Rafael Moreno fue el primer periodista en ser asesinado en el 2022 por razones de su oficio. Investigaba sobre corrupción en el sur de Córdoba y era reconocido en la zona por su trabajo de veeduría. Su caso deja al descubierto las amenazas y riesgos a los que están expuestos las y los periodistas en las regiones. Por: Daniel Chaparro

Cada vez son más los periodistas que ejercen un liderazgo social en sus comunidades y se enfrentan a múltiples violencias: actores armados, desprecio de la política local e intereses económicos. Este periodismo de urgencia es uno de los cambios más relevantes del ecosistema mediático y su protección uno de los desafíos más urgentes del Estado. ¿Quiénes encarnan esas voces y por qué es tan importante su papel?

En los primeros seis meses del gobierno de Gustavo Petro, dos periodistas han sido asesinados y se han registrado 76 amenazas. En conversación con la FLIP, Franklin Castañeda, director de derechos humanos del Ministerio del Interior, reconoció que el sistema de protección actual no genera las suficientes garantías sino que más bien produce temores. También dio detalles de cómo el Gobierno pretende avanzar para proteger a la prensa.

Las decisiones que tienen que tomar las y los periodistas de regiones afectadas por la violencia no son fáciles: callar, asumir los riesgos, trabajar bajo la amenaza inminente, denunciar. Este es el relato de la prensa en tres departamentos al sur del país que convive con la violencia, que en algunos casos asume el rol de liderazgo social y que con distintas motivaciones trabaja a nivel local para informar a sus comunidades.

Por: Carolina Arteta Caballero y Juan Pablo Madrid-Malo

Colombia sigue siendo un país en guerra. Con muchas guerras. El panorama de paz que por un tiempo se vivió en algunas regiones después de la firma del acuerdo con las FARC-EP poco a poco se ha esfumado. En los últimos cuatro años ha aumentado de manera sostenida la presencia de grupos armados en todo el país, como lo expone Indepaz en su más reciente informe. Hoy retumba con cada vez más fuerza el ruido de los combates con la fuerza pública, las disputas territoriales, los atentados, los asesinatos y las masacres. Lo que poco se escucha es el asfixiante control social ejercido sobre la población civil por parte de los miembros de grupos paramilitares y guerrillas. Hoy, los habitantes de más de 600 municipios todavía cuentan las heridas que deja la confrontación armada en sus territorios. 

En este contexto trabajan —y han trabajado por años— periodistas en todo el país. Reporteros y reporteras que informan desde sus territorios, pero que también suelen recurrir al silencio para protegerse. El Cauca, Nariño y Putumayo, cuyas geografías abarcan desde el piedemonte amazónico hasta el macizo y la costa Pacífica, se han consolidado como corredores estratégicos del narcotráfico y escenarios en donde confluyen múltiples actores armados en constante disputa. 

Este es el relato de periodistas, en diferentes zonas de los tres departamentos, que a diario conviven, en mayor o menor medida, con la amenaza latente de la violencia. Directores/as de medios, locutores/as, fotógrafos/as, reporteros/as y presentadores/as que ejercen su labor en emisoras comunitarias, comerciales y públicas; sitios web o plataformas digitales y como corresponsales para distintos medios también. Muchos/as con un importante rol de liderazgo social en sus comunidades. Sus testimonios constituyen la historia de una prensa que, lejos de los círculos de poder de grandes medios y por momentos acorralada, trabaja localmente contando lo que ocurre, aunque a veces las circunstancias no se lo permitan.

Cauca

“Lo primero que hago es asomarme a la puerta y salir con temor”, afirma Andrés* al hablar de su espacio en una emisora comunitaria. A sus 46 años, además de periodista, se ha convertido en líder en su comunidad. Carga, a su vez, la dolorosa memoria del asesinato de un miembro de la emisora ya hace varios años atrás. “Queremos decirle a Colombia y al mundo lo que ocurre en nuestra región, pero hay cierta gente que no quiere que eso salga a la luz pública”, sentencia.

Como él, periodistas en todo el departamento se debaten entre informar sobre la situación de orden público o asegurar su integridad en un territorio donde confluyen principalmente estructuras del Comando Coordinador de Occidente, del ELN y de la Segunda Marquetalia. Dentro del conflicto por controlar los numerosos cultivos de uso ilícito y los corredores del narcotráfico que del sur del país conducen hacia el Pacífico los periodistas han quedado entre la espada y la pared. La constante se encuentra en la autocensura.

