El periodista Fabián Forero y el camarógrafo Francisco Ruiz de Red+ Noticias fueron víctimas, el pasado 2 de febrero, de amenazas de muerte, agresiones físicas y eliminación de material periodístico por parte de personas que hacían parte de una manifestación frente a las instalaciones de la Secretaría de Ambiente en Bogotá. Los comunicadores se vieron obligados a abandonar el cubrimiento y las lesiones que sufrieron les ocasionaron incapacidad de tres y cuatro días.

Cada vez son más los periodistas que ejercen un liderazgo social en sus comunidades y se enfrentan a múltiples violencias: actores armados, desprecio de la política local e intereses económicos. Este periodismo de urgencia es uno de los cambios más relevantes del ecosistema mediático y su protección uno de los desafíos más urgentes del Estado. ¿Quiénes encarnan esas voces y por qué es tan importante su papel?

Ayer, 19 de enero, en Saravena, Arauca, un carro bomba explotó frente al edificio Héctor Alirio Martínez, casa sede de las organizaciones sociales del Centro Oriente en Saravena, y donde opera el medio digital e impreso Trochando Sin Fronteras. Con esta explosión también se afectaron las instalaciones de Sarare Stereo, una emisora comunitaria con alta difusión en el municipio, que está ubicada a una calle del lugar de la explosión. Este atentado afecta el funcionamiento de estos dos medios. Es urgente que las autoridades locales y nacionales actúen conjuntamente con el fin de proteger el trabajo de las y los periodistas del departamento.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas de las que fueron víctimas los periodistas de Córdoba Rafael Gómez, Édgar Astudillo, Organis Cuadrado y Rafael Moreno. La FLIP hace un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales para que protejan a los periodistas e inicien las investigaciones necesarias para dar con los responsables.

La FLIP rechaza la agresión y las amenazas de las que fue víctima el periodista Carlos Franco, director del medio digital CF News Baranoa Noticias. Estas se dieron luego de que el comunicador publicara una nota sobre una fiesta que violaba la ley seca y la prohibición de la alcaldía de no realizar eventos o reuniones privadas que impliquen aglomeraciones o asistencia de más de ocho personas. Dichas medidas fueron establecidas para prevenir el contagio por covid-19 en el municipio de Baranoa, Atlántico.

La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad del periodista de Caucasia Éder Narváez, director del medio digital NP Noticias Online y corresponsal de Teleantioquia Noticias para la región del Bajo Cauca antioqueño. En el último mes, el periodista ha reportado a la FLIP tres situaciones que ponen en riesgo su seguridad. Estas estarían relacionadas con las denuncias que viene haciendo en NP Noticias Online y para Teleantioquia sobre la situación de orden público en la región y las nuevas modalidades de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados, particularmente por parte de Los Caparros. 

En abril del año pasado, el periodista ya había sido víctima de varias amenazas que lo llevaron a desplazarse forzadamente del municipio de Caucasia. El reportero pudo regresar al municipio cinco meses después con la intención de continuar con su trabajo periodístico. Sin embargo, el riesgo persiste. En el último año la FLIP ha registrado seis amenazas en contra de Narváez, todas relacionadas con el cubrimiento del accionar de grupos armados en el Bajo Cauca.   

Lo más reciente ocurrió el 13 de abril de este año cuando un hombre armado rondó por varios minutos la casa del periodista; días antes una persona que se identificó como miembro de Los Caparros amenazó al periodista a través de una llamada telefónica. Antes de esto el periodista había recibido una amenaza a través de Facebook mientras hacía una transmisión sobre la desaparición de un grupo de jóvenes que habrían sido reclutados forzadamente por parte de ese mismo grupo en el corregimiento de Puerto Bélgica, en el municipio de Cáceres. 

Hasta ahora la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha desestimado las solicitudes que ha hecho la FLIP y la La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  para que el caso sea revisado por trámite de emergencia con el fin de reforzar las medidas de protección del periodista. Para la UNP los hechos reportados no son suficientes para llevar el caso a esta instancia. 

Entre el 2020 y lo corrido del 2021 la FLIP ha registrado trece ataques contra la prensa en ese municipio, de los cuales siete han sido amenazas. Los reporteros que cubren lo que sucede en la región del Bajo Cauca se enfrentan a un clima de constante zozobra. Esto se debe a la confluencia de grupos armados que se disputan el territorio y la violencia histórica contra la prensa. En este contexto se hace aún más necesario que las autoridades respondan de manera ágil, clara e imparcial al riesgo que corren los periodistas y que desplieguen acciones preventivas. 

La FLIP le reitera la solicitud a la UNP de que, por trámite de emergencia, fortalezca las medidas de protección del periodista Éder Narváez con el fin de salvaguardar su vida y su integridad. 

Así mismo, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue estos hechos con celeridad y comunique al periodista los avances de las investigaciones en curso. Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa.

La FLIP rechaza de manera categórica las presiones realizadas recientemente al medio de comunicación Publimetro. Al respecto consideramos inadmisible que funcionarios públicos y personas que ejercen influencia sobre las administraciones normalicen este tipo de acercamientos que van en detrimento del ejercicio de la libertad de prensa. Esto es especialmente recurrente en Barranquilla, Atlántico, que tiene una deficitaria oferta de medios y en donde, además, se ha generado una tóxica relación mediada por los recursos de publicidad oficial que ha destinado la Alcaldía en los últimos tres gobiernos. 

Más de dos años lleva sin resolverse el caso por amenazas de muerte en contra de Daniel Samper Ospina, Matador y María Antonia García de la Torre. Los periodistas fueron amenazados a través de Twitter por Ariel Ortega entre marzo y abril del 2018. Uno de los tuits decía “bobo mal nacido, vive insultando y cuando le dicen la verdad en esa jeta llora como una nena. ¡Qué falta hacen las AUC para callar a este sapo!”.

La FLIP rechaza la amenaza de la que fue víctima el periodista Mario Manuel Ubarnes el pasado 27 de octubre. La Fundación le solicita a las autoridades llevar a cabo las acciones necesarias para proteger al reportero.

Urbanes le manifestó a la FLIP que en la puerta de su casa ubicada en el municipio de San Antonio de Palmito, Sucre, desconocidos dejaron una bolsa negra que contenía una corona fúnebre. Además, una lideresa del municipio también recibió el mismo día un ramo similar con un mensaje en el que la amenazan de muerte. 

El periodista dirige un programa radial en la emisora comunitaria Palmitos Estéreo en el que recientemente ha hecho denuncias sobre el robo de ganado en esa región. Además, ha hablado en la emisora sobre irregularidades relacionadas con la contratación en la administración municipal. 

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie la evaluación de riesgo con el fin de implementar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la vida y la integridad del reportero. Así mismo, la Fundación insta a la Fiscalía General de la Nación a que investigue con celeridad estos hechos y tome las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad del periodista.

La debida investigación y sanción de los responsables de la violencia contra la prensa es fundamental para la generación de garantías alrededor del desarrollo de la labor periodística sobre todo en zonas en las que la oferta informativa es escasa. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la situación de seguridad de los periodistas Gonzalo Guillén, Diana López Zuleta y Amalfi Rosales. La Fiscalía General de la Nación tiene información detallada sobre estos hechos y conoce del riesgo inminente al que están expuestos los periodistas. La FLIP le solicita a la entidad que avance con celeridad en las investigaciones para llevar a los responsables ante la justicia.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la intimidación que recibió Juan Alejandro Loaiza, periodista de la emisora comunitaria Nueva Era Algeciras, por parte de desconocidos. La FLIP les solicita a las autoridades que se investiguen los hechos y se garantice la seguridad del comunicador.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) tuvo conocimiento de nuevos casos de personas que por su ejercicio periodístico fueron blanco de perfilamientos y vigilancia ilegales. Esta información surge de las investigaciones que se adelantan contra miembros de Inteligencia del Ejército Nacional.

La información oportuna, veraz, actualizada y descentralizada es un bien público esencial para tramitar la pandemia con credenciales democráticas para atender la crisis y garantizar los derechos fundamentales durante el aislamiento. Cuando la ciudadanía cuenta con información de calidad adopta las medidas para su cuidado y atiende las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

• El periodista Eder Narváez recibió amenazas de muerte por parte de una persona que se identificó como Manuel, alias "El Negro", comandante de Los Caparrapos.
  
  
• La FLIP le solicita a la UNP que fortalezca las medidas de protección del periodista.
  
  
• La FLIP hace un llamado a la Fiscalía a que investigue estos hechos con el fin de dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.
  
  

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas contra de Eder Narváez, director del medio de comunicación NP Noticias y corresponsal de Teleantioquia en el Bajo Cauca Antioqueño. La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que atienda de manera urgente esta situación con el fin de proporcionar la seguridad necesaria para el reportero.

El pasado 13 de abril de 2020, Narváez recibió varios mensajes a través de WhatsApp provenientes de una persona que se identificó como Manuel, alias "El Negro", comandante de Los Caparrapos. El desconocido amenazó de muerte a Narváez luego de que el reportero publicara una noticia sobre el asesinato de dos hombres ocurrido el día anterior en el barrio Loma Fresca en Caucasia. Con este homicidio son tres los crímenes ocurridos durante la última semana en el municipio. 

