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Presentamos un estudio del marco legal colombiano para abordar los contenidos ilegales, la desinformación y el discurso de odio en línea. El objetivo es aportar elementos que permitan a la sociedad civil exigir a las plataformas mayor transparencia e información sobre cómo cumplen con los estándares de derechos humanos a los que están obligadas.

Conozca acá los hallazgos de la misión que realizamos a Guatemala para conocer el estado de la libertad de expresión y de prensa en el país.

La Alcaldía de Envigado, en cabeza de Braulio Espinosa, ha gastado más de 7.300 millones de pesos en publicidad oficial entre enero del 2020 y abril del 2023. Esta cifra supera al presupuesto anual invertido por la alcaldía para mejorar la red vial urbana del municipio. La excesiva presencia del alcalde Espinosa en medios de comunicación, la práctica engañosa de presentar contenido como periodístico cuando en realidad es publicidad, la falta de objetividad y transparencia en los contratos celebrados, y la ausencia de control político activan las alarmas sobre el uso de los recursos públicos por parte de esta administración.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Círculo de Periodistas de Bogotá y Cifras & Conceptos presentan los resultados de la "Encuesta de Libertad de Expresión y Acceso a la Información".

La FLIP, en colaboración con el equipo de La Contratopedia Caribe, encontró que desde enero del 2020 hasta septiembre del 2022 la Alcaldía de Barranquilla, en cabeza de Jaime Pumarejo, gastó 94.600 millones de pesos en publicidad oficial. Esta cifra equivale a gastar 94 millones de pesos diarios durante dos años.

La Alcaldía de Bogotá, en cabeza de Claudia López, ha invertido 81.500 millones de pesos en publicidad oficial entre enero del 2020 y septiembre del 2022. Su principal contratista es la ETB, que ha ejecutado más de 38.000 millones de pesos, es decir el 47% del gasto total de publicidad oficial.

La FLIP tuvo acceso a documentos filtrados que revelan que el Estado utiliza —y planea adquirir— tecnologías y tecnologías con capacidad intrusiva para vigilar la actividad en línea y recolectar información del espacio público virtual. Las fuerzas militares justifican estas prácticas supuestamente para proteger la “seguridad nacional” sin reconocer que vulneran los derechos humanos. El uso indiscriminado y masivo de estas herramientas tecnológicas en contra de periodistas, medios de comunicación y cualquier persona con presencia digital en el país afectan la libertad de expresión y la privacidad.

La FLIP presenta el informe La radio de la fuerza pública: un monopolio que debilita la democracia. En este se reconstruye cómo durante las últimas tres décadas la fuerza pública de Colombia ha construido uno de los sistemas radiales más poderosos del mundo que se haya creado para librar una guerra.