En un comunicado de hoy, 25 de agosto, el Arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, acusa al periodista Juan Pablo Barrientos de llevar a cabo “una campaña malintencionada contra la Iglesia” y además afirma que es “calumnioso contra la Iglesia y que manipula la información para decir que hay una red de pederastia”. Este es el último episodio de múltiples intentos por parte de la Iglesia católica por acallar la investigación del periodista. Estas afirmaciones pretenden deslegitimar y censurar a Barrientos y a sus investigaciones, desconociendo que la judicatura ha protegido los derechos del periodista.

Además de este pronunciamiento público estigmatizante, hoy la Arquidiócesis envió al periodista una respuesta incompleta. De la información de los 915 sacerdotes presuntamente involucrados en actos de pederastia, solo se entregó reporte  de 36. Por distintas estrategias dilatorias, la investigación se ha paralizado por casi un año y medio.

Desde el 2018, Barrientos se ha dedicado a investigar y publicar información relacionada con los abusos sexuales a menores de edad por parte de sacerdotes de todo el país; hasta ahora el periodista ha publicado los libros Dejad que los niños vengan a mí y Este es el cordero de Dios. Desde entonces, la Iglesia católica se ha dedicado a interponer obstáculos para impedir que los reportajes se publiquen.

Primero, miembros de la Iglesia católica han acosado judicialmente a Barrientos. En 2019, interpusieron cuatro tutelas y una denuncia penal que buscaban suspender la reproducción, comercialización y venta del libro Dejad que los niños vengan a mí. En el 2021, en solo un mes, Barrientos debió atender siete procesos de tutela que pretendían violar la reserva de la fuente y censurar su libro. Estos fueron promovidos coordinadamente por sacerdotes del departamento del Meta, que no tenían pruebas, y que solo buscaban intimidar y desgastar la administración de justicia.

Segundo, las Arquidiócesis de Medellín, Rionegro, Bogotá y Cali se han negado a entregar la información que en el 2020 la Corte Constitucional dijo que debía ser pública, como por ejemplo, cuántos y cuáles sacerdotes han sido denunciados por abusar sexualmente de menores. Sin embargo, por hacer caso omiso a la orden de la Corte, en 2022 ésta tuvo que volver a pronunciarse y reiterar el deber que tienen las organizaciones religiosas de entregar la información semiprivada, que no está sujeta a reserva por ser de interés público.

A pesar de esto, la Arquidiócesis de Medellín ha dilatado la entrega de información: el 12 de agosto solicitó una aclaración impertinente sobre el fallo de la Corte. En la actualidad, Barrientos se enfrenta a una situación similar con otras Arquidiócesis en el país: en Bogotá han pasado más de nueve meses sin que le entregue la información solicitada y en Cali siete, obligándolo a interponer tutelas.

En esta misma estrategia de incumplir las órdenes judiciales, las Arquidiócesis se han justificado argumentando que se rigen por el Derecho Canónico antes que por el derecho nacional. Los miembros de la Iglesia desconocen que ese hecho no los exime de entregar la información. 

Ahora, la última estrategia es atacar la ética profesional de Barrientos y cuestionar los motivos de su investigación, con lo que pretenden minar la confianza de la sociedad en su trabajo. Horas después de la publicación de las declaraciones, varias personas ya han dirigido mensajes que atacan a Barrientos. El periodista le dijo a la FLIP que las declaraciones de Tobón son “una declaratoria de guerra, es como decirle a todos los fieles <<cáiganle al periodista>>”.

Hacemos un llamado a las Arquidiócesis de Medellín para que acate la orden de la Corte Constitucional a cabalidad. Los miembros de la Iglesia deben abstenerse de seguir intimidando a Barrientos mediante el uso del derecho o de declaraciones desacreditantes hacia su trabajo.

