La justicia sigue en deuda con el caso de Mardonio Mejía

Ayer, 24 de enero de 2026, se cumplieron dos años del asesinato del periodista Mardonio Mejía, director de la emisora comunitaria Sonora Estéreo de San Pedro, Sucre. Durante este tiempo, el proceso judicial no sólo ha carecido de una decisión de fondo y de avances sustanciales en la investigación, sino que ha estado atravesado por retrocesos y actuaciones que han debilitado la posibilidad de una sanción efectiva de los responsables, manteniendo el caso en un escenario de impunidad. “Hoy, después de dos años seguimos como al principio”, dice Angélica Mejía, hija de Mardonio, en representación de una familia que continúa esperando verdad y justicia.

Mardonio era el único comunicador que mantenía un medio propio en San Pedro, y su labor en el programa Amanecer Campesino era fundamental para informar sobre sucesos judiciales, hechos de interés comunitario y dinámicas sociales en una región con escasa cobertura mediática. Mejía fue asesinado por dos sicarios al frente de su casa, donde también funcionaba la emisora local.

A pesar de la importancia de su labor y de la gravedad del crimen, la respuesta institucional frente a su asesinato ha resultado insuficiente. El proceso penal ha estado marcado por errores procesales y dilaciones injustificadas. Primero, en mayo de 2024 la Fiscalía 19 Seccional de Bogotá decidió retirar el agravante del delito de homicidio cometido contra un periodista, lo que tuvo como efecto la suspensión del proceso durante varios meses y debilitó sustancialmente la posibilidad de una sanción oportuna. En este contexto, en febrero del año pasado, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con funciones de control de garantías de Corozal, Sucre, concedió la libertad a Ledinwit Yesith Díaz Mercado, señalado como uno de los responsables del asesinato del periodista. Estas actuaciones pusieron en evidencia la falta de diligencia y de coordinación del sistema judicial.

Desde que Díaz Mercado recuperó su libertad, el procedimiento se ha visto aún más debilitado. El acusado dejó de comparecer de manera regular a las audiencias del juicio oral y también hubo dilaciones en la citación a la audiencia de alegatos finales. Solo hasta el 19 de junio del año pasado se logró avanzar, cuando la Fiscalía y la representación de las víctimas presentaron sus conclusiones finales. Aun así, el juez decidió aplazar la definición del caso y citó a la defensa para el día siguiente. Igualmente, pese a que la ley establece que el sentido del fallo debe emitirse de manera inmediata tras el cierre del juicio, el juez anunció que no lo haría y pidió expresamente que el caso no generara “un problema mediático”. Hoy, siete meses después, el país sigue sin conocer el sentido del fallo, a pesar de las solicitudes de la FLIP y de la Procuraduría General de la Nación.

Esta demora injustificada demarca la complaciencia del Estado ante la impunidad y envía un claro mensaje sobre la falta de garantías de justicia en el asesinato de un periodista. La espera ha impactado de manera directa a la familia de Mardonio Mejía, pues el silencio institucional se ha convertido en una carga adicional para quienes buscan el esclarecimiento de los hechos y una decisión judicial efectiva. “Estos dos años han sido difíciles, ha habido mucho silencio por parte de las autoridades competentes —dice Angélica—. Después de todo este tiempo seguimos sin saber por qué pasó lo de mi papá”.

A dos años del asesinato de Mardonio y frente a un proceso lleno de retrocesos y sin una definición judicial, reiteramos nuestro llamado a la Fiscalía General de la Nación para que continúe investigando el caso y no solo identifique y sancione a los autores materiales, sino a quienes ordenaron o facilitaron el homicidio. Esto para lograr el esclarecimiento integral de los hechos y la construcción de la verdad judicial.

Igualmente, hacemos un llamado urgente al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Corozal para que, sin más dilaciones, anuncie el sentido del fallo y convoque a la audiencia de lectura de la sentencia, en estricto cumplimiento de los plazos y garantías previstas en la ley. Asimismo, solicitamos a la Procuraduría General de la Nación que, en el ejercicio de su función como agente especial, insista ante dicho juzgado en la realización de esta etapa procesal, con el fin de evitar nuevas demoras que continúen profundizando la incertidumbre y la falta de respuestas judiciales en el asesinato del periodista.

La muerte de Mardonio no solo representó la pérdida de una vida, sino el silenciamiento de una voz esencial para la comunidad. “A veces no me pregunto quién dio la orden sino cuáles fueron los motivos que llevaron a tomar esa decisión —dice Angélica—. Dejaron no solo a una familia con muchas preguntas, sino también a un pueblo que lamenta la pérdida de alguien que aportó a la comunidad”. Con su asesinato, San Pedro perdió el único programa en el municipio que contaba sobre hechos de interés para sus habitantes. Aunque la emisora continúa al aire, el espacio noticioso que Mardonio dirigía no ha sido recuperado, dejando un vacío en el derecho de la población a estar informada.