcaldía de Girardot. 

Hasta 1996, Norvey no dejó de recibir amenazas y hostigamientos que intimidaron su ejercicio periodístico. Un día como hoy, hace 25 años, el periodista fue asesinado en Ricaurte, Cundinamarca a sus 42 años. La Fiscalía jamás determinó quién podría estar detrás del homicidio, por lo que su caso prescribió en 2016 en total impunidad. 

Para la fecha de publicación de este artículo nuestro equipo FLIP no ha podido contactar a colegas o personas cercanas a Norvey. Si usted lo conoció o tiene pistas de quiénes pudieron haber tratado con él, puede escribirnos a info@flip.org.co. 

En la FLIP, no olvidamos a los y las periodistas que como Norvey han sido asesinados por denunciar las irregularidades administrativas y las violaciones a los derechos humanos en sus regiones.

Gracias por recordar con nosotros.

El 14 de octubre de 2010, el comunicador y líder indígena Rodolfo Maya Aricape fue asesinado en Caloto, Cauca. Rodolfo era periodista de Radio Payumat, secretario del Cabildo Indígena de López Adentro e integrante de la Escuela del Tejido de Comunicaciones NASA ACIN.

Un periodista que rechazó la presencia de grupos armados en la región

Rodolfo era el penúltimo de los siete hijos de la familia Maya Aricape. A sus 12 años, dejó el municipio de Caldono, Cauca y, en compañía de dos de sus hermanas mayores, viajó a Bogotá para finalizar sus estudios de bachillerato. En la capital, trabajó como ayudante en una ensambladora de automóviles y en una carpintería. Sin embargo, tras 10 años lejos de su comunidad, regresó a Cauca para apoyar el proceso de organización indígena de su región.

Al volver a Cauca, Rodolfo integró el movimiento juvenil Álvaro Ulcué Chocué, una colectividad que buscaba posicionar a los jóvenes Nasa dentro de la esfera política en el municipio de Corinto, Cauca. Años más tarde, Rodolfo ingresó a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) como secretario del Cabildo Indígena del resguardo de López Adentro. A la vez,  se desempeñó como coordinador de la Escuela del Tejido de Comunicaciones y comunicador en Radio Payumat.

El liderazgo y compromiso con el que asumió la tarea de informar a la población, lo convirtió en un periodista reconocido dentro de la comunidad indígena Nasa. “Siempre estaba con su cámara capturando momentos en familia, tomando fotos y grabando en eventos y marchas. Una de sus motivaciones fue el apoyo de la comunidad frente a sus procesos de comunicación”, recuerda su hija, Xiomara Maya.

Desde 2009, Rodolfo estuvo liderando las comunicaciones del pueblo Nasa. Sus notas informativas y reportajes denunciaban la presencia de grupos armados en los territorios, el reclutamiento de jóvenes y la amenaza a líderes indígenas. “Era muy espontáneo al hablar, identificándose con el proceso de la comunidad. Por eso Rodolfo empezó a denunciar los atropellos del mismo gobierno y de los actores armados legales e ilegales que se disputaban el territorio”, señala su hermano, Diego Maya.

El silencio que dejó el conflicto

En septiembre de 2010, los pronunciamientos periodísticos de Rodolfo empezaron a generar malestar en los grupos armados que rodeaban la zona. Dos semanas antes de su muerte, Rodolfo recibió una amenaza en la que, además, fue señalado como miembro de la guerrilla. “En las paredes de un colegio del municipio, aparecieron unos escritos en los que lo señalaban de ser cabecilla de la guerrilla. Había un número de teléfono y una recompensa de 20 millones. Él alcanzó a denunciar este hecho”, cuenta el hermano del periodista. 

A pesar de que esta amenaza fue puesta en conocimiento de las autoridades, con 36 años, Rodolfo fue asesinado el jueves 14 de octubre de 2010, en Caloto, Cauca. Alrededor de las 4:30 p.m., dos sicarios que iban en una moto lo abordaron en la puerta de su casa y silenciaron su voz. Hoy, once años después de su asesinato, la Fiscalía continúa en indagaciones por su homicidio, pero nadie ha sido responsabilizado por el crimen

En la FLIP, no olvidamos a los comunicadores indígenas que, como Rodolfo, han sido asesinados por denunciar la violación de derechos humanos en sus comunidades y hacemos un llamado a la Fiscalía para que su caso no quede en la impunidad.

Gracias por recordar con nosotros. 

El 5 de octubre de 2003, el locutor radial José Nel Muñoz, fue asesinado en la vereda La Libertad, en Puerto Asís, Putumayo. Hoy, dieciocho años después de su muerte, se desconocen los responsables de su homicidio, por lo que el caso permanece en total impunidad.

A causa de su desaparición, su esposa y un grupo de periodistas se unieron en su búsqueda. El 6 de octubre de 2003, su cuerpo fue hallado sin vida. Hasta el momento, su caso permanece en la impunidad, pues la Fiscalía no ha determinado quiénes fueron los responsables de su homicidio. 

En la FLIP, recordamos las labores comunicativas de José Nel y hacemos un llamado para que su caso sea investigado, pues está a dos años de prescribir en total impunidad. Gracias por recordar con nosotros.

Dos semanas después del asesinato de Marcos Efraín Montalvo, en Tuluá, Valle del Cauca, existen indicios suficientes para sostener que su homicidio está relacionado con las denuncias que él hacia sobre corrupción y bandas criminales locales.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) conoce que la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía ha desplegado acciones investigativas que indican que el asesinato fue determinado por las denuncias hechas por Marcos Efraín bajo su calidad de periodista.

Esta línea investigativa coincide con la información recogida por la FLIP durante la misión que realizó a Tuluá. Después de entrevistar a decenas de familiares, periodistas y autoridades locales, se confirmó que Marcos se mantenía activo en su trabajo como periodista y que su voz crítica y de denuncia le generaban un alto riesgo.

Sin embargo, y a pesar de esta línea de trabajo y de que el caso está siendo priorizado por un equipo especializado de la Fiscalía, desde la FLIP advertimos que existen dificultades técnicas en la investigación y que los esfuerzos aún no dan cuenta de un resultado concreto y preciso sobre los móviles que condujeron al asesinato de Marcos Efraín.

La falta de confianza por parte de las y los ciudadanos en las instituciones puede dificultar que se recaben testimonios determinantes para esclarecer las circunstancias que rodearon los hechos. La Fiscalía debe acudir a todos los medios de prueba para efectuar una  investigación en un plazo razonable, evitando dilaciones que conduzcan a la impunidad. Una demora excesiva en la investigación de actos de violencia puede constituir por sí misma una violación de las garantías judiciales.

Por otro lado, advertimos nuestra preocupación frente a la ambigüedad que ha mostrado el alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez, con declaraciones que le restan relevancia al trabajo y a las denuncias que realizaba Marcos. El alcalde Gómez debe adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas. Después de un hecho tan sensible para el gremio, la Alcaldía municipal está llamada a establecer acciones dirigidas a incrementar el respeto y respaldo al ejercicio periodístico.

Cabe recordar que Marcos era ampliamente conocido por sus fuertes críticas a la gestión del alcalde Gómez, así como por sus denuncias de irregularidades y corrupción en la Secretaría de Tránsito.

El asesinato de Marcos Efraín es una tragedia para la comunidad de Tuluá. La ciudadanía perdió una voz crítica y reflexiva, que se valía de su destacada pluma para escribir, durante décadas, sobre diferentes asuntos de interés público. Marcos también inspiró a varios periodistas, reflejando principios sobre el papel del reportero y de la importancia del periodismo como contrapoder, que lo convirtieron en uno de los principales referentes del periodismo local y regional.

Desde la FLIP seguiremos acompañando a los familiares de Marcos en su lucha por conseguir justicia y mantendremos una especial vigilancia frente a los avances en la investigación. 

El 28 de septiembre de 2013 fue asesinado el voceador de prensa José Darío Arenas en Caicedonia, Valle del Cauca, mientras vendía ejemplares del diario EXTRA del Quindío. Hoy, ocho años después de su muerte, se desconocen los responsables de su homicidio. 

José Darío era el único voceador del periódico EXTRA del Quindío en Caicedonia. Llevaba alrededor de cuatro meses repartiendo y anunciando los principales titulares en la región. 

El día de su asesinato, estuvo vendiendo los diarios que incluían una noticia sobre unas supuestas irregularidades por parte de funcionarios del INPEC en la cárcel de Caicedonia. 

El asesinato de José Darío habría sido una intimidación hacia el peródico EXTRA del Quindío por haber publicado las denuncias del centro penitenciario. Poco tiempo después del  homicidio, una de las fuentes de información recibió una llamada amenazante en la que le dijeron que “ya había caído el primero”.

Giovanna Vanegas, amiga de José Darío asegura que “su muerte fue provocada por su oficio de vocero. Lo quisieron callar por sacar la verdad a la luz. Su asesinato dejó al pueblo frío, él era un hombre trabajador, no tenía problemas con nadie”.

José Darío es recordado por Giovanna como un hombre carismático y alegre que, además de repartir periódicos, era su mejor amigo. “Nosotros vivíamos en el mismo barrio. Hace un tiempo hubo escasez de agua por esa zona y él trajo agua a mi casa. Desde ahí nos convertimos en mejores amigos, nuestra amistad era inigualable, éramos muy unidos”, cuenta Giovanna. 

Con 29 años, José Darío era padre de tres hijos. “Él me decía que soñaba con celebrar los 15 años de su niña, pero no lo dejaron, le arrebataron la vida”, afirma Giovanna.  

En la FLIP no olvidamos a José Darío Arenas, quien con carisma y entusiasmo, informó a la población de Caicedonia. Hacemos un llamado para que su caso no prescriba sin que sea debidamente investigado. 

El 20 de septiembre de 2004, el voceador de prensa Jairo Alberto Madero Muñoz fue asesinado en Santa Marta, Magdalena por un desconocido mientras repartía ejemplares de periódicos locales y nacionales.

Hoy, diecisiete años después de su muerte, el caso de Jairo permanece en la impunidad, pues la Fiscalía se abstuvo de continuar con las investigaciones. 

En la FLIP, no olvidamos a las y los voceros de prensa que han sido asesinados en Colombia por distribuir la información que los actores del conflicto armado han querido ocultar. Gracias por recordar con nosotros.

En Granada, Meta, Arsenio Hoyos Lozano era el director de la emisora La Voz del Ariari. El 13 de septiembre de 1991, mientras el periodista se dirigía a las instalaciones del medio, un sicario lo asesinó. Su caso prescribió en 2011, sin que se conociera a los responsables del homicidio. 

Un líder cívico memorable

En 1980, Arsenio fue capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Granada pero, a causa del nombramiento que recibió como alcalde del municipio por dos años, tuvo que renunciar. Alfonso Castaño, amigo del periodista, recuerda la buena gestión de Arsenio, a pesar de que “esa fue la época en la que los alcaldes todavía se nombraban por decreto por parte del Gobernador”. 

El periodista fue reconocido en la comunidad granadina por su liderazgo y activismo político con él que ayudó a resolver los problemas de los y las habitantes del municipio.  

La Voz del Ariari

Tras finalizar su mandato, Arsenio se dedicó al ejercicio periodístico y dirigió la emisora La Voz del Ariari. Allí cada mañana presentaba el Noticiero del Ariari, un magacín en el que estuvo acompañado por el redactor deportivo Mario Fernando Ramírez. 

De acuerdo con su colega, Ernesto Martínez Manrique, “el manejo de información política dentro del noticiero le dio reconocimiento en la comunidad, pues destacaba los aspectos relevantes de candidatos y seguidores de los diferentes partidos y movimientos de la época en Granada”. 

Además, según Martínez, Arsenio era amante de los encuentros entre comunicadores y líderes comunales, pues “para él la radio era un espacio importante para acercarse a las comunidades, sobre todo para la búsqueda de solución a las necesidades de cada localidad”. 

Arsenio es recordado como un periodista imparcial, comprometido con su deber de informar a la región. “Se limitaba a dar la noticia. De pronto daba voz a las campañas cívicas de esa época, pero fue muy transparente”, asegura su amigo Alfonso Castaño. 

Crimen impune

El viernes 13 de septiembre de 1991, un desconocido asesinó a Arsenio mientras iba a las instalaciones de la emisora La Voz del Ariari. Hasta ahora, se desconocen los motivos y  responsables del homicidio. Su caso prescribió en 2011, aún cuando la FLIP, IFEX (Red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión) y la Sociedad Interamericana de Prensa exigieron a la Fiscalía adelantar investigaciones que sancionaran a los autores del crimen. 

En la FLIP, recordamos a Arsenio y a los y las periodistas que han sido silenciados y cuyos crímenes han quedado en la impunidad. 

Carlos José Restrepo Rocha fue periodista en el periódico Usocoello al Día y fundador de Tangente, el primer periódico que circuló en San Luis, Tolima. Hoy se cumplen 21 años de su muerte.

La investigación de la Fiscalía señalaba al exalcalde como el determinador del homicidio. Sin embargo, Acosta nunca fue condenado por este crimen y fue declarado inocente por parte del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué.  No obstante, a causa de sus nexos y financiación con dinero de grupos paramilitares, en 2010 Acosta fue sentenciado a siete años de cárcel por concierto para delinquir. 

En la primera versión de esta cápsula, mencionamos que el exalcalde Acosta era el responsable de este crimen. Después de hacer algunas verificaciones, confirmamos que no existen condenas en su contra por este homicidio.

En la FLIP no olvidamos a Carlos José ni sus iniciativas por mantener informada a la población de San Luis. Gracias por recordar con nosotros.

Uriel Ríos Tamayo era periodista de la emisora Radio Ciudad Milagro en Armenia, Quindío. El 30 de agosto de 1979, un desconocido lo asesinó. Hoy, 42 años después de su muerte, aún no se conoce a los responsables ni los motivos de su homicidio. Su caso prescribió en total impunidad.  

Uriel era una de las voces deportivas más escuchadas de la región. De acuerdo con su colega, Roberto Jairo Botero, Uriel era un periodista apasionado por los micrófonos y la narración. “En esa época, presentaba partidos que hicieron historia. Él conseguía las alineaciones de los equipos de 10 años atrás, o sea, de la década del 60, ponía un efecto de público como si estuviera en un estadio y hacía el simulacro de narrar el partido en vivo”, señala Roberto. 

En sus emisiones de los domingos al mediodía, Uriel tenía una audiencia fidelizada, en una época en la que la radio era el medio de comunicación con mayor alcance ante la ausencia de la televisión e internet. Roberto recuerda que, “Él repitió, por ejemplo, el 4-4 de Colombia versus Rusia en el mundial de Chile en 1962. Lo narraba como si estuviera en el estadio. Era un excelente narrador”.

Su voz lo convirtió en uno de los periodistas más reconocidos de Armenia. Según su colega, “Uriel era muy inteligente. Estaba acelerado a toda hora pero era muy dedicado y tenía una vocación innata por el periodismo deportivo”. 

Hasta ahora, se desconoce qué motivó el asesinato de Uriel. No hubo capturas ni señalamientos de los responsables por parte de las autoridades. Su caso permanece en la impunidad. 

En la FLIP no olvidamos a los y las periodistas deportivos que han sido silenciados y reconocemos su esfuerzo por llevar entretenimiento a sus audiencias. Gracias por recordar con nosotros.

Atilano Segundo Pérez era el director del programa El Diario de Marialabaja en la emisora Radio Vigía de Todelar en Cartagena. En su última emisión radial, Atilano había denunciado la presunta financiación de grupos paramilitares a cinco candidaturas a la Alcaldía de Marialabaja.

Atilano fue asesinado el 22 de agosto de 2006 por un desconocido que ingresó a su vivienda y escapó en una motocicleta. Hoy, a 15 años de su muerte, se desconocen los autores materiales e intelectuales de su homicidio. 

En la FLIP no olvidamos a todos los y las periodistas que en medio de su labor por exponer las irregularidades de sus regiones han sido asesinados y hacemos un llamado para que este caso no prescriba en la impunidad. Gracias por recordar con nosotros. 

La voz que acaban de escuchar era la de Juan Carlos Benavides Arévalo, locutor de la radio comunitaria Manantial Estéreo en Sibundoy, Putumayo. Juan Carlos fue asesinado hace dieciocho años. Las FARC atentaron contra el carro en el que se transportaba, cuando iba hacia Puerto Asís, Putumayo a cubrir el primer consejo comunal del expresidente Álvaro Uribe Vélez. 

El periodista murió cuando guerrilleros de las FARC dispararon indiscriminadamente contra la camioneta en la que él se transportaba hacia Puerto Asís. Hasta ahora, su caso permanece en total impunidad.

En la FLIP reconocemos el esfuerzo de Juan Carlos por fortalecer la radio comunitaria en el departamento de Putumayo y aplaudimos el legado comunicativo que construyó para los y las habitantes de la región. Gracias por recordar con nosotros.

Iván Darío Pelayo trabajaba como director de la emisora Llanorámica Estéreo en Puerto Rondón, Arauca, cuando fue asesinado hace 26 años por el ELN. Este grupo armado lo acusó de ser colaborador de grupos paramilitares.

Su caso prescribió en 2015, luego de que en febrero de 1998 la Fiscalía Especializada de Cúcuta suspendiera las investigaciones. En la actualidad, se desconocen los autores materiales e intelectuales del crimen. De acuerdo con la documentación de la FLIP, la Fiscalía solo destinó tres años a la investigación del homicidio. 

La muerte de Iván también supuso el fin de Llanorámica Estéreo. Con esto, se afectó el derecho a la información de la comunidad de Puerto Rondón. 

Nuestro equipo FLIP no ha podido contactar a colegas o personas cercanas a Iván Darío. Si usted lo conoció o tiene pistas de quiénes pudieron haber tratado con él, puede escribirnos a info@flip.org.co. 

En la FLIP no olvidamos a los y las periodistas que han sido asesinados por causa del conflicto armado mientras cumplían con su labor. 

Amparo Leonor Jiménez fue periodista de los noticieros televisivos QAP y En Vivo en Valledupar, Cesar. Allí, además coordinó un programa de reinserción de guerrilleros a la vida civil y apoyó la coordinación de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y Contra la Guerra.

El 11 de agosto de 1998, luego de llevar a su hijo al colegio, Amparo fue asesinada por Libardo Prado Bayona, un preso de la cárcel de Santa Marta que fue dejado en libertad por error. Libardo fue condenado a 37 años por el homicidio de la periodista. Hoy, veintitrés años después de su muerte, no hay respuestas sobre los autores intelectuales del crimen.  

Amparo fue la décima periodista asesinada en 1998 en Colombia y, en la FLIP, no olvidamos a los y las periodistas que, como ella, fueron silenciados por contar la verdad de lo que sucedía en sus territorios. Gracias por recordar con nosotros.

Nelson de la Rosa Toscazo fue un reportero gráfico del periódico El Universal en Cartagena asesinado junto a su esposa el martes 3 de agosto de 1993. Semanas antes, Nelson había publicado una serie de fotografías de una banda criminal.

En su momento, la FLIP, Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa instaron al Estado colombiano y a la Fiscalía a investigar el asesinato de Nelson y a encontrar a los responsables. Sin embargo, en 2013 el caso de Nelson prescribió, por lo que se dejó de buscar a los autores del crimen. La Fiscalía continúa sin tener registros sobre la investigación de su muerte, además de desconocer a los responsables del homicidio, se desconoce qué autoridad judicial recibió el caso.

Nuestro equipo FLIP no ha podido contactar a colegas o personas cercanas a Nelson. Si usted lo conoció o tiene pistas de quiénes pudieron haber tratado con él, puede escribirnos a info@flip.org.co. 

En la FLIP no olvidamos a los fotoperiodistas que como Nelson han sido asesinados por contar historias a través de sus lentes. Gracias por recordar con nosotros. 

Arquímedes Arias Henao fue un periodista, publicista y fundador de las emisoras Fresno Estéreo y Romance Estéreo en el municipio de Fresno, Tolima. Allí fue asesinado el 4 de julio de 2001 por órdenes de un ex jefe paramilitar que lo señaló como colaborador de la guerrilla.

En 2009, el ex jefe paramilitar, Evelio de Jesús Aguirre Hoyos, alias Elkin, afirmó que el homicidio se dio porque supuestamente Arquímedes era colaborador de la guerrilla. 

En la FLIP no olvidamos a Arquímedes Arias Junior, como era conocido en los medios de comunicación, y recordamos sus esfuerzos como pionero de la radio tolimense. Gracias por recordar con nosotros.

