La impunidad sigue propiciando la violencia contra la prensa en Colombia

En el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advierte que la respuesta institucional aún es insuficiente para garantizar justicia a las víctimas y sus familias. Las demoras en los procesos, las deficiencias en la investigación, y la falta de esclarecimiento sobre quienes ordenaron los asesinatos siguen obstaculizando el acceso a la justicia para periodistas y sus familias.

En 2024, la FLIP analizó los 17 homicidios de periodistas ocurridos entre 2014 y ese año. Para ese momento, ninguno de los casos estaba en total esclarecimiento: el 94.1% estaban en etapa de investigación y solo el 35.2% presentaba avances parciales, pues solo tenían alguna condena hacia los autores materiales.

Además, se afirmó que el estado de los avances en la investigación “revela que la impunidad se ha convertido en la norma”. Dos años después, el panorama no ha cambiado. Aunque se han registrado avances judiciales, las capturas y condenas contra algunos participantes de la cadena delictiva no garantizan una justicia completa. Persisten preguntas sobre quiénes planearon, financiaron u ordenaron los asesinatos y qué información buscaban silenciar. Resolverlas exige investigar las publicaciones, amenazas y presiones que precedieron a los ataques, y seguir las líneas que permitan establecer todas las responsabilidades.

Actualmente, la FLIP acompaña y representa 12 casos de homicidios de periodistas que han estado marcados por diversos obstáculos en la justicia: aplazamientos reiterados de audiencias, periodos prolongados de inactividad, fallas en la recolección de pruebas y falta de investigaciones dirigidas a identificar a los máximos responsables.

Este contexto de impunidad y dilaciones resulta aún más preocupante ante la violencia que, este año, continuó golpeando de manera diferencial al periodismo y a las iniciativas comunicativas en las regiones. En tan solo los últimos seis meses, la Fundación denunció los asesinatos de Mateo Pérez Rueda, en mayo; de Cristian Herrera, en junio; de Jader Durango, en julio; y de Julián Hincapié, en octubre. El caso de Jader aún se encuentra en documentación para confirmar si su homicidio tuvo relación con su trabajo periodístico. Actualmente, la FLIP representa a los familiares de Cristian y Mateo, casos frente a los cuales la Fiscalía todavía puede evitar que se repitan las fallas que han dejado otros asesinatos aún sin esclarecer.

La pérdida irreparable de estas voces críticas refleja la vulnerabilidad de quienes investigan y denuncian asuntos de interés público en lugares como Antioquia, Norte de Santander y Córdoba, donde confluyen intereses políticos, económicos y criminales. Además, cuando se agrede, intimida, amenaza o asesina a un periodista las comunidades pierden información y se debilitan las posibilidades de denunciar abusos, y vigilar y exigir responsabilidades a quienes ejercen el poder.

La persistencia de estos hechos obliga a cuestionar la capacidad del Estado para investigar y prevenir la violencia contra la prensa. Los altos índices de violencia y de impunidad demuestran que reaccionar luego de un asesinato no es suficiente. Es indispensable identificar oportunamente las amenazas y a quienes las emiten, ajustar esquemas de protección, trabajar de manera articulada y garantizar medidas que respondan de manera oportuna y proporcional a los riesgos del ejercicio periodístico.

Por eso, la Fundación hace un llamado a la Fiscalía a investigar los crímenes contra periodistas con enfoque de censura: examinar sus publicaciones, las amenazas y presiones que enfrentaban y los intereses afectados por sus denuncias, para esclarecer el móvil e identificar a quienes ordenaron, financiaron o facilitaron los ataques.

A los jueces, se les solicita incorporar en sus decisiones el contexto del ejercicio periodístico y valorar las pruebas sobre la relación entre los crímenes y la labor informativa. Asimismo, deben garantizar la participación efectiva de las víctimas y corregir las causas de aplazamiento bajo su responsabilidad, con respeto por el debido proceso.

Es necesario que la Unidad Nacional de Protección (UNP) revise qué tan eficaces son las medidas en los casos de periodistas asesinados que contaban con protección, para identificar las fallas y adoptar correctivos. Las evaluaciones de riesgo también deben considerar las publicaciones, las amenazas y las condiciones del territorio, y las medidas deben ajustarse oportunamente cuando el riesgo cambie. La protección de familiares y sobrevivientes debe responder a los riesgos que persisten después del crimen y a su participación en la búsqueda de justicia.

“Ser periodista investigador no es fácil. Se debe tener pasión, decisión y no sentir miedo”, escribió Cristian Herrera en 2024. Este 2 de noviembre recordamos su voz y la de quienes fueron asesinados por informar. Honrar su memoria exige justicia y un país donde seguir contando la verdad no dependa del valor para enfrentar la muerte, sino de garantías para vivir.