Entre las limitaciones que enfrentan están una geografía complicada y la multiplicidad de actores armados. Ambos conllevan riesgos al momento de desplazarse que pocos están dispuestos a asumir. Otro radialista al sur del departamento afirma: “en cada corregimiento hay un grupo predominante. Hay líneas imaginarias y por eso se dan enfrentamientos. Acá en nuestro municipio ninguna persona puede andar sin una carta de recomendación emitida por un líder de la zona”. Un escenario crítico sobre el que Martín, radialista también, explica: “cayó un petardo en plena cabecera municipal y sacamos la noticia. Luego hubo una granada contra la estación de policía y reportamos. Hubo dos bombas a la entrada del municipio. Hubo dos hostigamientos más. En medio de todo eso laboramos”.

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El panorama hacia el norte es similar. Desde un medio digital Andrea* ejerce su labor para mostrar otra cara de un territorio, colindante con los departamentos de Tolima y Valle del Cauca, conocido por su violencia, según cuenta. “Nosotros siempre estamos con el temor de cubrir. Siempre pensamos que tenemos los ojos encima de alguien que está pensando que no es así lo que uno escribe. Casi siempre evitamos meternos en ese tema”, afirma al hablar de la agenda de orden público y también de corrupción. “No va a ser posible la libertad de prensa en el norte del Cauca”, finaliza.

Y entre tanto riesgo, vale la pena preguntarse por las motivaciones que llevan quienes se dedican a esto. En la respuesta de Martín* hay, tal vez, un espíritu común para todos: “yo creo que es la única forma de que el país entienda que hay otros territorios y otra gente que construye esta nación. Yo vengo de un lugar muy complejo, allá sólo mandaban los grupos armados en los 2000. Yo crecí en eso. Yo viví en medio de esa violencia. Yo escogí esto para tratar de revertir eso. Queremos seguir trabajando”. 

Cauca en cifras

• Grupos armados presentes: El Frente Carlos Patiño, la Columna Móvil Dagoberto Ramos y la Columna Móvil Jaime Martínez del Comando Coordinador de Occidente (CCO), el Frente José María Becerra del ELN, el Frente Diomer Cortés y el Frente Dagoberto Ramos Ortiz de la Segunda Marquetalia.

• Asesinatos de Líderes sociales 2022: 24

• Masacres 2022: 15

• Asesinatos firmantes de paz 2022: 7
• Hectáreas de coca: entre 20 mil y 30 mil hectáreas. En Cauca el nuevo enclave se empieza a consolidar en la zona costera. 
• Amenazas registradas por la FLIP 2019-2022: 19 dirigidas a 21 periodistas.
  
  

Putumayo

Si algo tiene claro Alberto*, después de 25 años trabajando en la radio, es que un periodista debe contar las dos caras de la moneda: lo bueno y lo malo. Esa premisa le devuelve la tranquilidad cuando recuerda que en un par de meses la emisora comunitaria que dirige cumplirá un año sin emitir noticias locales en el bajo Putumayo, a pocas horas de la frontera con Ecuador. A inicios del año pasado, el periodista suspendió la transmisión del informativo local después de que dos miembros de su equipo recibieron amenazas. 

La emisora, fundada hace más de veinte años, enfrentaba dificultades económicas desde la pandemia, pero había logrado mantenerse a flote con una parrilla informativa que combinaba las voces de campesinos y mujeres con música y noticias. Hasta aquel día en que suspendieron la difusión del noticiero. Alberto tomó la decisión cargando a cuestas con el recuerdo de un colega de la región que fue asesinado por su liderazgo social. “Uno siente nostalgia de no tener el noticiero. No poder hacer lo que deberíamos hacer… ¿para qué sirve una radio que solo pasa música o mensajes a la alcaldía o del hospital si hay otras cosas que contar? Lastimosamente no se pueden decir”, se lamenta. 

