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La Voz de la Selva, una emisora silenciada por la violencia

La Voz de la Selva, una emisora silenciada por la violencia

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jueves, 22 diciembre 2022

La Voz de la Selva, una emisora silenciada por la violencia

El 24 de enero de 1974, en Florencia, Caquetá el cacique liberal Hernando Turbay Turbay y Nelson Hermosa fundaron la emisora La Voz de la Selva; medio desde el cual se respaldó al partido turbayista y se denunció abusos y casos de corrupción en el departamento. Su corte político y el temple de los periodistas la posicionó como una de las emisoras más escuchadas en la región. No obstante, el asesinato de seis de sus periodistas la condenó a apagar sus micrófonos

Durante la década de los sesenta y setenta, Hernando Turbay Turbay fue uno de los políticos más influyentes en el contexto nacional. Con la expansión de su caudal político, creó la Asociación Jorge Eliécer Gaitán, que gestionó y financió proyectos para el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios públicos en Caquetá. Y bajo la idea de tener un espacio propio para difundir las acciones del turbayismo, en 1974 la Asociación financió la creación de la emisora La Voz de la Selva.

Con el rugido de un león, a las 4:00 de la mañana la emisora iniciaba operaciones. “Tenía sus estudios en el centro de Florencia y utilizó para la época los más modernos sistemas de radiodifusión, como fueron las antenas que se instalaron en medio de un lago y la adquisición de unos transmisores para tener la potencia y cobertura necesaria para llegar a todo el departamento del Caquetá”, menciona William Wilches, director del Museo Caquetá. “Para que la emisora estuviera a la altura, la Asociación no se limitó en recursos”, agrega.

La Voz de la Selva desde sus inicios estuvo marcada por la política, razón por la cual se promovieron programas como La Conga que, bajo la dirección de José Libardo Méndez y Carlos Julio Rodríguez, fueron el espacio de defensa de todo el ideario liberal. “Realizaban entrevistas a los dirigentes para que contaran sobre las gestiones que estaban adelantando. Pero también fue el espacio contestatario, donde a veces utilizaban unas palabras ofensivas y comentarios muy fuertes contra otros dirigentes. Entonces, además de defenderlo, le ganaban enemigos políticos a don Hernando”, explica Wilches.

En la década de los ochenta, inició un capítulo de violencia política en Caquetá, “las guerrillas de las FARC, empezaron a atacar por el lado débil, por el lado que más le doliera al turbayismo, entonces como los periodistas eran los que difundían las noticias de la región, empiezan a asesinarlos”, comenta Wilches. Desde ese momento, la emisora empezó a decaer, consecuencia de los ataques de las FARC contra la infraestructura del medio, el asesinato de varios de sus periodistas, la muerte de Hernando Turbay y el homicidio de varios integrantes de la familia. Estos hechos llevaron a una reducción en los apoyos económicos. 

“Las Farc logró su cometido de silenciar la emisora, fue una pérdida sensible porque a la ciudadanía le gustaban los programas que se hacían y les quitó la posibilidad de estar informados”, indica Wilches. Finalmente, después de la ola de violencia en Caquetá y el asesinato de seis de sus periodistas, la emisora fue vendida a Fernando Almario, parlamentario del Partido Conservador, que luego se la revendió a una comunidad evangélica.

A continuación encontrará una recopilación de la vida y obra de los periodistas que trabajaron en La voz de la Selva y fueron asesinados por la labor periodística que desempeñaron.

 

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viernes, 11 septiembre 2015

FLIP rechaza el asesinato de la periodista Flor Alba Núñez Vargas en Pitalito - Huila

Hoy, 10 de Septiembre de 2015 hacia las 11:30 de la mañana al sur de la ciudad de Pitalito departamento del Huila, fue asesinada la periodista Flor Alba Núñez Vargas coordinadora de noticias de la emisora La preferida Stereo de ese municipio.

Flor Alba trabajaba además en los espacios informativos locales de Canal 6, TV5 y del Canal Nación TV.  Anteriormente había trabajado para la emisora HJDOBLEK.

De acuerdo con la información recolectada por la FLIP, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta la abordaron para dispararle cuando se disponía a ingresar a la emisora donde transmitiría el informativo del medio día.

Hasta el momento se manejan tres posibles hipótesis sobre los móviles del asesinato. La primera es que Flor Alba publicó recientemente - en su cuenta personal de Facebook - fotografías de una banda delincuencial que realizó un atraco en inmediaciones de la Alcaldía de Pitalito.

La segunda hipótesis plantea una relación entre el asesinato y el cubrimiento sobre el proceso electoral.

Por último, fuentes consultadas por la FLIP indican que la periodista habría recibido amenazas e intimidaciones con posterioridad a la publicación de una entrevista hecha a las personas que se vieron implicadas en el asesinato de un perro de raza bull terrier el pasado mes de Agosto.

