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Presidenta de Transparencia Internacional pide al Congreso colombiano aprobar la Ley Estatutaria de Acceso a la Información Pública

Presidenta de Transparencia Internacional pide al Congreso colombiano aprobar la Ley Estatutaria de Acceso a la Información Pública

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sábado, 03 marzo 2012

Presidenta de Transparencia Internacional pide al Congreso colombiano aprobar la Ley Estatutaria de Acceso a la Información Pública

La Ley, promovida en el Congreso de la República por Transparencia por Colombia, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – DeJusticia y la Alianza Más Información, Más Derechos, busca promover el derecho fundamental de recibir respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública y el deber estatal de visibilizar y promover activamente esta información sin necesidad de solicitud previa, basado en la cultura de la transparencia.

Labelle instó al Congreso de la República a aprobar en la próxima legislatura esta iniciativa que ayudaría a “prevenir y detectar la corrupción”, ya que en la medida que lo público es transparente, los ciudadanos, periodistas y entes gubernamentales pueden ejercer mejor su derecho y deber al control.

En respuesta al llamado de Labelle, el Secretario de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Carlos Fernando Galán, aseguró durante el evento que el presidente Juan Manuel Santos manifestó que el proyecto de Ley Estatutaria de Acceso a la Información Pública “es una herramienta importante que hay que sacar adelante,  y que hace parte del plan de acción de gobierno abierto que actualmente está en construcción (…) ya que esta Ley permitiría un mayor acceso ciudadano al Estado”.

El Proyecto de Ley fue radicado el pasado 1 de noviembre de 2011 en la Comisión Primera del Senado, con las firmas de cuatro Congresistas y tres Representantes de la Cámara.

¿Por qué es necesaria una Ley Estatutaria de Acceso a la Información Pública?

Aunque en Colombia existen mecanismos para ejercer y defender el derecho ciudadano de acceder a la información pública, como el Derecho de Petición (artículo 23 de la Constitución y artículo 17 del Código Contencioso administrativo), el recurso de insistencia (artículo 21 de la Ley 57 de 1985) y la Tutela, este derecho aún no ha recibido un tratamiento autónomo ni reconocimiento independiente en el nivel legislativo. Conozca más sobre el Proyecto de Ley 

Mayores informes para la prensa: 

Tatiana Joiro, Coordinadora de Comunicaciones

Transparencia por Colombia

Tel. 2350900 Ext. 111 Cel. 3108742028

comunicaciones@transparenciacolombia.org.co

Publicado en Pronunciamientos

Etiquetado como Derecho a la información

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miércoles, 26 mayo 2010

La FLIP le solicita a la Registraduría Nacional respetar el trabajo de los periodistas en elecciones presidenciales

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) le envió una carta al Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, para solicitarle a la Registraduría, que le haga un llamado a todos sus funcionarios a garantizar y respetar el oficio de los reporteros el próximo 30 de mayo, día de las elecciones presidenciales, tal y como lo exige la Constitución y la ley.

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sábado, 01 abril 2017

Contra la censura en Venezuela

Caracol Radio Colombia, La Asociación Nacional de Medios de Comunicación (ASOMEDIOS), La Asociación Colombiana de Editores de Medios Informativos (Andiarios) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), rechazamos de manera enfática las agresiones de las que fue víctima la periodista Elyangélica González, corresponsal en Venezuela de la cadena colombiana Caracol Radio. Este ataque no tiene precedentes recientes y contradice los principios democráticos.

A las 8:30 de la mañana del 31 de marzo de 2017, en inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y haciendo cubrimiento de la crisis institucional a partir de la suspensión de la Asamblea Nacional, la periodista fue brutalmente golpeada por una decena de militares venezolanos que la despojaron de sus equipos periodísticos e interrumpieron la transmisión que hacía en directo para Bogotá.

“Me arrancaron el teléfono, traté de sacar el otro para seguir hablando, me lo quitaron, lo partieron, lo quemaron, me detuvieron en el Tribunal Supremo (…) estoy completamente arañada, golpeada (…) me cayeron a patadas diez personas, me batían de un lado a otro”, relató la periodista cuando pudo retomar contacto con la cadena radial.

Estos hechos no solo son humillantes, autoritarios, crueles e inhumanos contra una periodista mujer, sino que además constituyen una grave violación a la libertad de prensa que cuestiona las garantías para los corresponsales internacionales que cubren la difícil coyuntura que atraviesa Venezuela. Son acciones de censura previa, violencia contra la prensa y destrucción de material periodístico que están prohibidas por las declaraciones internacionales de Derechos Humanos suscritas por el Estado de Venezuela.  Este ataque a la prensa colombiana acreditada en Venezuela ya está en conocimiento de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El sistemático desprecio de las autoridades venezolanas por la libertad de prensa restringe el derecho a la información y aumenta las condiciones de riesgo de los periodistas que trabajan en este país. A pesar del que el gobierno venezolano desconoce sus obligaciones de respeto a la prensa a partir de acciones autoritarias, nos corresponde  insistir en la exigencia de los valores democráticos.