La FLIP expresa su preocupación por la seguridad de Eder Narváez y le solicita a la UNP que durante las próximas horas fortalezca las medidas de protección del periodista para salvaguardar su vida y su integridad. El pasado 13 de abril la Fundación solicitó medidas de seguridad por trámite de emergencia a la entidad y, luego de 34 horas, no han establecido comunicación con el reportero.  

La Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue estos hechos con el fin de dar con los responsables y llevarlos ante la justicia. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la situación de riesgo inminente a la que están expuestos los periodistas Gonzalo Guillén, Julián Martínez, Diana López Zuleta y Daniel Mendoza Leal. La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que atienda de manera urgente esta situación con el fin de proporcionar la seguridad que requieren los reporteros.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza el ciberataque a la página web del medio de comunicación La Oreja Roja y los hostigamientos contra los periodistas Julián Martínez y Gonzalo Guillén. La FLIP les solicita a las autoridades competentes que implementen las medidas necesarias para proteger a los reporteros afectados.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas y el ciberacoso en contra de la periodista Vicky Dávila y le exige a las autoridades diligencia para investigar y sancionar a los responsables.

La FLIP expresa su preocupación por la amenaza que recibió Tatiana Salamanca, periodista de Uniminuto Radio, por el desarrollo de su labor periodística. El 4 de junio, una de las fuentes de la periodista le informó que un hombre había ido hasta su casa a decirle que los iban a matar a ellos y a la reportera porque sabían que ella seguía haciendo investigaciones sobre la red de expendio de drogas que se conformó después de que el gobierno de Bogotá interviniera la zona del Bronx.

El 1 de mayo, el periodista Daniel Martínez, corresponsal de RCN en Arauca, recibió una llamada amenazante de una persona que se identificó como miembro del frente Domingo Laín, perteneciente a la guerrilla del ELN. Este sujeto advirtió al periodista que tenía hasta las cuatro de la tarde de ese mismo día para irse de Arauca.

En el 2014, el periodista ya había recibido una llamada de un número desconocido en la que un hombre amenazó con matarlo. Y en enero de este año, en una de las ventanas de su carro le escribieron "está advertido".

Martínez, además de ser periodista en RCN, es propietario del portal de noticias El Círculo. En ambos medios de comunicación el periodista ha hecho un amplio cubrimiento de la difícil situación de orden público que se vive en el departamento de Arauca, a causa de la presencia de grupos armados. Otros periodistas del departamento también han recibido llamadas intimidatorias de personas que se identifican como miembros de la guerrilla del ELN y que les exigen que vayan a reuniones con ellos para seguir “instrucciones”.

La FLIP rechaza esta amenaza, expresa su preocupación por estos hechos y advierte sobre un clima intimidante creciente en el departamento de Arauca que puede derivar en autocensura y silenciamiento de medios sobre asuntos de interés público.

Ante la gravedad de los hechos, el Canal RCN y la FLIP han trabajado coordinadamente para apoyar a Martínez. La Fundación resalta la celeridad con la que el medio ha concurrido a la protección del periodista. No obstante lo anterior, la FLIP exige a la UNP que implemente a la brevedad medias de protección de emergencia con el fin de salvaguardar la vida y la integridad del periodista y hace un llamado a la Fiscalía para que investigue con celeridad estos hechos con el fin de juzgar y sancionar ejemplarmente a los responsables.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por el riesgo que enfrenta el periodista Ricardo Ruidíaz. Durante este 2018 el reportero ha sido víctima de más de 20 amenazas y hostigamientos. Advertimos que la respuesta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) no es proporcional al riesgo y la gravedad de los hechos no se corresponde con la protección que le ha sido asignada. La Fiscalía, que conoce de las amenazas, no ha mostrado avances en las investigaciones profundizando la vulnerabilidad del periodista. Alzamos nuestra voz para enfatizar nuestro temor de que esta persecución contra el periodista de Colmundo Radio tenga un desenlace fatal.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las constantes amenazas que vienen recibiendo los periodistas Germán Arenas, Dubán García y Jairo Figueroa, quienes desempeñan su labor en Mocoa, Putumayo. La FLIP les solicita a las autoridades estatales que investiguen y protejan a los reporteros.

En la tarde de ayer, 2 de agosto, la Asociación Colombiana de Medios Informativos (AMI) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se reunieron con Guillermo Rivera, Ministro del Interior; Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación; Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación; Carlos Alfonso Negret, Defensor del Pueblo; Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección; y Nancy Patricia Gutiérrez, Ministra del Interior designada y vocera de la comisión de empalme del presidente electo Iván Duque. En el encuentro, se analizó el ambiente hostil para la prensa en el país y se llegó a varios compromisos.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena las nuevas amenazas en contra de Katherine Leal y Juan Pablo Latorre, periodistas de RCN Radio. El pasado sábado 28 de julio la periodista Leal recibió varias llamadas en las que un hombre que se identificó como alias “el aguapanelero” la amenazó de muerte. El hombre, quien se identificó como un paramilitar recluido en la cárcel La Picota, le dijo que acababa de ser declarada “objetivo militar”.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas en contra del equipo periodístico de RCN Radio y les solicita a las autoridades que investiguen y sancionen a los responsables de estos hechos.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas en contra de las reporteras y La Silla Vacía por el desarrollo de su labor periodística. Les exigimos a las autoridades diligencia para investigar y sancionar a los responsables.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por el incremento en el número de amenazas contra periodistas en Colombia. En los últimos seis meses, muchos reporteros que alternan sus labores con el activismo social han sido víctimas de intimidaciones.

El 14 de junio de 2018 la residencia de Juan José Hoyos, columnista y colaborador de El Colombiano, fue asaltada por desconocidos. Cuando el periodista llegó a su vivienda en Medellín encontró destruida la cerradura de la puerta del apartamento y, al revisar sus objetos personales, notó que habían robado su computador, un disco duro, una cámara de video y una cámara fotográfica.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena las amenazas en contra Jhanuarya Gómez, periodista de la página Informativo Segoviano. Miembros de bandas delincuenciales la hostigaron y le dieron 48 horas para salir de Segovia, municipio del Nordeste Antioqueño.

El 7 y el 13 de abril, Gómez compartió en la página de Facebook del medio notas acerca de la captura de unos presuntos traficantes de drogas y que, al parecer, están vinculados con el Clan del Golfo. Las publicaciones se hicieron con base en la información y fotografías ofrecidas por la Policía Nacional.

Después de esta publicación, la periodista recibió reiteradas amenazas. El 17 de abril, un hombre abordó a la hija de periodista -de trece años de edad- a la salida del colegio en donde estudia. El desconocido le dijo a la menor que tenía la orden de asesinar a su mamá.

Después de esto, recibió dos llamadas telefónicas el 19 de abril en las que le afirmaron que tenía que salir del municipio o habría un desenlace fatal. "No tenés tiempo pa' perder. Tenés 48 horas. Ábrete del pueblo. Te pusiste a publicar ‘huevonadas’ y calentaste el parche a los parceros. Por tu culpa los cogieron. Tenés 48 horas. Mirá a ver cuánto te queda", afirmó el autor de las amenazas. Debido a esto, con el apoyo de la Secretaría de Gobierno de Segovia, la periodista se vio obligada a salir del municipio junto a su familia.

La Fundación rechaza estas amenazas de muerte y condena los actos de hostigamiento. La página Informativo Segoviano tiene un papel activo en la trasmisión de información local en toda la región.

Sumado a esto, la situación de seguridad para los periodistas en el Nordeste Antioqueño es preocupante. El año pasado, durante el paro minero que se desarrolló en agosto, dos periodistas tuvieron que desplazarse de sus municipios por las constantes amenazas y agresiones mientras hacían tareas de reportería.

La FLIP tuvo conocimiento de que la periodista  está esperando la implementación de medidas que le brindará la Unidad Nacional de Protección después de la realización de un estudio de emergencia. La FLIP espera que estas medidas sean integrales para atender la complejidad de la situación.

La Fundación solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos y dé con los responsables. Así mismo, la FLIP solicita a la Policía Nacional que acompañe a la periodista víctima de amenazas.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena las intimidaciones y amenazas en contra de la emisora Cardenal Stereo de Valledupar, Cesar.

Amenazas, estigmatizaciones y censura ponen en jaque a los periodistas de la región del Catatumbo, Norte de Santander. Algunos decidieron apagar sus emisoras, otros continúan ejerciendo entre la espada y la pared, bajo la vigilancia de los guerrilleros del ELN y el EPL.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- exige a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección garantizar la vida e integridad de Ricardo Ruidíaz, periodista de Colmundo Radio, quien recientemente ha sido amenazado por su trabajo en el Magdalena Medio.

La FLIP expresa su preocupación por el ambiente amenazante para la prensa en el departamento de Arauca durante el proceso electoral. Hoy, 10 de marzo, disidencias de las Farc llamaron a la emisora Meridiano 70 y amenazaron a los periodistas.

En la emisora se estaba realizando una entrevista a Miguel Matus, candidato al Senado por Centro Democrático. Personas que se identificaron como miembros de las Farc llamaron al medio y amenazaron al candidato. Además, acusaron a la emisora de estar al servicio del partido político y los declararon objetivo militar.

Durante la llamada amenazante, los autores hicieron énfasis en no debían llamarlos “disidencias”, sino Farc. Según ellos, los disidentes son quienes participaron en el proceso de paz. Esto coincide con la información que este grupo ilegal habría distribuido en Arauquita hace dos semanas a través de un panfleto. En aquella ocasión también amenazaron a los medios locales.