Los incansables intentos de censura en este caso afectan también el derecho del resto de la ciudadanía a informarse y participar en la discusión pública sobre los abusos sexuales a menores de edad, asunto de alto interés público. Adicionalmente, hacemos un llamado a los jueces de tutela para que vigilen el cumplimiento de sus órdenes para que se materialice la protección de los derechos fundamentales.

Colombia, 8 de abril del 2022.

Senadores y senadoras de Colombia,

Las Organizaciones de la Sociedad Civil firmantes, incluidas todas aquellas que integran el Comité de Estado Abierto, solicitamos al Senado de la República rechazar las objeciones del Presidente Iván Duque al proyecto de ley que pretende restablecer los plazos para dar respuesta a los derechos de petición, respetando el mandato de las leyes 1437 de 2011 y 1577 de 2015 que reglamentan el derecho de petición en Colombia.

En el Día internacional del Derecho a Saber, la Alianza Más información Más Derechos manifiesta su preocupación por las barreras que aún persisten para el acceso a la información.

Nos preocupa, en particular, el rol de la Procuraduría General de la Nación como garante de la Ley de transparencia y acceso a la información pública así como el déficit de transparencia judicial y de acceso al escrutinio público sobre la financiación de iniciativas electorales.

1. La ambiciosa Ley de transparencia y acceso a la información pública (1712 de 2014) presenta serias dificultades en su implementación. No se evidencia que el Ministerio Público haya priorizado sus obligaciones como órgano garante. Además, es precaria la gestión del Procurador General de La Nación, Fernando Carrillo, como líder del Ministerio Público en cumplir con las responsabilidades que la ley le establece:

a. Hasta la fecha no se han identificado sanciones para entidades que no cumplan con el ejercicio de divulgar la información de manera proactiva, ni siquiera por la información mínima obligatoria que establecen los artículos 9 y 11 de la Ley.

b. En cuanto a la revisión de tutelas relacionadas con acceso a la información pública, los datos están atrasados, son poco amigables y no cumplen con la función de ayuda al ciudadano.

c. El Grupo de Transparencia y Acceso a la Información Pública, actualizado mediante Resolución N° 077 del 23 de marzo de 2017 y ahora denominado Transparencia, Integridad y Cultura de lo Público, no ha divulgado su Plan de Acción o Plan Estratégico.

La deuda de este organismo dificulta la posibilidad de que la ley pueda ser verificada en sus alcances.

2. Poniendo de presente que Colombia se encuentra en temporada de preparación para las elecciones legislativas y presidenciales de 2018, la Alianza quiere llamar la atención sobre la falta de información frente al cumplimiento de los estándares de transparencia por una gran parte de las candidaturas en curso. En particular, sobre el hecho de que no hay rendición de cuentas ni claridad en cuanto a los recursos invertidos en las gestiones que actualmente despliegan los aspirantes que han elegido obtener su candidatura por medio de la recolección de firmas ciudadanas.

En este sentido, La Alianza advierte a la sociedad colombiana sobre el vacío normativo al respecto de los procesos de recolección de firmas y exige a los grupos promotores y a sus candidatos rendir cuentas a la sociedad de manera voluntaria.

3. El sistema judicial colombiano enfrenta una crisis que involucra hasta a magistrados de las altas cortes en escándalos de la más grave corrupción. Para recuperar la confianza ciudadana, la Alianza Más Información Más Derechos exhorta a las altas cortes a cumplir las obligaciones de transparencia que la Ley 1712 de 2014 les impone. Si bien valora las instrucciones de transparencia recientemente dictadas por el Consejo de Estado en la Circular interna No. 12 del 21 de septiembre de 2017, ve con extrañeza que no se incluye a la Ley 1712 de 2014 como fuente de sus compromisos, lo que evidencia la precariedad del cumplimiento de los mismos. Además, rechaza la idea extendida en sectores de la Rama, de que información personal como experiencia y formación de los funcionarios judiciales se encuentra protegida por su derecho a la intimidad, pues desconoce que tal derecho admite las limitaciones propias que impone la condición de servidor público.