El 13 de julio de 2002, Elizabeth Obando Murcia, vendedora del periódico El Nuevo Día, fue asesinada por orden de un excomandante de las FARC. El caso, 19 años después de su muerte, permanece en total impunidad. 

Tejiendo memoria

Elizabeth era la hija menor de la familia Obando Murcia, nació el 27 de marzo de 1960 en Roncesvalles, Tolima. Por varios años se dedicó a confeccionar ropa, tejer era una de sus grandes pasiones. “Ella tenía una maquinita que mi mamá le había regalado y con eso trabajaba. Hacía sobre todo sacos para los estudiantes”, asegura el hermano de Elizabeth, Gustavo Obando Murcia.

En el centro del pueblo, Elizabeth tenía un almacén en el que exhibía y vendía las prendas que fabricaba. Abría su local de domingo a domingo, donde además comercializaba ejemplares del periódico El Nuevo Día, uno de los medios regionales con más influencia en la zona. 

Persecución interminable

Durante los primeros meses de 2002, El Nuevo Día realizó publicaciones que denunciaban los crímenes de la guerrilla de las FARC sobre los habitantes del Tolima. En estos artículos, se exponía el reclutamiento de menores de edad, extorsiones y la expropiación de bienes en el departamento.

A pesar de que Elizabeth no tenía relación con el contenido divulgado por el medio, empezó a recibir amenazas por parte de alias Donald, por ese tiempo, comandante de las FARC. De igual forma, su hermano Gustavo, quien era presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Carmen en Roncesvalles, fue hostigado por el grupo guerrillero que pretendía controlar su labor con la comunidad. 

“Una vez Donald nos hizo ir al corregimiento de Santa Helena a Elizabeth, a mi hermano Edilberto y a mí. Allá nos amordazó y nos dijo hasta de qué nos íbamos a morir”, afirma Gustavo al recordar las dificultades que supuso la presencia de las FARC en Roncesvalles. 

En medio de la persecución, Elizabeth envió una carta al supervisor del departamento de circulación de El Nuevo Día, el 3 de marzo de 2002, en la que le comunicó que el comandante de las FARC había prohibido la venta del periódico en la zona. Elizabeth fue señalada por la guerrilla de filtrar información a las salas de redacción del medio. Sin embargo, ella solo recibía hojas impresas y las vendía en su local. 

Disparos de silencio

A pesar de que El Nuevo Día dejó de circular en Roncesvalles y, por tanto, Elizabeth abandonó la venta de periódico, el jueves 11 de julio de 2002, recibió tres impactos de bala en la cabeza. Elizabeth regresaba de Ibagué y, en medio de un retén ilegal de las FARC en Playa Rica, Tolima fue obligada a bajarse del bus en el que se transportaba junto con Ángela Yesenia Bríñez, personera del municipio.

Tras ser atacada, aún con vida, su traslado al hospital fue obstaculizado por los responsables que, después de varias horas, permitieron a uno de sus conocidos movilizarla al hospital Federico Lleras de Ibagué. De este centro médico fue remitida a la clínica San Rafael Dumian de Girardot, Cundinamarca, donde dos días después perdió la vida.

“No puedo olvidar esa fecha. El día de su muerte mi hija estaba cumpliendo 14 años”, recuerda Gustavo, quien por órdenes de alias Donald no pudo asistir al sepelio de Elizabeth. De hecho, 20 días después del fallecimiento de su hermana, tuvo que huir del municipio a causa de las continuas amenazas. 

Enmudecida por la impunidad 

19 años después de su asesinato, el caso de Elizabeth se encuentra en total impunidad. En primera instancia, la Fiscalía ordenó la captura de alias Donald y de Luis Eduardo Rayo, alias Marlon, comandante del frente 21 de las FARC, al ser los presuntos autores del homicidio de Elizabeth. No obstante, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Ibagué absolvió los delitos al encontrar “contradicciones” en los testimonios presentados por la Fiscalía. 

Actualmente alias Donald se encuentra en libertad, dado que luego de la firma de los Acuerdos de Paz  en 2016, se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En la FLIP esperamos que esta sea una oportunidad para que los responsables aporten información sobre el esclarecimiento del homicidio de la vendedora de El Nuevo Día. 

Elizabeth es recordada por el amor con el que educó a sus sobrinos y extrañada por los brazos de su madre, Mercedes, quien aún conserva el asiento favorito de su hija, donde, constantemente, la recuerda entre lágrimas. En la FLIP no olvidamos el caso de Elizabeth y reconocemos su labor por mantener informada a la población. Gracias por recordar con nosotros. 

Hace 20 años, el periodista en formación y líder comunal, Eduardo Estrada Gutiérrez, fue asesinado en el municipio de San Pablo al sur de Bolívar. Eduardo era presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación y la Cultura de San Pablo y, a través de esta organización, impulsó la creación de una emisora comunitaria en la que se contaría cómo el conflicto armado y la corrupción afectaban la región. Sin embargo, a causa de su asesinato, esta emisora nunca llegó a estar al aire.

Han pasado 20 años desde que las balas silenciaron la voz de Eduardo. Hoy, el municipio de San Pablo apenas tiene una emisora comunitaria. 

En la FLIP no olvidamos el esfuerzo de Eduardo por exponer los crímenes e irregularidades en el Magdalena Medio y su lucha por defender los derechos de la población. Gracias por recordar con nosotros. 

Para escuchar la historia completa, vea el siguiente video: 

La voz que acaban de escuchar era la de Efraín Varela Noriega periodista, locutor y director de la emisora Meridiano 70. Desde allí se dedicaba a la crítica política. Hoy, tras 19 años de su muerte, recordamos su trayectoria.

El 23 de noviembre de 2015, el Consejo de Estado reconoció y condenó la responsabilidad del Estado en el asesinato del periodista. Además, confirmó la responsabilidad de la Brigada XVIII del ejército como cómplices del crimen al permitir el accionar del Bloque Vencedores de las autodefensas. 

En la FLIP no olvidamos el esfuerzo de los periodistas por denunciar la corrupción y la violencia en defensa de los derechos humanos. Gracias por recordar con nosotros.

Este 24 de abril de 2021 se cumplen treinta años del trágico asesinato del periodista Julio Daniel Chaparro y del reportero gráfico Jorge Enrique Torres. A pesar de que este homicidio fue declarado crimen de guerra, y no va a prescribir, los avances en materia de justicia han sido mínimos.

El 16 de marzo del 2021 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Caquetá, revirtió la condena histórica contra el sicario que asesinó al periodista Luis Antonio Peralta y a su esposa Sofía Quintero. El Tribunal redujo 13 años de la condena como resultado del desconocimiento injustificado de la relación del oficio periodístico de Peralta con su asesinato. 

Para la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), quien representa legalmente a los familiares de las víctimas, la decisión del Tribunal es un pésimo precedente de cara a los altos índices de impunidad de crímenes contra la prensa y a los múltiples procesos contra los responsables de los 161 periodistas asesinados de 1977 al 2020. 

El Tribunal desestimó la relación del oficio periodístico con el asesinato de manera contradictoria. En sus términos, “sobre las denuncias realizadas en el ejercicio de la profesión del periodista Peralta Cuellar, no existe duda para la sala, pero no es posible con ello establecer que el homicidio del recordado periodista se dio en razón de su labor pues el hecho indicador no permite establecer el hecho indicado”. Después de hacer esta afirmación el Tribunal añadió que algunas amenazas reportadas por el periodista no tenían que ver con las denuncias públicas realizadas. 

Esto revela la falta de comprensión de los elementos esenciales del caso, tal como los riesgos inherentes al ejercicio del periodismo en regiones. La FLIP reitera que para la investigación, judicialización y sanción de crímenes contra la prensa es indispensable hacer un análisis de contexto  que  permita  identificar  plenamente las dinámicas regionales y los riesgos a los que están expuestos los periodistas por su oficio, en lugar de presumir su inexistencia en un país con altos índices de violencia contra la prensa. 

Luis Antonio Peralta era un periodista crítico de la gestión pública en la región, en donde ejerció el periodismo por más de treinta años. Su trabajo estaba relacionado con las denuncias sobre irregularidades en contratación estatal, extracción de petróleo y corrupción. Su emisora Linda Stereo, de la cual fue fundador y director, fue la plataforma a través de la cual hizo públicas sus denuncias y entregó a la ciudadanía información valiosa sobre las autoridades y los funcionarios. 

El Tribunal no valoró de manera adecuada este contexto ni el riesgo que le generaba el programa en el que Peralta hacía públicas algunas denuncias en contra de la administración pública. Además, desestimó que días antes de su asesinato, el periodista había anunciado que tenía conocimiento de que un precandidato habría incurrido en actos de corrupción en el municipio del Doncello, Caquetá.

La falta de reconocimiento de los riesgos inherentes al oficio periodístico es un factor que acrecienta la impunidad de los crímenes contra la prensa . En este caso, también persiste la falta de identificación y sanción de los determinadores, quienes hoy se encuentran en libertad.

La FLIP continuará acompañando este caso, y este 19 de marzo de 2021 presentó el recurso de casación contra la decisión del Tribunal para que se reconozca la necesidad de reincorporar en la decisión el reconocimiento de la relación del oficio periodístico con el asesinato de Luis Antonio Peralta. La decisión se apartó de elementos esenciales del caso y, con ello, desconoció el rol que desempeñan las autoridades judiciales en la protección de los y las periodistas y en la garantía de que los delitos y los ataques en su contra no queden impunes. 

Por lo anterior, la FLIP le hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que coadyuven el recurso y visibilicen la violencia y los riesgos a los que están expuestos los periodistas, cuya labor contribuye a la construcción de sociedades democráticas.   

Luis Eduardo Alfonso Parada era periodista de la emisora Meridiano 70 en Arauca. A lo largo de 10 años, se dedicó a denunciar, a través de los micrófonos, temas relacionados con el orden público y la administración municipal. Hoy, tras 18 años de su asesinato, recordamos su trayectoria.

El periodista, a través del noticiero “Actualidad informativa”, se convirtió en un referente informativo para los araucanos pero, las amenazas fueron una constante. Luis Eduardo fue atacado la madrugada del 18 de marzo del 2003 por tres hombres en motocicleta. Estos realizaron múltiples disparos a la entrada de su casa, justo cuando iba de salida a la emisora.

En 2009, amparados bajo la Ley de Justicia y Paz, en el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, José Rubén Tobón, alias “Lucho” aseguró que el paramilitar alias “Cúcuta” había asesinado a Luis Eduardo. Este paramilitar, a su vez, declaró haber asesinado a un periodista. Tobón fue identificado como autor material y recibió una condena sin posibilidad de excarcelación. Sin embargo, los autores intelectuales aún no han sido identificados. 

En la FLIP no olvidamos a Luis Eduardo y su compromiso con la región. Su memoria debe ser honrada con la justicia y esclarecimiento completo de su asesinato. Gracias por recordar con nosotros.

Haciendo clic en el siguiente audio podremos escuchar la historia de este periodista:

Óscar García Calderón fue un periodista taurino del diario El Espectador. Por más de 20 años se dedicó a transmitir, a través de sus letras, la emoción que le producían las faenas en la Plaza La Santamaría de Bogotá. Hoy, después de 23 años de su asesinato, recordamos su historia.

En Cali, Valle del Cauca, durante las corridas de toros de la tradicional Feria de la Caña, una voz derrochaba energía frente a los micrófonos. "¡Qué buena tarde que estamos viviendo! ¡Qué bueno el público de Cali, cómo entiende la faena!", diría Gerardo Didier, periodista asesinado hace 28 años. 

La faena de narrar 

Gerardo Gómez era periodista freelance y empresario, amante de los toros, cuya afición lo llevó a compartir su pasión con toda la ciudad a través de los micrófonos de la Radio Súper de Cali. Fue asesinado a manos de desconocidos el 11 de febrero de 1993. 

Diego Galvis, compañero del periodista en el programa semanal Yo te conté: toros y turismo, recuerda que en su labor como narrador, Gerardo “no criticaba, no censuraba, era una persona muy constructiva, transmitía mucho positivismo en sus crónicas”. Además, lo describió como un hombre entregado, comprometido, cuya alegría le dio notoriedad entre sus amigos y los vallecaucanos aficionados al toreo. “Gerardo era rumbero y un excelente bailador de pasodobles, había que desocupar la pista cuando salía a bailar porque bailaba como si estuviera toreando, armaba todo un espectáculo”, comentó Galvis.

Galvis comentó que hace veintiocho años, hacia las siete de la noche, Gómez se dirigía solo desde una de sus oficinas en el municipio de Buga hacia Cali. Aunque conocía bien esa vía, esa noche mientras hacía un pare frente a las vías del tren, una motocicleta se detuvo junto a su carro y desde allí le dispararon en repetidas ocasiones. 

Las heridas fueron fulminantes y la noticia empezó a sonar en las diferentes emisoras de la ciudad hasta llegar a oídos de sus colegas. Diego Galvis, su compañero de programa, estaba escuchando la transmisión de un partido de fútbol cuando la programación se interrumpió para dar el boletín y hacer un homenaje al periodista. “Echaron el extra y quien estaba transmitiendo el partido era Óscar Rentería. Ellos se conocían de las corridas e inmediatamente, Rentería dio un discurso. Era increíble porque uno podría creer cualquier cosa menos que Gerardo muriera de esa manera”, afirmó Galvis. 

De la afición por los toros al periodismo

Pese a que la comunicación no era su oficio de base, a sus 49 años, Gerardo se había consagrado en el mundo del periodismo taurino bajo el acrónimo de Gedigo. Su comienzo estuvo de la mano de crónicas y columnas en el Diario de Occidente de Cali. Desde allí, cada lunes, informaba los últimos detalles de las ferias, festivales y corridas celebradas en países como España, Perú, Ecuador y Colombia.

Más tarde, su voz marcaría el ritmo en algunas de las transmisiones taurinas de Radio Todelar y de Radio Súper, donde dio sus primeros pasos como comentarista en el programa a cargo de Galvis. Jaime Fernández, uno de los comentaristas de Radio Súper, destaca de Gerardo su gran conocimiento y admiración por el mundo taurino a lo largo de sus 20 años como periodista independiente.

De acuerdo con los registros de la FLIP, al parecer los responsables de su muerte fueron personas inconformes con una evaluación hecha por Gerardo sobre un festival taurino. Sin embargo, sus colegas afirman que él era un hombre comprometido con sus narraciones y, mostrándose siempre emocionado ante los micrófonos, rara vez se quejaba o criticaba lo que ocurría en la corrida por lo que todavía no se explican por qué fue atacado. “Para él darle palo a un torero era menospreciarlo, darle palo a su hobby favorito”, afirmó Galvis. 

Actualmente se desconocen quiénes fueron los autores del crimen y, lastimosamente, este será un caso que quedará sin resolver dado que en el 2013 el caso prescribió ante la justicia colombiana. Desde la FLIP no olvidamos la historia de este periodista que hizo de una de sus más grandes aficiones parte de su pasión por el oficio periodístico.

Los periodistas Abelardo Liz y Felipe Guevara fueron asesinados durante el 2020. Sus casos dejaron al descubierto la violencia cruda que se siguen enfrentando los periodistas, tanto por parte de la fuerza pública como de bandas criminales.

Cayetano Domínguez, fotógrafo y periodista era un amante de la cámara y un apasionado en la dirección de su emisora, Radio Barrancabermeja, en Santander. Hoy, después de 31 años de su asesinato, recordamos su trayectoria.

Durante las jornadas de trabajo en el periódico La Patria en Manizales, Caldas, había un sonido particular que se escuchaba por encima de los teclados. Se trataba de unos pasos firmes y afanados que merodeaban las impresoras del diario: “Ahí viene Orlando“, diría la periodista Martha Lucía Gómez, refiriéndose a su colega y jefe, Orlando Sierra, quien fue asesinado hace diecinueve años, víctima de la corrupción política. 

El 30 de enero de 2002, mientras llegaba de almorzar junto a su hija, en frente de la sede del diario, dos disparos apagaron su andar, sus bromas y su pluma. Tras el ataque, Orlando fue trasladado de urgencia al Hospital de Caldas e intervenido quirúrgicamente. Para Martha, en La Patria el ambiente se permeó de angustia, miedo y tristeza, mientras se trabajaba en la publicación del día. “Cuándo nos preguntan cómo hicieron periódico, yo ni sé cómo. Hacer periódico esos tres días fue terrible”, aseguró la periodista. Finalmente, y tras dos días en coma, el 1 de febrero, el periodista falleció en la unidad de cuidados intensivos. 

Orlando, el periodista incómodo

A sus 42 años el periodista, filósofo y escritor ocupaba la subdirección de La Patria, donde también se dedicaba a la opinión. En su columna Punto de encuentro realizaba críticas a la clase política del departamento de Caldas. Era un gran conocedor tanto de los casos de corrupción como de la cotidianidad de la región. “Para la comunidad él era como el faro de la verdad, escribía lo que nadie se atrevía”, afirma Gómez. 

Orlando contaba con el talento de encontrar titulares para cada historia. Era un apasionado por las letras y, en especial, un jefe exigente. Alba Nelfy Bernal, amiga y compañera de Orlando en el diario, recuerda cómo él, desde la puerta de su oficina, les expresaba su enojo. “Le tiraba a uno zapatos. En medio de todo, era chistoso, era muy enérgico pero no lo hacía de maldad. Le gustaba que las cosas salieran bien”, recuerda Alba.

Siempre estaba atento a la noticia. Entre sus conocidos, Orlando destacaba como un hombre de un humor singular e inquieto, rebosaba energía y una sagacidad que lograba picar a las clases dirigentes de Manizales. Alba cuenta que “él se volvió la piedra del zapato para muchos aquí, porque empezó a denunciar todas las corruptelas y las arbitrariedades que hacían aquí en la ciudad y en el departamento”.

La manera que tenía de escribir y, como algunos llaman, su “desfachatez” para denunciar, lo convirtieron en una incomodidad recurrente en el caminar de los poderosos. En particular para Ferney Tapasco, político que controló durante veinte años la Asamblea de Caldas. Gracias a una columna hecha por Orlando, en 1998, se descubrió la nulidad en su elección como diputado y, posteriormente, se logró la pérdida de su investidura.

Su labor periodística le ocasionó momentos de temor. En una oportunidad Tapasco agredió físicamente a Orlando: le quitó las gafas y las pisoteó en el suelo. Nelfy, su amiga, afirma que pese a que él manifestaba su miedo en sus escritos aún así seguía atento a la realidad política de la región.

Proyecto Manizales, un triunfo

Su muerte fue un precedente para el diario y para sus compañeros. Desde el momento de su asesinato, comenzó a conformarse un equipo mediático que contó con el apoyo de periodistas de La Patria, Semana, Cambio, El Espectador, El País, El Colombiano y El Tiempo. Todo con el fin de hacer reportería para esclarecer el caso. “Este movimiento lo que hizo fue presionar para que se esclareciera lo más pronto posible quién era el autor intelectual, porque el autor material lo cogieron”, afirmó Alba Nelfy refiriéndose a Luis Fernando Soto, el joven que disparó contra Orlando, y quien fue reconocido rápidamente, ya que quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector. 

Efectivamente, la movilización periodística y la presión de sus compañeros contribuyó a que la muerte de Orlando no cayera en el olvido. Entre los más de 160 casos de asesinato a periodistas de los que la FLIP tiene registro, el de Orlando es el único en el que hay una condena a toda la cadena criminal; es decir, desde quien accionó el arma hasta quien dio la orden. “Para mí la suerte que tuvo ese proceso se logró gracias a que el caso de Orlando se mantuvo siempre vigente, ahí en la línea de trabajo. Ese fue el éxito”, explicó Martha. 

Y aunque Ferney Tapasco pretendía quedar en libertad alegando que el Tribunal Superior de Manizales no le había garantizado el derecho a la doble instancia, pero, para el 25 de septiembre de 2019, la Corte Suprema negó la petición. Actualmente, el caso se encuentra cerrado y Tapasco González, reconocido como el autor intelectual del asesinato, fue sentenciado a 36 años y tres meses de cárcel. Mientras que los hermanos Fabio y Jorge Hernando López Escobar, fueron condenados por complicidad, a una pena de 28 años y 10 meses, al haber contratado a la banda sicarial, según la Fiscalía.

En la FLIP no olvidamos los ataques y pedimos justicia por los periodistas que han sido asesinados por culpa de la violencia y de la corrupción política. La celeridad en los procesos no debería depender de acciones de terceros, como lo fue en el caso de Orlando. Esta garantía la debe otorgar el Estado en los cientos de casos de periodistas asesinados que aún se encuentran en la impunidad.

