CASOS RELEVANTES POR DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE PERIODISTAS
Con respecto al crimen de José Orlando Sierra Hernández, subdirector del diario La Patria de Manizales, perpetrado el 30 de enero de 2002, cuando transitaba con su hija por la calle 20 con carrera 20 de esa ciudad, y fue sorprendido por un hombre que le disparó en dos ocasiones con un arma calibre 32, causándole lesiones que a la postre produjeron su fallecimiento dos días después.
Las siguientes son las actuaciones desarrolladas por la Fiscalía: resolución de acusación en contra de Francisco Ferney Tapasco González, como posible determinador del delito de homicidio agravado. Igualmente se acusa a Fabio López Escobar y Jorge Hernando López Escobar, como posibles coautores de homicidio agravado. De la misma forma, fue acusado Henry Calle Obando, como supuesto coautor del delito de homicidio agravado, en concurso con concierto para delinquir. En cuanto a Dixon Ferney Tapasco Triviño y Óscar Alonso López Escobar se les precluyó la investigación y se ordenó su libertad.
Al caso fueron vinculados: Luis Miguel Tabares Hernandez, alias Tilín (condenado), Luis Arley Ortiz Orozco, alias Pereque (condenado), Luis Fernando Soto Zapata (condenado, ya fallecido), Francisco Ferney Tapasco Gonzalez (acusado), Dixon Ferney Tapasco Triviño (preclusión de la investigación), Henry Calle Obando (acusado), Óscar Alonso López Escobar (preclusión), Gabriel Jaime López Escobar, Jorge Hernando López Escobar (acusado y con orden de captura), y Fabio López Escobar (acusado y con orden de captura).
GARZÓN
El periodista Jaime Hernando Garzón Forero fue ultimado en Bogotá el 13 de agosto, cuando salió de su residencia con destino al medio radial donde laboraba, y fue interceptado por dos individuos armados que se movilizaban en una motocicleta y le propinaron varios disparos que ocasionaron su muerte.
Entre las decisiones de la Fiscalía está la resolución de acusación en contra de José Miguel Narváez Martínez, en calidad de determinador del delito de homicidio agravado. Se ordenó compulsar copias para continuar la investigación en etapa preliminar.
Por el crimen de Garzón Forero fue condenado el extinto jefe paramilitar Carlos Castaño Gil.
RESTREPO
El 9 de septiembre de 2000 hombres armados, vestidos de civil, llegaron en dos carros a la represa Cucuana, jurisdicción del municipio de San Luis (Tolima), y procedieron a reunir a los trabajadores, aduciendo que eran de la guerrilla, tras lo cual preguntaron por Carlos José Restrepo Rocha, quien al identificarse fue informado por los visistantes que eran de un grupo de Carlos Castaño Gil.
Posteriormente, se llevaron al comunicador a la vereda El Caiomital,donde fue ultimado con arma de fuego.
Con respecto a este caso ya se acusó a Efrain Ricardo Acosta Zárate, como determinador de homicidio agravado. Tal decisión fue confirmada por un fiscal delegado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Por tales hechos, el procesado Ricaurte Soria Ortiz se acogió a sentencia anticipada.
AMENAZAS
En la Unidad también se investiga el hostigamiento sufrido por la periodista Claudia Julieta Duque Orrego y su hija, mediante amenazas proferidas desde 2004, por posibles integrantes del DAS.
Aquí el fiscal a cargo del caso vinculó, mediante indagatoria, a siete personas por el delito de tortura psicológica. También se ordenó la compulsa de copias de las piezas procesales a la Unidad de Fiscalia Delegada ante la Corte Suprema de Justicia con el objeto de que se investigue la presunta participación de Jorge Aurelio Noguera Cotes, ex director del DAS, por el delito de tortura psicológica en la mencionada periodista.
TORTURA Y SECUESTRO
El 25 de marzo de 2000 la periodista Yineth Bedoya Lima fue abordada, inicialmente, por una mujer que le preguntó si ella era la periodista que iba a una cita. Inmediatamente, un hombre la sujetó por el brazo y la condujo a una bodega cercana a la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, donde la esperaba otro hombre. Estas personas la trataron con palabras soeces, la ultrajaron y la hicieron subir a una vehículo de vidrios oscuros que la transportó hasta Villavicencio.
En ese desplazamiento el vehículo se detuvo en un sitio donde se encontraban varias personas y allí es abusada sexualmente por uno de sus captores. Hacia las siete de la noche del mismo día fue abandonada en proximidades de una central de Policía en las afueras de Villavicencio.
En este caso está vinculado mediante indagatoria Jesús Emiro Pereira Rivera, alias Huevo de Pisca, Alejandro Cárdenas Orozco, alias JJ, Mario Jaimes Mejía, alias Panadero, quienes fueron sindicados como presuntos responsables de los delitos de secuestro simple cometido con circunstancia de agravación punitiva, en conexidad teleológica con las de tortura en persona protegida y acceso carnal violento en persona protegida.
Los dos primeros sindicados son ex integrantes del Bloque Sur de las autodefensas y el tercero perteneció al Bloque Central Bolívar".
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jueves, 03 mayo 2007
Continúa la impunidad en crímenes contra periodistas
Años perdidos y muy pocos avances. Así podrían resumirse los resultados de las investigaciones judiciales por las violaciones a la libertad de prensa en Colombia, especialmente por los asesinatos de periodistas. Lejos de generar precedentes sobre la importancia de proteger el derecho fundamental a la información y la opinión en Colombia, las cifras muestran un panorama desalentador.
sábado, 25 marzo 2017
La UNP ha ignorado el caso del periodista de Tras la Cola de la Rata por 9 meses
La FLIP rechaza las amenazas de las que ha sido víctima Daniel Silva, periodista de Tras la Cola de la Rata en Pereira - Risaralda. Las intimidaciones son producto de las denuncias que el columnista ha hecho a través del medio.