Por esas razones, la Alianza Más Información Más Derechos se suma a la solicitud recientemente extendida por Dejusticia y la Corporación Excelencia en la Justicia a las altas cortes y al Fiscal General de la Nación en días pasados y exhorta a la publicación de las hojas de vida de los magistrados auxiliares y titulares de las altas cortes, sus declaraciones de renta, sus licencias y comisiones de servicios y a divulgar los nombres de quienes tengan familiares en cargos públicos de libre nombramiento y remoción en la Fiscalía, los órganos de control, el Congreso de la República o en altos niveles de la rama ejecutiva, sus viajes y días de permiso, entre otras.

Resaltamos la crucial importancia del rol que la sociedad civil desempeña en favor del cumplimiento efectivo de las medidas de transparencia y rendición de cuentas. Adicionalmente, invitamos a los Magistrados y Magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz recientemente elegidos a adoptar medidas en esa precisa dirección durante el desempeño de sus funciones.

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La Alianza Más Información Más Derechos es una campaña de la sociedad civil por la transparencia y el derecho de acceso a la información pública en Colombia, conformada por Corporación Ocasa, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), el Proyecto Antonio Nariño (PAN), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), y la Corporación Transparencia por Colombia (TpC).

Caracol Radio Colombia, La Asociación Nacional de Medios de Comunicación (ASOMEDIOS), La Asociación Colombiana de Editores de Medios Informativos (Andiarios) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), rechazamos de manera enfática las agresiones de las que fue víctima la periodista Elyangélica González, corresponsal en Venezuela de la cadena colombiana Caracol Radio. Este ataque no tiene precedentes recientes y contradice los principios democráticos.

A las 8:30 de la mañana del 31 de marzo de 2017, en inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y haciendo cubrimiento de la crisis institucional a partir de la suspensión de la Asamblea Nacional, la periodista fue brutalmente golpeada por una decena de militares venezolanos que la despojaron de sus equipos periodísticos e interrumpieron la transmisión que hacía en directo para Bogotá.

“Me arrancaron el teléfono, traté de sacar el otro para seguir hablando, me lo quitaron, lo partieron, lo quemaron, me detuvieron en el Tribunal Supremo (…) estoy completamente arañada, golpeada (…) me cayeron a patadas diez personas, me batían de un lado a otro”, relató la periodista cuando pudo retomar contacto con la cadena radial.

Estos hechos no solo son humillantes, autoritarios, crueles e inhumanos contra una periodista mujer, sino que además constituyen una grave violación a la libertad de prensa que cuestiona las garantías para los corresponsales internacionales que cubren la difícil coyuntura que atraviesa Venezuela. Son acciones de censura previa, violencia contra la prensa y destrucción de material periodístico que están prohibidas por las declaraciones internacionales de Derechos Humanos suscritas por el Estado de Venezuela.  Este ataque a la prensa colombiana acreditada en Venezuela ya está en conocimiento de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El sistemático desprecio de las autoridades venezolanas por la libertad de prensa restringe el derecho a la información y aumenta las condiciones de riesgo de los periodistas que trabajan en este país. A pesar del que el gobierno venezolano desconoce sus obligaciones de respeto a la prensa a partir de acciones autoritarias, nos corresponde  insistir en la exigencia de los valores democráticos.

La declaración de principios sobre libertad de expresión indica que la “intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Por lo anterior, hacemos un llamado especial a la Cancillería colombiana para que siga brindando apoyo a los periodistas que trabajan para medios colombianos en ese país, tomando en cuenta que el respeto por la libertad de prensa es un requisito imprescindible y prioritario en curso las relaciones internacionales.

Solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en su mandato de garantizar el derecho a la libertad de expresión y de prensa, active todos los mecanismos a su disposición que contribuyan a la protección de la periodista Elyangélica González.

Por último, convocamos al periodismo de las américas a sumar esfuerzos solidarios y de unión con el fin de mantener a la comunidad internacional informada sobre lo que sucede en Venezuela. 