La FLIP quiere recordar que el asesinato es la forma de censura más extrema. No solo atenta contra la expresión del periodista asesinado, sino que impide que la comunidad conozca la verdad sobre lo que se quería informar. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que "los actos de violencia que se cometen contra periodistas violan el derecho de estas personas a expresar e impartir ideas, opiniones e información y además, atentan contra los derechos de los ciudadanos y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”.

Flor Alba había estudiado Licenciatura en Lengua Castellana y se preparaba para especializarse en Comunicación.

Una misión de la FLIP se dirigirá hasta Pitalito con el fin de averiguar en terreno más detalles sobre lo sucedido.

La FLIP envía un mensaje solidario a familiares y colegas y hace un llamado a la Fiscalía General para que actúe con diligencia. Las primeras horas son esenciales para la recolección de la información y de las pruebas que podrán ayudar a dar con los responsables tanto materiales como intelectuales. Dejar pasar el tiempo sin actuar, a pocas horas de ocurrido el asesinato, en otros casos ha resultado un obstáculo para la investigación penal. 

 
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viernes, 20 marzo 2015

Quinto aniversario de la muerte de Clodomiro Castilla

Hoy, 19 de marzo de 2015, se cumplen cinco años del asesinato de Clodomiro Castilla en Montería, Córdoba. Castilla solía hacer denuncias sobre corrupción política y paramilitarismo en el departamento.

En su momento, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo en un comunicado, emitido el 22 de marzo del 2010, que reconocía “el rápido repudio de este crimen por las más altas autoridades colombianas pero expresa su profunda preocupación por la situación de desprotección en la que se encontraba el periodista, pese a haber solicitado oportunamente la actuación del Programa de Protección a Periodistas del Estado colombiano”.

Castilla había sido beneficiario de medidas del programa de protección del Ministerio del Interior y de Justicia desde agosto de 2006. No obstante, estas habían sido retiradas en febrero de 2009. Ante nuevas amenazas, el periodista solicitó en noviembre del mismo año que tales medidas fueran reasignadas. Esta petición fue negada pues el estudio de riesgo de Castilla había resultado “ordinario”.

Cinco años después de ocurridos estos hechos son pocos los avances en la justicia. Según información de la Fiscalía General de la Nación entregada a la FLIP a finales de 2014, la investigación por el asesinato de Castilla permanece en etapa de indagación.

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía para que de impulso a la investigación por el asesinato de Castilla y de esta forma evite que permanezca en la impunidad. Al respecto, el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión indica que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

 
 
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sábado, 17 septiembre 2016

Condenan al Estado por ser responsable del asesinato de Jaime Garzón

La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP – considera positiva la condena proferida por el Consejo de Estado en contra de la Nación por el crimen de Jaime Garzón. Además hace un llamado a las autoridades judiciales para que incorpore las consideraciones de este fallo dentro de los procesos que se siguen en contra los exfuncionarios presuntamente responsables del crimen.

El miércoles 14 septiembre el Consejo de Estado responsabilizó al Ministerio de Defensa, al Ejército, a la Policía y al antiguo DAS como autores determinantes en el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón. Además, el alto tribunal reconoció el homicidio como un crimen de lesa humanidad.

Según el fallo proferido por la entidad judicial, el coronel del Ejército en retiro, Jorge Eliécer Plazas Acevedo, y el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, son responsables de los seguimientos ilegales en contra de Garzón. Se les atribuye, también, la responsabilidad de compartir con Carlos Castaño la información recogida durante esos operativos ilícitos.

Por estos hechos, el alto tribunal determinó que el Estado era responsable por la permisividad frente a los vínculos existentes entre fuerzas estatales y los grupos armados al margen de la ley. Consideró, además, que el asesinato se cometió con fines terroristas y que fue una vulneración grave a los derechos humanos, especialmente por la indefensión en la que se encontraba el periodista para el momento del crimen.

En cuanto a la reparación, el Consejo ordenó que el Estado debe pagar casi 700 millones de pesos, equivalentes a 200 SMLMV, a la familia del periodista. El comandante general del Ejército y el director general de la Policía deberán presentar excusas públicas a los familiares de la víctima y citar con anticipación a los medios de comunicación para el cubrimiento del suceso. Este acto solemne debe realizarse dentro de los siguientes dos meses a la ejecución del fallo.   

Adicionalmente, el Ministerio de Defensa Nacional deberá crear un link, que tendrá que estar disponible en la web durante al menos seis meses, para que los ciudadanos puedan consultar la decisión del Consejo de Estado. Se enviará, también, una copia de la sentencia al Centro Nacional de Memoria Histórica para contribuir con este caso a la construcción de la memoria sobre los crímenes ocurridos contra la prensa en medio del conflicto armado interno.

La FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que asuma su tarea de individualizar y castigar a todos los funcionarios que pudieron haber participado del crimen desde el interior de las instituciones públicas mencionadas en el fallo.

Hasta la fecha ningún funcionario o exfuncionario ha sido condenado por el asesinato de Garzón. La única sentencia existente que vincula a algún autor determinante se profirió en 2004 en contra de Carlos Castaño, sin embargo, para esa fecha el jefe paramilitar ya había desaparecido. 

 
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