La autocensura como estrategia de autoprotección es una de las prácticas que han implementado los periodistas del Putumayo desde que el conflicto recobró su fuerza. Hoy, al menos cuatro grupos armados están presentes en el departamento, entre ellos el Frente Carolina Ramírez del Bloque Suroriental y los Comandos de la Frontera. En el territorio están dos de los enclaves productivos de coca más importantes a nivel nacional, y hasta finales de 2021 había 28 mil hectáreas de coca, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). 

En este contexto, muchos reporteros evitan desplazarse hacia áreas rurales o publicar noticias relacionadas con el orden público. “Yo lo hago para proteger mi integridad. Uno sabe que corre peligro si dice algo malo o no maneja bien la información. Cualquiera puede terminar amenazado”, sostiene César*, quien dirige un portal de noticias. Por su parte, un locutor de una emisora comunitaria afirma: “yo trato de ser muy técnico… de no usar adjetivos”.

Los pocos periodistas que cubren hechos violentos suelen enfrentar decenas de barreras, entre ellas el silencio estatal. “Es un problema grandísimo lograr que una autoridad se pronuncie sobre un hecho para tener una fuente oficial”, afirma César. Esto ha llevado a que la gente critique su labor. Hace unos meses, participó en un panel sobre periodismo que fue transmitido en vivo a través de redes sociales. En uno de los comentarios que recibieron ese día los llamaron periodistas mediocres. “Yo les pedía disculpas por eso —cuenta César—. A veces terminamos siendo mediocres, pero detrás de eso están las limitaciones que tenemos para informar. Si tuviéramos más libertad tal vez podríamos hacer otro periodismo”.  

Putumayo en cifras

• Grupos armados presentes: El Frente Carolina Ramírez del Bloque Suroriental, los Comandos de la Frontera, la Segunda Marquetalia y la Columna Móvil Jhonier Toro Arenas del Comando Coordinador de Occidente (CCO). 
• Hectáreas de coca: 28.205 hectáreas, 1,4 veces más que el año anterior. Junto a Caquetá, el Putumayo constituye la tercera región con más área de coca sembrada en todo el país. 
• Asesinatos a líderes sociales en 2022: 17
• Masacres en 2022: 7
• Asesinatos a firmantes de paz en 2022: 5
• Amenazas registradas por la FLIP 2019-2022: 3 dirigidas a 8 periodistas.
  
  
  

Nariño

El periodismo en Nariño tiene puntos ciegos. Es decir, porciones del territorio en las que está vedado el ingreso de periodistas. En este departamento fronterizo, ONUDD ha identificado enormes laboratorios de cocaína en los que se llega a producir hasta cinco toneladas en un mes. Allí confluyen varios grupos armados y organizaciones criminales que se disputan el control de las zonas cocaleras y las rutas de narcotráfico. De acuerdo con Indepaz, los enfrentamientos se concentran en las subregiones Saquianga, Pacífico Sur y Telembí, especialmente en municipios como Tumaco, Roberto Payán, Olaya Herrera y Barbacoas. Repartidos en pequeñas fracciones del territorio, hay miembros de al menos ocho grupos que por momentos actúan unidos, en bloque, y en otros se enfrentan entre ellos o con el Ejército. 

Las dinámicas de la guerra en el departamento son tan confusas y cambiantes que la gente no logra seguirle la pista al fuego cruzado. Las y los periodistas, que en otros lugares del país se las ingenian para hacer reportería en lugares controlados por los grupos armados, quedan atrapados entre fronteras invisibles. “Al viajar durante una hora desde la zona de piedemonte hasta la frontera puedes encontrar un grupo y en 45 minutos va a ser otro”, ilustra Diego*, un periodista que a pesar de las limitaciones publica algunas noticias sobre el conflicto en medios regionales y nacionales. Para hacerlo sin correr demasiados riesgos, se vale de varias estrategias como enviar reportes para que sean otros colegas quienes den la información o utilizar imágenes de archivo al momento de mencionar ciertos lugares. “Hay sitios en donde es imposible llegar con cámaras. Se limita hasta el uso de dispositivos móviles. Si los usas y sale algo de por allá, te van a llegar amenazas”, explica. Aún así, Diego ha recibido mensajes intimidantes. “Vea cuidese con la información que mandó”, le dijeron hace poco a través de un mensaje de texto. 

