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La FLIP, en colaboración con el equipo de La Contratopedia Caribe, encontró que desde enero del 2020 hasta septiembre del 2022 la Alcaldía de Barranquilla, en cabeza de Jaime Pumarejo, gastó 94.600 millones de pesos en publicidad oficial. Esta cifra equivale a gastar 94 millones de pesos diarios durante dos años.

La Alcaldía de Bogotá, en cabeza de Claudia López, ha invertido 81.500 millones de pesos en publicidad oficial entre enero del 2020 y septiembre del 2022. Su principal contratista es la ETB, que ha ejecutado más de 38.000 millones de pesos, es decir el 47% del gasto total de publicidad oficial.

La FLIP tuvo acceso a documentos filtrados que revelan que el Estado utiliza —y planea adquirir— tecnologías y tecnologías con capacidad intrusiva para vigilar la actividad en línea y recolectar información del espacio público virtual. Las fuerzas militares justifican estas prácticas supuestamente para proteger la “seguridad nacional” sin reconocer que vulneran los derechos humanos. El uso indiscriminado y masivo de estas herramientas tecnológicas en contra de periodistas, medios de comunicación y cualquier persona con presencia digital en el país afectan la libertad de expresión y la privacidad.

La FLIP presenta el informe La radio de la fuerza pública: un monopolio que debilita la democracia. En este se reconstruye cómo durante las últimas tres décadas la fuerza pública de Colombia ha construido uno de los sistemas radiales más poderosos del mundo que se haya creado para librar una guerra.

Presentadores de pandemia es el informe de la FLIP que habla sobre el manejo de las comunicaciones oficiales en gobernaciones y alcaldías de Colombia durante el 2020. La investigación se hizo con base en derechos de petición enviados a los gobiernos de 32 departamentos del país, sus 32 capitales y a 12 ciudades intermedias: Barrancabermeja, Buenaventura, Dosquebradas, Envigado, Floridablanca, Girardot, Los Patios, Palmira, Rionegro, Soacha, Soledad y Tumaco. 

Puede leer aquí el informe completo 

El objetivo era conocer al detalle cómo las entidades habían manejado sus comunicaciones durante el 2020, en medio de la emergencia sanitaria causada por el covid-19. Encontramos que entre las 52 entidades que respondieron a nuestra petición hubo un gasto acumulado superior a los 73000 millones de pesos en pauta oficial. En algunos casos este gasto incluye: el monitoreo de la imagen de alcaldías y gobernaciones, la publicidad en redes sociales, la compra de contenidos en medios de comunicación para hacerlos pasar como información periodística y la utilización de recursos públicos para construir espacios de divulgación donde no es clara la línea entre el propósito de informar o de posicionar la imagen de gobernantes. 

Una vez firmado el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la consolidación de una paz estable y duradera, el 24 de noviembre de 2016, desde la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expusimos en nuestra agenda de libertad de prensa y paz los puntos del acuerdo relativos a medios de comunicación y libertad de expresión con consideraciones sobre cómo y cuándo se podrían implementar. Cinco años después, analizamos qué ha ocurrido frente a tres puntos fundamentales para la construcción y fortalecimiento del ecosistema de medios en Colombia:

1. Punto 2.2.3: sobre las convocatorias para nuevas emisoras comunitarias y capacitaciones dirigidas a trabajadores de estos medios.
   
   
2. Punto 6.5: la puesta en funcionamiento de veinte emisoras de paz en territorios donde el conflicto armado tuvo y aún tiene alta incidencia.
   
   
3. Punto 2.3.3.2: el compromiso que se refiere a la promoción de ajustes normativos necesarios para la asignación de publicidad oficial. 

Los tres puntos expuestos y analizados en este documento, tienen que ver con el aporte de los medios de comunicación en la materialización de la paz. La comunicación comunitaria, por ejemplo, es fundamental para tejer lazos en los territorios. La apertura ineludible de convocatorias para que existan nuevas emisoras comunitarias en Colombia es un paso positivo, pero sin acciones de fondo que brinden a estos proyectos radiales garantías para poder funcionar y sostenerse en el tiempo, su propósito desafortunadamente se desdibuja.

Pueden consultar el informe completo aquí

Por otro lado, las emisoras de paz son una muestra de que el Estado sí puede articularse e imprimir suficiente voluntad política para implementar el Acuerdo. Llevar la pedagogía sobre la paz a los territorios a través del medio de comunicación con mayor alcance nacional, la radio, y promover espacios para que estos asuntos se discutan localmente es un paso adelante. Pero persisten las dudas sobre la representatividad de los diferentes actores en las emisoras y de qué ocurrirá con las emisoras después de cumplidos los años que el Acuerdo dispone para su funcionamiento.

El último y tercer punto sobre publicidad oficial no da cabida para mayor análisis pues ha sido un asunto desatendido en la implementación del Acuerdo. Las garantías para la paz pasan también por garantizar que instrumentos como la publicidad oficial no se utilicen para fines ajenos a los de informar a la ciudadanía, como silenciar a los críticos o direccionar líneas editoriales a través de la presión económica.

Presentamos el informe "En vivo: de la calle a la pantalla. Medios digitales, redes sociales y manifestaciones sociales". En este analizamos el papel que tuvieron los medios digitales en el paro nacional de Colombia de 2021, y exploramos los desafíos a los que se ven enfrentados. 