Vea: Disidencias de las Farc amenazan a la prensa en Arauca.

Las guerrillas y otros actores armados imponen condiciones violentas a los medios de comunicación para el cubrimiento electoral. Amenazar a la prensa por cómo denominar a un grupo armado es bastante problemático. No puede ocurrir  que por el uso de la palabra “disidencia”, los periodistas vean afectada su integridad. Si los medios denominan como “Farc” al grupo armado que opera en Arauca, tendrían problemas con el partido político y con los candidatos que esperan ser elegidos popularmente.

La FLIP condena estas amenazas en contra la prensa regional. En Arauca se está viviendo un momento muy difícil para los medios de comunicación debido a la fuerte presencia de diversos grupos armados y al margen de la ley. Según los datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), el departamento de Arauca hay tres municipios que se encuentran en riesgo extremo por violencia: Arauca, Saravena y Tame.

La FLIP hace un llamado a las autoridades para que enfoquen sus recursos en la prevención de violencia en el departamento de Arauca. Deben existir garantías para que la prensa pueda ejercer su trabajo libremente en la temporada de elecciones. Es urgente proteger a la prensa en medio de la polarización y la vulnerabilidad evidente que implica hacer reportería en medio de actores armados como disidencias de las Farc y el ELN.

La FLIP exige a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que tomen medidas inmediatas para la protección de los periodistas en Arauca. Así mismo, la FLIP solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue estos hechos y dé con los responsables de este ataque.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza las amenazas de las que fue víctima el periodista ambiental y les solicita a las autoridades responsables de la seguridad de los reporteros que proporcionen las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de labor periodística de Castaño.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza las amenazas del autodenominado "Frente Primero Armando Ríos de las FARC-EP" en contra de los periodistas de la emisora Arauca Stereo y de los medios de comunicación del departamento de Arauca.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena las amenazas en contra de Erica Londoño y Gustavo Chicangana, periodistas de Caracol Radio Guaviare.

El pasado 23 de noviembre los periodistas recibieron un mensaje amenazante proveniente de un número desconocido. El texto decía: “Mirem hps periodistas de la derecha erica y gustavo las farc ezisten como grupo armado del pueblo y aki en guaviare y meta mandamos nosotros o empiesan a decirlo o atengance o los actos revolucionarios por cierto bonito su hijo erica y su hija senor gustavo” (sic.).

A través de los programas informativos de la emisora, los reporteros han compartido detalles de las actividades que ha llevado a cabo la comunidad en contra de hechos delictivos realizados por, al parecer, disidencias de las Farc. Además, han informado acerca de la posición de algunos funcionarios que afirman que los responsables de estos actos criminales pertenecen a grupos de delincuencia común y no guerrillas.

Sumado a esta amenaza, los periodistas también han conocido información en la que guerrilleros hablan de la emisora Caracol Radio y de las notas que transmiten. En el mismo sentido, en mayo, se difundió un panfleto firmado por el "Frente 1 Armado Ríos de las Farc-EP" en el que declaraban objetivo militar a los medios de comunicación que dicen “lo que no deben”.

Chicangana cumple funciones de corresponsal para la Fundación en el departamento del Guaviare. La FLIP respalda completamente la labor de los dos periodistas y se compromete a hacer seguimiento juicioso a la situación de seguridad relacionada con la libertad de prensa en esta región del país.

La FLIP hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección a que fortalezca las medidas de protección de los periodistas para así garantizar su seguridad. Además, insta a la Fiscalía a que investigue con celeridad estos hechos para que se sancione a los responsables de las amenazas.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena el ataque con granada en contra de Ricardo Ruidíaz, periodista de Colmundo Radio, ocurrido esta tarde en Bogotá.

En carta abierta dirigida al general Juan Pablo Rodríguez, comandante general de las Fuerzas Armadas, la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- denuncia la detención arbitraria de la que fueron víctimas dos periodistas del proyecto Crónicas Desarmadas el pasado 11 de noviembre en la región del Catatumbo.

Los reporteros estuvieron retenidos por cerca de 14 horas acusados de realizar sobrevuelos nocturnos de las bases militares con un dron en Tibú, Norte de Santander. Los militares implicados en los hechos intentaron decomisar el material periodístico y el dron sin ninguna orden judicial.

Puede conocer los detalles de los hechos y las consideraciones de la FLIP en esta carta.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por las constantes amenazas de las que ha sido víctima el periodista José Luis Mayorga, director del medio Agencia de Reporteros Sin Fronteras.

El pasado 29 de octubre el reportero recibió un panfleto con la siguiente amenaza: “Ustedes hijueputas periodistas sapos no han creido que nuestra advertencia es de verdad y piensan que pueden sguir paseándose y guevoneando por donde se les de la gana (...) cuando ustedes perros no sean sino unos periodistas mas muertos, de los que vendran porque nuestra lista de sapos Castro Chavistas camuflados como periodistas aumenta y acabaremos con toda esa plaga" (sic).  

Los agresores dejaron la intimidación dentro de un sobre en la portería del edificio en el que vive Mayorga, pero no se especificaba el destinatario, únicamente tenía registrado el número de apartamento. El panfleto, además, tenía impreso el símbolo de las “Águilas Negras” y estaba firmado por el “Bloque Capital”.  

Esta no es la primer amenaza que recibe el periodista. En abril de este año, Mayorga recibió un panfleto con las mismas características, pero en esa ocasión el sobre contenía dos balas. El mensaje de aquella vez decía: “SAPO CASTRO CHAVISTA LAS PROXIMAS NO LAS VERA POR QUE ESTARAN DENTRO DE SU CABEZA POR NO HABER APRENDIDO Y SEGUIR JODIENDO DONDE NO DEBE” (sic).

El medio ha publicado investigaciones de alta sensibilidad relacionadas con el proceso de paz de las Farc, los diálogos del Gobierno con el ELN, algunos casos de corrupción y de influencia de grupos paramilitares en diferentes regiones del país.

La FLIP expresa su preocupación por los riesgos a los que está expuesto el director de la Agencia Reporteros Sin Fronteras por las constantes amenazas que ha recibido. A partir de estos nuevos hechos, la Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección que refuerce las medidas de protección de Mayorga con el fin de salvaguardar su vida y su integridad. La FLIP considera que las intimidaciones de las que ha sido víctima el reportero lo sitúan en un riesgo inminente, que el Estado tiene el deber de atender con celeridad.

La Fundación hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad los hechos de violencia de los que ha sido víctima Mayorga con el fin de identificar y sancionar a los responsables. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, ha indicado que “es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

Este 11 de septiembre se conoció el fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que condenó a Jorge Noguera Cotes, exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a una pena de 7 años, 10 meses y 15 días de prisión por el escándalo de las “chuzadas”.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por los hechos de los que fue víctima la columnista Leszli Kálli, el día de ayer en Floridablanca, Santander.

En la madrugada del sábado 24 de junio Derk Bolt y Eugenio Follender fueron liberados en la región del Catatumbo. Los reporteros fueron entregados por el ELN a una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo. Según informó la Embajada del Reino de los Países Bajos en Colombia, los periodistas "se encuentran bien teniendo en cuenta las circunstancias".

El grupo guerrillero envió una comunicación escrita con los reporteros en la que explican las razones del secuestro. La FLIP rechaza este tipo de acciones y le exige al ELN no utilizar a los periodistas como portavoces de sus comunicaciones.

La FLIP reconoce los esfuerzos que realizó la comisión humanitaria durante el secuestro para lograr la liberación de los periodistas y le solicita a la Fiscalía General de la Nación que avance en la investigación de este delito.

La FLIP le exige al Estado colombiano que adelante acciones para garantizar el ejercicio periodístico en la región del Catatumbo. En los últimos tres años la FLIP ha documentado cuatro secuestros por parte del ELN y otro más por parte del EPL en esta zona del país.

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Miércoles, 21 de junio de 2017. 06:07 p.m.

La FLIP exige al ELN que libere a los periodistas holandeses

En la mañana del miércoles 21 de junio, gestores de paz del ELN confirmaron que los periodistas Derk Bolt y Eugenio Follender estaban en su poder. Una vez más, acudieron a la figura de la "retención preventiva" para enmascarar su violación a la libertad de prensa. Según los delegados del grupo armado, ya se activó un protocolo humanitario para liberar a los periodistas holandeses.

La FLIP le exige al ELN facilite las condiciones para que los reporteros vuelvan a la libertad y hace un llamado a la Fuerza Pública para que respalde las gestiones de la comisión humanitaria. 

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Miércoles, 21 de junio de 2017. 07:46 a.m.

La FLIP condena postura del ELN frente al secuestro de periodistas

La FLIP rechaza el pronunciamiento del ELN sobre la situación que viven Derk Bolt y Eugenio Follender, los periodistas holandeses que se encuentran secuestrados en la región del Catatumbo, Norte de Santander. El grupo guerrillero califica las “privaciones temporales de libertad” como una acción preventiva y de protección y se autoproclama como guerrilla garante de la libertad de prensa como parte de sus políticas.

Sobre su responsabilidad, el comunicado del ELN parte del desconocimiento sobre si sus estructuras secuestraron a los periodistas, pero asumen un compromiso de liberación en caso de que sea esta guerrilla la que los tenga en cautiverio.