Gimbler Perdomo tenía 31 años cuando en 2002 fue asesinado en el municipio de Gigante, Huila. Era director de noticias y propietario de Panorama Estéreo, la única emisora que existía en esa época en Gigante. 

El camino en el periodismo

Gimbler empezó en la radio por casualidades de la vida. Sandra Cáceres, esposa de Gimbler, cuenta que el viaje por la radio empezó cuando un amigo ganó una licencia para tener el dial de una emisora comercial. Sin embargo, este terminó en la cárcel y fue ahí cuando le propuso a Gimbler ser socio de la emisora, para que se encargara de mantenerla mientras él salía de prisión. 

Gimbler aceptó y a partir de ese momento comenzó a desarrollar el noticiero de la emisora, con el que terminó ganándose a la comunidad. Su compromiso no solo fue dar información detrás de un micrófono en una cabina, sino también ayudar directamente a las personas. En algunas ocasiones viajaba a las veredas del municipio, donde emitía un programa en el que los campesinos exponían todas sus necesidades como salud o educación.

El hombre detrás del periodista

Gimbler era recordado en su pueblo por realizar campañas de solidaridad y además, denunciar a la administración municipal por casos de corrupción. Todo esto lo hizo cuando ocupó el cargo de Consejero municipal, durante el 91 y el año 2000, antes de ser periodista.

En el año 1999, cuando aún era Consejero municipal, Gimbler se encadenó frente a la alcaldía para presionar la salida de Luis Édgar Gutiérrez, el mandatario de la época. Finalmente este fue destituido por sus acciones corruptas. 

“Desde las seis o cinco y media de la mañana llegaba la gente a la casa a pedir ayuda”, cuenta Sandra. Su esposa lo recuerda como un hombre que realizaba muchas campañas para ayudar a las personas necesitadas del municipio, incluso muchas veces dejando de lado su propio bienestar. 

Una de las anécdotas que más recuerda es cuando su esposo le dio el dinero que tenían para el almuerzo a un señor que llegó a pedir ayuda. Sandra recuerda claramente las palabras con las que Gimbler le respondió a su reclamo: “ese señor necesita viajar a una cita médica y no tiene para el transporte, nosotros vamos a la tienda allá nos conocen y nos pueden fiar, a él nadie le va a fiar lo del transporte”. 

La verdad

La persona que lo asesinó está preso. “Ni para qué le cuento el sin número de expedientes de asesinatos que tiene ese señor”, afirma Sandra. 

El día de la audiencia en la que el asesino habló sobre la muerte de Gimbler, Sandra fue acompañada por dos de sus hijas. “Ese fue uno de los días más tristes, porque cuando le hacían preguntas sobre el asesinato de mi esposo, sentíamos que nunca respondía con la verdad”, dice Sandra. Cuando le preguntaron al asesino por qué lo había hecho, este dijo que lo habían obligado, que era matar a Gimbler o que su familia estuviera en riesgo.

Sobre los determinadores del asesinato, Sandra cuenta que fue la guerrilla. Aunque al inicio de la investigación habían dudas sobre esto, pues en su momento, algunas personas cercanas a Gimbler afirmaron que esto era poco probable. Decían que él era consciente del peligro en la región y por eso siempre fue precavido a la hora de dar información relativa al orden público. 

Dieciocho años después Sandra tuvo que sacar adelante a tres niños que en su momento no tenían más de diez años. La violencia le arrebató al pueblo de Gigante una persona que estaba comprometido con su comunidad, y a su familia, les quito un padre y esposo ejemplar. En todos ellos la memoria de Gimbler permanece viva. Gracias por recordar con nosotros. En la FLIP no olvidamos. 

Cada sábado Mario Pineda Arboleda repartía gratuitamente el periódico La Razón. Un semanario del que era director y que apenas tenía cuatro hojas, pero que por sus investigaciones se había ganado el respeto del pueblo de Sevilla, Valle del Cauca.

Todos los días Juan Camilo Restrepo llegaba de mañana a Galaxia Estéreo, la emisora comunitaria que dirigía en Sevilla, un corregimiento del municipio de Ebéjico, Antioquia. En su espacio radial se dedicaba a informar y entretener a la ciudadanía, pero también hacía fuertes críticas a la administración local.

El 31 de octubre del 2000, y con tan solo 26 años de edad, fue asesinado, aparentemente, por paramilitares. Las investigaciones dieron a conocer que Juan Camilo habría cubierto en sus emisiones varios casos de corrupción de funcionarios locales. Su asesinato habría sido una retaliación a sus críticas. 

Un periodista nato

Desde que era joven Juan Camilo sintió pasión por el periodismo. Su gran amigo y colega Héctor Echevarría recuerda que antes de entrar a la universidad les encargaron la coordinación de una pequeña emisora en AM que había comprado la parroquia del pueblo. “Luego de eso, Juan Camilo quedó muy emocionado con el tema y su sueño era tener algo en FM”, dice Héctor. 

Luego de eso Juan Camilo hizo su carrera de comunicador en la universidad. Aprendió más sobre el oficio del periodismo y cultivó una carrera prometedora en Medellín. Allí trabajó en TeleAntioquia, en la emisora Oriente Stereo de RCN, Rumba y La Z. “Todo eso lo dejó botado cuando se enteró que estaban adjudicando unas emisoras comunitarias en FM”, comenta Héctor. 

En 1997 Juan Camilo volvió a su pueblo natal, Ebéjico, para ponerse en frente de la emisora que se llamaría Galaxia Estéreo. Héctor cuenta que la emisora fue tan exitosa que se escuchaba en gran parte del occidente antioqueño. 

Parte del éxito de la emisora es que Juan Camilo se encargó de capacitar a su grupo de trabajo con las herramientas que él había aprendido en la universidad. “Además de posicionar la emisora, Juan Camilo realizó un trabajo muy importante de escuela periodística”, afirma Héctor. 

Los momentos de temor

“Nosotros nunca nos metimos con ellos”, dice Héctor, refiriéndose a las AUC, el grupo paramilitar que tenía una amplia presencia en la zona. Sin embargo, nada pudo evitar que el equipo de Galaxia Stereo quedara en la mira del grupo.

Para Héctor todo empezó cuando en época de elecciones hicieron un programa, junto a concejales de la oposición, en el que criticaban fuertemente al alcalde. “Nosotros no estábamos a favor de nadie, más bien le abríamos los micrófonos a cualquier persona que quisiera dar el debate”, comenta Héctor, explicando que ellos nunca se catalogaron como oposición de la Alcaldía. 

A partir de ese momento el alcalde saliente les declaró la guerra. Hizo que la Junta de Acción Comunal, que administraba la emisora, llamara repetidamente a elecciones de un nuevo director, para poder sacar a Juan Camilo de la dirección. “Nunca lo lograron, a pesar de que el alcalde le daba plata a los miembros de la junta para que votaran por otra persona, Juan Camilo siempre arrasó en las elecciones”, recuerda Héctor. 

Las AUC, que atemorizaban al pueblo de Ebéjico, nunca les hicieron amenazas de muerte. “Jamás nos dijeron que nos teníamos que ir del pueblo o que nos iban a matar, lo que sí es que nos decían a modo de advertencia que no nos metiéramos con el alcalde”, cuenta Héctor. 

Juan Camilo era consciente del peligro, así que un mes antes de las elecciones decidió que la programación de la emisora sería netamente musical, nada de debates que pudieran causar controversia.

Días antes de las elecciones el candidato que se posicionaba como el favorito fue hasta a la emisora y amenazó al equipo de Galaxia Estéreo. Héctor recuerda claramente las palabras de quien días después se convertiría en alcalde de Ebéjico: “yo voy a ganar y ese día ustedes se van”

La cita

“Todo fue muy inesperado”, cuenta Héctor. Ellos sabían que podían tener problemas con el alcalde electo y por eso acordaron que si cualquiera de los dos recibía una amenaza, saldrían del pueblo.

A pesar del temor, los días transcurrieron sin novedades hasta que un día uno de los comandantes de las AUC llegó a las oficinas de la emisora. “Lo que cuentan es que este señor le dijo a Juan Camilo que todo estaba bien, que el jefe solo quería limar asperezas y que querían acordar cómo podían trabajar juntos”, dice Héctor. 

En ese momento el paramilitar le dijo que era importante hacer una reunión con el jefe de las AUC, que estaba esperándolos en la montaña y que no tardarían. Juan Camilo aceptó, sin saber que la reunión fue la excusa que tuvieron para poder matarlo. Fue asesinado en frente de su hermano, quien lo había acompañado en moto hasta el lugar de la cita.

Luego de eso, todo el equipo de Galaxia Estéreo tuvo que huir del pueblo y dejar el sueño que estaban cumpliendo con la emisora. 

El asesinato de Juan Camilo entristeció tanto a la comunidad, que las mismas AUC organizaron una reunión para justificar el asesinato del periodista. Dijeron que era informante de la guerrilla y por eso lo habían tenido que matar. 

Hoy, se cumplen 20 años del homicidio de este periodista y su caso está en completa impunidad. Juan Camilo fue un periodista que a pesar de su corta edad, logró aportarle a la comunidad a través de su emisora. Que no caiga en el olvido su invaluable labor. En la FLIP no olvidamos.

Rafael Antonio Solano Brochero tenía 51 años cuando desconocidos lo asesinaron frente a su residencia del barrio Tabitas en Fundación, Magdalena, en 1991. 

Solano era periodista freelance, corresponsal para El Tiempo en Magdalena y también era propietario de su propia agencia de publicidad. 

La escritura era una de sus pasiones. Por eso, antes de escribir noticias, compuso el himno de Fundación. Así dice uno de los versos que le escribió a su municipio:  “Digna eres de una gran corona, pues tu nombre es de hidalga ciudad”.

Nunca se conocieron realmente quiénes estuvieron detrás del asesinato del periodista, ni tampoco los motivos. El caso de Solano se encuentra en completa impunidad; sin embargo, su memoria permanecerá vigente. Gracias por recordar con nosotros. En la FLIP no olvidamos.

Un 8 de octubre, hace tres años, un disparo en el pecho le quitó la vida a Maria Efigenia Vásquez, comunicadora de radio Renacer Kokonuko, en Puracé, Cauca. 

Efigenia, que también hacía parte del Consejo Regional del Cauca,  fue asesinada mientras cubría y participaba de una protesta junto a su comunidad por los derechos sobre un predio en Puracé. En medio de los enfrentamientos con el ESMAD resultó herida.

Para la Fiscalía, la muerte de Efigenia fue causada por un explosivo de metralla que pudo haber sido del ESMAD o de la comunidad indígena. En estos tres años la familia de la periodista aún no ha encontrado la verdad. 

Desde la FLIP esperamos que su caso no caiga en la impunidad. Gracias por recordar con nosotros.

Hoy se cumplen 27 años del homicidio contra Manuel Martínez Espinosa, periodista de Radio Súper en Popayán, Cauca. Cada noche, en su programa el Yunque, se ponía detrás del micrófono para hablar sobre el día a día de su ciudad. 

Manolo, como lo llamaban sus compañeros, estaba comprometido con el bienestar de la ciudadanía y por eso realizaba denuncias sobre corrupción política en la región.

En esta cápsula lo recuerdan tres de sus compañeros de trabajo. Nos cuentan más sobre cómo era Manuel y sobre el momento de su asesinato. 

El homicidio de Manuel Martínez prescribió en 2013 y solo se llegó a condenar a uno de los autores materiales. Sin embargo, su recuerdo permanece entre sus familiares y colegas.

Gracias por recordar su vida con nosotros. En la FLIP no olvidamos.

El periodista Edison Molina trabajaba en la emisora Puerto Berrío Estéreo, donde asesoraba a la comunidad de Puerto Berrío, Antioquia en temas legales, pues también ejercía el derecho. Edison hacía fuertes denuncias contra la corrupción y lideraba la oposición al alcalde de hace siete años, Robinson Baena.

Hoy se cumplen cinco años del homicidio de Flor Alba Núñez, periodista de Pitalito, Huila. 

Flor trabajaba en la emisora comunitaria La Preferida y en el noticiero TV Noticias del canal 6. Su ausencia y el vacío que dejó entre su familia, comunidad y compañeros de trabajo es irreparable.

Luego de 5 años se han judicializado a dos autores materiales. Uno de ellos asesinó a una zootecnista en 2013. La justicia aún no se ha pronunciado sobre los autores intelectuales del asesinato.

En la FLIP no olvidamos el asesinato de Flor y hacemos un llamado a que las investigaciones sobre los determinadores del homicidio sigan avanzando hasta encontrar a los responsables. Gracias por recordar con nosotros.

Hoy recordamos a Javier Darío Arroyave, periodista de Cartago, Valle del Cauca, asesinado hace 13 años.

¿Quién era el comunicador indígena asesinado la semana pasada en el norte del Cauca? ¿Qué hacía en medio de las confrontaciones entre las fuerzas armadas y comunidades indígenas? ¿Para qué medio de comunicación trabajaba y sobre qué informaba?

Se escuchan disparos seguidos de un jadeo. Se ve el pasto. La imagen se mueve y en un plano inclinado hacia arriba, aparecen dos personas tapándose la boca. Al fondo un grupo de militares avanza. En la siguiente escena se ve un paisaje verde y marrón. Es un día opaco, las plantas están secas y los árboles no son muy altos. De  nuevo los disparos, la imagen se tambalea bruscamente, se precipita y ahora solo se ve el suelo. “Me dieron, me dieron”, se oye un grito ahogado, sin fuerzas y tras varios movimientos, la imagen solo proyecta un cielo que da vueltas.

Quien grababa era el comunicador Abelardo Liz, y ese fue su último cubrimiento periodístico.

Liz trabajaba en la emisora Nación Nasa Estéreo ubicada en el municipio de Corinto, en el norte del Cauca, era el menor de seis hijos y el pasado 7 de agosto celebró su cumpleaños número 34. Murió seis días después, mientras registraba una confrontación entre la fuerza pública y las comunidades indígenas del proceso de ‘liberación de la madre tierra’ en la finca Quebrada Seca en el municipio de Corinto. Recibió tres impactos de bala que fueron disparados desde la zona donde se encontraba el Ejército Nacional. Con Abelardo, la cifra de periodistas asesinados en Colombia, desde 1938, asciende a 161.

La primera noticia

Liz se empezó a formar como periodista en el 2014 en la escuela de comunicaciones promovida por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y un año después, cuando se creó Nación Nasa Estéreo se vinculó a la emisora. Al principio, solo apoyaba las emisiones de los fines de semana, pero dado su compromiso y liderazgo pronto se convirtió en periodista de planta.

Desde que empezó el 2020, Abelardo se unió al grupo de cuatro comunicadores de tiempo completo con los que contaba Nación Nasa. Participaba en el programa El Sabor de la Tarde, un espacio musical con una franja de entrevistas. Además realizaba notas y hacía registro audiovisual para medios comunicativos de la comunidad de Corinto. El rol de Abelardo en el equipo de comunicaciones era fundamental: se encargaba de entrevistar a la gente, particularmente a los jóvenes, para visibilizar todo lo que pasaba y se preocupaba por los temas económicos y ambientales.

Natalia Salazar, una de las compañeras de Abelardo en la emisora lo describe como una persona muy respetuosa que siempre estuvo muy comprometida con su trabajo y que tenía una fuerte vocación por todo lo que se hacía desde el Tejido de Comunicaciones de los Pueblos Indígenas.

“La pérdida de Abelardo le deja un gran vacío en nuestro equipo. Abelardo no solo era nuestro compañero, era nuestro amigo y hacía parte de esta familia de comunicación. Es una persona irremplazable”, manifiesta Natalia. 

Para Juan Dagua, comunicador de la emisora Radio Payumat, Abelardo era un joven con mucha inquietud sobre lo que pasaba a su alrededor, que deseaba aprender para compartir sus conocimientos con la comunidad y por eso se sumó a la escuela de comunicaciones hace seis años.

Por su parte, Gerald Bermúdez, quien conoció a Abelardo en 2014 en unos talleres de comunicación que Bermúdez impartió, afirma que Liz “era una persona muy comprometida, con una vocación de servicio increíble y muy entregado a su trabajo”.

En el lugar de los hechos

Desde hace cinco años varias comunidades indígenas del Cauca se han unido para desarrollar un proceso llamado la liberación de la madre tierra. Con frecuencia se organizan mingas para ocupar terrenos que han sido sembrados en caña de azúcar. A punta de machete tumban toda la caña y a cambio siembran comida: maíz, plátano, yuca, fríjol… El argumento es histórico: “estas tierras han sido de nuestros abuelos ancestralmente, fueron arrebatadas con violencia hace unos 80 años, y desde hace más de 30 solo hay caña. En las mingas de liberación las familias bajan, cortan caña, siembran alimento, levantan sus cambuches y crían animales. Recuperan la tierra y la liberan del monocultivo”. Así lo explica Dora Muñoz, coordinadora de Tejido de Comunicaciones del Cabildo de Corinto.

En Corinto hay siete puntos de liberación distribuidos en cuatro haciendas: Granadita, García Riva, Miraflores y Caucanita. Pertenecen a los ingenios azucareros de Incauca, Manuelita y Mayagüés. Desde la perspectiva de estas empresas y de las autoridades estatales, los procesos de liberación son una invasión a la propiedad privada. Por eso se producen los desalojos. El ESMAD, la Policía y el Ejército apoyan las acciones de las empresas de seguridad privada de los ingenios y entran a los terrenos con maquinaria a arrasar los cultivos, a decomisar los animales, a tumbar los cambuches y a forzar a la gente a abandonar el área. Los días 12 y 13 de agosto de 2020 estaban precisamente en medio de un desalojo forzado con presencia militar en un punto de liberación conocido como la finca Quebrada Seca en Corinto. 

Los líderes indígenas se han reunido varias veces con los voceros de los ingenios azucareros para conciliar la tenencia de la tierra, pero no han llegado a ningún acuerdo satisfactorio, entonces las comunidades se han mantenido firmes: “resistiremos y continuaremos liberando la tierra del monocultivo”, dice Dora. Mientras tanto, las autoridades estatales también han reforzado su posición: acuden a las armas para diseminar a la población.

No era la primera vez que Abelardo debía cubrir una minga de liberación o un desalojo forzado. El proceso de liberación de la madre tierra es complejo e involucra luchas indígenas históricas por la tierra que hoy está en manos de empresas agroindustriales. La presencia de un periodista indígena en momentos como los que se vivieron la semana pasada en Corinto es más que obvia.

“Abelardo estaba registrando estos hechos para contarlos en la emisora y en la página web. Estuvo el día 12 registrando el desalojo y hablando con la comunidad. Y el día 13 estaba haciendo lo mismo. Él no tenía ni una piedra en la mano, solo tenía su cámara”, comenta Dora, quien también trabajaba con Abelardo en la emisora Nación Nasa Estéreo.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca ha sido enfática en sostener que el día 13, cuando la fuerza pública empezó a disparar contra la comunidad, no había presencia de ningún grupo armado disidente de las FARC, como lo aseguró el Ejército en sus comunicados públicos.

Abelardo recibió los impactos de las balas mientras grababa las confrontaciones entre la fuerza pública y las comunidades. Cayó al suelo con su cámara aún encendida en la mano. El video que grabó está publicado en el canal de YouTube de Nación Nasa. Fue su último trabajo periodístico.

“Reportamos desde Nación Nasa Estéreo en el norte del Cauca”

En 2002 la comunidad del Cabildo de Corinto decidió crear su propia emisora comunitaria: Nación Nasa Estéreo. Esta hace parte de Radio Payumat, una red que recoge a las demás emisoras indígenas que hay en el norte del departamento y que se enlazan en una sola frecuencia a través del Consejo Regional Indígena del Cauca y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. 

Cuando se creó la emisora de Corinto, otros cabildos ya tenían sus propias estaciones radiales, como Toribío y Jambaló. Juan Dagua es comunicador de Radio Payumat y afirma que hoy esta radio llega al 80% del territorio. Alrededor de 30 mil personas se informan por este medio.

Las escuelas de formación donde Abelardo empezó a perfilarse como reportero fueron espacios creados por la misma comunidad para que quienes estuvieran interesados empezaran a prepararse para trabajar como comunicadores. Después de estos talleres se creó Nación Nasa Estéreo. Juan cuenta que las escuelas de formación se dieron para que los jóvenes retomaran prácticas y saberes que se estaban perdiendo con los años. 

Uno de los objetivos de la emisora es tratar temas propios del cabildo que son prácticos y útiles para las personas: informan desde sitios y temas sagrados, hasta asuntos políticos y de activismo como las mingas de liberación. Nación Nasa Estéreo, además de emitir contenido por la emisora, también difunde material en su página web y a través de su canal de Youtube. Hasta la semana pasada, el equipo periodístico estaba conformado por cinco comunicadores.