Los registros de las organizaciones humanitarias dan cuenta de la dimensión del conflicto. Solo en febrero del año pasado se registraron cinco desplazamientos masivos en La Tola, Mosquera, Olaya Herrera y Barbacoas, de acuerdo con Médicos Sin Fronteras. Pero el verdadero impacto que está teniendo la violencia en la vida de la población civil no se ve en los medios, pues las mismas cifras de los grupos defensores de derechos humanos alimentan el miedo de los periodistas. “Una vez intenté hacer un acercamiento para viajar con un abogado conocido allá (en Ricaurte). Me dijeron que fuera y que al siguiente día me secuestraban”, cuenta un fotógrafo que utiliza la ciudad de Pasto como sede. El cronista asegura que en Nariño casi todos los días ocurren decenas de asesinatos de los que nadie se entera. “Eso no lo publica nadie porque es como meterse en la boca del lobo”. Un colega de Ipiales coincide. Para él, el miedo es un sentimiento permanente: "es una amenaza indirecta”. 

Nariño en cifras

• Grupos armados presentes: El Bloque Occidental Alfonso Cano y la Columna Móvil Ariel Aldana de la Segunda Marquetalia, el Frente Franco Benavides y la Columna Móvil Urías Rondón del Comando Coordinador de Occidente (CCO), el Frente Comuneros del Sur del ELN, Los Contadores (también llamados el Frente Iván Ríos), el Frente Oliver Sinisterra (FOS), y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

• Asesinatos a líderes sociales en 2022: 22

• Masacres en 2022: 4

• Asesinatos a firmantes de paz en 2022: 2

• Hectáreas de coca:  56.516 hectáreas, una cifra casi dos veces mayor a la registrada en 2021. 

• Wilder Córdoba, periodista de La Unión, fue asesinado el 28 de noviembre de 2022.  

• Amenazas registradas por la FLIP 2019-2022: 8 dirigidas a 8 periodistas.

* Los nombres de los periodistas consultados han sido modificados por su seguridad. 

La FLIP rechaza la orden que concede la libertad de Jorge Luis Alfonso López, condenado por el asesinato del periodista Rafael Prins, en Magangué, Bolívar. Esta orden, que fue tomada este 2 de febrero, por el Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla viola los derechos de los familiares del periodista. 

Según Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz, la liberación de Alfonso López no tiene sustento legal. En su comunicado afirma que Alfonso López está autorizado para contribuir a la labor de “verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados”, pero que en ningún momento se solicitó la libertad o la suspensión de medidas. 

El Gobierno Nacional solicitó al juez que revoque la decisión. Y la Fiscalía emitió un comunicado en el que afirmó que investigará al juez que emitió la orden por el delito de prevaricato, ya que la decisión no tiene sustento legal. 

Rafael Enrique Prins fue asesinado el 18 de febrero del 2005, como retaliación a las denuncias que hacía sobre actos de corrupción cometidos por Jorge Luis Alfonso López, quien para esa fecha era alcalde de Magangué. En el 2014 el exalcalde fue condenado a 39 años de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir. Este es el primer caso en el que se hizo efectiva una condena a un autor intelectual. Sin embargo, como la defensa de Alfonso López apeló la decisión, en el 2017 el Tribunal Superior de Bogotá, modificó la sentencia y redujo la pena a 29 años de prisión.

Hacemos un llamado a la administración de justicia para que la decisión sea revocada y se siga cumplimiendo a la condena impuesta a Jorge Luis Alfonso López, responsable del asesinato del periodista Prins.

En el último mes el Presidente Gustavo Petro ha difundido en su cuenta de Twitter por lo menos 34 trinos en los que menciona a nueve medios de comunicación. La frecuencia con la que el Presidente controvierte a la prensa deja entrever una estrategia para posicionar su narrativa y su agenda en redes. Del mismo modo, pretende sembrar la duda ante la audiencia, sobre la idoneidad de los medios para hacer su trabajo.

La FLIP celebra la decisión tomada por la Corte Constitucional en su sentencia T-454 de 2022. En esta se revierte la condena en contra de la periodista Vicky Dávila y Radio Cadena Nacional SAS (La FM) por haber informado sobre un supuesto acto de corrupción del excomandante de la Policía José Hilario Estupiñán Carvajal en 2014. Esta decisión tiene efectos positivos para la libertad de prensa y es un avance en la lucha contra el acoso judicial a periodistas.