El comunicado del ELN contrasta con información complementaria de conocimiento público. Las autoridades que han adelantado labores humanitarias en la región, como la Defensoría y la Personería de El Tarra, confirmaron que los periodistas holandeses están en poder del ELN.

La gravedad de la situación, el paso del tiempo, la necesidad de aprovisionamiento de medicinas para uno de los periodistas en cautiverio, la instalación de una mesa de conversaciones de paz en Quito y los antecedentes de violaciones a la libertad de prensa por parte del ELN son hechos relevantes que requieren de parte de esta guerrilla asumir responsabilidades y no posar como protectora de un derecho que ha violado recurrentemente.  El ELN pide comprensión sobre las razones y condiciones de la guerra en la que ellos participan, y al tiempo llaman a tolerar e incluso justificar la restricción de derechos básicos como la libertad de prensa.

El ELN confunde y justifica el secuestro. A través de un pronunciamiento público, emitido este martes 20 de junio por el ELN, el grupo armado se refirió a la presencia de los periodistas holandeses en el Catatumbo y al secuestro del que fueron víctimas: “Se trata de una región atravesada por el conflicto armado; en ese contexto, la posibilidad de efectuar privaciones temporales de la libertad a personas desconocidas y ajenas a las comunidades, se corresponde con una actitud preventiva, de ejercicio de protección y seguridad”.

En el mismo pronunciamiento el grupo guerrillero asegura “es política del ELN velar por la integridad de las personas, garantizar la libertad de prensa y cumplir con la pronta liberación coordinada con la comisión humanitaria correspondiente”. En el último año y medio la FLIP ha documentado al menos seis casos en los que el ELN, lejos de ser un garante de la libertad de prensa, ha sido el responsable de los ataques contra periodistas y medios de comunicación en Colombia.

El pasado 28 de marzo, el grupo armado publicó un panfleto en el que señaló a La Voz del Cinaruco de Arauca de ser un medio funcional a las Fuerzas Armadas y a la Silla Vacía de ser una “matriz mediática difamadora que llama a golpear el movimiento social para debilitar a la guerrilla”. Veinte días antes, miembros del grupo guerrillero detuvieron a tres reporteros de El País en el corregimiento de Huisitó, Cauca, y los despojaron de sus equipos periodísticos y de otros elementos de valor. Los equipos tardaron semanas en volver al medio de comunicación.

Una situación similar a la que se vive actualmente con los reporteros holandeses se presentó a mediados de 2016. El 21 de mayo, la periodista Salud Hernández fue secuestrada por el ELN mientras realizaba labores de reportería en la región del Catatumbo. Dos días después los corresponsales de RCN, Carlos Melo y Diego De Pablos, y un reportero de Caracol Televisión, Diego Veloza, fueron privados de su libertad por parte del grupo guerrillero cuando indagaban por el paradero de Hernández. Luego de ser liberados y de denunciar los hechos ante la Fiscalía, el 8 de julio los periodistas de RCN fueron declarados objetivo militar por parte del grupo guerrillero.

En su momento, el ELN justificó el secuestro de Salud Hernández como una acción de control poblacional para mantener la seguridad en la zona. Al respecto, la FLIP considera muy peligroso que el accionar del grupo guerrillero se convierta en una violación rutinaria al derecho a la libertad de prensa, del cual deben gozar todos los reporteros que hacen cubrimiento periodístico en las zonas de influencia del ELN. Para la Fundación, las regiones en las que hay confrontación armada, como lo es el Catatumbo, no pueden convertirse en zonas vedadas ni condicionadas para el cubrimiento periodístico. Además, la negligencia de las autoridades oficiales para ofrecer estas garantías no puede seguir siendo una constante.

La FLIP le exige al ELN que aclare su responsabilidad en el secuestro de los periodistas holandeses y le hace un llamado al gobierno para que brinde información veraz y oportuna sobre el paradero y las condiciones de salud en las que se encuentran los reporteros. De igual forma, solicita al Ejercito respetar los protocolos humanitarios y no dificultar las acciones de liberación. Una vez más, esta organización se ofrece para cualquier gestión humanitaria que agilice el retorno de Bolt y Follander a la libertad.

Nota: En la mañana de hoy, miércoles 21 de junio, la Mapp/Oea convocó  a un conversatorio entre periodistas, organizaciones y gestores de paz del ELN con el fin discutir sobre los avances y desafíos que tienen los medios de comunicación y sus audiencias frente a la construcción de paz. A pesar de que la FLIP había confirmado la asistencia de un delegado, declinamos la invitación por considerar que es imposible conversar con el ELN hasta tanto los periodistas sean liberados.

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Martes, 20 de junio de 2017. 12:49 p.m.

La FLIP exige la liberación de periodistas holandeses secuestrados en El Catatumbo

Los periodistas holandeses Derk Johannes Bolt y Eugenio Ernest Marie Follender, de 52 y 68 años, fueron secuestrados el pasado fin de semana en la vereda Filogringo, en inmediaciones de El Tarra, Norte de Santander. Así lo ha confirmado la Embajada del Reino de los Países Bajos en Colombia y el Ejército Nacional. Bolt y Follender, presentador y camarógrafo de la cadena holandesa KRO-NCRV, estaban realizando un reportaje sobre familias biológicas de niños colombianos adoptados por personas en Europa.

La FLIP rechaza este ataque al periodismo en Colombia y hace un llamado a los responsables para que se respete la vida e integridad de los periodistas. La Fundación está trabajando para esclarecer los detalles del secuestro y las condiciones en que se encuentran los reporteros. Se espera que las entidades de Gobierno actúen con celeridad para asegurar el pronto regreso de Bolt y Follender y se hace un llamado para que no se obstaculice la entrega de información de interés público a los ciudadanos.

En esta región del país se han presentado 5 de los últimos 6 secuestros a periodistas en los últimos años. El Catatumbo no puede seguir siendo un territorio vedado para la prensa y por eso esta organización hace un llamado a las autoridades para que se refuercen las garantías al periodismo en esta zona. De igual forma, dado que el ELN opera en esta zona, ha estado involucrado en otros casos de secuestros a periodistas y teniendo en cuenta que la Fuerza Pública los señala como presuntos responsables, la FLIP le exige a este grupo armado que esclarezca su rol en este episodio. Hasta el momento, las aclaraciones en sus cuentas de redes sociales resultan insuficientes y provocan mayor confusión.

La Fundación hace un llamado a los responsables de este crimen para que liberen con prontitud a los reporteros.

La FLIP se pone a disposición de la Embajada de Holanda y los organismos humanitarios para apoyar cualquier gestión que lleve a la pronta liberación de los periodistas holandeses. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza que el Comando Estratégico de Transición de las Fuerzas Militares  desconozca sus obligaciones para garantizar la libertad de prensa. Son inadmisibles las presiones de esta institución a Noticias RCN para que revele sus fuentes periodísticas.

En la emisión del mediodía del 26 de mayo de 2017, Noticias RCN publicó una carta del general Javier Flórez, comandante del Comando Estratégico de Transición, dirigida al Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo. Según la noticia, el oficial expresa preocupaciones por las “actividades de carácter político” que realizarían las FARC el 27 y 28 de mayo de 2017 con motivo de su aniversario. El general Flórez advierte que esto “contraría lo establecido en el acuerdo final” y podría constituir una violación de las condiciones del cese al fuego pactado entre el gobierno y la guerrilla.

Después de la emisión, la periodista de Noticias RCN, Maritza Aristizábal, recibió una llamada del general Javier Flórez. “El oficial, muy molesto, le pregunta quién filtró el documento, asegura se trataba de una información secreta, y señala que con esa información la reportera lo destruyó e intenta destruir el proceso de paz. El general finalmente anuncia que va a pedirle a sus abogados que denuncien el hecho”, informó el noticiero a la FLIP.

Según ha conocido la FLIP, desde ese día, funcionarios del Comando Estratégico de Transición, del Ministerio de Defensa y delegados del gobierno ante el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, en violación del principio constitucional que protege el secreto profesional, han presionado a Noticias RCN para que revele sus fuentes periodísticas.

El 26 de mayo la periodista Maritza Aristizabal recibió otras dos llamadas de la asistente del general Flórez en las que intenta averiguar quién le dio el documento publicado, según dijo RCN a la FLIP. El 30 de mayo de 2017, el contraalmirante Orlando Romero, delegado del Gobierno ante el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, envió una carta dirigida a Noticias RCN en la que solicitó que se certifique si fue él quien entregó el documento en cuestión al medio de comunicación. El 2 de junio de 2017, el Teniente Coronel Víctor Portilla, funcionario instructor del Ministerio de Defensa, envía otra carta a la dirección del noticiero solicitando que se haga llegar copia del documento que reveló Noticias RCN.

Al respecto, el Comando Estratégico de Transición afirmó a la FLIP que nunca se pretendió “traspasar la línea de confidencialidad ni la reserva de las fuentes”. También dijo que solicitó a Noticias RCN copia de la carta publicada con el único objetivo de determinar si se trataba de un documento auténtico firmado por el General Flórez.