Este es el reporte periodístico que entregó Nación Nasa Estéreo después del asesinato de su periodista: 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) condena y lamenta el asesinato de Abelardo Liz, reportero de la emisora indígena Nación Nasa en el municipio de Corinto, quien se encontraba cubriendo una manifestación de los pueblos indígenas en el norte del Cauca. La FLIP le solicita a las autoridades que investiguen a los responsables de estos hechos con el fin de emitir las sanciones correspondientes.

Hoy se cumplen 21 años del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón. En la FLIP lo recordamos siempre, pero hoy especialmente queremos volver sobre los hitos relevantes de este caso, los momentos más importantes en la búsqueda de justicia.

El pasado martes 4 de agosto el Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco le concedió la libertad por vencimiento de términos a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry. Angulo Arboleda se encontraba con medida de aseguramiento por el juicio que se adelanta por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir, en el caso del secuestro y homicidio de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio. Los crímenes ocurrieron en marzo y abril de 2018 en la frontera entre Colombia y Ecuador.

Hoy en nuestra cápsula de memoria recordamos al periodista John Félix Tirado, asesinado hace 28 años en Pereira, Risaralda.

El caso del asesinato de John Félix Tirado prescribió en 2012. Aunque la justicia no se ha pronunciado, no queremos que su nombre y su trabajo sean olvidados. Gracias por recordar con nosotros.

En la FLIP no olvidamos.

Hoy, 16 de julio, conmemoramos los asesinatos de cuatro periodistas colombianos, todos los casos siguen en completa impunidad. Este año es el aniversario número 34 de la muerte de Roberto Camacho, el número 33 de la muerte de Fernando Bahamón, y no se ha siquiera señalado a ningún responsable por sus homicidios. Por otro lado, las investigaciones por los asesinatos de Eduardo Estrada y Denis Sánchez; desde 2001 y 2002, respectivamente, continúan en vilo. Sus familiares esperan respuestas.

El 17 de junio de 2020, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tumaco, en decisión de segunda instancia, concedió la libertad por vencimiento de términos a favor de Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas. El juez consideró que la Fiscalía General de la Nación no cumplió con uno de los requisitos exigidos para dar aplicación a la Ley 1809 de 2018, según el cual se debe contar con la certificación del Consejo de Seguridad Nacional sobre la calificación del Frente Oliver Sinisterra como un grupo armado organizado.

Este 11 de junio de 2020 se cumple un año del atroz homicidio del periodista Libardo Montenegro en Samaniego Nariño.

En la respuesta a un derecho de petición, la Fiscalía General de la Nación afirma que la investigación todavía está en curso pero que tienen “indicios relevantes” de que el homicidio pudo responder a asuntos personales. Es preocupante que no se aborde como principal hipótesis del móvil del crimen su trabajo periodístico.

A continuación queremos compartirles este relato acerca del importante trabajo de Libardo y la impunidad que rodea su muerte.

Impunidad: la única verdad en el asesinato de Libardo Montenegro

Por Yulieth Mora G.

Era martes. Un martes en Samaniego, municipio del departamento de Nariño. Eran las 9:30 de la noche, a dos cuadras de la Estación de Policía dos sicarios a bordo de una motocicleta le dispararon a Libardo Montenegro, comunicador, periodista y locutor de la emisora comunitaria Samaniego Estéreo. Libardo, que iba a camino a su casa, cayó muerto y los asesinos huyeron, como siempre huyen.

Cuando la balacera cesó los residentes del barrio Sucre hicieron un círculo alrededor del cuerpo. Era la segunda vez que sucedía en el día. Cinco horas antes, el mecánico Víctor Carrera, de 24 años, fue asesinado también a manos de sicarios. Un muerto del que no se habló mucho en los medios de comunicación.

Los vecinos del barrio Sucre tuvieron que reunirse por tercera vez el viernes siguiente, 14 de junio de 2019, tres días después de los asesinatos. Querían cumplir con la convocatoria que Libardo Montenegro había pregonado por todo el pueblo: “La marcha por la paz y la vida de Samaniego”, una marcha por la defensa de la vida y los derechos humanos. .

El asesinato de Libardo Montenegro tuvo cierto cubrimiento mediático. Organizaciones, agremiaciones, el gobierno nacional en cabeza de Iván Duque, entre otros, se pronunciaron a través de las redes sociales con un rechazo rotundo, junto a los medios de comunicación que, al siguiente día, también informaron al país el despliegue de 25 policías al municipio para apoyar labores de investigación y seguridad.

William Montenegro, padre del periodista asesinado, le dijo a los medios con la voz quebrada de un hombre al que le han asesinado a su hijo: “hay un vacío muy grande que deja mi hijo entre nosotros y ese vacío nunca lo voy a rellenar con nada”.

Libardo creció con la influencia de la radio en su familia. Desde niño participó en la emisora comunitaria fundada en 1997 por su abuelo Segundo Montenegro y hasta el día de su asesinato no se apartó de los micrófonos.

Al día siguiente del asesinato de Libardo, la gerente de la emisora, Rosa Guevara, se refirió al caso y admitió un alto nivel de censura en el municipio: “Aquí en Samaniego se sabe que es un lugar bien difícil, zona roja, entonces… precisamente a ellos como periodistas, locutores, se les tiene en cuenta cualquier entrevista que hacen, cualquier mensaje, opinión que vayan a dar somos muy cautelosos”.

Sin embargo, días antes de la movilización, el reportero grabó una cuña para invitar a las personas del municipio a que participaran en “La marcha por la paz y la vida de Samaniego” y para exigir a los violentos el respeto por la vida y a las autoridades mayor responsabilidad frente a la protección de los derechos humanos en el municipio.

El municipio de Samaniego cuenta con unos 49 mil habitantes, y desde hace unas tres décadas se ha convertido en el corredor estratégico del narcotráfico que desemboca en Tumaco y en la Costa Pacífica.

Una mañana en Café al día, una de las franjas de radio que Libardo mantenía al aire, él dijo con una voz reflexiva lo que ahora se puede escuchar como un grito:

 “Decirles a nuestros campesinos que no abandonen el campo, tratemos de rescatarlo. En muchas oportunidades, se habla que la sustitución de cultivos ilícitos debe ser premiada por el Gobierno Nacional. Quiero hacerles esta reflexión porque hace unos años 35 años, en el municipio de Samaniego no se conocía lo que era la coca o la amapola y aunque no lo crean la gente vivía bien, los cultivos que eran yuca, plátano, frutales, maní, café, de pronto las verduras y la caña siempre dejaban buenos dividendos a nuestros campesinos. La droga nos la trajeron aquí”.

Según el Manual de autoprotección: Comunicar sin riesgo; radios comunitarias en tiempos de paz, en Nariño gran parte de los temores que enfrentan los periodistas de este departamento están relacionados con las disputas entre grupos armados por el control de la frontera con Ecuador y los municipios costeros.

“En abril de 2018, el asesinato de tres miembros del equipo periodístico del diario El Comercio en inmediaciones de la frontera colombo-ecuatoriana fue determinante para que los reporteros locales tomaran distancia de cubrimientos relacionados con las rutas de narcotráfico, los cultivos de coca y el tráfico de combustible y otros insumos para la producción de la pasta de coca”.

Las emisoras comunitarias en Colombia desempeñan un papel fundamental en los territorios. Durante el conflicto armado y luego del Acuerdo de Paz se han convertido en espacios donde la comunidad puede encontrarse para compartir sus necesidades y problemáticas a través de un micrófono abierto.

Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia, un proyecto de RESANDER, financiado por el Fondo Europeo para la Paz de Colombia, se ha enfocado en los últimos años en el fortalecimiento de la radio comunitaria y ha considerado como herramienta vital en construcción de una cultura de paz y convivencia en los territorios.

Libardo Montenegro hacía parte de este proyecto y participaba activamente de los episodios de ‘Así suena la paz en los territorios’. Allí se destacó por su interés en los derechos humanos e hizo partícipes a las víctimas de la violencia cuando les abrió los micrófonos para contar sus testimonios y replicar los incumplimientos de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana.

Dicen que Libardo era la mejor voz de Samaniego, que le gustaba el fútbol, que era muy reservado con su vida privada, que tenía una novia que se llamaba Adriana y que unos días antes de su asesinato Libardo tuvo un enfrentamiento verbal con el exnovio de Adriana.

Dicen que las autoridades investigan ese encuentro como un móvil del crimen: un lugar común en investigaciones que no tienen futuro. Los mismos dicen que Montenegro no debería ser considerado un periodista, sino un pregonero. Incluso, un agente de policía de la zona que solicitó guardar su identidad expresó que estaba "95% seguro" de que el asesinato de Montenegro no tenía nada que ver con su labor periodística.  

Otros como Leobar Ibarra, un periodista y amigo de Montenegro, afirman que el asesinato pudo producirse por alguna de las bandas de narcotraficantes "para enviarle el mensaje a los pobladores de que se mantuvieran callados". Porque silenciar a un hombre dice mucho: el asesinato es el último y más radical recurso de la censura.

Durante el 2019 la Fundación para la Libertad de Prensa registró 13 casos de ataques a la libertad de prensa en Nariño, que dejaron 23 periodistas víctimas. En estas cifras está incluido el asesinato de Libardo. En 2019 hubo un aumento en el número de ataques en el departamento con respecto al 2018 cuando se registraron 8 casos. Incluso, ese conteo brutal que lleva la FLIP registra que de los últimos cinco asesinatos de periodistas en razón de su oficio (2018 y 2019), cuatro de ellos se presentaron en el departamento de Nariño.

Dicen muchas cosas sobre el asesinato de Libardo Montenegro, pero todavía las autoridades no dicen nada como resultado de sus investigaciones. Nadie habla de responsables, capturas, ni penas. La impunidad se ha convertido ya no en rumor sino en la única verdad que los familiares y oyentes de Montenegro tienen como respuesta. Una respuesta demoledora para el departamento de Nariño.

La ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, y el presidente Lenín Moreno informaron en Twitter sobre la captura de un hombre que supuestamente participó en el secuestro de Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraí;n Segarra Abril.

El 9 de mayo de 2020 se cumple un año del asesinato del documentalista colombiano Mauricio Lezama. ¿Quién era Lezama y por qué su ausencia en Arauca es insuperable?

Balas que apagan luciérnagas

Por Yulieth Mora G.

“Recogieron el cadáver en una bandeja, como un animal muerto, y lo hizo el señor de la funeraria”, contó Tonni Villamizar en un entrevista cuando se refirió al asesinato de su colega, el realizador audiovisual, Mauricio Lezama. 

Más de cuatro horas estuvo el cuerpo baleado, dijo la gente de la comunidad. Tendido frente a la sede del SENA regional en el caserío La Esmeralda, a 20 minutos de Arauquita, Arauca. Era día jueves, 9 de mayo de 2019. “Nadie quería recoger el cuerpo, ni el ejército siquiera”, afirmó Villamizar.

Ricardo Llaín estaba con Lezama, a espaldas de la carretera, cuando dos hombres en moto dispararon en su contra. Una de las siete balas le dio en un brazo a Llaín y como pudo, como se puede correr con una bala en el brazo, se refugió en un establecimiento. Las otras seis balas no le dieron tiempo a Lezama de reaccionar. Porque seis balas, cuatro directo a la cabeza y dos al cuerpo, no dan tiempo de nada. 

Los asesinos, en cambio, sí tuvieron todo tiempo para herir a un hombre, matar a otro, y huir. Incluso en esas cuatro horas de abandono de la Policía y las fuerzas militares, alguien también tuvo tiempo suficiente para llevarse la cámara que Lezama tenía colgada al cuello, su celular y recoger los casquillos de bala. 

Un hombre de la comunidad, que conoció a Lezama dijo: “si no salen ellos (Policía y Ejército) porque les da miedo, imagínese nosotros”.

Sandra Lezama, hermana del realizador audiovisual, afirmó que, “a los veinte minutos del hecho, entró una foto de Mauricio en las redes sociales. En ella sale en el suelo con su cámara, su bolsito y los pies de las personas que estaban rodeándolo. Llamaron a la Policía Judicial y ellos dijeron que no pueden entrar si no está el Ejército. Se echaron la pelota de un lado al otro. Sí, pasaron horas hasta que los de la funeraria tuvieron que levantar el cuerpo porque ninguna autoridad llegó”. 

Una semana después del asesinato de Mauricio Lezama la noticia saltó de un municipio en el oriente de Colombia a medios de comunicación internacionales, cuando la delegación colombiana en el Festival de Cannes sostuvo carteles que denunciaban los hechos. Sin embargo, la exposición mediática no fue, ni ha sido, suficiente para que la Fiscalía General de la Nación entregue resultados.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- en un derecho de petición* le preguntó a la Fiscalía: ¿dentro de la investigación se ha abordado como primera hipótesis que los móviles del homicidio están relacionados con el ejercicio de la labor periodística? La respuesta: “no se maneja como hipótesis que el homicidio esté relacionado con la actividad periodística, pues la víctima no era periodista”. 

¿Entonces qué era y quién era Mauricio Lezama?

Mauricio Lezama era tallerista, gestor cultural, productor y realizador audiovisual, representante legal de la productora Indosana, padre de dos hijos, esposo, exesposo, hijo, un tipo de títeres, amigo, actor, rebelde, artista de lienzos, el pelado de recetas vegetarianas, un integrante de la comunidad Hare Krishna, contador de historias, una persona que nunca se acopló a la vida corriente, viajero, el consejero departamental de cine y director del Festival de Cine en Arauca. 

Lezama era, pero ya no será porque alguien decidió que había que matarlo y había que hacerlo durante esos días de casting del cortometraje Las luciérnagas vuelan en Mayo, el proyecto que lo tenía ocupado tiempo completo gracias al estímulo de Relatos Regionales otorgado por el Fondo de Desarrollo Cinematográfico del Ministerio de Cultura. 

Un día de Mayo

Arauca, 3 de mayo de 1984. Un hombre armado irrumpe en una farmacia de La Esmeralda. Ese hombre balea a los dueños del lugar: una pareja de esposos. Él muere inmediatamente. Ella recibe un disparo en el rostro. La mujer es la partera del pueblo, una reconocida dirigente de la Unión Patriótica. Normalmente ayuda a dar a luz a las madres del pueblo, pero esa noche, acude a la oscuridad para salvarse de todo lo que puede salvarse. Su nombre es Mayo Villarreal. Sobrevive, pero llevará por años la carga de un rostro desfigurado, un recordatorio de la violencia en Arauca. 

Esa es la trama de Las luciérnagas vuelan en Mayo. Una historia que Tonni Villamizar escribió basado en la historia de su familia, la misma que Mauricio Lezama estaba obsesionado en dirigir. Hasta que, irónicamente, lo asesinaron un día de mayo.

Silencio ensordecedor 

Perder a un hijo es indecible. Que lo asesinen, un horror. Martha Isabel Muñoz intenta ponerle palabras al vacío que dejó Mauricio en su casa y en su familia. Ella fue su madre adoptiva. 

"Es muy duro revivir el dolor. Sentir ese nudo en el pecho. Mauricio llegó acá cuando tenía 16 años. Era muy cercano a su papá. Se fue a estudiar artes y volvió aquí a hacer pintura, teatro, títeres. Ha sido muy duro lo que hemos tenido que afrontar. La Fiscalía adelanta entrevistas y hay varias versiones pero aún no hay nada definitivo. Discúlpeme por no hablar más al respecto, pero este dolor continúa y se revive cada vez que nos preguntan”. 

La madre biológica de Mauricio murió siete meses antes de que a él lo asesinaran y la fecha coincidió con la entrega del estímulo para hacer la historia sobre ‘Mayo’. Eran tiempos difíciles pero había una esperanza. 

“Antes de morir mi mamá, le dije a Mauricio: ‘vente para acá que eso allá en Arauca es muy fuerte y tú tienes mucho para dar’. Él me dijo que iba a terminar el proyecto de ‘Mayo’ y se venía para Ecuador. Eso fue lo más duro para mí”, cuenta Sandra Lezama, que recientemente estuvo en Colombia, entre otras cosas, para hacer trámites ante la Fiscalía por el asesinato de su hermano. 

El día que Sandra llegó a Colombia para velar a su hermano no se imaginó que se iba a encontrar a cientos de personas en un cementerio de Arauca, personas que también querían despedirse. “No sé de dónde saqué fuerza. Hicimos una ceremonia bella, celebramos su vida, su espíritu. La gente se acercaba y me decía: ‘su hermano le dio teatro a mi hijo y lo recordamos mucho en la casa, ‘su hermano hizo una función hermosa’, ‘su hermano cocinaba delicioso’, no había alguién que no dijera algo bueno sobre él”. 

Después del asesinato, Sandra estuvo dos semanas en Arauca para intentar resolver lo que podía, resolver cosas en las que nadie piensa que un día pueden ser un problema: ¿qué haría con las pertenencias de Mauricio? su ropa, sus zapatos, los muebles, todo lo que había quedado ahí detenido en su apartamento. Sandra llamó a la persona de enlace en la Fiscalía para que fueran a revisar el apartamento, las notas, cualquier cosa y buscaran pistas sobre los móviles del asesinato. No, no pudo esperar más, tenían que regresar a su casa. Se deshizo de algunas cosas, otras las regaló. 

Hoy pocos se atreven a hablar del futuro de Las luciérnagas vuelan en Mayo. Mucho menos de la producción de esas otras historias que Mauricio Lezama estaba preparando. Se habla más del rodaje de 'Lez-Ama, vivir filmando', un documental que  prepara la directora Mónica Moya sobre la vida del cineasta, donde se abre el debate en torno a qué es el cine y por qué se hace. Lastimosamente, Mauricio, que por años optó por mantenerse detrás de las cámaras para dirigir películas, esta vez estará delante de ellas pero sin poder responder a ninguna de las preguntas. 

El mutismo de Arauca 

La violencia toca todo, toca incluso lo intangible, toca las voces hasta apagarlas y pronuncia el silencio. Pero cuando la violencia se instala proclama la censura como una bandera. 

“Los grupos armados no estatales controlan de forma violenta la vida cotidiana de la población… imponen sus propias reglas y, para asegurar su cumplimiento, amenazan a civiles a ambos lados de la frontera”. Es lo que dice el informe Los guerrilleros son la policía publicado recientemente por la ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW) que analiza la situación a Arauca. 

Si en esta zona del país sobrevivir en medio del fuego ya es una hazaña, emitir y recibir información y hacer uso de un derecho fundamental puede, de un día para otro, desencadenar una tragedia.

Así lo indican las cifras de la FLIP que confirman el recrudecimiento de los ataques a periodistas en los últimos años: en 2017 se presentaron 9 ataques, en 2018 se calcularon 16 y en 2019 la FLIP registró un ascenso significativo con 26 ataques a periodistas en Arauca.

A lo anterior se suman los datos del Centro de Estudios de la FLIP que considera a Arauca un ‘departamento en silencio’ por la poca oferta de medios de comunicación, que llega tan solo a 35 para 267 mil habitantes en todo el departamento. 

Esas condiciones precarias para compartir información de interés de todos, han hecho del cine y otras formas de expresión una herramienta que hace flaquear la bandera de la censura. En los últimos años el cine regional ha tomado vuelo pero después del asesinato de Mauricio Lezama la violencia ha fijado un precio muy alto a las generaciones que siguen narrando el conflicto: pagar con la vida. 

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*La investigación del asesinato de Mauricio Lezama continúa en estado de indagación. No ha habido ningún avance. La única novedad en el caso es que fue reasignado a la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior, a cargo de la doctora Luisa Obando, adscrita a la Unidad Especial de Investigación con sede en la ciudad de Bogotá D.C..

May 9, 2020 marks one year since the murder of Colombian documentary filmmaker Mauricio Lezama. Who was Lezama and why his absence in Arauca is second to none?

Bullets That Put Out Fireflies

By Yulieth Mora G.

“They collected the corpse on a tray, like a dead animal, as the man of the funeral home did” said Tonni Villamizar in an interview when he referred to the murder of his colleague, audiovisual producer, Mauricio Lezama.

People from the community said that the bullet-ridden body laid down for more than four hours. Lying in front of the regional headquarters of the National Apprenticeship Service (SENA) in La Esmeralda settlement, 20 minutes from the town of Arauquita, Arauca. It was Thursday, May 9, 2019. “No one wanted to pick up the body, not even the army”, Villamizar said.