Hoy, 28 de septiembre, se celebra el día mundial del derecho a saber.

Tomado de: El Espectador

Irónicamente, es el mismo día en que se cumplen 20 años del asesinato del periodista radial del Cauca Manuel José Martínez Espinoza. Pese a que se condenó al Estado por los hechos, nunca se conoció a los autores materiales.

Por Jonathan Bock, Fundación Para la Libertad de Prensa

Tomado de: Revista Semana

La violencia durante años contra medios de comunicación impone ahora un rotundo silencio informativo en la región.

A escasos kilómetros del aeropuerto de Caucasia, capital de la subregión antioqueña del bajo Cauca, aparece un ‘elefante blanco’ de inmensas dimensiones, es la cabeza de la manada. Se trata de los cimientos de lo que debería ser el mejor hospital del norte del departamento, el más grande de Antioquia. 

Desde el próximo martes 11 de diciembre, Colombia tendrá una herramienta novedosa y completa que analizará el estado de la libertad de expresión y el acceso a la información pública. El Índice PAN es hasta ahora, el más amplio estudio de su tipo que se haya hecho en el país.

Después de dos años de trabajo, el Proyecto Antonio Nariño -PAN presenta los resultados del Índice de Libertad de Expresión y Acceso a la Información Pública en Colombia y todas sus regiones: impunidad, ambiente laboral, concentración de medios, agresiones a periodistas, ambiente político, entre otros. El evento se realizará el martes, 11 de diciembre, en el hotel Windsor House, de 8:30 a 10:30 am. Bogotá. ¡Entrada libre! Los esperamos.

¿Por qué se celebra este Día?

El Día del Derecho a Saber, que se celebró por primera vez en el 2002 tras la creación de la \'Red de Activistas por la Libertad de Información\' -FOIAnet- en Sofía, Bulgaria, se recuerda a los ciudadanos y al Estado la importancia del derecho a acceder libremente a la información pública, como un garante de la Democracia.

Este 28 de septiembre, se celebra el día Internacional por el Derecho a Saber. La FLIP te invita a reconocer la importancia del derecho al acceso a la información pública y a descubrir cómo se encuentra el país en este tema.

En conmemoración al Día Internacional por el Derecho a Saber, que se celebrará el viernes 28 de septiembre, algunos jóvenes le contaron a la Corporación Ocasa qué quieren saber y a qué información pública desearían tener acceso.

- El cuarto y último debate de la Ley Estatutaria deberá llevarse a cabo el este martes 19 de junio en la Cámara de Representantes. La garantía al derecho fundamental de acceso a la información corre contra el reloj de esta legislatura que termina el miércoles.

- La Alianza Más Información Más Derechos alerta sobre la eliminación de los requisitos para la reserva de documentos, acabando así con uno de los principales avances que se buscan con este  proyecto de Ley.

- También resulta preocupante la inclusión de nuevas excepciones que restringen el acceso ciudadano a la información de algunos prestadores de servicios públicos.

•    La iniciativa legislativa, promovida por la Alianza Más Información Más Derechos*, fue aprobada este martes en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con 20 votos a favor y cero en contra.
•    Se espera que el próximo martes 12 de junio la Ley Estatutaria entre a su cuarto y último debate en la Cámara de Representantes.

De ser aprobada esta Ley, por primera vez el Estado Colombiano reconocería el acceso a la información como un derecho fundamental, y la información pública se promovería sin necesidad de solicitud previa del ciudadano, basado en la cultura de la transparencia.

Durante su participación en el Encuentro Latinoamericano de Lucha Contra la Corrupción Transnacional, la presidenta del movimiento anticorrupción, Huguette Labelle, se pronunció sobre la necesidad de una Ley de Acceso a la Información Pública en Colombia, “la ficha que falta en el rompecabezas de la legislación contra la corrupción”. 

