Senador invita a boicotear a diario regional

"Los tolimenses deberíamos iniciar un boicot contra 'El Nuevo Día', no deberíamos comprar ese periódico, no deberíamos pautar en él (...) para que castiguen a 'El Nuevo Día' por su infamia y por la bellaquería (...) 'El Nuevo Día' jamás debería pronunciarse en torno a mi nombre ni para bien ni para mal, porque ha mostrado sevicia, porque ha mostrado odio", fueron las palabras utilizadas por el senador y expresidente del Congreso el pasado viernes a la emisora La Cariñosa de RCN.

Posteriormente, en declaraciones publicadas en el diario 'El Tiempo', el congresista señaló que se había malinterpretado su declaración. "Ellos ('El Nuevo Día') lo interpretaron como un boicot. Yo lo que he pedido es hacer una colecta para fundar otro periódico", afirmó Gómez Gallo.

En diálogo con la FLIP, el congresista se negó a dar cualquier declaración al respecto. Manifestó que sus abogados responderán cualquier inquietud sobre sus declaraciones sobre el diario regional. Gómez Gallo se limitó a decir que el asunto había sido una exageración de Antonio Melo, director del matutino.

'El Nuevo Día' ha publicado denuncias sobre la actividad pública del senador. La más reciente está relacionada con la solicitud del abogado Iván Ramirez a la Fiscalía para que abra una investigación por los nexos de Gómez Gallo con el presunto narcotraficante Eduardo Restrepo Victoria. Así mismo, el periódico ha recogido informes de medios nacionales sobre irregularidades del senador en su paso por la presidencia del Senado de la República.

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La FLIP rechaza las declaraciones del senador Humberto Gómez Gallo. En un país como Colombia, las estigmatizaciones o descalificaciones públicas contra un medio de comunicación no sólo constituyen una violación a la libertad de prensa, sino que también tienen como efecto previsible y perverso la generación de un riesgo para quien las recibe. Así, los funcionarios públicos deben abstenerse de hacer declaraciones que puedan servir como base para que los actores armados ilegales emprendan ataques contra medios de comunicaciones o periodistas.

Los funcionarios públicos son los primeros agentes de la democracia que deben defender la libertad de prensa, reivindicar sus principios y hacerlos respetar. Pero también son el primer objetivo de este derecho fundamental. Su condición de depositarios de la fe pública los obliga a permanecer bajo la lupa de los medios de comunicación.