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En el siguiente documento se expondrá cómo el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, líderes sociales, comunales y periodistas -PAO-, creado en el gobierno de Iván Duque, ha dado paso, paulatinamente, a la formulación de una política pública que pretende brindar respeto y garantía a la labor de defensa de Derechos Humanos en el país.

Lo aquí presentado se deriva del documento oficial del PAO, de la información compartida por el Ministerio del Interior en las reuniones de participación de la sociedad civil para la formulación del proyecto, de derechos de petición enviados al Ministerio y de una entrevista con la Dirección de Derechos Humanos de la misma entidad.

La impunidad es un fenómeno que continúa latente en muchos países del mundo y responsabiliza a las entidades encargadas de investigar crímenes o violaciones a los derechos humanos. Es un factor determinante para que los agresores continúen actuando sin ninguna consecuencia. En Colombia, por ejemplo, en lo que respecta a asesinatos contra periodistas, de las decenas de casos registrados por la FLIP sólo en uno se han logrado condenadas contra toda la cadena criminal. En el resto de casos hay distintos niveles de impunidad, la mayoría de los cuales se concentra en la falta de justicia respecto de los determinadores o autores intelectuales. La situación de impunidad no difiere respecto de otros tipos de violencias, como agresiones físicas, amenazas o violencia sexual.

Para conocer la experiencia en otros países con el problema de la impunidad en los crímenes contra la prensa, la FLIP revisó el trabajo de otras organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de conocer qué acciones, herramientas o estrategias se están usando para luchar contra este fenómeno. La elaboración de este documento se basó principalmente en entrevistas a diez organizaciones y expertos con experiencia en estos asuntos.

Lea aquí el documento completo.

La Gobernación del Valle del Cauca es la que más recursos invirtió en publicidad oficial de todo el país entre 2016 y 2019, celebrando contratos por un valor superior a los 53 mil millones de pesos. De acuerdo a los datos recaudados por Pauta Visible durante el mismo período esta entidad gastó al menos 3 veces más que la gobernación de Boyacá, la segunda con mayor gasto.

La Gobernación del Magdalena, presidida por Rosa Cotes Zúñiga, invirtió más de 10 mil millones de pesos en contratos de publicidad oficial entre 2016 y 2018. Son varias las cosas que resaltan en los procesos contractuales de la Gobernación, como por ejemplo la estructura de los contratos que asemejan a cheques en blanco y la compra de contenido en medios de comunicación del nivel nacional y departamental.

La Gobernación de Santander, en cabeza de Didier Tavera, invirtió más de 9 mil millones de pesos en contratos de publicidad oficial entre 2017 y 2018 *. De esa suma la administración destinó al menos 1.700 millones para la compra de contenidos periodísticos positivos, entre noticias, entrevistas y transmisiones especiales.

La Alcaldía de Santa Marta* en cabeza de Rafael Alejandro Martínez** destinó más de 1.800 millones en contratos de publicidad oficial entre 2017 y 2018, de los cuales al menos 1.300 fueron utilizados exclusivamente para comprar publirreportajes, entrevistas, transmisiones especiales, noticias, etc.

El libro Periodismo Roto es el testimonio impreso del proyecto Cartografías de la Información: un diagnóstico sobre el ecosistema de los medios en los municipios de Colombia.

Más de 68 mil millones de pesos ($68.628.813.379) invirtió la Alcaldía de Barranquilla en contratos de publicidad oficial entre el 2016 y 2017. Una cifra que equivale a lo invertido para remodelar el estadio Romelio Martínez para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, o a la financiación de la construcción del Nuevo Hospital General de Barranquilla. También, alcanzaría para construir 2 megacolegios, como el de Villas de San Pablo, considerado el megacolegio más grande de Colombia.