La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corporación Transparencia por Colombia, realizan el viernes 18 de marzo el ‘Seminario Internacional de Acceso a la Información Pública’, con el apoyo de la Embajada Británica y FOS Colombia. El evento será en el Hotel Windsor House, Salón Bond (Calle 95 No. 9-97) a partir de las 8 am.

Hoy, 25 de octubre a la 6 p.m., el programa radial Rompecabezas indagará sobre ¿qué tan independientes son los medios de comunicación frente al mercado? ¿Por qué es importante su independencia para los ciudadanos? Y ¿qué es el derecho a la información?

Hoy se celebra el Día Internacional por el Derecho a Saber, con el fin de reivindicar la importancia de promover el acceso a la información como un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Un grupo de organizaciones interesadas en promover el derecho al libre acceso a la información se reunieron en Sofía, Bulgaria, en el año 2002, y establecieron esta celebración anual. 

Tomado de masinformaciónmasderechos.net. El próximo miércoles 28 de septiembre se conmemorá el día Internacional por el Derecho a Saber, una fecha que recuerda la importancia que tiene el estar debidamente informado mediante el acceso a la información, para de esta manera ejercer una ciudadanía activa y responsable.

El martes 10 de agosto en Sincelejo (Sucre) desconocidos compraron masivamente el diario El Tiempo pagando hasta siete mil pesos por cada ejemplar, configurándose en una obstrucción al trabajo periodístico. Antes de la 7 de la mañana varios sujetos quisieron comprar los 340 ejemplares que se tenían previstos para la distribución en la región. Como la distribuidora no accedió optaron por comprarlos a los voceadores de este periódico.

El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – DeJuSticia, la Misión de Observación Electoral - MOE, Medios para la Paz, la Asociación de Diarios Colombianos - Andiarios y la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP le interpusieron acción de tutela al Ministerio del Interior y de Justicia por la expedición del decreto que reglamenta el orden público durante la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales, al considerar que algunos artículos violan la libertad de expresión y el acceso a la información.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) le envió una carta al Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, para solicitarle a la Registraduría, que le haga un llamado a todos sus funcionarios a garantizar y respetar el oficio de los reporteros el próximo 30 de mayo, día de las elecciones presidenciales, tal y como lo exige la Constitución y la ley.

El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – DeJuSticia, la Misión de Observación Electoral - MOE, Medios para la Paz y la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP le enviaron una carta al Ministerio del Interior y de Justicia, en la cual le solicitan garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información el día de las elecciones presidenciales.

El pasado 23 de abril de 2010, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en Pasto, Nariño, expulsaron de un evento público a los periodistas Javier Jules, de Canal Caracol, y Carlos Mora, de Pasto Noticias, informativo que se emite por el canal Telepasto de la Universidad de Nariño.

El próximo jueves 25 de febrero de 2010, las organizaciones miembros de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información se presentarán ante la Corte Suprema del Paraguay en calidad de Amigos del Tribunal, (Amicus Curie) a fin expresar su opinión fundada sobre el caso “Defensoría del Pueblo vs. Municipalidad de San Lorenzo” ante la Corte Suprema que lleva adelante los abogados de la organización no gubernamental IDEA, miembros de la Alianza Regional por Paraguay. 

El pasado 30 de enero de 2010 miembros de la Policía de Funza, Cundinamarca, evitaron la distribución del boletín ‘El Libelo’ el cual era repartido en el marco de una jornada de rendición de cuentas de la gestión pública en ese municipio. El boletín traía una denuncia sobre algunos casos de abuso de autoridad por parte de la Policía local.

El periodista Guillermo Andrés Castro, director del periódico ‘El Macarenazo’ y quien también distribuye el boletín, se disponía a repartir la publicación cuando fue requisado abruptamente por los miembros de la fuerza pública presentes. Sin explicación alguna, los agentes le arrebataron de las manos los ejemplares de ‘El Libelo’, los cuales no le fueron devueltos.  

