Desde el inicio de su gestión, en algunas ocasiones el alcalde de Cartagena, William Dau, ha promovido un ambiente hostil para la prensa, obstruyendo el acceso a la información pública, acosando judicialmente y estigmatizando a periodistas. Esta actitud es contraria a su obligación como servidor público y puede traer consecuencias nefastas para el cubrimiento de asuntos de interés público, especialmente graves, en el contexto de las próximas elecciones regionales de octubre.

La desarticulación de las instituciones a cargo de la protección e investigación de crímenes contra periodistas agrava la situación de vulnerabilidad de la periodista de Chocó que hace un mes fue víctima de amenazas, secuestro y violencia sexual, como retaliación a su trabajo. Desde la ocurrencia de los hechos, a mediados de junio de este año, han persistido las trabas en el acceso a los servicios del Estado que garanticen sus derechos y los de su familia. La constante deficiencia y negligencia en la atención por parte de la Fiscalía, Medicina Legal y la UNP ha llevado a la revictimización y a la afectación negativa frente a la atención.

Desde hace 6 meses la Unidad Nacional del Protección (UNP) niega el acceso a la información a la familia del periodista Rafael Moreno, asesinado en octubre del año pasado en Montelíbano, Córdoba. La familia busca acceder a los documentos del trámite de protección individual y la valoración de riesgo, así como la implementación del esquema que el periodista tenía al momento de ser asesinado. Este viernes, la Corte Constitucional estudiará si selecciona este caso para revisión, lo cual implica que se analice el caso y que sea este Tribunal quien tome una decisión de fondo.

Honduras es un país donde defender los derechos humanos y ejercer la libertad de expresión puede costar hasta la vida, distanciando al país de una realidad democrática. En pasado hemos observado como en Honduras la violencia ha sido en muchas ocasiones la respuesta del Estado al escuchar las voces críticas, por tanto se ha vuelto un riesgo ejercer estos derechos en un contexto caracterizado por la fragilidad de las instituciones y por altos niveles de impunidad, una administración de justicia limitada, un estado de excepción vigente y enormes retos en materia de corrupción, seguridad ciudadana y graves violaciones de derechos humanos.

Ayer, 23 de julio, varios periodistas de Tuluá, Valle del Cauca, fueron amenazados y presionados para publicar información de Los Cancerberos, un grupo criminal que opera en la zona. Las intimidaciones por parte de este grupo agravan la situación de la prensa en el municipio y reiteran la importancia de su protección; en los últimos dos años hemos documentado seis amenazas, un exilio y un asesinato en Tuluá. Todo esto demuestra el riesgo constante y sistemático al que se enfrentan las y los periodistas que cubren asuntos de interés público para la ciudadanía.

El pasado miércoles 12 de julio, durante el 187 periodo de sesiones de la CIDH, organizaciones y periodistas de países de Latinoamérica anunciaron la conformación de un grupo regional contra el acoso litigioso o AntiSLAPPs, mismo que realizará un monitoreo de la situación en la región y solicitaron a la RELE y personas Comisionadas, se incorporen a este con el fin de diseñar una estrategia integrada y coordinada en beneficio de la libertad de expresión.

Alertamos que el periodista Yamir Jhan Pico, director del medio digital Caribe Noticias 24/7, se vio obligado a salir del país con el fin de proteger su vida y la de su familia debido a las constantes amenazas de muerte que ha recibido en los últimos meses. En lo corrido del año Pico ha recibido cuatro amenazas, incluida una en la que hombres que se identificaron como parte del Clan del Golfo ingresaron a su vivienda. Esta grave situación de seguridad para la prensa de Córdoba exige de las autoridades una atención pronta e integral.

La Editorial Planeta de manera unilateral y repentina decidió no publicar una investigación de la periodista Laura Ardila sobre el entramado y el poder del clan Char en la Costa Caribe durante las últimas décadas.

A mediados de junio una periodista de Chocó, cuya identidad mantenemos bajo reserva por motivos de seguridad, fue víctima de amenazas, secuestro y violencia sexual, como retaliación a sus publicaciones sobre temas de seguridad, judiciales y orden público en el departamento. De estos hechos también resultaron agredidos su núcleo familiar, afectándoles física y psicológicamente de manera directa. En la atención de este caso, la Fiscalía ha incumplido sus obligaciones, lo que la ha revictimizado y ha impedido el correcto acceso a la administración de justicia de ella y su familia.