El martes 13 de junio de 2017, llegó una nueva comunicación, esta vez dirigida a la periodista Maritza Aristizábal, y en la que el Comando Conjunto de Monitoreo y Verificación la notifica que debe asistir a una declaración bajo la gravedad del juramento el próximo 20 de junio de 2017 en el Cantón Norte. En el documento, con el membrete y el logo del Comando General de las Fuerzas Militares, se hace referencia a una indagación preliminar sin aclarar los hechos*.

El Comando confirmó a la FLIP que sí se está adelantando una indagación preliminar en esa entidad por estos hechos. Sin embargo, aclaró que no se trata de un procedimiento en contra de Maritza Aristizábal sino que busca establecer “quiénes fueron los miembros de las Fuerzas Armadas responsables de filtrar la información”.

La FLIP rechaza que las Fuerzas Militares se valgan de mecanismos inconstitucionales para presionar a los periodistas con el fin de que estos revelen sus fuentes. Estas actuaciones son incompatibles con la vida democrática y la garantía de las libertades civiles.

La Fundación manifiesta su preocupación, observará con especial atención y acompañará este caso. Esta organización confía en que el Ejército reconsidere sus actuaciones sobre el caso y tome correctivos que impidan la repetición de estos hechos.

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Las actuaciones de las Fuerzas Militares en las últimas semanas son violatorias de la garantía constitucional del secreto profesional, consagrada en el artículo 74 de la Constitución.

Sobre este derecho, la Corte Constitucional ha dicho en la sentencia T-298 de 2009 que “la inviolabilidad del secreto profesional (la reserva de la fuente) permite que un periodista guarde el secreto sobre la existencia de una determinada información, su contenido, el origen o la fuente de la misma, o la manera como obtuvo dicha información”.

Además de lo anterior, la misma decisión indica que este derecho no es solo del periodista, sino de su fuente, pues se convierte en una garantía para poder difundir información. “La reserva de la fuente es una garantía fundamental y necesaria para proteger la verdadera independencia del periodista y para que pueda ejercer la profesión y satisfacer el derecho a la información, sin que existan limitaciones indirectas ni amenazas que inhiban la difusión de información relevante para el público”, manifestó la Corte en la sentencia.

Por eso es de suma gravedad que el Ejército esté desconociendo esta protección constitucional a la prensa.

La FLIP recuerda al Ejército que la Sentencia C - 491 de 2007 reconoce que los periodistas que han accedido a información reservada o clasificada no están sometidos a una obligación legal de no publicar esa información. “La reserva cobija a los funcionarios públicos pero no habilita al Estado para censurar la publicación de dicha información cuando los periodistas han logrado obtenerla (...) la reserva obliga a los servidores públicos comprometidos pero no impide que los periodistas que acceden a dicha información puedan publicarla”, dice la Corte.

Así mismo, la Resolución A/HRC/33/L.6 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas exhortó a los Estados a proteger “en la ley y en la práctica el carácter confidencial de las fuentes de los periodistas, en reconocimiento de la función esencial que cabe a estos en la promoción de la rendición de cuentas públicas y de una sociedad inclusiva y pacífica, con sujeción únicamente a excepciones limitadas y claramente definidas que estén enunciadas en los marcos legales nacionales, como la autorización judicial, de conformidad con las obligaciones que les impone el derecho internacional de los derechos humanos".

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*Actualización: En la mañana del miércoles 14 de junio, la periodista Maritza Aristizábal recibió una comunicación del Comando General de las Fuerzas Militares en la que le anunciaban, refiriéndose a la citación que le había llegado un día antes para presentarse el 20 de junio en el Cantón Norte, que "no se requiere dicho testimonio dentro de la Indagación Preliminar". Sin embargo, este revés no redime al Comando General, al Ministerio de Defensa y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación de su responsabilidad por las presiones inconstitucionales de los últimos días contra Noticias RCN y su reportera.

La FLIP rechaza las intimidaciones de las que fue víctima Ricardo Ruidiaz y el resto del equipo periodístico de Colmundo Radio en Bogotá.

El domingo 14 de mayo, mientras Ruidiaz transmitía en vivo el programa “Rompecabezas arma corazones”, un hombre llamó a la emisora y amenazó al aire al reportero: “Tenemos un comunicado para el señor Ricardo Ruidiaz: dígale al periodista y director de la ONG, Ricardo Ruidiaz, que no siga investigándonos, que no sea sapo, no meta las hijueputas narices donde no debe. Le damos 24 horas para que salga de la ciudad y se esconda” (Sic.). 

Según los miembros del equipo periodístico, apenas notaron que se trataba de una amenaza, retiraron la llamada del aire y por el interno escucharon que el agresor se identificó como miembro del Clan del Golfo. Además de la labor que desempeña como periodista, Ruidiaz es el director de la Fundación Amigos Unidos, que denuncia y hace campañas de prevención sobre los riesgos a los que están expuestos los menores en Colombia. En los últimos días el periodista ha denunciado que las bandas criminales son los principales agresores de niños en el país frente a los delitos relacionados con explotación sexual.

El lunes 15 de mayo la Cadena Radial Colmundo emitió un pronunciamiento público refiriéndose a las intimidaciones y respaldando a Ruidiaz: “Es nuestra obligación sentar una voz de protesta y rechazo ante cualquier intención de intimidar o silenciar a un comunicador, pues nuestro trabajo se enfoca en un servicio social e informativo, que está alejado de cualquier otra consideración o postura”.

La FLIP expresa su preocupación por estas amenazas y le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos. Al respecto, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que la "intimidación, amenaza a los comunicadores sociales (...) viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Fundación hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que refuerce el esquema de seguridad de Ruidiaz con el fin de salvaguardar su vida. Para la FLIP, la amenaza pública de la que fue víctima el reportero lo sitúa en un riesgo inminente que el Estado debe atender con celeridad.   

En un periodo de polarización como el que atraviesa Colombia, era de esperarse que los ataques a la prensa se incrementarían. Pero los registros de la Coordinación de Defensa y Atención a Periodistas de la FLIP no dejan de preocupar. En un tercio del año ya se han registrado 87 ataques en los que han resultado afectados 108 reporteros (en 2016 se documentaron 216 casos con 262 periodistas víctimas).

Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, la FLIP hace un llamado a las autoridades colombianas, las audiencias, los periodistas, los medios de comunicación y a la comunidad internacional, para que se refuercen las garantías al periodismo en el país.

Parte de las variables que sólo han sido advertidas recientemente es la oferta deficitaria de medios de comunicación y de circulación de información local. El país rural recibe contenidos urbanos pero no siempre ve reflejadas sus realidades en los medios de comunicación.

Teniendo en cuenta algunas restricciones para el cubrimiento en las zonas veredales, la incertidumbre en términos de orden público en muchas regiones del país y la necesidad de hacer seguimiento a la transparencia institucional en un año decisivo para la próxima campaña electoral, resulta desalentador que haya funcionarios públicos empeñados en obstaculizar, estigmatizar o bloquear a la prensa. En lo corrido 2017, 23 servidores del Estado, que deberían ser los principales garantes de la libertad de prensa, han estado involucrados en actos de censura.

El Jefe de Estado, Juan Manuel Santos, ha sido señalado recientemente de sugerir contenidos periodísticos a través de terceros, con el fin de que los medios le den un giro a su línea editorial.La FLIP espera pronta respuesta de la Casa de Nariño al derecho de petición radicado el pasado 28 de abril para aclarar este episodio. Sin embargo, ya es muy diciente la evasiva del Presidente y su despacho a referirse sobre este tema. El respeto a la libertad de prensa debe ser un principio de cualquier funcionario público para ejercer su labor con transparencia y compromiso con los ciudadanos.

La indiferencia hacia la libertad de prensa se evidencia en otros problemas. Basta con resaltar que la justicia colombiana sigue sin mostrar avances significativos en los casos en los que los periodistas han sido víctimas.

Al interior del sistema judicial se presentan la negligencia, las dilaciones injustificadas y la dificultad para identificar dentro de la investigación a los autores intelectuales de los crímenes. Estas irregularidades han dado lugar a una administración ineficaz de justicia, lo que deriva en un alto riesgo de impunidad.

El equipo de la Fundación para la Libertad de Prensa sigue trabajando para contrarrestar los múltiples frentes por los que se presenta la censura. A las 37 amenazas, 13 estigmatizaciones, 11 obstrucciones al trabajo y 9 agresiones directas que han sufrido distintos periodistas en lo corrido de 2017, entre otros ataques, se suman más formas de presión que atentan contra los derechos protegidos en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia y ponen cuestión el derecho de los colombianos a estar informados.

Este año, la FLIP hará público el registro de otro tipo de violaciones a la libertad de prensa. Entre estas se encuentran los casos de acoso judicial, las obstrucciones al acceso a la información pública, las solicitudes de remoción o bloqueo de contenidos en Internet y los ciberataques a las páginas web de los medios de comunicación, entre otras. Confiamos en que estos datos ayudarán a enriquecer el análisis sobre las condiciones para el periodismo en Colombia.

La FLIP espera que esta fecha incentive a los ciudadanos a reflexionar sobre la necesidad de un periodismo libre en el país. El mejor reflejo de un sistema democrático eficiente es la defensa colectiva sobre la importancia de la libertad de prensa como valor fundamental para el buen funcionamiento de nuestra sociedad.

En el documento adjunto se encuentran los casos destacados de los primeros cuatro meses de 2017 en los que se resaltan las agresiones de funcionarios públicos a distintos periodistas y medios del país. 

Lea aquí el informe en línea.

El 12 de noviembre de 2016, Aldemar Solano, periodista del blog Garabatos, publicó un artículo titulado “Denuncian acoso y matoneo por parte de la juez de Sesquilé”. En la nota se hace referencia a los presuntos acosos laborales cometidos por la juez Gloria Patricia Mayorga denunciados por algunos de los escribientes que trabajaron anteriormente con ella. La nota informativa publicada por Solano está basada en quejas disciplinarias y testimonios de los afectados.

Días después, la juez interpuso una acción de tutela en contra de Solano por la publicación, solicitando la protección de su dignidad, la honra, el buen nombre, la intimidad y la propia imagen. Sin embargo, el 22 de noviembre de 2016 el Juzgado Penal Municipal de Chocontá declaró que el recurso era improcedente, debido a que Mayorga no había presentado una solicitud de rectificación previa ante el medio.

Luego de que la juez impugnara la decisión, el 25 de enero de 2017 el Juzgado Penal del Circuito de Chocontá falló en segunda instancia a favor de Mayorga y le ordenó al periodista rectificar la información del artículo en las siguientes 48 horas.

Teniendo en cuenta que el periodista no accedió a rectificar la información difundida a través de su blog al contar con los soportes de sus denuncias, el 28 de febrero el Juzgado Penal Municipal de Chocontá declaró en desacato el fallo inicial y sancionó a Solano con cinco días de arresto. El 27 de marzo, el ente judicial confirmó el desacato y, además de la orden de captura, dispuso una multa de un salario mínimo que el reportero debe pagar en los próximos diez días. Adicionalmente, el Juzgado ordenó retirar el artículo publicado por el periodista.

La FLIP rechaza las acciones judiciales que se adelantan en contra de Solano y quiere hacer las siguientes consideraciones frente a las decisiones del Juez Penal Municipal de Chocontá:

• El juez no tuvo en cuenta que Mayorga es una funcionaria pública y, como lo dispone la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, su condición la sitúa en un escenario en el que debe tener mayor tolerancia a la crítica que cualquier otro ciudadano.
• El juez no tuvo en cuenta el trabajo de reportería adelantado por Solano para determinar si la información difundida por el periodista era veraz.

La FLIP rechaza las decisiones arbitrarias que se han tomado en el proceso, ya que contradice los estándares constitucionales de libertad de expresión. En esa medida, la Fundación considera que la sentencia de tutela tiene todo el mérito para ser seleccionada por la Corte Constitucional para revisión.

Ordenar un arresto se convierte en un hecho intimidante que tiene como consecuencia la autocensura por parte del periodista que denuncia hechos de interés público amparado por la libertad de expresión, la orden de eliminación del contenido es una violación constitucional a la prohibición de censura previa. La FLIP solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que Solano cuente con las garantías procesales que no tuvieron en cuenta los jueces colombianos.

La FLIP solicita al juez penal municipal de Chocontá que suspenda la orden de arresto y el incidente de desacato en tanto la CIDH no resuelva la solicitud de medidas cautelares.    

*Actualización

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza los señalamientos estigmatizantes del Frente de Guerra Oriental del ELN contra algunos medios de comunicación.  

En el comunicado, que empezó a circular en el departamento de Arauca el 28 de marzo, la Guerrilla del ELN señala a la Emisora local La Voz del Cinaruco como un medio “funcional” a los militares y califica al portal La Silla Vacía (cuya directora, Juanita León, también preside el Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa) como parte de una “matriz mediática difamadora (…) que llama a golpear al movimiento social para debilitar a la guerrilla”. Estas afirmaciones tienen un efecto intimidatorio a los esfuerzos de hacer periodismo en una región de censura, sitúan al ELN como una organización que está lejos de entender la deliberación pública como un insumo fundamental para la democracia y marcan un efecto inhibitorio en el cubrimiento futuro de las distintas noticias que se presenten en el departamento de Arauca.

El pasado 19 de marzo, La Silla Vacía publicó una historia titulada “El desgane con el proceso del ELN se siente más en Arauca”. Allí este portal señalaba que “diferentes asociaciones sociales, muchas de las cuales guardan alguna afinidad con los postulados políticos del ELN (…) se han empezado a movilizar alrededor del proceso (…). En cambio en Arauca, departamento militarmente clave para el ELN y uno de los fortines políticos de esa guerrilla, todo está congelado”.

Por su parte, en la Voz del Cinaruco, medio local que ha sido víctima del ELN en repetidas ocasiones, se ha dado cubrimiento periodístico a los anuncios del gobierno nacional de incrementar el pie de fuerza militar en la zona. 

En los dos casos, y atendiendo a la coyuntura actual de una mesa instalada de diálogos con el ELN en Quito, las publicaciones de La Silla Vacía y la Voz del Cinaruco no solo son legítimas, sino necesarias en un departamento con obstáculos permanentes para la libertad de prensa. El ELN, con su comunicado, afecta las garantías a este derecho en una región y en un momento crucial donde es necesario el libre flujo de información sobre asuntos de interés público. Contra la Voz del Cinaruco la FLIP ha registrado 9 ataques dentro de los cuales se destacan dos asesinatos de periodistas. 

Los señalamientos del ELN a La Silla Vacía y la Voz del Cinaruco no pueden ser considerados como mensajes de paz. Particularmente porque los estándares internacionales de libertad de expresión y del derecho internacional humanitario son claros en indicar que los periodistas son considerados población civil en el marco de los conflictos armados. Cuando una fuerza rebelde como el ELN les asocia con su enemigo militar (El Estado) deja en condición de riesgo a medios y periodistas.

Resulta cuanto menos paradójico que el ELN, que tanto ha defendido la participación de la sociedad en la mesa de diálogos de Quito, sea quien emite este tipo de señalamientos que lo único que provocan es limitar las posibilidades de que la sociedad colombiana documente, publique y reciba información sobre la difícil situación del departamento de Arauca.

El comunicado de la guerrilla muestra, o que el ELN se resiste a entender que la libertad de expresión y de prensa son la base mínima de la participación social, o que esta guerrilla entiende por “participación de la sociedad” aquella que sólo coincide con sus intereses y visiones de la realidad. En cualquier escenario, el pronunciamiento del ELN afecta el derecho a la información de los colombianos en general y del pueblo araucano en particular.

La FLIP exige al Gobierno Nacional brindar todas las garantías al cubrimiento periodístico en Arauca. De igual forma, hace un llamado a la Mesa de Negociación de Quito para que sus integrantes acaten los estándares de libertad de prensa, esto pasa por abstenerse de hacer señalamientos estigmatizantes, ser tolerantes a las críticas y responder a ellas en el debate público sin atacar a la prensa.  

La FLIP rechaza las amenazas de las que ha sido víctima Daniel Silva, periodista de Tras la Cola de la Rata en Pereira - Risaralda. Las intimidaciones son producto de las denuncias que el columnista ha hecho a través del medio.

En la noche del jueves 23 de marzo un desconocido llegó a la casa del reportero, le apuntó con un revolver en la cabeza y le dijo: "vea malparido, no queremos más investigaciones. Queda advertido".

La FLIP expresa su preocupación por las constantes intimidaciones de las que ha sido víctima Silva. Entre 2016 y 2017 la FLIP ha documentado tres amenazas contra el periodista por sus investigaciones y artículos sobre hechos de corrupción en Pereira.

En una de ellas, el columnista denunció a Fernando Pineda por destinación indebida de dineros públicos cuando el funcionario se desempeñaba como presidente del Concejo de Pereira. A partir de esta denuncia, el Consejo de Estado investigó la conducta del concejal y el pasado 16 de febrero ordenó su destitución.

En junio de 2016 la FLIP solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que le realizara un estudio de nivel de riesgo, este organismo completa 9 meses sin brindar una respuesta. Una demora que sólo acentúa la responsabilidad del Gobierno en la obligación de brindar protección tras la intimidación con arma de fuego. 

La declaración de principios sobre libertad de expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que la "intimidación, amenaza a los comunicadores sociales... viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada"

Por lo anterior, la FLIP exige a la UNP asignar medidas de protección de emergencia y solicita a la Fiscalía que investigue los hechos con el fin de sancionar a los responsables.

Anualmente la FLIP publica el Informe sobre el estado para la Libertad de Prensa en Colombia el 9 de febrero, día del periodista. En 2016, en medio de un año decisorio para la búsqueda de paz en Colombia, los reporteros se enfrentaron al secuestro, a las agresiones, a la persecución y a nuevas formas de censura que están imponiendo más obstáculos para informar con libertad.

Terminó el paro de camioneros y el balance en términos de libertad de prensa no es bueno. La violencia y la censura contra periodistas no se deben repetir en futuras movilizaciones sociales. El director de la FLIP la escribe esta carta abierta a la Asociación Colombiana de Camioneros.

En Colombia, la información que producen los medios de comunicación es posible por una garantía de doble vía que está en la Constitución: tanto el derecho de los periodistas a recoger y publicar informaciones, como el derecho de los ciudadanos a estar informados.

Esta doble vía lleva a que la información que se publica en el país deba contener dos características indispensables: la veracidad y la imparcialidad. Son dos elementos que hacen que los periodistas no puedan informar de cualquier manera ni que hagan pasar por información lo que son sus posiciones, sus prejuicios o sus interpretaciones personales. A su vez, son dos elementos que garantizan que la sociedad reciba la mejor información para el ejercicio de sus derechos políticos y sociales.

