La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lamenta y condena el asesinato de Mateo Pérez Rueda, director del medio digital El Confidente de Yarumal, Antioquia. Tras varios días de incertidumbre sobre su paradero, una comisión humanitaria logró recuperar su cuerpo en una zona rural del municipio de Briceño, lo que confirmó los indicios de que había sido asesinado. De acuerdo con la información recopilada, el periodista desapareció el pasado martes 5 de mayo, mientras realizaba labores periodísticas en una zona de disputa entre el Clan del Golfo y el Frente 36 de las disidencias de las Farc.

Mateo era un joven periodista de aproximadamente 25 años quien, a través de su página de Facebook e Instagram, se convirtió en una voz fundamental para la comunidad local. Informó y cubrió temas relacionados con corrupción administrativa, orden público, seguridad y política local en los municipios antioqueños de Yarumal, Briceño, Valdivia e Ituango, zonas afectadas por la violencia y el control armado de grupos ilegales. Sus publicaciones visibilizaron problemáticas que afectan directamente a las comunidades y generaron una amplia interacción ciudadana. Por ello, Mateo enfrentó presiones legales, como tutelas y citaciones a conciliación por sus investigaciones sobre economías ilícitas vinculadas a actores armados.

El asesinato de Mateo evidencia, una vez más, que el periodismo regional en Colombia sigue realizándose en condiciones extremas de desprotección: sin esquemas de seguridad, con recursos limitados y bajo la presión de grupos armados ilegales y economías ilícitas que buscan controlar y silenciar la información local. Desde 2022, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha registrado 387 agresiones contra la prensa por parte de grupos armados, siendo las amenazas y el desplazamiento los métodos principales para imponer censura.

La FLIP hace un llamado urgente y directo al Gobierno nacional para que deje de ser indiferente frente a las agresiones contra la prensa y adopte medidas reales de protección para quienes están en riesgo y en situación de vulnerabilidad. La estigmatización recurrente contra medios y periodistas, sumada a la ausencia de una defensa firme y sostenida de la labor periodística desde el poder público, ha contribuido a deteriorar las garantías para ejercer el periodismo en regiones donde informar implica disputar espacio frente a actores armados y poderes ilegales. En los últimos años, esta violencia se ha concentrado en los periodistas locales: durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, han sido asesinados ocho periodistas en distintas regiones del país, todos relacionados con su labor informativa, y quienes, además de informar, eran líderes y voces críticas.

Pese a los llamados reiterados de la FLIP al Gobierno nacional y al Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, para adoptar medidas de prevención y protección para la prensa en medio de las negociaciones que lleva a cabo con grupos ilegales, la respuesta institucional ha sido insuficiente. La Fundación ha insistido en que la seguridad de periodistas y medios locales debe ser un tema explícito en esos escenarios, pues la prensa continúa siendo instrumentalizada y quedando en medio de las disputas armadas. Sin embargo, estas demandas no han sido atendidas a pesar de que aún prevalecen las agresiones y la violencia contra la prensa regional.

A esto se suma la falta de avances concretos en la política pública de garantías para la labor periodística en Colombia, una iniciativa que se construyó junto con periodistas y organizaciones, pero que sigue sin ser implementada. La ausencia de esta medida refleja la falta de prioridad que ha tenido la protección de la prensa para el Gobierno, incluso en un contexto en el que persisten ataques, discursos estigmatizantes y obstáculos para acceder a la información.

Este hecho no puede quedar en la impunidad: se debe esclarecer lo ocurrido y rechazar la violencia letal contra la prensa. En este sentido, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que, en aplicación de la reciente Resolución 0119 de 2026, active de manera inmediata los protocolos de investigación con enfoque diferencial por condición periodística. Así mismo, que sus pesquisas vayan más allá del homicidio e incorporen análisis de contexto, la agenda periodística de Mateo y los intereses que pudieron verse afectados por la labor informativa que él iba a realizar. De igual forma, le exige que se adopten medidas de protección a familiares, colegas y demás testigos, atendiendo al riesgo derivado de este crimen.

Con Mateo Pérez, la FLIP registra 170 periodistas asesinados por razones vinculadas a su oficio desde 1977. Con 22 casos, Antioquia es uno de los departamentos que más ha aportado periodistas a esta larga y dolorosa sala de redacción de ausentes. Ejercer el periodismo en Colombia, en zonas como el Norte de Antioquia, es una labor de alto riesgo. A los periodistas los matan cuando salen del periódico, cuando entran a la emisora, cuando hacen reportería en una zona vedada o cuando preguntan por algo que los poderes de facto quieren mantener en silencio. Les asesinan por hacer su trabajo. El Estado no puede devolver las vidas arrebatadas por la violencia, pero sí puede brindar garantías y protección a quienes ejercen el periodismo y sostienen el derecho de las comunidades a estar informadas.

La FLIP expresa su apoyo y solidaridad con las y los familiares, amigos y colegas de Mateo Pérez Rueda.