Ricardo Llaín was with Lezama behind the road when two men on motorbikes shot at him. One of the seven bullets hit Llaín's arm and, as he could, ran with a bullet in his arm and looked for protection in the premises of a shop. The other six bullets did not give Lezama any time to react. Because six bullets, four directly to the head and two to the body, give no time at all.

On the other hand, the killers did have all the time to hurt one man, kill another and flee. Even in those four hours of neglect from the police and the military forces, someone also had enough time to take the camera that Lezama had hung on his neck, his cell phone, and to collect the bullet cartridges.

A man from the community who knew Lezama, said: “if they don’t go out (the Police and the Army) because they are afraid, imagine what can happen to us”.

Sandra Lezama, sister of the audiovisual director, said that, “twenty minutes after the criminal act, a photo of Mauricio appeared in social media. He appeared on the ground with his camera, with his bag, along with the feet of the people around him. They called the Judicial Police, and the latter said they could not enter the area if the Army is not present. They passed the buck from one party to the other. Yes, it took hours before the funeral home had to remove the body because no authority arrived”.

A week after the murder of Mauricio Lezama, the news passed from a municipality in eastern Colombia to international media, when the Colombian delegation at the Cannes Film Festival held posters denouncing the criminal acts. However, media exposure was not, and has not been, sufficient for the Prosecutor's Office of the Nation to deliver results.

The Foundation for Press Freedom (FLIP) asked the following to the Prosecutor's Office in a petition right*: Has the first hypothesis that homicide motives are related to the exercise of journalism been addressed within the investigation? The answer: “the hypothesis that the homicide is related to journalism is not being considered, since the victim was not a journalist”.

So, who was Mauricio Lezama and what was his trade?

Mauricio Lezama was a workshop facilitator, cultural manager, producer and audiovisual director, legal representative of Indosana film production company, father of two children, husband, ex-husband, son, a puppets guy, friend, actor, rebel, canvases artist, the vegetarian recipes guy, a member of the Hare Krishna community, storyteller, a person who never engaged in ordinary life, traveler, departmental film counselor and director of the Arauca Film Festival.

Lezama was, but will no longer be, because someone decided that he had be killed, and that had to be done during those days of casting for the short film named Las luciérnagas vuelan en mayo (Fireflies Fly in May), the project that had him busy full time thanks to the economic stimulus for Regional Stories, granted by the Film Development Fund of the Ministry of Culture.

A Day of May

Arauca, May 3, 1984. An armed man breaks into a pharmacy in La Esmeralda settlement. That man shoots the owners of the place: a married couple. He dies immediately. She gets a shot on her face. The woman is the midwife of the town, a recognized leader of Unión Patriótica political party. She usually helps to give birth to the town's mothers; but that night, she resorts to darkness to save herself from all that can be saved. Her name is Mayo Villarreal. She survives, but she will take for years the burden of a disfigured face, a reminder of violence in Arauca.

That is the plot of Las luciérnagas vuelan en mayo. A story that Tonni Villamizar wrote based on his family's history, the same one that Mauricio Lezama was obsessed with directing. Until, ironically, he was murdered one day in May.

Deafening Silence

Losing a child is indescribable. That he gets murdered, is a horror. Martha Isabel Muñoz tries to put words on the vacuum that Mauricio left in her home and family. She was his foster mother.

“It's very hard to revive the pain.” Feeling that knot in the chest. Mauricio arrived here when he was 16 years old. He was very close to his dad. He went to study arts and went back here to do painting, theater, and puppets. What we have had to face has been extremely hard. The Prosecutor's Office is conducting interviews, and there are several versions, but there is still nothing definitive. Excuse me for not talking more about it, but this pain continues and is revived every time we are asked”.

Mauricio's biological mother died seven months before he was killed, and the date coincided with the delivery of the economic stimulus to make the story about ‘Mayo’. Those were difficult times, but there was hope.

“Before my mum died, I told Mauricio: ‘come here, because things in Arauca are very tough and you have a lot to give’. He told me that he was going to finish the ‘Mayo’ project and then he was coming to Ecuador. That was the hardest thing for me”, says Sandra Lezama, who recently was in Colombia, among other things, to carry out the procedures before the Prosecutor's Office for the murder of her brother.

The day Sandra arrived at Colombia to be with her brother in vigil, she didn't imagine hundreds of people were going to be found in a cemetery in Arauca, people who also wanted to say goodbye. “I don’t know where I drew strength from. We did a beautiful ceremony, we celebrated his life, his spirit. People came close and said to me: ‘your brother gave theater lessons to my son, and we remember him a lot in the house, ‘your brother performed a beautiful role’, ‘your brother cooked delicious dishes’, there was no one who did not say something good about him’.

After the murder, Sandra spent two weeks in Arauca trying to solve what she could, to solve items that nobody thinks one day might be a problem: What would she do with Mauricio’s belongings? his clothes, his shoes, the furniture, everything that had been suspended there in his apartment. Sandra called the liaison person at the Prosecutor's Office to go check the apartment, the notes, anything, and to look for clues about the murder's motives. No, she could not wait any longer, they had to return home. She got rid of some things and others gave them away.

Today, few dare to talk about the future of Las luciérnagas vuelan en Mayo. Much less of the production of those other stories that Mauricio Lezama was preparing. There is more talk about the shooting of 'Lez-ama, vivir filmando', a documentary prepared by director Mónica Moya about the life of the filmmaker, where the debate opens on what cinema is and why it is done. Unfortunately, Mauricio, which for years chose to stay behind the cameras to direct films, will be in front of them this time, but without being able to answer any of the questions.

Arauca's Mutism

Violence touches everything, touches even the intangible, touches voices until they turn off, and speaks silence. But when violence is installed it proclaims censorship as a flag.

“Non-state armed groups violently control people’s daily lives… they impose their own rules and, to ensure compliance, threaten civilians on both sides of the border”. This is what the report named “The Guerrillas Are the Police” tells, which was recently published by United States NGO Human Rights Watch (HRW), who analyzes the situation in Arauca.

If in this area of the country, surviving amid gunfire is already a feat, issuing and receiving information and exercising a fundamental right can trigger a tragedy overnight.

This is indicated by FLIP figures that confirm the resurgence of attacks on journalists in recent years: there were 9 attacks in 2017, 16 for 2018, and in 2019 FLIP registered a significant increase, with 26 attacks on journalists in Arauca.

In addition to the above, data from the Center of Studies of FLIP is added, which considers Arauca as a ‘department under silence’ because of the limited supply of media, which reaches only 35 for 267,000 inhabitants in the whole department.

These precarious conditions for sharing information of interest to all, have made cinema and other forms of expression a tool that makes the banner of censorship to waver. In recent years, regional cinema has taken flight, but after the assassination of Mauricio Lezama violence has set a remarkably high price for the generations who continue to narrate the conflict: paying with life.

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*The investigation into the murder of Mauricio Lezama continues to be under enquiry. There has been no progress. The only new event in the case is that it was reassigned to the First Prosecutor's Office Attached before the Superior Court, under prosecutor Luisa Obando, attached to the Special Investigation Unit in the city of Bogotá, D.C.

La periodista Silvia Duzán fue asesinada el 26 de febrero de 1990 en Santander. La Fiscalía reconoció que este crimen hizo parte de un ataque sistemático de grupos paramilitares. Esta declaratoria debe estar acompañada de los esfuerzos de la Fiscalía para investigar el crimen.

El pasado 16 de septiembre se llevó a cabo el lanzamiento del libro Viaje sin regreso que relata el cruel asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio a manos de un grupo narcotraficante comandado por alias ‘Guacho’.

El 6 de septiembre de 1999, fue asesinado el periodista Guzmán Quintero Torres, periodista del diario El Pilón de Valledupar. El periodista había hecho denuncias contra la fuerza pública y recibió amenazas desde 1995 cuando publicó en el diario El Heraldo el artículo titulado Los hijos de la Sierra, sobre los grupos armados en la Serranía del Perijá. Meses antes de su asesinato, Quintero Torres documentó dos casos de errores militares, en uno de los cuales resultaron muertas dos mujeres, una de ellas embarazada. El otro se trató de la muerte de un niño durante una prueba de polígono.

El 16 de agosto de 2019, la Fiscalía 95 de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decidió declarar como crimen de lesa humanidad el homicidio del periodista Nelson Carvajal Carvajal ocurrido el 12 de abril de 1998 en Pitalito, Huila.

El pasado 1 de febrero, el Fiscal 6 Especializado contra Violaciones a los Derechos Humanos, a cargo de la investigación por los homicidios de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres, decidió hacer apertura de instrucción y llamado a indagatoria a Nicolás Rodríguez Bautista (alias “Gabino”), Israel Ramírez Pineda (alias “Pablo Beltrán”) y Eliécer Herlinto Chamorro (alias “Antonio García”), miembros del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Igualmente, se emitió orden de captura en su contra, con el fin de que comparezcan al proceso.

El pasado 6 de diciembre se llevó a cabo una audiencia para evaluar las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, periodistas asesinados en abril de este año por parte de la disidencia Frente Oliver Sinisterra.

Este 3 de diciembre, el Fiscal 66 Especializado contra violaciones a los Derechos Humanos decidió declarar como crimen de guerra el homicidio de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, al determinar que el asesinato de los periodistas, ocurrido en 1991, se cometió en el contexto del conflicto armado y contra personas que ostentaban la calidad de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.

El 1 de noviembre, la Fiscal 53 Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos, asignada al caso de Guillermo Cano, decidió la apertura de instrucción y la vinculación de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, y Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, conocido como alias “Maxwell”, quienes fueron citados a indagatoria para escuchar su versión sobre los hechos.

Se cumplen seis meses del asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, conformado por el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. El 26 de marzo fueron secuestrados por el grupo residual denominado Frente Oliver Sinisterra en la frontera entre Ecuador y Colombia. El 13 de abril Lenin Moreno, presidente de Ecuador, confirmó el asesinato.

Desde que ocurriera el secuestro, los Gobiernos de los dos países han ocultado información impidiendo establecer con claridad cómo ocurrieron los hechos. La FLIP ha solicitado insistentemente información acerca de los operativos realizados, los canales de liberación y las hipótesis manejadas al Gobierno, en especial al Ministerio de Defensa. Sin embargo, las respuestas han sido evasivas, deficientes y no se han presentado de forma oportuna. La FLIP continuará representando a los familiares de las víctimas en los procesos que se llevan en Colombia y seguirá exigiendo las respuesta por parte del Estado.

Durante estos seis meses una alianza de veinte periodistas investigó los motivos del secuestro y las circunstancias en que Efraín, Paúl y Javier fueron ejecutados. Esta alianza encontró datos y versiones de los hechos que hasta ahora no habían sido conocidos por la opinión pública. Los resultados serán publicados en el especial Frontera cautiva: tras el rastro de los periodistas ejecutados.

La FLIP apoyó el proyecto Frontera Cautiva y acompañó este proceso con rigurosos protocolos de seguridad y con el objetivo de que los reporteros pudieran viajar nuevamente a la zona fronteriza. Para la Fundación resulta fundamental estimular el ejercicio periodístico que investiga e indaga asuntos de tal relevancia social. Además, se hace necesario contrastar las versiones oficiales, que en este caso como en muchos otros, han sido insuficientes.

En otros casos de asesinatos a periodistas en el país, la FLIP ha apoyado proyectos de esta índole. Después del asesinato de Orlando Sierra en 2002, un grupo de periodistas se unió e investigó en Manizales las causas del homicidio. Además, recaudó pruebas que luego fueron utilizadas en la investigación penal. Trece años después el líder político Ferney Tapasco fue condenado por este crimen.

En 2015, la periodista Flor Alba Núñez fue asesinada en Pitalito, Huila. Después de esto, el proyecto Pitalito Sin Censura buscó contar las condiciones en las que el asesinato fue ejecutado y los temas que había denunciado Núñez.

Los resultados de Frontera Cautiva aportan información que esperamos sean tenidos en cuenta por las autoridades colombianas y ecuatorianas en las investigaciones internas que se están realizando y así establecer responsabilidades de actores e individuos. También, es relevante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analice detalladamente el producto como parte de la investigación que está realizando el Equipo de Seguimiento Especial (ESE).

Sumado a lo anterior, es fundamental que esta penosa situación se convierta en un incentivo para mirar las zonas de frontera que tienen especial interés periodístico pero donde no existen garantías para ejercer la reportería.

Aquí puede consultar Frontera Cautiva

Hoy, 12 de octubre de 2018, se cumplen ochenta años del asesinato del periodista Eudoro Galarza Ossa. Este crimen es el primer asesinato de un periodista por razones de su oficio del que se tiene registro en Colombia. Galarza, fundador y director del periódico La Voz de Caldas, fue asesinado en 1983 por el teniente Jesús María Cortés.

El 2 de octubre en Boulder, Colorado (Estados Unidos), se llevó a cabo una reunión entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado colombiano, la familia Cano Busquets y las organizaciones vinculadas al caso del asesinato de Guillermo Cano Isaza.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reconoce esta condena como un avance significativo en la búsqueda de justicia en el crimen contra Jaime Garzón. Sin embargo, la FLIP rechaza la decisión de no declarar el homicidio de lesa humanidad y no tener en cuenta el oficio periodístico como agravante y motivación del crimen.

En las últimas horas del miércoles 1 de agosto los periodistas Valentín Tezada y Jairo Calderón fueron asesinados en Cauca y Valle del Cauca. El periodismo del suroccidente del país perdió dos voces en una misma noche.

El juzgado 17 administrativo de Medellín declaró al Estado responsable por el incumplimiento de la obligación de seguridad y protección del derecho a la vida del periodista y líder de oposición, Edison Alberto Molina Carmona, asesinado el 11 de septiembre de 2013, en Puerto Berrio, Antioquia. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reconoce este fallo como un importante paso hacia una mayor garantía de la seguridad para la prensa en Colombia.

En dicha sentencia se reconoce que Molina ejercía actividades periodísticas y que, como consecuencia de su labor y de su rol como líder de oposición, habría sido objeto de amenazas que no fueron atendidas por el Estado de forma oportuna, y en particular por la Policía Nacional al ejecutar tardía y deficientemente su labor de protección.

Según la sentencia, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional son responsables no solo por el “conocimiento que se tenía del peligro latente sobre la vida del señor MOLINA CARMONA, sino porque existía de un lado solicitud de protección de parte de autoridades en favor del denunciante, y en el caso de la Fiscalía General, porque a pesar que pidió medidas preventivas a la Policía, desconoció por otro lado el deber constitucional y legal, que sobre el particular le asistía".

Como consecuencia de ello, el juez ordenó reparar económicamente a la familia del periodista, representada por la FLIP,  y realizar una ceremonia pública en Puerto Berrío en la que se ofrezcan disculpas a los familiares y la sociedad y que se realice un taller de derechos humanos, con énfasis en libertad de expresión y garantías de la oposición, entre otros temas, en ese mismo municipio.

La FLIP reconoce esta sentencia como un precedente importante para la protección y seguridad del periodismo en Colombia, pues se refiere a la obligación del Estado de prestar protección oportuna y efectiva a los periodistas en riesgo. Adicionalmente, la FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que actúe con mayor diligencia frente a este caso, pues no cuenta con ningún avance y está en completa impunidad.

El pasado sábado 7 de julio fue capturado en el municipio de Mondomo, Cauca, Jesús Vargas Cuajiboy, alias 'Reinel', miembro de la disidencia de las Farc al mando de alias Guacho. Reinel es señalado de ser uno de los responsables del secuestro del equipo periodístico del diario El Comercio.

El 26 de marzo de 2018 Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, miembros del medio ecuatoriano, fueron secuestrados por orden de alias Guacho y posteriormente asesinados en la frontera colombo - ecuatoriana. Según la Fiscalía General de la Nación, Reinel habría sido el encargado de custodiar al equipo periodístico durante el tiempo que estuvieron en cautiverio.

El domingo 8 de julio se realizaron en Cali las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación y de medida de aseguramiento. Reinel fue sindicado por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir agravado, sin embargo este no aceptó los cargos. El juez ordenó medida de detención para Vargas, por lo que será trasladado en las próximas horas a la cárcel de máxima seguridad en Combita, Boyacá.

La FLIP reconoce los esfuerzos de las autoridades judiciales por identificar y dar con el paradero de Jesús Vargas Cuajiboy. Se trata de un avance que contribuirá al esclarecimiento de los hechos y a la búsqueda de justicia. No obstante, la Fundación solicita a la Fiscalía General de la Nación que continúe con estas labores de investigación para dar con el paradero de toda la cadena criminal y, de esa manera, sancionar a los responsables materiales e intelectuales del secuestro y asesinato de los periodistas ecuatorianos.

En la tarde del lunes 25 de junio, Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, confirmó la identidad de los cuerpos hallados el pasado jueves en Tumaco, Nariño. Según él, los cuerpos pertenecen al reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio. Las organizaciones firmantes extienden su solidaridad con las familias de las víctimas.

El pasado 21 de junio, a través de Twitter, el presidente Juan Manuel Santos afirmó: “Me informan que encontramos unos cadáveres que pueden corresponder a los cuerpos de los 3 periodistas secuestrados y asesinados por alias 'Guacho'. Estamos verificando su identidad. Reitero mis condolencias a sus familias y repudio por tan atroz crimen”, dijo. El Gobierno desplegó al Gaula de la Policía y a comandos especiales en un operativo que encontró los cadáveres en una fosa rodeada por minas antipersona. Caracol Noticias afirmó que un militante de las disidencias capturado habría dado las coordenadas del lugar donde estaban enterrados los cuerpos.

La entrega de los cuerpos a sus familias permite a sus allegados despedirse de manera digna y comenzar por fin una etapa de duelo. Adicionalmente, el hallazgo permite a los Estados y a la sociedad en su conjunto tener información más amplia que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos que rodearon el secuestro y posterior asesinato de los trabajadores de El Comercio. Esta información refuerza en los Estados la obligación de avanzar en la identificación y sanción de los autores de este crimen atroz.

Las familias de Javier, Efraín y Paúl se enteraron del hallazgo a través del citado mensaje de Twitter del presidente Santos y se desplazaron a Cali el viernes 22 de junio. Las organizaciones firmantes reconocen el despliegue del Estado con el fin de encontrar los cuerpos y el trabajo de recuperación, identificación y entrega a sus familias. Sin embargo, lamentan el mal manejo de la información en este caso. Las familias del equipo periodístico han manifestado su inconformidad por la poca comunicación y la difusión imprecisa de hechos aún sin corroborar de parte del Ministerio de Defensa de Colombia frente a la identidad de los cuerpos.

El hallazgo de los restos también refuerza el llamado a los Estados para que tomen medidas efectivas para garantizar el derecho a informar acerca de la grave situación de derechos humanos que atraviesa la frontera colombo-ecuatoriana.

Firman:

Comité para la Protección de los Periodistas - CPJ

Fundamedios

Reporteros Sin Fronteras

Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

La delegación de familiares del equipo periodístico de diario El Comercio, secuestrado en territorio ecuatoriano el pasado 26 de marzo y asesinado en Colombia en fecha por determinar, nos permitimos informar a la opinión pública que:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que este próximo 15 de junio de 2018 será la primera reunión de trabajo del Equipo de Seguimiento Especial (ESE), que fue conformado para investigar y esclarecer el secuestro y asesinato del reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra del diario El Comercio. A la reunión, que tendrá lugar en la sede de la CIDH, en Washington, han sido convocados los representantes del Estado ecuatoriano y los peticionarios que incluyen a los familiares de los periodistas y representantes de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, de Colombia y de FUNDAMEDIOS, del Ecuador.

A través de un comunicado, Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo de la CIDH, puso en conocimiento el plan de trabajo y las acciones que tendrá el ESE entre mediados de junio y diciembre de 2018, de conformidad con las atribuciones y mecanismos dispuestos en la Convención Americana, Estatuto y Reglamento.

Parte de las actividades planteadas por el ESE, contempla tres visitas al Ecuador, en donde el Equipo mantendrá reuniones y mesas de diálogo; el envío de aportes técnicos, solicitudes de información, reuniones de trabajo, audiencias públicas durante el período de sesiones de la CIDH y la emisión de reportes. De acuerdo al cronograma tentativo, el ESE planea presentar su informe para diciembre de este año.

En su escrito, dirigido a los familiares, en calidad de peticionarios de las medidas cautelares que fueron otorgadas tras el secuestro del equipo periodístico, la CIDH aseguró que es de suma importancia que los familiares de los comunicadores sean parte central del proceso de investigación, el cual esperan sea célere y transparente con la debida cooperación del Estado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este 12 de abril de 2018 medidas cautelares en favor de Ortega, Rivas y Segarra, dando respuesta favorable al pedido hecho el pasado 10 de abril por parte de la FLIP, Fundamedios y los familiares de los comunicadores.