En su fallo, la Corte afirma que en los procesos civiles por responsabilidad extracontractual no sé debe entrar a evaluar la ética periodística, sino los elementos  de la responsabilidad civil. Además, ordena que se haga un “análisis juicioso sobre la verificación de las cargas de veracidad, imparcialidad y equilibrio periodístico cuando se trate del ejercicio de la libertad de información, y de la real malicia tratándose de la libertad de opinión”.

La sentencia reconoce que en los procesos civiles contra la prensa las y los jueces deben tener un rol activo en el que analicen y distingan si se está opinando o informando y valorar el contenido que se emitió en su conjunto, el contexto en el que se publicó y establecer cuáles son las cargas y obligaciones correspondientes. También, aunque para la Corte la prensa sí puede ser sentenciada en el ámbito civil, es la persona demandante quien debe probar que el o la periodista es culpable.

En su decisión, la Corte también reiteró algunas garantías que se deben tener en cuenta para que los periodistas puedan desarrollar su trabajo libremente. Primero, cualquier medio es libre de informar sobre procesos judiciales, especialmente en los que está involucrado algún funcionario público. Deben prevalecer los principios de máxima divulgación y de respeto por la libertad de expresión, pues las actuaciones de servidores públicos son de alto interés para la sociedad.

Segundo, la prensa también puede publicar información u opiniones relacionadas con hechos que no han sido investigados por autoridades judiciales. En el caso de Dávila, se afirmaba que la periodista debía ser condenada pues señaló al excomandante Estupiñán de un delito del que la justicia lo absolvió posteriormente. Para la Corte “no es exigible el mismo estándar a una investigación adelantada por un periodista, que el aplicable en el marco de un proceso disciplinario o penal, sobre todo cuando se trata de denuncias por posibles actos de corrupción”. En consecuencia, para la FLIP, la verdad judicial no puede confundirse con el acercamiento que realizan las y los periodistas a la verdad. De ser así, existirían dificultades para publicar investigaciones relacionadas, por ejemplo, con corrupción.

Este caso demuestra el desgaste que ocasiona el uso de acciones legales en contra de periodistas y medios. Este caso implicó ocho años y dos procesos judiciales, cada uno de dos instancias y la revisión extraordinaria de una alta Corte. Este tipo de acciones desgastan la aplicación de justicia y evidencian el patrón de uso del acoso judicial, es decir el uso de herramientas judiciales (como tutelas, denuncias penales y demandas civiles) para censurar información de alto interés. Precisamente, en los últimos 3 años, la FLIP ha documentado 102 casos de acoso judicial, de los cuales 44 fueron adelantados por funcionarios públicos.

Por todo esto, hacemos un llamado al Ministerio de Justicia a que realice un estudio de los procesos donde se judicializa la libertad de expresión y que promueva medidas para evitar las demandas y denuncias cuyo objeto es censurar a la opinión crítica. Esto es necesario para seguir fortaleciendo la robusta protección a la libertad de expresión y de prensa, a través de la protección del debate público y plural.

Hoy, 28 de diciembre, se conmemoran 31 años del asesinato del periodista Néstor Rojas, quien trabajaba y residía Arauca, Arauca. Trabajó en El Tiempo y fue director del periódico Concordia Fronteriza hasta el día de su muerte. Como periodista, se caracterizó por cubrir temas políticos, regionales y tener una postura inflexible antiguerrillera.

Rojas era oriundo de Neiva, Huila y desde muy joven se interesó por el periodismo, “tenía tal vez 15 o 16 años cuando ingresó a la radio en el Huila”, recuerda Patricia Rojas, su hija. “Su voz era muy hermosa, entonces él hacía cositas pequeñas en la radio”. A sus 18 años, migró al municipio de Arauca y allá afianzó su carrera periodística. Fue jefe de prensa de la gobernación de Arauca; durante 10 años fue el corresponsal de El Tiempo en ese departamento y fundó el periódico Concordia Fronteriza, un medio regional que nació de la necesidad por mantener al pueblo informado.

“Mi papá era una persona amable, con buen léxico, sociable y siempre dispuesto a ayudar a la gente”, indica Patricia. Su forma de ser y profesión fueron la combinación perfecta para relacionarse con diferentes representantes de la sociedad y ser un hombre muy querido por el pueblo. “Hay demasiada gente que yo ni siquiera conozco y dice que él era como de la familia, él llegaba a cuánta casa y era súper bien recibido”, agrega. 