La declaración de principios sobre libertad de expresión indica que la “intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Por lo anterior, hacemos un llamado especial a la Cancillería colombiana para que siga brindando apoyo a los periodistas que trabajan para medios colombianos en ese país, tomando en cuenta que el respeto por la libertad de prensa es un requisito imprescindible y prioritario en curso las relaciones internacionales.

Solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en su mandato de garantizar el derecho a la libertad de expresión y de prensa, active todos los mecanismos a su disposición que contribuyan a la protección de la periodista Elyangélica González.

Por último, convocamos al periodismo de las américas a sumar esfuerzos solidarios y de unión con el fin de mantener a la comunidad internacional informada sobre lo que sucede en Venezuela. 

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viernes, 29 septiembre 2017

Nuestro país aún no garantiza el derecho de acceso a la información pública

En el Día internacional del Derecho a Saber, la Alianza Más información Más Derechos manifiesta su preocupación por las barreras que aún persisten para el acceso a la información.

Nos preocupa, en particular, el rol de la Procuraduría General de la Nación como garante de la Ley de transparencia y acceso a la información pública así como el déficit de transparencia judicial y de acceso al escrutinio público sobre la financiación de iniciativas electorales.

1. La ambiciosa Ley de transparencia y acceso a la información pública (1712 de 2014) presenta serias dificultades en su implementación. No se evidencia que el Ministerio Público haya priorizado sus obligaciones como órgano garante. Además, es precaria la gestión del Procurador General de La Nación, Fernando Carrillo, como líder del Ministerio Público en cumplir con las responsabilidades que la ley le establece:

a. Hasta la fecha no se han identificado sanciones para entidades que no cumplan con el ejercicio de divulgar la información de manera proactiva, ni siquiera por la información mínima obligatoria que establecen los artículos 9 y 11 de la Ley.

b. En cuanto a la revisión de tutelas relacionadas con acceso a la información pública, los datos están atrasados, son poco amigables y no cumplen con la función de ayuda al ciudadano.

c. El Grupo de Transparencia y Acceso a la Información Pública, actualizado mediante Resolución N° 077 del 23 de marzo de 2017 y ahora denominado Transparencia, Integridad y Cultura de lo Público, no ha divulgado su Plan de Acción o Plan Estratégico.

La deuda de este organismo dificulta la posibilidad de que la ley pueda ser verificada en sus alcances.

2. Poniendo de presente que Colombia se encuentra en temporada de preparación para las elecciones legislativas y presidenciales de 2018, la Alianza quiere llamar la atención sobre la falta de información frente al cumplimiento de los estándares de transparencia por una gran parte de las candidaturas en curso. En particular, sobre el hecho de que no hay rendición de cuentas ni claridad en cuanto a los recursos invertidos en las gestiones que actualmente despliegan los aspirantes que han elegido obtener su candidatura por medio de la recolección de firmas ciudadanas.

En este sentido, La Alianza advierte a la sociedad colombiana sobre el vacío normativo al respecto de los procesos de recolección de firmas y exige a los grupos promotores y a sus candidatos rendir cuentas a la sociedad de manera voluntaria.

3. El sistema judicial colombiano enfrenta una crisis que involucra hasta a magistrados de las altas cortes en escándalos de la más grave corrupción. Para recuperar la confianza ciudadana, la Alianza Más Información Más Derechos exhorta a las altas cortes a cumplir las obligaciones de transparencia que la Ley 1712 de 2014 les impone. Si bien valora las instrucciones de transparencia recientemente dictadas por el Consejo de Estado en la Circular interna No. 12 del 21 de septiembre de 2017, ve con extrañeza que no se incluye a la Ley 1712 de 2014 como fuente de sus compromisos, lo que evidencia la precariedad del cumplimiento de los mismos. Además, rechaza la idea extendida en sectores de la Rama, de que información personal como experiencia y formación de los funcionarios judiciales se encuentra protegida por su derecho a la intimidad, pues desconoce que tal derecho admite las limitaciones propias que impone la condición de servidor público.

Por esas razones, la Alianza Más Información Más Derechos se suma a la solicitud recientemente extendida por Dejusticia y la Corporación Excelencia en la Justicia a las altas cortes y al Fiscal General de la Nación en días pasados y exhorta a la publicación de las hojas de vida de los magistrados auxiliares y titulares de las altas cortes, sus declaraciones de renta, sus licencias y comisiones de servicios y a divulgar los nombres de quienes tengan familiares en cargos públicos de libre nombramiento y remoción en la Fiscalía, los órganos de control, el Congreso de la República o en altos niveles de la rama ejecutiva, sus viajes y días de permiso, entre otras.

Resaltamos la crucial importancia del rol que la sociedad civil desempeña en favor del cumplimiento efectivo de las medidas de transparencia y rendición de cuentas. Adicionalmente, invitamos a los Magistrados y Magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz recientemente elegidos a adoptar medidas en esa precisa dirección durante el desempeño de sus funciones.

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La Alianza Más Información Más Derechos es una campaña de la sociedad civil por la transparencia y el derecho de acceso a la información pública en Colombia, conformada por Corporación Ocasa, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), el Proyecto Antonio Nariño (PAN), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), y la Corporación Transparencia por Colombia (TpC).

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