La CIDH y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión estarán a cargo del Mecanismo Especial de seguimiento a las medidas cautelares. Según comunicó la CIDH, el ESE estará conformado por la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora para Ecuador, como la responsable del mismo, con el apoyo del Secretario Ejecutivo, o de quien él designe, así como del equipo técnico de la sección de medidas cautelares y del Relator Especial de Libertad de Expresión.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Fundamedios le exigen al gobierno colombiano que cumpla con los compromisos pactados durante la reunión con los familiares de los periodistas ecuatorianos. 

Este martes 15 de mayo, la delegación compuesta por Ricardo Rivas, Cristian Segarra y Raúl Borja -familiares de los reporteros de El Comercio- se reunieron con el presidente Juan Manuel Santos, el vicepresidente Oscar Naranjo, la canciller Maria Ángela Holguín y el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas. Durante la reunión los funcionarios acordaron lo siguiente con los familiares: 

1. La Canciller María Ángela Holguín se comprometió a enviar una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para autorizar las acciones del comité de investigación que tiene dispuesto el ente internacional para esclarecer el crimen de los tres periodistas. 

2. El Presidente Juan Manuel Santos ratificó su compromiso de contribuir a la transparencia en el proceso, proporcionando la información que sea neceaaria para que avance la investigación. 

3. El gobierno ratificó su compromiso de hacer la mayor cantidad de esfuerzos para repatriar los cuerpos de los tres periodistas del Diario El Comercio. 

La FLIP y Fundamedios le reiteran al gobierno la petición de cumplir con los compromisos pactados durante la reunión. Las organizaciones, además, le hacen un llamado a las autoridades colombianas para que reconozcan la importancia de estas acciones con el fin de investigar y sancionar a los responsables de estos hechos.

Hoy, 16 de mayo, la delegación ecuatoriana se reunirá con representantes de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. Simultáneamente, en Quito se discutirá el tema en la Comisión de Justicia y en el pleno de la Asamblea.

La Fundación para la Libertad de Prensa y Fundamedios informan que entre el 15 y el 17 de mayo, una delegación de familiares de los periodistas ecuatorianos, compuesta por Raúl Borja, Cristian Segarra y Ricardo Rivas; estará en Bogotá para reunirse con autoridades colombianas. 

50 días después de que iniciara la labor periodística en la que fueron secuestrados y posteriormente asesinados los reporteros Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra; las respuestas del Estado continúan siendo insuficientes frente al deber de procurar justicia en este crimen.

Los familiares del equipo periodístico del Diario El Comercio esperan que haya receptividad por parte de la sociedad y las autoridades colombianas con el fin de que haya un avance en las investigaciones y en la sanción a los responsables de estos hechos.

Desde que empezó el 2018 a la fecha se han presentado 150 violaciones a la libertad de prensa, que han afectado a 177 víctimas. En 2017, para esta misma fecha, la FLIP había registrado 87 ataques al periodismo. El periodo electoral ha potenciado las agresiones y por eso la Fundación, desde la campaña #VotoInformado, ha invitado a los candidatos y sus seguidores a promover un ambiente favorable para la libertad de expresión. Las regiones con más ataques son, sin contar a Bogotá, Tolima, con 16 casos; y Antioquia y Norte de Santander, cada uno con 11.

El secuestro y desaparición de los tres trabajadores de El Comercio de Ecuador en la frontera colombo-ecuatoriana es sin duda el caso más grave en lo corrido del año. Además de la responsabilidad del grupo criminal liderado por alias Guacho, se destaca la inacción por parte del gobierno colombiano y la falta de coordinación de este con las autoridades ecuatorianas.

Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, se cumplen 20 días desde que se confirmara la desaparición del equipo periodístico ecuatoriano y es lamentable que todavía no se recuperen sus cuerpos. El pasado 24 de abril, la FLIP radicó un derecho de petición al Ministerio de Defensa para indagar por las acciones del gobierno durante las tres semanas de secuestro para facilitar la liberación de estas personas y cuidar sus vidas.

Entre otros hechos destacados, la FLIP rechazó la decisión de la Fiscalía de no declarar el caso de Nelson Carvajal como un crimen de lesa humanidad. Esto sucede en un contexto en que, de 158 casos de asesinatos de periodistas entre 1938 y 1958, solo 24 cuentan con condena de autor material y 3 de autor intelectual.

Este ha sido un año en el que también se ha agredido constantemente a la sátira y el humor. Primero, un seguidor del Centro Democrático presenta una tutela contra Matador. Después el alcalde de Floridablanca presentó un denuncia por injuria y calumnia en contra de Diego, caricaturista de Vanguardia Liberal. Por último, otro seguidor del Centro Democrático amenaza a Matador en redes sociales. La FLIP espera que la justicia colombiana obre en favor de la libertad de expresión en estos y otros casos en los que se intente penalizar la sátira.

En el Informe anual de la FLIP, presentado el pasado 9 de febrero, se destacó, entre otras cosas:

El aumento de ataques contra la prensa: 310 en total, un 43,5% más que en el 2016. Dentro de estas cifras el caso más grave es el asesinato de Efigenia Vásquez en el Cauca.

En los últimos seis años, la Corte Constitucional ha tomado al menos ocho decisiones regresivas en la protección de la libertad de expresión en Internet. Esto ha implicado posiciones restrictivas en el uso de redes sociales, medidas desproporcionadas para los medios de comunicación como el deber de actualización, entre otras.

La falta de resultados efectivos por parte del gobierno de Juan Manuel Santos en la promoción y defensa de la libertad de expresión. Las principales acciones de Santos, como la política pública promovida por el Ministerio del Interior y el proceso de reparación colectiva a la prensa tomaron años de trabajo y miles de millones de pesos en inversión sin que se diera ningún resultado. Esto se agrava al recordar que el presidente ha sugerido abiertamente a los grupos económicos del país que presionen indebidamente a los medios de comunicación para que adopten posiciones editoriales favorables a su gobierno. A lo anterior se suman los discursos del presidente en los que emite juicios sobre lo que él considera que es buen o mal periodismo, lo cual lo aleja de su obligación de garante y promotor de la libertad de expresión.

Con más de medio año por delante, el panorama es incierto y preocupante. La FLIP espera que los nuevos líderes políticos que llegarán al Congreso el 20 de julio, y a la presidencia el 7 de agosto, abracen las banderas de la libertad de prensa como una garantía fundamental para la democracia.

A través de un derecho de petición firmado por 178 personas, y en el marco de un debate de control político al ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, realizado en la Comisión Segunda del Senado de la República, la FLIP dirigió una serie de interrogantes sobre la forma como el gobierno de Colombia actuó ante el secuestro y desaparición de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra.

Tras la desaparición de los trabajadores del diario ecuatoriano El Comercio, varios grupos de periodistas en Colombia se reunieron en las plazas principales de sus ciudades para expresar el rechazo a este acto atroz y solidarizarse con las familias de las víctimas. Los miembros de la red de corresponsales de la FLIP, en distintas regiones del país, recolectaron firmas para exigir al Ministerio de Defensa de Colombia que esclarezca qué gestiones se hicieron para cuidar la vida del equipo periodístico y lograr su liberación.

El derecho de petición solicita la siguiente información:

1. Toda la documentación sobre los operativos realizados por las diferentes entidades de la fuerza pública en la zona fronteriza de Colombia con Ecuador entre los días 26 de marzo y 13 de abril del 2018.

2. Información sobre los canales que el gobierno colombiano adelantó con el fin de lograr la liberación de los trabajadores de El Comercio de Ecuador Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. Esto incluye: recuento, indicando asunto, duración, fecha y hora de llamadas realizadas a funcionarios del gobierno ecuatoriano, a entidades humanitarias, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y grupos ilegales; recuento de los diferentes acuerdos que se lograron con ese tipo de entidades con respecto a la situación de los trabajadores de El Comercio.

3. Recuento y descripción de las hipótesis que se manejaron con respecto al secuestro y al asesinato de los trabajadores de El Comercio durante el desarrollo de los hechos.

4. Cuántos "operativos de control territorial" (dada la respuesta del Mindefensa el 10 de abril al diario El Colombiano) se llevaron a cabo en la zona (y agregaría específicamente los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo) entre el 26 de marzo y el 13 de abril, y en qué consistieron los mismos.

5. Número de personal militar y policial que fue desplegado en la frontera durante esos días.

Adicionalmente, en el marco del debate de control político al Ministro de Defensa, que se realizó el pasado martes 24 en la Comisión Segunda del Senado, Pedro Vaca, director ejecutivo de la FLIP, expresó estas y otras inquietudes al Ministro y los miembros de la cúpula militar allí presente.

“El Ministro Villegas dijo a la W Radio el pasado 28 de marzo que se estaba prestando colaboración al gobierno ecuatoriano a través de la experiencia del ejército, del gaula, y vía inteligencia militar.  ¿Qué pasó con los organismos humanitarios? ¿CICR, Conferencia Episcopal, el párroco?”, preguntó al ministro el director de la FLIP.

Y es que según los datos de la Fundación, en los últimos 7 casos de secuestros de periodistas en Colombia, nunca la liberación ha sido un asunto exclusivo de la fuerza pública.

En la FLIP no hay dudas sobre en quiénes recae la culpa, y así lo expresó Vaca en el Senado: “Debo ser claro en que la primera responsabilidad cae sobre las estructuras criminales salvajes que operan en el margen fronterizo. Sin embargo, es importante esclarecer si lo que hicieron o dejaron de hacer las autoridades contribuyó a este fatal desenlace”.

Veinte días han pasado desde la desaparición del equipo periodístico del diario El Comercio y sus cuerpos no han podido ser recuperados. La FLIP se solidariza una vez más con las familias de las víctimas e insiste en el llamado a las autoridades de Colombia y Ecuador para que aceleren los procedimientos necesarios para dar con los restos de Rivas, Ortega y Segarra.

Exigimos a las autoridades den respuesta a la solicitud de información hecha por la FLIP. Argumentos como la defensa de la seguridad nacional no deberían primar en este caso ya que, como lo advierte el derecho de petición, “nos permitimos recordar que el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 establece que “Las excepciones de acceso a la información contenidas en la presente ley no aplican en casos de violación de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y en todo caso deberán protegerse los derechos de las víctimas de dichas violaciones.” El secuestro y asesinato de Ortega, Rivas y Segarra son una violación de derechos humanos”.


Vea aquí el derecho de petición presentado al Ministerio de Defensa.

El pasado jueves 12 de abril, la Fiscalía General de la Nación negó la solicitud para declarar el asesinato del periodista Nelson Carvajal Carvajal como un crimen de lesa humanidad. La FLIP rechaza esta decisión que pone al borde de la impunidad un delito que hizo mucho daño al periodismo del Huila.

Hoy, 20 años después del asesinato, fecha en que prescribiría el caso, la FLIP presenta una apelación para que la Fiscalía General de la Nación revoque la decisión tomada por la Fiscal del caso.

La solicitud original fue presentada el pasado 26 de marzo por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Robert F. Kennedy for Human Rights y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)ante el riesgo de que prescriba el caso. La SIP y el RFK for Human Rights, además, son los representantes legales de la familia del periodista huilense ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde se adelanta un proceso contra el Estado colombiano por sus múltiples omisiones en este caso.

El caso de Nelson Carvajal es un delito de lesa humanidad. Las actividades que desempeñó Carvajal como periodista le significaron amenazas y posteriormente que fuera asesinado. Según la investigación de la Fiscalía y las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el crimen fue planificado y cometido por una alianza entre funcionarios públicos locales, empresarios, sicarios y miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-. El homicidio sucedió en un contexto de ataques generalizados contra la prensa y alianzas criminales entre autoridades y grupos armados al margen de la ley.

A juicio de la FLIP, estas son las principales fallas del Estado en el caso Carvajal:

• La época en la que ocurrió el crimen estuvo marcada por una excesiva violencia contra los periodistas. No obstante, el Estado no hizo nada para evitar que esta situación escalara hasta el asesinato de Carvajal. En 1997 asesinaron a 6 periodistas y antes de la muerte de Carvajal ya habían asesinado a otros 2 en 1998.

• Una de las fiscales del caso fue amenazada y un testigo clave para el proceso fue asesinado. Esto ocurrió después de que señalara a reconocidos políticos de la región y a un empresario como autores intelectuales del crimen, con apoyo de integrantes de las FARC.

• Pocos meses después de ese señalamiento, la Fiscalía, sin justificación, precluyó la investigación en contra de uno de estos personajes públicos de Pitalito. Los demás ya se habían beneficiado de absolución o preclusión de la investigación años antes por la negligencia en la investigación.

• El Estado ha culpado a la familia de Carvajal acusándolos de negligentes, sin compadecerse de que estas personas tuvieron que afrontar amenazas y el dolor de la muerte de su ser querido.

• Durante una audiencia en la Corte IDH, los representantes del Estado afirmaron que la situación de violencia contra la prensa es un asunto del pasado en Colombia. Esto sin tener en cuenta los aumentos de amenazas y diferentes ataques a la prensa que ocurren año a año.

• En esa misma audiencia, los representantes del Estado presentaron políticas fallidas como avance en la garantía de la libertad de expresión. Ejemplo de esto es una política pública de libertad de expresión adelantada por el Ministerio del Interior, que después de cinco años de formulación resultó engavetada.

La decisión de la Fiscalía de rechazar la declaratoria de lesa humanidad en este caso da más argumentos a la Corte IDH para condenar al Estado colombiano por su negligencia en la búsqueda de justicia en este crimen.

La FLIP exige a la Fiscalía General de la Nación que revoque su decisión, que declare el crimen de Carvajal como un delito de lesa humanidad y que implemente medidas efectivas para investigar y sancionar a los autores intelectuales.

Han pasado tres días desde que el presidente ecuatoriano Lenin Moreno confirmó el vil asesinato de los tres trabajadores del Diario El Comercio y los cuerpos no han sido recuperados. Esto a pesar de que las Misiones del Comité de la Cruz Roja Internacional en Quito y Bogotá han manifestado su disposición a activar su acción humanitaria.

Fundamedios y la FLIP han sido enfáticos en que los Gobiernos de Ecuador y Colombia no debían iniciar acciones militares y policiales en los dos lados de la frontera hasta que no se recuperaran los cuerpos. Sin embargo, se han iniciado operativos que han dado con la captura de por lo menos 43 personas acusadas de pertenecer al autodenominado Frente Oliver Sinisterra.

Los familiares de las víctimas tienen derecho a recuperar los cuerpos. Y en este sentido, exigimos al Frente Oliver Sinisterra que ofrezca las facilidades para que la Cruz Roja Internacional actúe.

Adicionalmente, Reporteros Sin Fronteras, Fundamedios y la FLIP, instan a los gobiernos de Ecuador y Colombia para que creen las condiciones necesarias para dicha entrega.

Bogotá D.C./ Miami, FL. / Washington, D.C., 23 de marzo de 2018 --

A tan solo un mes de que prescriba el asesinato del periodista colombiano Nelson Carvajal, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Robert F. Kennedy Human Rights y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presentaron el miércoles 21 de marzo una solicitud a Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación de Colombia, para que declare el homicidio como crimen de lesa humanidad.

El homicidio de Carvajal es un caso emblemático que señala el incumplimiento de los deberes internacionales del Estado colombiano para prevenir la violencia contra el periodismo y para juzgar y sancionar a los responsables. Asimismo, ilustra la impunidad generalizada en los crímenes contra la libertad de expresión en América Latina y el Caribe.

Nelson Carvajal Carvajal fue periodista radial en Pitalito, Huila. Fue director del noticiero ‘Momento Regional’ y de las radio-revistas ‘Mirador de la Semana’, ‘Amanecer en el Campo’ y ‘Tribuna Médica’ de la Emisora Radio Sur, en ese municipio. Reportaba sobre irregularidades en la administración pública, corrupción y lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Fue asesinado el 16 de abril de 1998 por un sicario que le disparó siete tiros cuando salía de la escuela Los Pinos, donde era director.

El homicidio del periodista ocurrió en uno de los periodos más violentos contra la prensa en Colombia, en un contexto de ataques generalizados contra periodistas provenientes de estructuras criminales que incluían autoridades locales, paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes. De acuerdo con la investigación penal, el crimen habría sido cometido por una alianza que involucra presuntamente a funcionarios, empresarios y miembros de la guerrilla de las FARC.

Para la SIP, el RFK Human Rights y la FLIP, el homicidio de Nelson Carvajal es un crimen de lesa humanidad, considerando que el asesinato se enmarca en un ataque sistemático y generalizado contra un sector de la población civil y que fue perpetrado por actores estatales, estructuras de crimen organizado y grupos armados.

Durante el proceso, miembros de la familia Carvajal han sido víctimas de amenazas y muchos debieron salir al exilio. También fueron asesinados testigos y varios fiscales abandonaron la causa tras recibir amenazas. Otros procesos judiciales asociados a la muerte de Carvajal fueron archivados en forma prematura. 

En 2002, el caso fue presentado por la SIP al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El caso fue remitido en el 2015 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el RFK Human Rights se unió a la representación legal de la familia en el litigio contra el Estado colombiano. La Corte ya deliberó sobre el caso y se espera un fallo definitivo en las próximas semanas.

Vea aquí la solicitud presentada a la Fiscalía General de la Nación.

El 19 de marzo de 2010 fue asesinado el periodista de la emisora La Voz de Montería, Clodomiro Castilla, en el departamento de Córdoba. El día en que ocurrieron los hechos, el reportero se encontraba en la terraza de su casa leyendo y aproximadamente a las 9 de la noche dos hombres llegaron en moto y le dispararon en ocho ocasiones. 

Castilla se destacaba por sus investigaciones y denuncias sobre hechos de corrupción en las instituciones de su departamento, además de los nexos entre políticos de la región y grupos paramilitares. Por su labor periodística, Castilla fue testigo en procesos judiciales en la Corte Suprema de Justicia por la infiltración de estructuras ilegales en las instituciones del Estado.

Es de conocimiento de la FLIP que, luego de ocho años del asesinato del periodista, el proceso continúa en indagación preliminar en la Fiscalía General de la Nación. Según fuentes consultadas por la Fundación, existe material probatorio suficiente para vincular a presuntos responsables al proceso, sin embargo, esto no se ha hecho.

La ausencia de vinculación formal implica que la investigación se mantiene sin mayores avances y el paso del tiempo hace que el esclarecimiento de la verdad sobre lo sucedido sea cada vez más complejo. Esto es particularmente preocupante si se considera que una de las formas de resolver delitos contra periodistas es a través de la información que los autores materiales puedan aportar al proceso.

La FLIP advierte que el constante cambio y reasignación de fiscales interfiere en la continuidad de la investigación penal y ello se refleja en la falta de resultados efectivos en los procesos. En el caso de Clodomiro Castilla, al menos 3 fiscales distintos han estado a cargo de su caso en tan solo 8 años. Esta situación impide que se identifiquen y vinculen a los presuntos autores y perpetúa la impunidad que impera en este crimen.

La FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que con el material probatorio con el que cuenta actualmente vincule formalmente a los presuntos responsables del homicidio. Adicionalmente, la Fundación hace un llamado a la entidad para que el caso de Clodomiro Castilla sea priorizado en la Unidad de Derechos Humanos con el fin de que haya celeridad procesal y sea posible condenar a los responsables del crimen. Al respecto, el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión indica que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales (…) viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

En la madrugada del lunes 5 de marzo, Eider Campo Hurtado, comunicador y guardia indígena nasa, recibió impactos de bala que acabaron con su vida. Según el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-, a la media noche, cuatro hombres armados ingresaron a la casa del cabildo indígena de Pioyá en Caldono, Cauca, y liberaron a tres hombres detenidos por la guardia indígena, acusados ser presuntos informantes del Ejército.

Después de esto, cuenta el CRIC, comenzó una persecución de la guardia con el fin de recapturar a los acusados. De acuerdo con el relato de un miembro de una comunidad indígena del norte del Cauca, los implicados se dirigieron a la parte alta de Caldono y allí los hombres dispararon indiscriminadamente, impactando así el cuerpo de Campo.

La Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas –CONCIP– manifestó que Eider Campo ejercía labores comunicativas en el colectivo de comunicación Pelsxhab Stereo del Resguardo de Pioyá.

La Fundación exhorta a la Fiscalía General de la Nación a que investigue los hechos para dar con los responsables de esta lamentable situación. Además, la FLIP invita a la Unidad Nacional de Protección a que evalúe la situación de seguridad de los comunicadores de la emisora a la que pertenecía Campo.

Por Pedro Vaca Villarreal*

En febrero de 2017 denunciamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no ha sido diligente con el trámite del caso por el asesinato del periodista Guillermo Cano Isaza. Un año después las explicaciones no llegan y sigue en entredicho la transparencia de este organismo internacional.

El caso Guillermo Cano llegó a la CIDH en 1997, once años después del asesinato, pero se congeló en el año 2001. El trámite es extraño: la CIDH abrió las puertas a una solución amistosa entre el Estado y la familia Cano el 16 de febrero del año 2001, pero esta oferta fue rechazada cuatro días después por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Tres días más tarde, el 23 de febrero, la CIDH cerró el trámite conciliatorio, decidió unificar el caso con otro proceso sin mayor explicación y declaró la responsabilidad del Estado Colombiano emitiendo una serie de recomendaciones que jamás vigiló en 17 años. La CIDH tardó alrededor de una semana en agotar fases que normalmente le pueden tomar más de 5 años. Acelerar el camino a la impunidad no es un mérito, es un error que se debe enmendar.

Nunca dieron aviso a los familiares y, salvo los Comisionados de esa época y los funcionarios de la Cancillería Colombiana, nadie supo sobre esta decisión hasta el mes de diciembre de 2016 cuando la FLIP tuvo acceso a parte del expediente. La CIDH sabe lo que está pasando, pero ha preferido callar. Un malabar procesal en un caso tan emblemático que ha motivado a la UNESCO a otorgar cada año el premio global “Guillermo Cano a la libertad de prensa”. La CIDH hizo y mantiene una maniobra opaca, una acción más cercana a contribuir a la inmerecida reputación del Estado Colombiano que a los estándares interamericanos de justicia, transparencia, reparación y garantías de no repetición. Ojalá se descubran los verdaderos intereses detrás de esta actuación.

La Comisión no solo hizo que se esfumara una expectativa de justicia para la familia Cano, el diario El Espectador, los 14 periodistas de este medio que han sido asesinados y para la sociedad colombiana que ha sido finalmente la mayor afectada por la falta de información producto de la violencia contra la prensa. La CIDH también impidió que el continente produjera a tiempo estándares que habrían resultado de gran utilidad para poner freno a la violencia contra periodistas. Hoy el hemisferio clama a gritos obligaciones perentorias y no simples recomendaciones para los Estados. México, Honduras, Guatemala, Brasil y Paraguay se suman al listado de países donde matar periodistas no tiene consecuencias. En Colombia, 47 periodistas han sido asesinados desde el día que la CIDH decidió meter en un cajón desconocido el caso de Guillermo Cano.

La CIDH está en Colombia por estos días en un periodo extraordinario de sesiones en el que puede hablar de todo, menos de Colombia. Sin embargo, nada nos impide hablar sobre ella y sea esta la oportunidad para preguntarle ¿Por qué no responde por el caso de Guillermo Cano?

Ojalá, con la misma fuerza con la que este organismo promociona la transparencia, brinden una respuesta. 

*Director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

La Fundación para la Libertad de Prensa rechaza la negligencia del Estado en el caso del periodista Oscar García Calderón, asesinado el 22 de febrero de 1998 en Bogotá.

Durante el año 2017 los poderes ejecutivo, legislativo y judicial faltaron a su deber de garantes de la libertad de prensa y tomaron conscientemente acciones de censura. Casos a nivel nacional encabezados por el presidente de la República, el Congreso y las cortes son la superficie de un problema profundo en el que los poderes públicos locales también restringen la libertad de expresión.

En Colombia han sido asesinados 165 periodistas por razones de oficio. Hemos buscado el trabajo de algunos de ellos y queremos indagar por la situación de sus casos en los estrados judiciales. La tarea no ha sido fácil. De muchos de ellos no hay archivo alguno y frente a la investigación de los crímenes, la justicia ha sido negligente en la mayoría de los casos.

El 1 de febrero de 2018, el Juez segundo penal especializado de Florencia, Caquetá, condenó a Yean Arlex Buenaventura a pagar 58 años y 3 meses de prisión por el homicidio del periodista Luis Antonio Peralta y Sofía Quintero, su esposa. Es la condena más alta jamás impuesta en Colombia por un delito contra la libertad de expresión.

Luis Antonio Peralta era un hombre de 63 años, casado y padre de 4 hijos. Se había dedicado por más de 30 años al periodismo. Era un periodista crítico y antes de su asesinato, realizó reportajes e investigaciones sobre temas relacionados con corrupción administrativa, irregularidades en contratación estatal y extracción de petróleo. La voz de sus denuncias era la emisora Linda Stéreo en El Doncello, Caquetá, de la cual fue fundador y director. Peralta era la voz más escuchada en cinco municipios del norte de Caquetá, a donde llegaba la emisora, y se había convertido en un asiduo crítico de políticos y gobernantes locales.

Durante la audiencia de lectura de fallo condenatorio, el juez explicó que, el 14 de febrero de 2015, Yean Arlex Buenaventura disparó en numerosas oportunidades en contra de Luis Antonio Peralta y de Sofía Quintero, su esposa, quien se encontraba con el periodista en ese momento a la entrada de Linda Stéreo. Días después, Quintero también murió en el hospital como consecuencia de las heridas.

El juez reconoció que el crimen de Peralta no solamente enlutaba a su familia y amigos, sino que era ante todo un delito contra la prensa, pues a lo largo del proceso se logró demostrar que Peralta fue asesinado como consecuencia de su labor periodística y, fundamentalmente, por las denuncias que realizaba en su emisora.

La Fundación Para la Libertad de Prensa reconoce la importancia de este fallo ejemplar como un precedente importante en que el Estado actúa para contrarrestar la violencia contra la libertad de expresión. Así mismo, espera que la Fiscalía General de la Nación continúe avanzando en la identificación de los autores intelectuales del crimen, para que estos también sean llevados a la justicia cuanto antes.

El juez segundo penal especializado de Florencia, Caquetá condenó a Yean Arlex Buenaventura Barreto por el homicidio del periodista Luis Antonio Peralta en hechos ocurridos en febrero de 2015. El sentido del fallo fue conocido el día de ayer 14 de diciembre en audiencia pública celebrada en la misma ciudad.

La Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP), quien representa legalmente a los familiares de las víctimas, apoyó la teoría del caso presentada por la Fiscalía según la cual Buenaventura obró bajo la modalidad de sicariato y en concurso con otras personas aliadas para silenciar las denuncias periodísticas de Peralta.

Luis Antonio Peralta era un hombre de 63 años, casado y padre de 4 hijos. Se había dedicado por más de 40 años al periodismo. Era un periodista crítico y antes de su asesinato se realizó reportajes e investigaciones sobre temas relacionados con corrupción administrativa, contratación estatal y extracción de petróleo.

Peralta era la voz más escuchada en esa región, era director y periodista de la emisora Linda Stéreo, filial de Caracol en El Doncello, Caquetá, y se había convertido en un asiduo crítico de políticos y gobernantes locales. Allí el micrófono era el medio por el cual denunciaba las ilegalidades de corrupción en la región.

El 14 de Febrero de 2015 dos sicarios que se movilizaban en una moto asesinaron a Luis Antonio Peralta en El Doncello. Sofía Quintero, su esposa, se encontraba con Peralta en ese momento y también fue baleada. Días después, Quintero también murió en el hospital como consecuencia de las heridas.

La FLIP reconoce esta condena como un avance en la lucha contra la impunidad en los crímenes contra la libertad de expresión en Colombia. Así mismo, espera que la decisión del juez contribuya a la identificación y sanción de los demás autores materiales e intelectuales del crimen de Peralta, quienes se encuentran hoy en libertad.

Desde 1977 hasta la fecha han sido asesinados 154 periodistas en Colombia por razones de oficio. Solo en cuatro casos han sido condenados los autores intelectuales de estos crímenes.

Una vez conocido el sentido del fallo, el juez anunció que realizará la lectura de la sentencia condenatoria de Yean Arlex Buenaventura el 28 de enero de 2018.

Este 2 de noviembre, Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la FLIP hace un llamado al Estado colombiano para que garantice la justicia en los casos de agresiones a la prensa, especialmente en los asesinatos a periodistas.

Efigenia Vásquez fue herida mortalmente mientras ejercía su derecho a la libertad de expresión como periodista en el municipio de Puracé, Cauca. La Fundación para la Libertad de Prensa maneja la hipótesis que la comunicadora pudo haber muerto a causa de un “proyectil de carga múltiple” accionado por un agente del ESMAD.

El 10 de octubre de 1989 fue asesinada Martha Luz López López, gerente administrativa de El Espectador en Medellín. Dos hombres le dispararon cuando se disponía a salir de su residencia, ubicada en el barrio El Poblado de Medellín.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena y lamenta la muerte de la comunicadora indígena Efigenia Vásquez Astudillo, quien falleció ayer después de enfrentamientos entre comuneros del Pueblo Kokonuko y agentes del ESMAD en Puracé, Cauca.

Vásquez Astudillo murió en el hospital San José de Popayán como consecuencia de heridas ocasionadas con armas de largo alcance, según dijeron autoridades indígenas del Cauca a la FLIP. Los enfrentamientos se dieron en el sector de Aguatibias, Puracé, en medio de un operativo de desalojo de tierras por parte de la Policía Nacional en reacción a las acciones de la Minga de Liberación de la Madre Tierra por parte de la Guardia Indígena del Pueblo Kokonuko.

La FLIP está verificando si Vásquez se encontraba realizando labores periodísticas durante los hechos. Efigenia Vásquez fue una comunicadora reconocida por su amplia trayectoria en medios de comunicación indígenas del Cauca. La FLIP resalta el trabajo de los medios indígenas y comunitarios en las regiones del país.

La Fundación exige a la Policía Nacional que investigue los hechos y a los agentes involucrados en el operativo. Así mismo, solicita a la Fiscalía General de la Nación que procese y sancione a quienes ordenaron accionar el arma de fuego que acabó con la vida de la comunicadora.  

Antecedentes:

La FLIP expresa su preocupación por las constantes agresiones durante las confrontaciones entre la comunidad y miembros de la Fuerza Pública en el contexto de manifestaciones sociales. La Fundación ha documentado varias agresiones en las que existen actos deliberados de la Fuerza Pública con el fin de censurar e impedir el registro de las protestas.  

El pasado 9 de mayo, Pedro García, colaborador del periódico El Turbión, y quien, según su familia, se encontraba tomando fotografías durante la Minga Comunitaria de Liberación de la madre Tierra, resultó gravemente herido por un impacto de bala en uno de sus glúteos.

Luego, el 12 de julio, en una jornada de enfrentamientos entre comuneros y policías, la emisora Renacer Kokonuko se quedó sin servicio de energía desde aproximadamente las 6 de la mañana. La empresa de energía no informó que estuvieran programados cortes eléctricos. Ese mismo día, periodistas de Caracol Televisión fueron agredidos con piedras durante el cubrimiento de la Minga en Puracé.

En audiencia pública, celebrada en la mañana del viernes 9 de septiembre en Neiva, el Juez Tercero Penal Especializado de dicha ciudad impuso una pena de prisión de 47 años, 6 meses y 2 días a Juan Camilo Ortíz, alias ‘El Loco’ por la autoría material del homicidio de la periodista Flor Alba Núñez, ocurrido el 10 de septiembre de 2015 en Pitalito, Huila.

Ortiz fue condenado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. El Juez consideró las circunstancias de indefensión en las que se encontraba la periodista al momento de ser asesinada y tuvo en cuenta que el crimen fue consecuencia de la actividad periodística de Núñez. Un asunto relevante dado que en pocos casos se tiene en cuenta la calidad de periodista como determinante del crimen, lo que invisibiliza la violencia contra la prensa.

El juez argumentó que las pruebas obtenidas, entre las que se encuentran testimonios, videos, fotografías, entre otras pruebas técnicas, permitían probar que Ortíz fue el autor del crimen.

De acuerdo con la teoría del caso planteada por la Fiscalía, Ortíz actuó en conjunto con Jaumeth Albeiro Flórez, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia y a quien se acusa de ser quien conducía la moto en la que huyó Ortíz luego de ultimar a la periodista.

La FLIP reconoce esta decisión y la celeridad con la que se llevó el caso como un avance significativo en la lucha contra la impunidad, teniendo en cuenta que la pena impuesta es una de las más altas en los casos de violencia contra periodistas. Sin embargo, no se puede desconocer que esta es una victoria parcial, puesto que aún no se ha llevado a la justicia al otro autor material y tampoco se ha establecido una estrategia investigativa con el fin de identificar a los autores intelectuales del crimen.

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Viernes, 11 Agosto 2017 18:37

Juez condena al autor material del homicidio de Flor Alba Núñez

El juez tercero penal especializado de la ciudad de Neiva condenó a Juan Camilo Ortíz (alias ‘El Loco’) por el homicidio de la periodista Flor Alba Núñez, ocurrido el 10 de septiembre de 2015 en el municipio de Pitalito, Huila. En audiencia pública del viernes 11 de agosto se conoció el sentido del fallo y el próximo 8 de septiembre se emitirá la pena en contra de ‘El Loco’. El fiscal de derechos humanos que lidera la investigación del caso solicitó una condena de al menos 50 años por este crimen.

Flor Alba Núñez era la coordinadora de noticias de la emisora La Preferida Stéreo y hacía investigaciones acerca de corrupción y orden público en Pitalito. Fue asesinada cuando estaba a punto de ingresar a las instalaciones del medio.

Se manejan tres hipótesis frente a las causas del homicidio. De estas, la que relaciona directamente a Juan Camilo Ortíz se basa en los cuestionamientos que hizo Núñez contra un Juez de Timaná por concederle la detención domiciliaria a Ortíz, acusado de atentar contra la vida de la zootecnista Julieth Marcela Henao en noviembre de 2013.  

El crimen de Núñez silenció a una de las voces líderes en su municipio a la hora de denunciar el asedio de las bandas criminales a la población. Muestra de ello fue el Proyecto Pitalito, que inició un mes después del asesinato de Núñez y en el que diferentes medios de comunicación se aliaron para publicar historias durante un mes. Los reportajes estaban relacionados no sólo con la muerte de la periodista, sino también con las denuncias de la reportera con relación al crecimiento de las bandas criminales en el municipio huilense.

Núñez ocupa el renglón 153 en la lista de periodistas asesinados por razones de su oficio en los últimos 40 años. La FLIP reconoce esta condena como un progreso de la justicia en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, la Fundación exhorta a las autoridades judiciales para que continúen las investigaciones con el fin de determinar quiénes fueron los autores intelectuales del crimen. De no ser así, se impide hacer justicia efectiva dentro de su caso.

Igualmente, para la FLIP es importante la búsqueda de justicia en los asesinatos cometidos en contra de periodistas que desarrollan su labor en las regiones más apartadas de las grandes ciudades. Es allí donde la libertad de prensa se ve más amenazada y donde existe mayor probabilidad de que estas agresiones queden en la impunidad.

En carta abierta dirigida a Juan Manuel Santos, la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su profundo rechazo por la manera en que el Estado colombiano se está defendiendo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia.

Aunque médico de profesión, también se dedicó al periodismo y a la política, oficios a través de los cuales exigió y gestionó mayores recursos para la salud pública y la educación, en vez de que éstos fueran invertidos en la guerra. Lo asesinaron por su labor como activista de derechos humanos y sus constantes denuncias a las injusticias en El Mundo, El Espectador, El Tiempo o en su programa radial Pensando en voz alta en la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia. Fue incluido en una ‘lista negra’ de los nacientes grupos paramilitares de la época.

El juez tercero penal especializado de la ciudad de Neiva condenó a Juan Camilo Ortíz (alias ‘El Loco’) por el homicidio de la periodista Flor Alba Núñez, ocurrido el 10 de septiembre de 2015 en el municipio de Pitalito, Huila. En audiencia pública del viernes 11 de agosto se conoció el sentido del fallo y el próximo 8 de septiembre se emitirá la pena en contra de ‘El Loco’. El fiscal de derechos humanos que lidera la investigación del caso solicitó una condena de al menos 50 años por este crimen.

La Fundación para la Libertad de Prensa se une al llamado de justicia. El pasado 15 de mayo asesinaron en su natal Culiacán, México, al periodista Javier Valdez, un reportero que denunció los desmanes del narco, la complicidad de las autoridades y el sufrimiento de las víctimas.

Con el hashtag #NuestraVozEsNuestraFuerza, distintos periodistas y organizaciones del mundo piden que cese la violencia contra la prensa en México. La FLIP se solidariza con esta causa y desea que las autoridades mexicanas procesen a los culpables y se hagan responsables de la protección de los periodistas en su país.

Con el apoyo de la escritora y periodista Marcela Turati, la FLIP quiere rendir un homenaje a Valdez con este podcast en el que varios reporteros recuerdan alguna anécdota con el periodista sinaloense.

El 28 de septiembre, en la Resolución No. 048, la Fiscalía General de la Nación, declaró que los asesinatos de estos tres periodistas, y de otros defensores de derechos humanos, eran de lesa humanidad. Con ello se ratificó que estos crímenes fueron planeados por la Fuerza pública y los grupos paramilitares dentro un patrón sistemático y generalizado que usó el Estado colombiano en contra de la población civil.

Como parte de la implementación de la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) el Gobierno nacional ha iniciado varios procesos de reparación colectiva a víctimas del conflicto armado en Colombia. Desde un Comité de Impulso, la FLIP ha acompañado el proceso con la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. A partir de estos encuentros, la Fundación propone estas pautas para que la Reparación Colectiva al Periodismo en Colombia se lleve a feliz término.

Lea en línea:

6 pasos para la reparación colectiva al periodismo

6 pasos para la reparación colectiva (Resumen ejecutivo)

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denuncia y rechaza el asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes ocurrido hoy martes, 12 de agosto, al medio día en el municipio de Tarazá, en la subregión del Bajo Cauca, Antioquia.

Frente al asesinato de Reinaldo Ángel Posso, ocurrido el pasado jueves 24 de abril en la región del Bajo Cauca, la FLIP aclara que, según información de varios periodistas de la región, el señor Posso no era comunicador ni colaborador de la emisora comunitaria Morena Estéreo, del municipio de Tarazá.

Tomado de: Noticias Uno

Dos semanas después de que el alcalde de Puerto Berrío, Antioquia, dijera que había que tener a sus contradictores para eliminarlos, el periodista que más había denunciado la corrupción de su administración fue asesinado.

Oficiaba como periodista y habría sido quien tomó fotos y conseguido testimonios incluidos en noticia sobre supuestas anomalías en una cárcel.

Tomado de: El Espectador

La Asamblea de la Fundación para la Libertad de Prensa-FLIP, le hace un llamado especial a la Fiscalía General de la Nación, en cabeza del fiscal Eduardo Montealegre, para que tome todas las medidas necesarias encaminadas a evitar la prescripción de los procesos por asesinatos de periodistas y se evite que esos casos queden en la impunidad.

La Fundación para la Libertad de Prensa-FLIP publica este 9 de febrero, día del periodista, su informe anual en el que hace una radiografía de la situación de la libertad de prensa en el 2012. La FLIP ve con preocupación que se hayan registrado un total de 158 agresiones directas contra periodistas en el ejercicio de su oficio, entre las que se incluye el asesinato de Guillermo Quiroz en San Pedro, Sucre; el atentado contra Fernando Londoño en Bogotá; la amenaza colectiva a 10 periodistas de Santa Marta, Magdalena; el desplazamiento forzado de 6 reporteros y el exilio de uno. 

Si bien las condiciones de seguridad para periodistas en otros países de América Latina, como México, Honduras y Brasil son muy delicadas, Colombia es uno de los lugares más peligrosos para el periodismo, especialmente a nivel local. Igualmente preocupa el estado de impunidad en que se encuentran varias investigaciones. 

En 2012 prescribieron dos casos de asesinatos de periodistas: el de José Domingo Cortés Soto, del Diario del Otún, baleado el 15 de noviembre de 1992 en Valencia, Córdoba; y el de John Félix Tirado Castañeda de la emisora Ondas del Urrá, ocurrido el 5 de agosto del mismo año en Cartago, Valle. Esto significa que, de los 140 periodistas asesinados desde 1977, hay 59 casos que ya prescribieron. 

Las investigaciones por las interceptaciones y seguimientos a periodistas por parte del DAS, parecen haber entrado en un letargo. Se dieron condenas contra mandos medios de la entidad, pero las investigaciones a funcionarios de alto nivel siguen sin mostrar avances. 