Igualmente, al reconocer la información como un derecho de doble vía, tanto de los periodistas como de sus audiencias, se deben fortalecer los mecanismos que posibilitan el diálogo entre unos y otros, como la solicitud de rectificación. Es de esta forma que se garantiza que los ciudadanos puedan exigir una información veraz e imparcial sin acudir a mecanismos de censura que atentan contra la libertad de expresión.

Con el interés de fortalecer el conocimiento de los límites de la libertad de informar y de promocionar la rectificación como mecanismo de interlocución entre medios y ciudadanos,  la FLIP presenta este manual titulado: “Información al derecho – Información para todos”, el cual recoge los estándares que ha desarrollado la Corte Constitucional. Esta cartilla fue producto de un convenio hecho con el Ministerio del Interior y el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas –PNUD–, y presentado en el municipio de Apartadó (Antioquia) el 22 de septiembre con ocasión del taller realizado con periodistas y funcionarios públicos sobre la libertad de informar y sus límites.

Consulte aquí el manual Información al Derecho en línea.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza los hechos denunciados por el periodista Oscar Castaño Valencia el pasado 10 de noviembre mientras investigaba sobre casos relacionados con trata de personas.

La FLIP rechaza los hechos intimidantes de la última semana contra periodistas de distintas zonas del país. Dos panfletos y una amenaza contra dos reporteros elevan a 58 la cifra de periodistas amenazados en lo que va corrido del 2014.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza el panfleto conocido ayer, 29 de septiembre, en horas de la mañana, y que llegó al correo personal de los periodistas amenazados de Cali y Buenaventura, departamento del Valle del Cauca.

El pasado 20 de marzo de 2014, la Fiscalía General de la Nación adelantó una diligencia de gran importancia dentro de la investigación por tortura efectuada desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) contra la periodista Claudia Julieta Duque, en la que un ex funcionario de esta organismo de inteligencia, Jorge Armando Rubiano Jiménez, aceptó su responsabilidad por el cargo de tortura agravada. De esta forma, la justicia colombiana cuenta hoy con todos los elementos para producir la primera condena por tortura contra una periodista.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alerta que en los primeros sesenta días del año ha registrado 22 violaciones contra la prensa que han dejado 32 periodistas víctimas, es decir un ataque cada dos días. Se trata de doce amenazas, cinco agresiones y cinco casos donde se obstruye la labor del periodista. Los departamentos donde se registran más ataques son Valle del Cauca y Cundinamarca. A este panorama debe sumarse el asesinato de un periodista en Buenaventura, sobre el que la FLIP continúa documentando si estaría relacionado con su oficio.

"Un sinnúmero de ciudadanos, artistas, blogueros, músicos y periodistas han sido acosados, amenazados, torturados, intimidados, encarcelados, y peor aún, por ejercer su derecho humano fundamental a la libertad de expresión. La mayoría de los crímenes contra la libertad de expresión quedan impunes.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza el panfleto firmado por el frente de guerra oriental del ELN, en el departamento de Arauca. El comunicado de la guerrilla surge a finales de un mes en el que se incrementaron las acciones bélicas en dicho departamento y hubo cubrimiento periodístico sobre la situación de orden público.

Hace algunas horas el periodista Gonzalo Guillén se vio obligado a salir del país por amenazas de muerte en su contra. Guillén era una de las cuatro personas sobre las cuales se había diseñado un plan para atentar contra sus vidas como consecuencia de sus investigaciones.

La Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP, rechaza el plan para atentar contra el periodista independiente Gonzalo Guillen y los investigadores León Valencia, columnista de la Revista Semana y Ariel Ávila, investigador independiente.

La Fundación para la Libertad de Prensa- FLIP rechaza el panfleto conocido ayer, 6 de mayo, a las once de la noche, en la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar, en el que se amenaza a ocho periodistas de la región: “Se le informa a todos los vallenatos que a partir de este momento los siguientes periodistas (sapos), son declarados objetivos militar y tienen 24 horas para salir de la ciudad”. Se lee en la amenaza firmada por Ejército Anti restitución de tierras, con fecha del 5 de mayo.

La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP rechaza las recientes amenazas contra el periodista Yesid Toro Meléndez tras la reedición de su libro “Complot para matar al Diablo”. Toro, quien es redactor del diario Q’Hubo en Cali, se vio obligado a abandonar la ciudad en las últimas horas.

En el transcurso de esta semana la Fiscalía General de la Nación tomó decisiones relevantes en el caso de la periodista Claudia Julieta Duque. La FLIP espera una debida protección a los avances que han tardado más de una década en ser presentados.

La FLIP rechaza las amenazas recibidas por los periodistas vallecaucanos William Solano y Arlex Velazco, del programa “Aló Buga”, que se emite por el Canal Une de Buga , Valle del Cauca.

La amenaza, que apareció consignada en unos panfletos que circulan por las poblaciones de Tulua, Buga y Cali desde el día 17 de Julio, es firmada presuntamente  por la banda de Los Urabeños.

El pasado martes 5  de junio, en Barrancabermeja, Santander, fue amenazado a través de un sufragio el periodista y director del diario La Tarde, Diro César González. La amenaza fue dejada bajo la puerta de su casa y  fue proferida presuntamente por la banda Criminal de los Rastrojos. González es beneficiario del programa de protección de periodistas del Ministerio del Interior y esta es la séptima amenaza que recibe en 6 años.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP, repudia las amenazas del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias -FARC, contra el periodista Jesús Antonio Pareja, locutor de la emisora comunitaria “La Voz de la Tierra”, en el municipio de Roncesvalles, al sur del departamento de Tolima.

La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, rechaza las amenazas contra la periodista Dionisia Morales, locutora de la radio comunitaria de Briceño Estéreo, en el municipio de Briceño, al norte del departamento de Antioquia.

Bogota, 9 de febrero de 2012, Fiscalía General de la Nación

"La Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH entre los procesos que adelanta por delitos cometidos en contra de periodistas destaca las investigaciones por los homicidios de José Orlando Sierra Hernández, Jaime Hernando Garzón Forero, y Carlos José Restrepo Rocha, así como los casos de las comunicadoras Claudia Julieta Duque Orrego y Yineth Bedoya Lima.

La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, denuncia que debido a las amenazas e intimidaciones contra Mary Luz Avendaño, corresponsal de El Espectador en Medellín, la periodista se vio obligada a abandonar el país. A pesar de recibir efectiva protección de la Policía municipal durante los últimos meses, la situación de inseguridad la llevó a tomar esta decisión.

El sábado 19 de marzo la FLIP conoció un nuevo panfleto que empezó a circular desde el pasado 14 de marzo a través del correo electrónico, en el que se amenaza de muerte a defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, entre estas la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER); y a cuatro periodistas del país.

El día de hoy , 17 de febrero, circuló un correo electrónico en el que se amenaza de muerte a diferentes líderes políticos, organizaciones no gubernamentales, entre estas la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER); y a cuatro periodistas del país.

El escrito, que aparece firmado por el bloque central de las ‘Águilas Negras’, señala que: “Llego la hora de exterminar y aniquilar a todas las personas y organizaciones que se hacen pasar por defensoras de derechos humanos, y aun mas que se infiltran como ongs internacionales, periodistas, como ha sucedido, ligas femeninas que se meten en lo que no les importa y que son sapos hijueputas vendidos los ubicaremos.” (sic)

El 23 de octubre de 2010 el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) planeaba atentar contra la periodista Olga Cecilia Vega. Esta información habría salido de los computadores incautados en el campamento del ‘Mono Jojoy’.

Un grupo internacional de medios de comunicación premió el martes a cuatro mujeres periodistas de Colombia, México, Tíbet y Tanzania por su valentía para enfrentar intimidación, amenazas y violencia.

Claudia Julieta Duque, reportera e investigadora de radio en Colombia, quien fue secuestrada en dos ocasiones y ha sido víctima de varias amenazas en su contra; Tsering Woeser, escritora y poetisa tibetana; y la periodista independiente Vicky Ntetema, quien investigó encubierta la matanza de albinos en Tanzania, recibieron el Premio Valentía en el Periodismo 2010 por parte de la Fundación Internacional de Mujeres en Medios de Comunicación.

El pasado 21 de julio de 2010, el periodista Juan David Betancourt, corresponsal de Teleantioquia Noticias en el municipio de Dabeiba, Antioquia, al oriente del país, fue agredido por una persona que le reclamó su postura crítica contra el Alcalde local.

El pasado 10 de agosto de 2010 la periodista Deyanira Castro recibió en las instalaciones del periódico una llamada en la que le decían “usted nos la tiene montada, pero ya la tenemos localizada, cuídese”. Según dijo la comunicadora a la FLIP, es posible que las amenazas estén relacionadas con algunas bandas de sicarios que operan en el sector donde ella reside, sobre las cuales ella había publicado algunas informaciones en oportunidades anteriores. La comunicadora que las amenazas aparecen en este momento pues recientemente se ha incrementado los operativos de la Policía contra estas bandas. La FLIP solicitó al Ministerio del Interior medidas de protección para la comunicadora.

La FLIP pide que el Departamento de Estado excluya información proveniente del DAS y la Presidencia de la República de su análisis sobre la situación migratoria de Hollman Morris.