Puede leer el informe completo aquí. 

Tras 30 años de la llegada de Internet a Colombia se desconoce el número de medios digitales locales en el país. Si bien el panorama mediático se ha ido expandiendo desde 1994, estos medios están en constante mutación y ya no es posible categorizarlos y estudiarlos de la misma forma en que se ha hecho con los medios tradicionales del siglo XX: prensa, televisión, radio y revistas. Hoy, en el universo digital se encuentran iniciativas periodísticas que circulan información por Whatsapp, noticieros por Youtube, últimas noticias en IGTV, reportajes y crónicas que se publican en mensajes de Facebook, páginas web, radios virtuales, entre otros.

Estos nuevos medios digitales locales alternativos —también llamados medios ciudadanos— marcaron un hito en las recientes movilizaciones sociales en Colombia por varias razones: contribuyeron a la construcción de una narrativa pluralista a partir del cubrimiento en tiempo real de jornadas de protesta en muchos lugares del país y la publicación de información de alto interés público a la que no tenían acceso los medios tradicionales; demostraron la legitimidad y confianza que suscitan en sus audiencias; y evidenciaron también los riesgos, viejos y nuevos, de ejercer periodismo en momentos de crisis.

Sumado a la violencia contra la prensa, desde el Estado se ha criticado y aleccionado sobre cómo es el buen periodismo, poniendo en duda su valor democrático. Existen muchos periodismos, todos válidos, y son las audiencias quienes deciden qué tan buenos o malos los consideran. 

Frente a la violencia contra periodistas no hubo indignación ni mensajes de rechazo, pero sí ataques y estigmatizaciones aleccionadoras sobre cuál es el “buen periodismo”. Los medios ciudadanos se han destacado en medio de estas agresiones, pero han sido etiquetados como enemigos del Estado. 

¿Cuál es el periodismo deseable? ¿Cuánta es la cantidad necesaria de objetividad? ¿Cuál es la matriz y los límites que deben seguir los medios de comunicación? Convertir la identidad y la misión del periodismo en un debate público termina siendo una derrota para la pluralidad y una victoria del autoritarismo y de aquellos funcionarios que ahondan en la fragilidad del periodismo colombiano. Acaso, ¿debatimos sobre buenos y malos contadores o aceptamos que se les rompa la cabeza con un bolillo por no haber entregado bien la declaración de renta o porque cuando lo hicieron tenían en su mirada un tufillo sensacionalista? 

Los meses recientes han sido los más violentos contra la prensa en las últimas décadas. En menos de 90 días, 342 periodistas que estaban cubriendo las manifestaciones sociales fueron víctimas de algún tipo de ataque. A 216 los agredieron agentes de la fuerza pública.

No hubo indignación, medidas preventivas o mensajes de respaldo para los reporteros y reporteras. Sí hubo, por el contrario, mensajes aleccionadores de cómo hacer buen periodismo. Lo escuchamos del Gobierno, de alcaldes, y de los comandantes de la fuerza pública. También lanzaron frases mostrando su desprecio y estigmatización por aquellos ciudadanos que “llevan una cámara y juegan a ser periodistas”. Todo tipo de calificativos: periodismo sectario, el cucho activista, medios alternativos, prepagos. Todos.  

Generar este debate, dentro y fuera del periodismo, instalar el tema como una preocupación, e hinchar el ejercicio periodístico de todo tipo de interrogantes ha puesto en duda el valor de un pilar democrático y ha llevado al filo de la navaja los mantras que se habían instalado en las sociedades libres: que el ejercicio periodístico es fundamental para una ciudadanía que defiende la expresión de sus ideas.

Lea y descargue aquí la edición de protestas de Páginas para la Libertad de Expresión

En medio del crujir de los golpes y de los ataques, también creció la hierba. Las manifestaciones del 2021 marcarán un hito para los medios ciudadanos y para la pluralidad. La penetración de las redes sociales, el abaratamiento de costos y la movilización cívica han servido de trampolín para que medios universitarios, fotógrafos y periodistas empíricos estén siendo protagonistas de una nueva historia. Su impacto en las audiencias resulta evidente en las calles de Medellín, Popayán, o Cali. Un fenómeno que ya se había anunciado en noviembre del 2019.

Al mismo tiempo que grupos de ciudadanos los protegen, son objeto de persecución, de amenazas y constantes estigmatizaciones que buscan colgarles etiquetas de enemigos del Estado, las mismas mordazas invisibles que han operado en Colombia durante los años más recientes.

La expansión, consolidación, y constante presencia de estos medios ciudadanos desafían las lógicas del establecimiento y le ofrecen a la ciudadanía oportunidades de voz, en particular, a comunidades que carecen de acceso constante a medios. “En la comunidad, para la comunidad, sobre la comunidad y por la comunidad”, reza un eslogan de la Unesco sobre este periodismo.

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No hay respuestas únicas y válidas sobre la misión del periodismo. Existen periodismos, es decir modelos diferentes y opuestos. Todos válidos, tan malos o tan buenos como decida su audiencia. Sin embargo, esa es una discusión que debe fortalecerse y mantenerse en la academia y en el ejercicio diario que hacen los medios, no en los pasillos ni en las oficinas de los edificios públicos.