Sus convicciones lo llevaron a forjar un carácter fuerte y desde su rol como periodista apoyó los procesos democráticos que se adelantaron en el departamento. De modo que, durante la campaña política para las elecciones de gobernadores para el periodo 1992 - 1994, trabajó como jefe de prensa en la candidatura a la gobernación de Luis Alfredo Colmenares Chía.

El día de cierre de campaña, Marcos Ataya, también aspirante a la gobernación, amenazó a Rojas como consecuencia de un reportaje publicado El Tiempo en el que se informaba sobre los pactos secretos que sostenía el candidato con jefes guerrilleros. “Para él [Ataya] fue fácil pensar que mi papá había sido el autor de esa noticia, pero realmente mi papá no fue el autor, él le confesó a mi mamá que esa no era la forma de redactar de él”, menciona su hija. 

El 28 de diciembre de 1991, cuando el periodista llegaba a su residencia, fue asesinado delante de su esposa e hijos. El homicida le hirió con tres disparos y fue auxiliado por su familia, pero falleció en el Hospital San Vicente. El 31 de diciembre de 1991, la Policía y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) capturaron a Wilson Eduardo Daza Rozo, exmiembro de las FARC, por ser el autor material del crimen y al soldado José Alberto Cristiano Riaño, como coautor. 

Según un artículo de El Tiempo, el crimen se le atribuye al dirigente político Marcos Ataya, debido a las amenazas que había realizado contra el periodista. La Segunda Brigada del Ejército, con sede en Bucaramanga, responsabilizó a las FARC por el asesinato de Rojas. Y la Procuraduría General de la Nación indicaba una posible participación de militares. El 12 de diciembre de 1998, la Fiscalía capturó a Diógenes Castellano, coronel retirado del Ejército Nacional, como presunto autor intelectual. No obstante, hasta la fecha no hay claridad sobre los responsables del crimen. 

Con el asesinato del periodista, dejó de circular el periódico Concordia Fronteriza y el municipio de Arauca perdió a un hombre que desde su labor buscó ayudar a su comunidad. Desde la FLIP, conmemoramos la labor que realizó Néstor Henry Rojas Monje.

Gracias por recordar con nosotros.

La FLIP conoció que el pasado 19 de diciembre de 2022 el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia publicó en redes sociales un comunicado en el que hacían calificaciones estigmatizantes contra medios de comunicación. Los acusan de hacer un ejercicio “desmedido del derecho a informar” con “notas periodísticas suspicaces”, y tildan la libertad de información de los medios como una “injerencia indebida en sus decisiones -las de los funcionarios judiciales-”. Con esto, imponen la carga a medios de comunicación y periodistas de “predisponer a la ciudadanía e incitar a la ligereza en el ejercicio de los poderes disciplinarios”; además, los responsabilizan de “menoscabar la imagen de funcionarios públicos y del poder judicial”.

Estos señalamientos, que se hacen de manera generalizada y sin aportar ningún contexto, son, particularmente, problemáticos al provenir de una organización que asocia a funcionarios judiciales del departamento de Antioquia que, como funcionarios públicos, tienen un mayor compromiso social y ostentan una posición de garante respecto de los derechos fundamentales de las personas.

Estas estigmatizaciones tienen el riesgo de impactar negativamente y de coartar la labor de aquellos medios de comunicación y periodistas que informan sobre el trabajo de los jueces y fiscales, es decir, sobre asuntos de alta relevancia para la ciudadanía, como lo son los seguimientos a los procesos judiciales en el departamento de Antioquia. Las publicaciones sobre estos temas y sus difusiones deben gozar de un amplio margen de apertura y sus restricciones deben ser excepcionales.

Por eso, hacemos un llamado al Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia para que de manera constante, asuma como institución, y promueva en sus asociados, un discurso favorable para el ejercicio de la libertad de expresión. Asimismo, los invitamos a ofrecer públicamente un respaldo a la labor que desarrolla la prensa y a reconocer la importancia de la diversidad de opiniones y de pluralidad informativa para el mantenimiento de las sociedades democráticas. 

Lea aquí la carta completa enviada al Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia.