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Sumado a la violencia contra la prensa, desde el Estado se ha criticado y aleccionado sobre cómo es el buen periodismo, poniendo en duda su valor democrático. Existen muchos periodismos, todos válidos, y son las audiencias quienes deciden qué tan buenos o malos los consideran. 

Frente a la violencia contra periodistas no hubo indignación ni mensajes de rechazo, pero sí ataques y estigmatizaciones aleccionadoras sobre cuál es el “buen periodismo”. Los medios ciudadanos se han destacado en medio de estas agresiones, pero han sido etiquetados como enemigos del Estado. 

¿Cuál es el periodismo deseable? ¿Cuánta es la cantidad necesaria de objetividad? ¿Cuál es la matriz y los límites que deben seguir los medios de comunicación? Convertir la identidad y la misión del periodismo en un debate público termina siendo una derrota para la pluralidad y una victoria del autoritarismo y de aquellos funcionarios que ahondan en la fragilidad del periodismo colombiano. Acaso, ¿debatimos sobre buenos y malos contadores o aceptamos que se les rompa la cabeza con un bolillo por no haber entregado bien la declaración de renta o porque cuando lo hicieron tenían en su mirada un tufillo sensacionalista? 

Los meses recientes han sido los más violentos contra la prensa en las últimas décadas. En menos de 90 días, 342 periodistas que estaban cubriendo las manifestaciones sociales fueron víctimas de algún tipo de ataque. A 216 los agredieron agentes de la fuerza pública.

No hubo indignación, medidas preventivas o mensajes de respaldo para los reporteros y reporteras. Sí hubo, por el contrario, mensajes aleccionadores de cómo hacer buen periodismo. Lo escuchamos del Gobierno, de alcaldes, y de los comandantes de la fuerza pública. También lanzaron frases mostrando su desprecio y estigmatización por aquellos ciudadanos que “llevan una cámara y juegan a ser periodistas”. Todo tipo de calificativos: periodismo sectario, el cucho activista, medios alternativos, prepagos. Todos.  

Generar este debate, dentro y fuera del periodismo, instalar el tema como una preocupación, e hinchar el ejercicio periodístico de todo tipo de interrogantes ha puesto en duda el valor de un pilar democrático y ha llevado al filo de la navaja los mantras que se habían instalado en las sociedades libres: que el ejercicio periodístico es fundamental para una ciudadanía que defiende la expresión de sus ideas.

Lea y descargue aquí la edición de protestas de Páginas para la Libertad de Expresión

En medio del crujir de los golpes y de los ataques, también creció la hierba. Las manifestaciones del 2021 marcarán un hito para los medios ciudadanos y para la pluralidad. La penetración de las redes sociales, el abaratamiento de costos y la movilización cívica han servido de trampolín para que medios universitarios, fotógrafos y periodistas empíricos estén siendo protagonistas de una nueva historia. Su impacto en las audiencias resulta evidente en las calles de Medellín, Popayán, o Cali. Un fenómeno que ya se había anunciado en noviembre del 2019.

Al mismo tiempo que grupos de ciudadanos los protegen, son objeto de persecución, de amenazas y constantes estigmatizaciones que buscan colgarles etiquetas de enemigos del Estado, las mismas mordazas invisibles que han operado en Colombia durante los años más recientes.

La expansión, consolidación, y constante presencia de estos medios ciudadanos desafían las lógicas del establecimiento y le ofrecen a la ciudadanía oportunidades de voz, en particular, a comunidades que carecen de acceso constante a medios. “En la comunidad, para la comunidad, sobre la comunidad y por la comunidad”, reza un eslogan de la Unesco sobre este periodismo.

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No hay respuestas únicas y válidas sobre la misión del periodismo. Existen periodismos, es decir modelos diferentes y opuestos. Todos válidos, tan malos o tan buenos como decida su audiencia. Sin embargo, esa es una discusión que debe fortalecerse y mantenerse en la academia y en el ejercicio diario que hacen los medios, no en los pasillos ni en las oficinas de los edificios públicos. 

Desde que asumió la presidencia, Iván Duque, a través del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) ha gastado más de 20 mil millones de pesos en contratos de publicidad oficial, es decir 27 millones diarios.

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La FLIP presenta un informe en el que expone las irregularidades en la Unidad Nacional de Protección sobre el Comité de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) y le solicita que garantice la participación de la sociedad civil.

El 18 de marzo la Gobernación del Tolima firmó un contrato de publicidad oficial, por un plazo de 60 días, de más de mil millones de pesos, uno de los más onerosos de todo el país, con el fin de elaborar estrategias de comunicación para mitigar los efectos del COVID-19. Un proceso que ha sido objeto de investigaciones por parte de los organismos de control, que compra contenidos en medios de comunicación y que es poco transparente.

Después de analizar los resultados del proyecto Cartografías de la información, la FLIP quiere avanzar en la construcción de mejores condiciones para la libertad de prensa y para el ecosistema informativo local. Para que haya una sociedad informada, es fundamental robustecer las narraciones en las zonas silenciadas que tienen déficit en el acceso a medios de comunicación que produzcan información local.

La Fundación para la Libertad de Prensa construyó el siguiente informe con dos objetivos principales. El primero es brindar un diagnóstico técnico a la Unidad Nacional de Protección (UNP) sobre los riesgos que enfrentan los periodistas en Colombia y poner en conocimiento algunas preocupaciones sobre la manera en la que la entidad asigna, ajusta y retira medidas de seguridad a los beneficiarios del programa. El segundo, que surge a partir de la experiencia de litigio estratégico de la Fundación, es identificar buenas prácticas a favor de la consecución de la justicia que se pudiesen replicar en la Fiscalía General de la Nación (FGN) en la investigación de casos de violencia contra periodistas. En los dos momentos se presentarán recomendaciones a las entidades.