Por otro lado, se destacan ciertos avances en el caso de Jineth Bedoya, que fue declarado crimen de lesa humanidad, así como en los de Orlando Sierra y Jaime Garzón, ambos en etapa de juicio.

La FLIP registró el incremento de procesos judiciales contra periodistas como método de censura. En el 2012 la inquietud ha llegado al extremo con la condena dada por el Tribunal Superior de Cundinamarca contra el periodista de Fusagasugá, Luis Agustín González, por el delito de injuria tras cuestionar en un editorial las aspiraciones políticas de una reconocida dirigente del departamento. Igualmente notorio, entre otros, fue el caso ocurrido en agosto, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anunció una denuncia penal contra la columnista de El Espectador, Cecilia Orozco, por criticar el trabajo de esta Corporación. Al final, la Corte se retractó. 

La FLIP destaca que en el 2012 los roces entre periodismo y fuerza pública se acentuaron. La muerte de Guillermo Quiroz involucró a miembros de la Policía en hechos que están por esclarecerse. A su vez, se dieron agresiones en Bogotá, Arauca y Santander. Por otro lado, se resalta la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de condenar a Colombia por las agresiones cometidas por miembros del Ejército al camarógrafo Richard Vélez, en 1996, y por la falta de justicia en el esclarecimiento de los hechos. 

Por último, en el 2012 se dieron algunos avances en el reconocimiento de los periodistas que han sido afectados por el conflicto. En el marco de la Ley de Víctimas, la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas reconoció a los periodistas como una población beneficiaria de reparación colectiva y, la Alcaldía de Bogotá, a través del Centro de Memoria Distrital, hizo un monumento a los afectados por el conflicto, dentro de las que se incluyó a los periodistas.

Lea aquí el informe completo en línea.

La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, lamenta el fallecimiento del periodista Lisbey Aguilar López y envía un saludo de solidaridad a sus familiares y amigos. Este camarógrafo de 50 años de edad fue hallado muerto en la noche del viernes 7 de diciembre en su residencia ubicada en el municipio de Calarcá, Quindío, la segunda ciudad más grande de este departamento.

La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP , manifiesta su preocupación por el estado en que permanece la investigación del asesinato de Guillermo Cano.

Más allá de ser declarado crimen de lesa humanidad en julio de 2010, son pocos los avances judiciales destacables en el último tiempo. En 2012 la Procuraduría pidió citar en el proceso a Carlos Alberto Gaviria, al considerar que debe aclarar algunos movimientos financieros bajo los cuales, presuntamente, la mafia habría pagado por el asesinato de Guillermo Cano.

Hoy, 13 de agosto, se cumplen trece años del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón ocurrido en Bogotá cuando se dirigía a las instalaciones de la emisora Radionet.

A Garzón le antecedían 90 periodistas asesinados y, con su muerte, siguió un trágico periodo para la libertad de prensa en Colombia. En tan solo cuatro años (1999 – 2002), fueron asesinados 32 periodistas como consecuencia del ejercicio periodístico.

La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, una vez más, le hace un llamado a Fiscalía General de la Nación para que tome las medidas jurídicas necesarias para evitar que el proceso por el homicidio del periodista John Félix Tirado Castañeda, ocurrido el 5 de agosto de 1992 en el municipio de Cartago (Valle), prescriba.

La FLIP  repudia el asesinato del periodista y reconocido líder político Argemiro Cárdenas  Agudelo,  ocurrido hoy al medio día en el barrio Guadalupe, del municipio de Dosquebradas en Risaralda. Agudelo era el gerente de la emisora local  Metro Radio y fue alcalde del municipio en 1997 por el partido liberal. El periodista no había reportado amenazas.

Bogota, 9 de febrero de 2012, Fiscalía General de la Nación

"La Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH entre los procesos que adelanta por delitos cometidos en contra de periodistas destaca las investigaciones por los homicidios de José Orlando Sierra Hernández, Jaime Hernando Garzón Forero, y Carlos José Restrepo Rocha, así como los casos de las comunicadoras Claudia Julieta Duque Orrego y Yineth Bedoya Lima.

Hoy el Juzgado del Circuito Especializado de Santa Marta emitió sentencia condenatoria, de 24 años y dos meses de prisión, a Edgar Ariel Córdoba Trujillo, ex integrante de las autodefensas, por el crimen del periodista Álvaro Alonso Escobar de Fundación, Magdalena.

Al norte del Cauca, en el municipio de Caldono, hay un resguardo indígena de la comunidad Nasa formado por cuatro veredas y habitado por 2000 personas. En el resguardo, escondido en las laderas de la cordillera central de los Andes vivió Rodolfo Maya Aricape, comunicador indígena y padre de dos hijas, asesinado por desconocidos hace un año, el 14 de octubre del 2010.

El 14 de agosto de 1999, más de 200.000 personas se reunieron sin planearlo al frente del Capitolio Nacional, en la plaza de Bolívar de Bogotá; acababan de matar al periodista y humorista Jaime Hernando Garzón Forero.  Caía de nuevo un periodista, un duro crítico del Estado y una de las personas más queridas por los colombianos. Su muerte significó un duro mensaje al periodismo nacional: Nadie estaba a salvo y era el tiempo de la autocensura.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- denuncia y rechaza el asesinato del periodista Luis Eduardo Gómez ocurrido el pasado jueves 30 de junio en el municipio de Arboletes, en la región de Urabá, al noroccidente de Antioquia en frontera con el departamento de Córdoba.

• Solo han sido condenados 5 autores intelectuales de asesinatos a periodistas desde 1977.

• Dos periodistas fueron asesinados en 2010.

De los 138 casos de periodistas asesinados por razones de su oficio desde 1977 hasta 2010, 19 están cerca de prescribir y 46 ya prescribieron. Es decir, el 90% de los casos de periodistas asesinados antes de 1991 quedaron impunes. Así lo revela el informe sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia 2010: "El olvido de la Justicia", que presentó hoy la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en conmemoración del día del periodista. 

Hasta el momento, solo se conocen cinco sentencias condenatorias a autores intelectuales por homicidios a periodistas, ocho sentencias absolutorias y 29 casos permanecen estancados en investigación preliminar. Por otro lado, en el caso de las amenazas, no existe en Colombia una sola condena contra alguien por atentar de esa manera contra la vida de un periodista.

Durante el 2010 se presentaron los lamentables asesinatos de los periodistas, Clodomiro Castilla en Montería, Córdoba; y Rodolfo Maya Aricape en Caloto, Cauca. Castillo era reconocido por denunciar la presencia de grupos armados ilegales en sus regiones y Maya era un reconocido comunicador y líder comunitario. La FLIP también documentó 51 casos de amenazas contra periodistas durante el año, varios atentados contra instalaciones de emisoras radiales, los avances judiciales por los seguimientos e interceptaciones ilegales hechos por el DAS contra periodistas y la difícil situación que se vive en Córdoba para ejercer el periodismo. 

Igualmente, la FLIP subraya con preocupación el incremento de denuncias penales, sin justa causa, por injuria y calumnia contra periodistas. Se documentaron 10 casos a lo largo del año donde la mayoría de denuncias son de líderes políticos o funcionarios públicos.

Finalmente, se señala que durante el 2010 se aprobó la ley 1426 que aumentó a 30 años la prescripción de homicidios a periodistas, sin embargo esta ley no tiene carácter retroactivo. Asimismo, la FLIP destaca la declaración como crimen de lesa humanidad del asesinato del ex director de El Espectador, Guillermo Cano, sucedido en 1986 y la vinculación de los líderes políticos Ferney y Dixon Tapasco al proceso por el homicidio del periodista Orlando Sierra, ocurrido en el 2002.

Vea aquí el informe completo en línea.

Durante esta semana se conmemoró el asesinato de los periodistas Javier Darío Arroyave y Lides Renato Batalla, del departamento del Valle del Cauca; Martín Eduardo Múnera, de Antioquia, y Carlos José Restrepo Rocha, de Tolima. Sus crímenes se mantienen en la impunidad después de varios años de haber ocurrido.

En los últimos días la Fiscalía General de la Nación colombiana tomó varias decisiones en los procesos judiciales que se adelantan por los asesinatos de los periodistas Jaime Rengifo Revero (2003), Jaime Garzón Forero (1999) y Guillermo Cano Isaza (1986). Se trata de avances importantes en el esclarecimiento de los responsables de dichos crímenes.

El pasado 11 de abril de 2010, en el municipio de Ortega, Tolima, al sur de país, fue asesinado el periodista Mauricio Moreno Medina, director de la emisora comunitaria 98.0 FM Estéreo del Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT). Hasta el momento se desconocen los motivos del crimen.

Washington D.C., 22 de marzo de 2010- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Clodomiro Castilla Ospino, de la revista El Pulso del Tiempo y la emisora La Voz de Montería, el viernes 19 de marzo de 2010 en la ciudad de Montería, Departamento de Córdoba, Colombia. La Relatoría Especial reconoce el rápido repudio de este crimen por las más altas autoridades colombianas pero expresa su profunda preocupación por la situación de desprotección en la que se encontraba el periodista, pese a haber solicitado oportunamente la actuación del Programa de Protección a Periodistas del Estado colombiano.

El pasado 19 de marzo de 2010 fue asesinado el periodista Clodomiro Castilla Ospino, director y propietario de la revista El Pulso del Tiempo, y periodista de la emisora La Voz de Montería, en la ciudad de Montería, Córdoba, al norte del país. El comunicador hacía constates denuncias sobre corrupción y paramilitarismo en el departamento. Las autoridades investigan los hechos.

El pasado viernes 14 de noviembre se llevó a cabo en Popayán, Cauca, el juicio del presunto autor del asesinato del periodista José Everardo Aguilar. Arley Manquillo Rivera, inicialmente sindicado por la Fiscalía de haber cometido el crimen, fue declarado inocente en la etapa de juicio. Desde ya, la Fiscalía anunció que apelará la decisión. 

El paramilitar desmovilizado Jorge Enrique Ríos, alias ‘Sarmiento’, confesó haber asesinado al periodista Flavio Iván Bedoya, ocurrido el 27 de abril de 2001, en la ciudad de Tumaco, Nariño, al sur del país.

En versión libre ante un fiscal de Derechos Humanos de la unidad de Justicia y Paz (proceso de justicia transicional de los paramilitares), ‘Sarmiento’ reconoció que asesinó al comunicador, quien trabajaba para el semanario ‘Voz’, periódico de orientación comunista. Esta confesión se unió a la de Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’, quien en marzo de este año aceptó también su participación en el crimen.

La semana pasada la Policía informó que el miércoles 8 de julio fue capturado Arley Manquillo Rivera, alias ‘Huracán’, sindicado de haber asesinado al periodista José Everardo Aguilar el pasado 24 de abril en el municipio de Patía, Cauca, al suroccidente del país.

En las últimas semanas se conocieron dos nuevos fallos en los que se condenan al autor material, en un caso, y a la Nación, en otro, por el asesinato de los periodistas Elacio Murillo Mosquera, ocurrido en Chocó en 2007, y Henry Rojas Monje, en Arauca en 1991.

El 21 de enero pasado la Fiscalía General de la Nación informó que el ex alcalde de Barrancabermeja (Santander) Julio César Ardila Torres y dos personas más fueron encontradas culpables por el asesinato del periodista José Emeterio Rivas, ocurrido el 6 de abril de 2003. Según el fallo, los condenados fueron los autores intelectuales del homicidio. El ex alcalde Ardila fue condenado a 28 años y 8 meses prisión y obligado a pagar una suma de 1.192 millones de pesos (unos 530 mil dólares).

Luego de más de un año de investigación, la Fiscalía General de la Nación dictó resolución de acusación contra cuatro personas sindicadas de participar en el asesinato del reportero gráfico Rafael Bruno Bruno, ocurrido el 19 de diciembre de 2007 en Cúcuta, Norte de Santander. Según el ente investigador, el motivo del crimen habría sido una extorsión que el reportero se negó a pagar a paramilitares de la zona.

En ese momento la FLIP se pronunció a través de una alerta. 

El pasado sábado 24 de mayo, fue hallado muerto en su apartamento el periodista Carlos Humberto Jiménez, colaborador del diario ‘El Tiempo’ en la ciudad de Cali, Valle de Cauca, al occidente del país. Aún no existe claridad sobre las motivaciones del asesinato.

El pasado 30 de abril de 2008, se entregó ante las autoridades Julio César Ardila Torres, ex alcalde de Barrancabermeja, Santander, a quien la Fiscalía sindicó como presunto autor intelectual del asesinato del periodista José Emeterio Rivas, en abril de 2003.

Alianza FLIPYS. Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP - Instituto Prensa y Sociedad, IPYS.

El pasado 29 de octubre, en una diligencia de reconocimiento de presos en fila, el periodista Omar Orlando García señaló al hombre que disparó en contra de José Duviel Vásquez, director de la emisora ‘La Voz de la Selva’, en Florencia, Caquetá. El crimen había sido perpetrado el 6 de julio de 2001.

El pasado 10 de octubre, Luis Fernando Soto Zapata, autor material del asesinato del subdirector del diario ‘La Patria’ de Manizales, Orlando Sierra Hernández, fue dejado en libertad luego de haber pagado solamente cinco años y ocho meses de cárcel.

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Anoche –12 de septiembre– fueron capturados en Barrancabermeja, Santander, Juan Pablo Ariza, candidato al concejo municipal y Abelardo Rueda Tobón, aspirante a la asamblea departamental, por estar sindicados de participar en el asesinato del periodista José Emeterio Rivas, el 6 de abril de 2003.

El paramilitar desmovilizado Pablo Emilio Quintero Dodino, alias ‘Bedoya’, confesó su participación como autor material en el asesinato del periodista José Emeterio Rivas Rivas. El crimen ocurrió la noche del 6 de abril de 2003, en Barrancabermeja, Santander, al oriente del país. Así lo manifestó en versión libre rendida ante un juez de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, hace unos días en Medellín, Antioquia.

El sargento viceprimero de la decimoctava Brigada del Ejército, Álbeiro Otálvaro, y la aseadora de esa institución, Fanny Estella Lozano, confesaron que planearon y ejecutaron el homicidio de Garrid Muñoz Tello, propietario de la emisora 'La Voz del Cinaruco' de Arauca. La fiscal 17 seccional de Villavicencio, Gladys Gutiérrez, ratificó la versión después de confrontar estos testimonios con otras pruebas sobre el caso.

El líder paramilitar desmovilizado Juan Francisco Prada Márquez, alias 'Juancho Prada', confesó su responsabilidad en el homicidio del periodista Martín La Rotta Duarte, ocurrido en 2004. La Rotta se desempeñaba como director de la emisora 'La Palma Estéreo', en el municipio de San Alberto, departamento del Cesar, al norte del país.

Años perdidos y muy pocos avances. Así podrían resumirse los resultados de las investigaciones judiciales por las violaciones a la libertad de prensa en Colombia, especialmente por los asesinatos de periodistas. Lejos de generar precedentes sobre la importancia de proteger el derecho fundamental a la información y la opinión en Colombia, las cifras muestran un panorama desalentador.

El expresidente de la Asamblea de Caldas y director del Partido Liberal de ese departamento, Ferney Tapasco González, fue llamado a rendir versión libre por el homicidio del periodista Orlando Sierra Hernández, subdirector del diario La Patria de Manizales, ocurrido el 29 de enero de 2002 en la capital del departamento de Caldas.

Tapasco fue llamado por la Fiscalía luego de que las versiones de tres testigos de la investigación lo señalaran como autor intelectual del asesinato. Estas declaraciones fueron presentadas en 2003, y sólo hasta ahora la Fiscalía decidió llamar a rendir versión libre al político caldense. En ese entonces, la Procuraduría pidió a la Fiscalía revisar con urgencia las versiones de los testigos debido a la gravedad de las imputaciones.

Siete años después del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrido en Bogotá el 13 de agosto de 1999, no hay un solo detenido por el crimen. El único condenado por los hechos fue el jefe paramilitar Carlos Castaño, desaparecido desde abril de 2004.

La Fiscalía General de la Nación acusó a dos miembros de las autodefensas como responsables del homicidio del periodista José Emeterio Rivas Rivas, ocurrido el seis de abril de 2003 en Barrancabermeja, Santander. En el mismo pronunciamiento, la Fiscalía acusó al exalcalde de esa ciudad, Julio César Ardila Torres, por favorece la acción de los grupos paramilitares en la zona.

El pasado fin de semana la Fiscalía, con el apoyo de la Sijín de Córdoba, capturó a tres de los presuntos autores materiales del asesinato del periodista Gustavo Rojas Gabalo. Según el comandante de la Policía de Córdoba, Coronel Jaime Orlando Velasco, dos de ellos son desmovilizadas de las autodefensas.

El 28 de abril de 2003 el periodista investigativo Guillermo Bravo Vega fue asesinado en su casa en Neiva. Bravo Vega se encontraba trabajando en su computador cuando un sicario entró hasta la sala de su casa y le propinó tres disparos que acabaron con su vida. 

El pasado 9 de octubre se inició la audiencia de juzgamiento por el crimen del periodista y humorista Jaime Garzón ocurrido el 13 de agosto de 1999. En sus alegatos de conclusión, el fiscal Eduardo Meza, solicitó condenar al jefe paramilitar Carlos Castaño como autor intelectual del crimen y a Juan Pablo Ortiz -'Bochas'- y Edilberto Sierra -'Toño'-, como autores materiales. El fiscal fundamentó su solicitud en varios documentos judiciales que, según él mismo, demostraban la participación de 'Bochas' en el asesinato. 

Pruebas técnicas y testimoniales en poder de la Fiscalía General de la Nación demuestran que el alcalde de Barrancabermeja, Julio Ardila, y tres de sus funcionarios estarían vinculados al asesinato del periodista José Emeterio Rivas, ocurrido el pasado 6 de abril. 

Jorge Eliécer Espinal Vásquez y Rodolfo Nelson Rosado Hernández, autores materiales del crimen contra el periodista Guzmán Quintero Torres, fueron condenados el 13 de mayo de 2003 por la Sala Penal del Tribunal de Valledupar a 39 años de prisión.

El juez séptimo del circuito especializado de Bogotá se declaró impedido para pronunciase sobre el proceso judicial que se adelanta por el asesinato del periodista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999 en Bogotá. Esta decisión implica que el caso pasaría de la justicia especializada, que se encarga de juzgar las violaciones a los derechos humanos y delitos con fines terroristas, a la justicia ordinaria.

El periodista Américo Viáfara, de 39 años, fue asesinado ayer, 16 de septiembre de 2002, en Cali, una ciudad al occidente de Colombia. El asesinato ocurrió a las 7:15 de la noche, cuando el periodista y dos hombres más se desplazaban por la Autopista Simón Bolívar en el barrio José Holguín Garcés, al suroriente de la ciudad. Los acompañantes eran Rubén Darío Córdoba Canaval, abogado y comerciante de 27 años, y el auxiliar de contabilidad Manuel Alberto Sevillano Ponce de la misma edad.

Tres años después del crimen del humorista y periodista, Jaime Garzón Forero

Jaime Garzón fue asesinado el 13 de agosto de 1999 cuando se dirigía a las instalaciones de la emisora Radionet en Bogotá. Dos sicarios acabaron con la vida de uno de los periodistas más queridos en Colombia.

El martes 16 de julio de 2002, alrededor de las 7:30 pm, fue asesinado el locutor Dennis Segundo Sánchez Lora en Carmen de Bolívar (departamento de Bolívar), un municipio ubicado a 1.115 Km al norte de Bogotá. Sánchez se encontraba afuera de su casa cuando un sicario se acercó y le disparó cuatro veces. Tres disparos impactaron en su rostro y uno en el brazo. El asesino se retiró caminando del sitio.

Elizabeth Obando, encargada de la distribución del periódico regional El Nuevo Día en el municipio de Roncesvalles (Tolima), murió el sábado 13 de julio de 2002 tras haber recibido varios disparos en un retén ilegal en Playarrica (Tolima). El jueves 11 de julio los delincuentes la obligaron a bajarse del bus en el que viajaba y minutos después le dispararon. La Personera de Roncesvalles, Angela Yesenia Bríñez, fue asesinada en ese mismo retén.

Libardo Prada Bayona fue condenado a 37 años y 8 meses de cárcel por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas por el asesinato de la periodista Amparo Jiménez Pallares.

El pasado 23 de enero, el Juzgado Penal del Circuito Especializado, había dejado en libertad a Prada Bayona. Posteriormente, la decisión fue apelada por un procurador judicial y el proceso pasó a segunda instancia. Allí, tres magistrados encontraron culpable a Prado Bayona. Éste sera enviado a una cárcel de máxima seguridad.