En la noche del jueves 23 de marzo un desconocido llegó a la casa del reportero, le apuntó con un revolver en la cabeza y le dijo: "vea malparido, no queremos más investigaciones. Queda advertido".
La FLIP expresa su preocupación por las constantes intimidaciones de las que ha sido víctima Silva. Entre 2016 y 2017 la FLIP ha documentado tres amenazas contra el periodista por sus investigaciones y artículos sobre hechos de corrupción en Pereira.
En una de ellas, el columnista denunció a Fernando Pineda por destinación indebida de dineros públicos cuando el funcionario se desempeñaba como presidente del Concejo de Pereira. A partir de esta denuncia, el Consejo de Estado investigó la conducta del concejal y el pasado 16 de febrero ordenó su destitución.
En junio de 2016 la FLIP solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que le realizara un estudio de nivel de riesgo, este organismo completa 9 meses sin brindar una respuesta. Una demora que sólo acentúa la responsabilidad del Gobierno en la obligación de brindar protección tras la intimidación con arma de fuego.
La declaración de principios sobre libertad de expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que la "intimidación, amenaza a los comunicadores sociales... viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada"
Por lo anterior, la FLIP exige a la UNP asignar medidas de protección de emergencia y solicita a la Fiscalía que investigue los hechos con el fin de sancionar a los responsables.
jueves, 04 mayo 2017
Libertad de Prensa en Colombia, un derecho que sigue en riesgo
En un periodo de polarización como el que atraviesa Colombia, era de esperarse que los ataques a la prensa se incrementarían. Pero los registros de la Coordinación de Defensa y Atención a Periodistas de la FLIP no dejan de preocupar. En un tercio del año ya se han registrado 87 ataques en los que han resultado afectados 108 reporteros (en 2016 se documentaron 216 casos con 262 periodistas víctimas).
Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, la FLIP hace un llamado a las autoridades colombianas, las audiencias, los periodistas, los medios de comunicación y a la comunidad internacional, para que se refuercen las garantías al periodismo en el país.
Parte de las variables que sólo han sido advertidas recientemente es la oferta deficitaria de medios de comunicación y de circulación de información local. El país rural recibe contenidos urbanos pero no siempre ve reflejadas sus realidades en los medios de comunicación.
Teniendo en cuenta algunas restricciones para el cubrimiento en las zonas veredales, la incertidumbre en términos de orden público en muchas regiones del país y la necesidad de hacer seguimiento a la transparencia institucional en un año decisivo para la próxima campaña electoral, resulta desalentador que haya funcionarios públicos empeñados en obstaculizar, estigmatizar o bloquear a la prensa. En lo corrido 2017, 23 servidores del Estado, que deberían ser los principales garantes de la libertad de prensa, han estado involucrados en actos de censura.
El Jefe de Estado, Juan Manuel Santos, ha sido señalado recientemente de sugerir contenidos periodísticos a través de terceros, con el fin de que los medios le den un giro a su línea editorial.La FLIP espera pronta respuesta de la Casa de Nariño al derecho de petición radicado el pasado 28 de abril para aclarar este episodio. Sin embargo, ya es muy diciente la evasiva del Presidente y su despacho a referirse sobre este tema. El respeto a la libertad de prensa debe ser un principio de cualquier funcionario público para ejercer su labor con transparencia y compromiso con los ciudadanos.
La indiferencia hacia la libertad de prensa se evidencia en otros problemas. Basta con resaltar que la justicia colombiana sigue sin mostrar avances significativos en los casos en los que los periodistas han sido víctimas.
Al interior del sistema judicial se presentan la negligencia, las dilaciones injustificadas y la dificultad para identificar dentro de la investigación a los autores intelectuales de los crímenes. Estas irregularidades han dado lugar a una administración ineficaz de justicia, lo que deriva en un alto riesgo de impunidad.
El equipo de la Fundación para la Libertad de Prensa sigue trabajando para contrarrestar los múltiples frentes por los que se presenta la censura. A las 37 amenazas, 13 estigmatizaciones, 11 obstrucciones al trabajo y 9 agresiones directas que han sufrido distintos periodistas en lo corrido de 2017, entre otros ataques, se suman más formas de presión que atentan contra los derechos protegidos en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia y ponen cuestión el derecho de los colombianos a estar informados.
Este año, la FLIP hará público el registro de otro tipo de violaciones a la libertad de prensa. Entre estas se encuentran los casos de acoso judicial, las obstrucciones al acceso a la información pública, las solicitudes de remoción o bloqueo de contenidos en Internet y los ciberataques a las páginas web de los medios de comunicación, entre otras. Confiamos en que estos datos ayudarán a enriquecer el análisis sobre las condiciones para el periodismo en Colombia.
La FLIP espera que esta fecha incentive a los ciudadanos a reflexionar sobre la necesidad de un periodismo libre en el país. El mejor reflejo de un sistema democrático eficiente es la defensa colectiva sobre la importancia de la libertad de prensa como valor fundamental para el buen funcionamiento de nuestra sociedad.
En el documento adjunto se encuentran los casos destacados de los primeros cuatro meses de 2017 en los que se resaltan las agresiones de funcionarios públicos a distintos periodistas y medios del país.