El pasado 3 de febrero de 2010 la Casa Editorial El Tiempo (CEET) anunció a través de un comunicado que su revista Cambio, publicación nacional semanal sobre actualidad nacional y política, se convertirá en una revista mensual de variedades argumentando problemas financieros. Sus directores, que fueron despedidos, denuncian que los reales motivos del cierre estuvieron relacionados con su línea editorial. 

En su comunicado la CEET, cuyo mayor accionista es el Grupo Planeta de España, manifestó que el cambio en la publicación se debió a que “el declive mundial de las revistas de actualidad y política derivado de un cambio en los hábitos de los lectores y, como consecuencia de ello, el viraje en las decisiones de inversión de los anunciantes de este tipo de revistas, se ha producido ese ajuste". En ese mismo sentido, el presidente de esa casa editorial, Luis Fernando Santos, manifestó que “estas decisiones no son fáciles, son decisiones de negocios”.

Pocas horas antes del estreno de un documental sobre la masacre de Mapiripán, un coronel del Ejército exigió la revisión de su contenido. Ante la negativa de los autores, el funcionario militar prohibió la exhibición de la cinta. Ésta hacía parte de la programación de la 'Semana por la paz', evento liderado por varias organizaciones sociales en Colombia.

En declaraciones dadas el 17 de marzo a dos emisoras de Ibagué, Tolima, Humberto Gómez Gallo, actual senador de la República y reelegido para un nuevo periodo, convocó a sus seguidores a "boicotear" al diario 'El Nuevo Día' de esa ciudad.

Después de amenazar al director del medio y de agredir al vigilante del lugar, más de 20 hombres hurtaron entre 15 mil y 18 mil ejemplares del periódico turístico 'Primera Plana'.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de marzo en Pereira, capital del departamento de Risaralda, al centro-occidente de Colombia. A las once de la mañana, entre 20 y 30 hombres, algunos de ellos aparentemente armados, llegaron al parqueadero donde Antonio Vargas Valbuena, director de 'Primera Plana', guardaba los ejemplares de la última edición de la publicación mensual. Los hombres amedrentaron a Vargas y lo amenazaron de muerte si no entregaba los periódicos. Afirmaban que Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu, exgobernadora de Risaralda y candidata al Senado por el partido político Cambio Radical, había dado la orden de recoger todas las ediciones.

En medio de un ambiente confuso y enrarecido se encuentra el periodismo nacional, pocos días después de que la Corte Constitucional aprobó la ley de garantías que reglamentó la reelección presidencial en Colombia. Periodistas de los principales medios de comunicación manifestaron su preocupación por las posibles restricciones a la libertad de prensa.

El Instituto Prensa y Sociedad del Perú (IPYS), Reporteros Sin Fronteras Francia (RSF), el Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas (CESOFIP), Medios para la Paz (MPP) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), están preocupadas por las últimas declaraciones que dio el presidente Álvaro Uribe Vélez relacionadas con los medios de comunicación.

Desde el 23 de septiembre de 2003, varios municipios del Valle, Cauca y Nariño al oriente colombiano, se encuentran sin servicio de televisión pública debido a la voladura de la torre repetidora de INRAVISIÓN. Los diarios nacionales y regionales reportaron que la torre fue volada por miembros de las FARC. 

Dos periodistas de Vanguardia Liberal en Valledupar fueron retenidos por más de quince minutos y obligados a borrar unas fotografías que habían tomado de la Penitenciaria Nacional de es ciudad, capital del departamento del Cesar al norte de Colombia. La orden fue dada por el director de la cárcel, quien aseguró haber actuado según normas legales y consideró una imprudencia la manera cómo los periodistas realizaron su trabajo.

El 20 de septiembre de 2002 el alcalde de Barranquilla, Humberto Caiafa, se negó a dar declaraciones a la periodista Myriam Peña del informativo radial Atlántico en Noticias, expresando que ese medio "no informaba bien" acerca de los asuntos de la administración de esa ciudad en la costa norte colombiana.