Iglesia católica redobla esfuerzos para censurar investigaciones sobre pederastia

En un comunicado de hoy, 25 de agosto, el Arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, acusa al periodista Juan Pablo Barrientos de llevar a cabo “una campaña malintencionada contra la Iglesia” y además afirma que es “calumnioso contra la Iglesia y que manipula la información para decir que hay una red de pederastia”. Este es el último episodio de múltiples intentos por parte de la Iglesia católica por acallar la investigación del periodista. Estas afirmaciones pretenden deslegitimar y censurar a Barrientos y a sus investigaciones, desconociendo que la judicatura ha protegido los derechos del periodista.

Además de este pronunciamiento público estigmatizante, hoy la Arquidiócesis envió al periodista una respuesta incompleta. De la información de los 915 sacerdotes presuntamente involucrados en actos de pederastia, solo se entregó reporte  de 36. Por distintas estrategias dilatorias, la investigación se ha paralizado por casi un año y medio.

Desde el 2018, Barrientos se ha dedicado a investigar y publicar información relacionada con los abusos sexuales a menores de edad por parte de sacerdotes de todo el país; hasta ahora el periodista ha publicado los libros Dejad que los niños vengan a mí y Este es el cordero de Dios. Desde entonces, la Iglesia católica se ha dedicado a interponer obstáculos para impedir que los reportajes se publiquen.

Primero, miembros de la Iglesia católica han acosado judicialmente a Barrientos. En 2019, interpusieron cuatro tutelas y una denuncia penal que buscaban suspender la reproducción, comercialización y venta del libro Dejad que los niños vengan a mí. En el 2021, en solo un mes, Barrientos debió atender siete procesos de tutela que pretendían violar la reserva de la fuente y censurar su libro. Estos fueron promovidos coordinadamente por sacerdotes del departamento del Meta, que no tenían pruebas, y que solo buscaban intimidar y desgastar la administración de justicia.

Segundo, las Arquidiócesis de Medellín, Rionegro, Bogotá y Cali se han negado a entregar la información que en el 2020 la Corte Constitucional dijo que debía ser pública, como por ejemplo, cuántos y cuáles sacerdotes han sido denunciados por abusar sexualmente de menores. Sin embargo, por hacer caso omiso a la orden de la Corte, en 2022 ésta tuvo que volver a pronunciarse y reiterar el deber que tienen las organizaciones religiosas de entregar la información semiprivada, que no está sujeta a reserva por ser de interés público.

A pesar de esto, la Arquidiócesis de Medellín ha dilatado la entrega de información: el 12 de agosto solicitó una aclaración impertinente sobre el fallo de la Corte. En la actualidad, Barrientos se enfrenta a una situación similar con otras Arquidiócesis en el país: en Bogotá han pasado más de nueve meses sin que le entregue la información solicitada y en Cali siete, obligándolo a interponer tutelas.

En esta misma estrategia de incumplir las órdenes judiciales, las Arquidiócesis se han justificado argumentando que se rigen por el Derecho Canónico antes que por el derecho nacional. Los miembros de la Iglesia desconocen que ese hecho no los exime de entregar la información. 

Ahora, la última estrategia es atacar la ética profesional de Barrientos y cuestionar los motivos de su investigación, con lo que pretenden minar la confianza de la sociedad en su trabajo. Horas después de la publicación de las declaraciones, varias personas ya han dirigido mensajes que atacan a Barrientos. El periodista le dijo a la FLIP que las declaraciones de Tobón son “una declaratoria de guerra, es como decirle a todos los fieles <<cáiganle al periodista>>”.

Hacemos un llamado a las Arquidiócesis de Medellín para que acate la orden de la Corte Constitucional a cabalidad. Los miembros de la Iglesia deben abstenerse de seguir intimidando a Barrientos mediante el uso del derecho o de declaraciones desacreditantes hacia su trabajo.

Los incansables intentos de censura en este caso afectan también el derecho del resto de la ciudadanía a informarse y participar en la discusión pública sobre los abusos sexuales a menores de edad, asunto de alto interés público. Adicionalmente, hacemos un llamado a los jueces de tutela para que vigilen el cumplimiento de sus órdenes para que se materialice la protección de los derechos fundamentales.