Públicamente se ha conocido que el Departamento de Estado de Estados Unidos le negó la admisibilidad en ese país al periodista Hollman Morris, por consideraciones contenidas en la Ley Patriota contra el terrorismo.

El hecho tuvo lugar cuando el equipo periodístico ingresó al hospital para entrevistar al interno, identificado como Cristian Adolfo Sarria, condenado a más de 20 años de prisión por el asesinato de su ex compañera sentimental. Una vez contactaron a Sarria fueron agredidos por él con una varilla.

En los últimos días se han presentado dos nuevas amenazas contra periodistas en Montería, Córdoba, en la costa norte del país. El comunicador Édgar Astudillo y el camarógrafo Alexis Tordecilla fueron víctimas de intimidaciones por parte de desconocidos.

El periodista radial Manuel Morón Arrieta denunció haber sido víctima de amenazas, aparentemente relacionadas con el proceso electoral que se lleva actualmente en el país. Morón es director del Informativo Majagual, de la emisora del mismo nombre, en la ciudad de Sincelejo, Sucre, en la costa norte del país.

Desde el pasado 21 de febrero de 2010, circula en la ciudad de Cartago, Valle del Cauca, al occidente del país, un comunicado en el que se amenaza de muerte a varios ciudadanos de este municipio, entre ellos cinco periodistas de la región. Desde marzo de 2009 han circulado en Cartago cuatro panfletos similares.

El pasado 16 de octubre de 2009, un grupo de desconocidos intentaron ingresar a la residencia de Claudia Julieta Duque, corresponsal en Colombia de la radio en línea ‘Radio Nizkor’, quien ha sido víctima de amenazas, seguimientos e interceptaciones ilegales desde hace varios años. El evento ocurrió en circunstancias que aparentemente no corresponden a una tentativa de robo. 

El periodista Herbin Hoyos, director del programa ‘Las voces del secuestro’, que transmite por Caracol Radio, fue advertido por las autoridades colombianas de la existencia de un plan para atentar contra su vida, por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

El pasado jueves 23 de abril, el periodista, columnista y escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal, integrante del programa de opinión ‘La Luciérnaga’ que se transmite por Caracol Radio, fue atacado, encañonado y amenazado por desconocidos que ingresaron a su residencia y robaron su material periodístico.

En días pasados la Fiscalía General de la Nación anunció la captura de al menos diez integrantes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que planeaban un atentado contra Juan Manuel Santos, ministro de Defensa nacional; Enrique Santos, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y uno de los fundadores de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), y Luis Fernando Santos, presidente de la Casa Editorial El Tiempo.

Según la información oficial, la Policía Nacional venía investigando desde hace más de un año los planes de la columna móvil ‘Teófilo Forero’ de las FARC. El objetivo era atentar contra los Santos en una casa de descanso de éstos cercana a Bogotá. Las FARC también buscaban atacar a militares y contratistas estadounidenses en esa misma zona.

En su más reciente columna de opinión, Enrique Santos – ex director de ‘El Tiempo’ y, desde finales de 2008, presidente de la SIP – afirmó: “Más allá de la inevitable zozobra que producen, noticias como estas despiertan recuerdos de un pasado periodístico en el que no han faltado amenazas y atentados. Similar al de muchos colegas y amigos, a los que sin embargo no les alcanzó la vida para estos privilegios retrospectivos”.

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La FLIP manifiesta su preocupación por estos hechos y celebra la eficiente y célere actuación de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Igualmente, envía un mensaje de solidaridad a la familia Santos y la Sociedad Interamericana de Prensa, que de manera decidida y permanente han defendido la libertad de expresión y el derecho a la información en Colombia.

El periodista Hollman Morris, director del programa periodístico ‘Contravía’ y corresponsal de medios extranjeros informó a la FLIP que en los últimos días ha recibido varias amenazas de muerte a través de mensajes dirigidos al correo electrónico de ‘Contravía’.

El próximo lunes 9 de febrero, con motivo del ‘Día nacional del periodista’, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presentará el informe anual sobre libertad de prensa en Colombia en 2008 ‘La amenaza y la estigmatización: intimidaciones invisibles contra la prensa’.

Los corresponsales de ‘Noticias Uno’ Fernando Cifuentes, en Medellín (Antioquia), y Leonardo Montoya, en Quibdó (Chocó), recibieron el pasado 17 y 18 de octubre llamadas amenazantes de parte del abogado Leonel Torres, a raíz de una investigación del medio de comunicación sobre presuntas actuaciones irregulares del litigante. Torres es primo del presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Édgar Ulises Torres.

Claudia Julieta Duque, periodista ‘freelance’ y colaboradora de la organización de derechos humanos Equipo Nizkor, renunció al esquema de seguridad otorgado por el gobierno nacional por constantes irregularidades en el funcionamiento de éste.

El pasado seis de marzo de 2008, en el marco de la 'Marcha contra la violencia', varios equipos periodísticos que cubrían la jornada en diferentes puntos del país fueron agredidos por algunos manifestantes. Los agresores gritaron improperios contra los medios de comunicación e intentaron hacer daño a sus equipos.

El pasado 22 de noviembre fueron amenazados los periodistas Diro César González, director del semanario ‘La Tarde’ de Barrancabermeja, Santander; y Feibir Beltrán Luna, director del informativo ‘Cauca Noticias’ del canal local ‘Cauca Visión’, en Popayán, Cauca.

Alianza FLIPYS. Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP - Instituto Prensa y Sociedad, IPYS.

El viernes 21 de septiembre, el periodista Geovanny Álvarez Castro, codirector y conductor del programa radial ‘La Verdad’, de la emisora comunitaria ‘La Nueva 101.6 FM’ de Sabanalarga, Atlántico, norte del país, fue alertado por la Policía de que en su contra se produciría un atentado.

Ayer 13 de agosto de 2007, Juan Pablo Monsalve, del equipo periodístico de ‘La Noche’ de RCN, recibió tres llamadas telefónicas donde lo intimidaron para que publicara una información y lo amenazaron de muerte. Los hechos están relacionados con la investigación que adelantaba ese programa periodístico sobre un posible caso de corrupción en Cantagallo, pueblo ubicado al sur del departamento de Bolívar.

El periodista Hollman Morris, director del programa ‘Contravía’, le confirmó a la FLIP las razones que tiene para pensar que es uno de los periodistas cuyo teléfono fue interceptado de manera ilegal. Según la información suministrada, esto estaría sucediendo desde el año pasado.

Años perdidos y muy pocos avances. Así podrían resumirse los resultados de las investigaciones judiciales por las violaciones a la libertad de prensa en Colombia, especialmente por los asesinatos de periodistas. Lejos de generar precedentes sobre la importancia de proteger el derecho fundamental a la información y la opinión en Colombia, las cifras muestran un panorama desalentador.

"Sí, tuve que salir del país el nueve de marzo pasado, y lo hice discretamente", afirmó hoy el director del programa informativo '6 a.m., hoy por hoy' de Caracol Radio, Darío Arizmendi. Informó además que se frustraron dos atentados en su contra en los últimos seis meses.

Pocas horas después de emitir un programa radial sobre posibles irregularidades en los procesos de extradición a Estados Unidos de varios reclusos de la cárcel de Cómbita, el periodista José Herbin Hoyos Medina recibió una amenaza donde lo conminan a dejar el país en 72 horas.

En la reunión sostenida hoy con el vicepresidente de la República, Francisco Santos; el director de la Dirección de Policía Judicial, general Óscar Naranjo y el director de derechos humanos del Ministerio del Interior y Justicia, Rafael Bustamante, entre otros, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) le expuso al gobierno el preocupante balance del la libertad de prensa en el primer mes del año y los antecedentes de 2005.

El pasado 20 de septiembre de 2005 el periodista Juan Gossaín recibió amenazas de muerte por sus recientes denuncias sobre las irregularidades en la administración pública de Cartagena, ciudad de la Costa Norte de Colombia. Gossaín, director de Noticias de RCN Radio, recibió la amenaza de manera telefónica en los siguientes términos: "Si usted y los demás periodistas siguen hablando de lo que pasa en Cartagena, aténganse a las consecuencias".

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza las amenazas y hostigamientos contra los comunicadores que divulgan información relacionada con temas de derechos humanos. La última victima fue Adriana Cuéllar, jefe de la Oficina de Comunicaciones del Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo". 

Gladys Barajas, presidenta por cinco años del Círculo Colombiano de Reporteros Gráficos, fue víctima de amenazas contra su vida en los últimos quince días. A través de llamadas, correos electrónicos, cartas y sufragios, hombres desconocidos le dieron a la reportera diez días para salir. 

El 19 de noviembre a las 12:30 de la madrugada, una maleta bomba fue dejada al frente de las instalaciones del periódico regional La Opinión en Cúcuta, Norte de Santander. Los agresores pretendían entrar a la sede del diario, pero los celadores alcanzaron a cerrar la puerta de acceso a las instalaciones. Ante la imposibilidad de ingresar, los delincuentes dejaron la maleta bomba en la puerta principal del periódico y huyeron. Un celador se dio cuenta de la presencia de la maleta bomba e informó a La Policía. Alrededor de las 4 de la madrugada unidades antiexplosivos frustraron el atentado al desactivar de manera controlada el artefacto compuesto con 30 kilos del explosivo Anfo. El episodio no dejó víctimas humanas ni daños materiales.