En la FLIP hemos documentado que desde el 16 de junio tres directores de medios de comunicación en Florencia, Caquetá, han sido citados a una reunión por el Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor Central. Cada director recibió una fotografía a través de WhatsApp en la que le indicaba que debía dirigirse a un caserío cercano y en la imagen se podía ver un fusil. El 18 de junio el grupo reiteró la citación con el mismo mensaje.

En los últimos cinco días, Orlando Villar, jefe de redacción de Caracol Radio y periodista de La Luciérnaga, ha recibido cerca de cien mensajes intimidantes en sus redes sociales como consecuencia de los señalamientos del senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como ‘Jota Pe Hernández’. El senador ha estigmatizado a Villar y al medio de comunicación a propósito del artículo ‘Diputado salvadoreño revela cómo senador Jota Pe pidió invitación para posesión de Bukele’, que desmentía la presencia de Hernández en la posesión del presidente salvadoreño.

Rechazamos las intimidaciones que ha recibido Alejandro Villanueva, director del medio independiente Desigual, quien en las últimas dos semanas ha sido víctima de amenazas y hostigamientos luego de publicar los trabajos periodísticos “¿Quiénes están lavando plata en Bucaramanga?” y “El contralor de Santander y sus nexos familiares con las Autodefensas”

En la última semana, tres periodistas han sido objeto de amenazas y acoso en línea por parte de Luis Villa, conocido como "WestCol", y sus seguidores, en respuesta a una publicación realizada en los medios Publimetro y Última Hora Col. La publicación se refería a una foto compartida por Villa en sus redes sociales, donde se mostraba a un gallinazo amarrado en el cuello con un texto que planteaba la pregunta: "Nueva mascota. ¿Cómo le ponemos?"

Desde el 28 de noviembre, la periodista de Noticias RCN (televisión), Viviana Llorente, ha sido víctima de hostigamientos y amenazas de muerte tras la reproducción de un tráiler que promocionaba su reportaje Pasión mortal, el cual narraba la ola de violencia que se desencadenó en Cali debido al robo de unas banderas de la barra Barón Rojo Sur, del equipo de fútbol América de Cali.

El periodista Óscar Mauricio Rodríguez, fundador del Megáfono de Líbano, Tolima, ha sido víctima de varias amenazas de muerte como retaliación a su trabajo informativo. A tres días de las elecciones, la integridad y seguridad del reportero están en alto riesgo.

En la FLIP queremos visibilizar y hacer seguimiento a la situación de la prensa nacional respecto al cubrimiento de las elecciones, pues a medida que se acerca la jornada electoral del próximo 29 de octubre, notamos un incremento en las agresiones contra las y los periodistas.

Reporteros Sin Fronteras y la FLIP expresamos nuestra preocupación por las constantes amenazas de las que han sido víctimas los y las periodistas de Tuluá. En los últimos tres meses han sido presionados y amenazados, al menos, diez periodistas por parte de bandas criminales que operan en ese municipio.

Este lunes, 27 de marzo, seis hombres armados llegaron a las instalaciones de El Heraldo, en Barranquilla, dos de ellos ingresaron y exigieron hablar con la directora del medio, Erika Fontalvo.

Los enfrentamientos por el control del territorio entre los grupos armados ilegales Frente Carolina Ramírez y Comandos Bolivarianos de la Frontera han obligado a los periodistas de Putumayo a no volver a hablar sobre la guerra. La FLIP entrevistó a decenas de periodistas de este departamento, quienes desde agosto del año pasado han recibido presiones y amenazas por parte de estos grupos. La única salida que han encontrado es la autocensura.

La FLIP expresa su preocupación por el aumento de amenazas en contra del periodista Éder Narváez, director del medio digital NP Noticias Online y corresponsal de Teleantioquia. Desde el 24 de noviembre el periodista ha recibido dos amenazas y dos hostigamientos relacionados con su trabajo informativo en el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño.

Hoy, 2 de noviembre, conmemoramos el Día internacional para poner fin a la impunidad de crímenes contra periodistas. Para la FLIP, el Estado colombiano está fallando en su misión de investigar a quienes atacan a la prensa, lo cual es un paso indispensable para prevenir otras agresiones, como los homicidios.

La FLIP conoció de las amenazas que sufrió el equipo periodístico de Telemundo, que realizaba cubrimiento a la ruta migratoria en la selva del Darién. Guías ilegales, también conocidos como coyotes, los amenazaron y les exigieron que salieran del territorio. 

El periodista Daniel Muñoz y su equipo periodístico llegaron a Urabá el 2 septiembre; cuatro días más tarde, ingresaron a la selva del Darién y allí recibieron las primeras amenazas. Un grupo de cinco coyotes intimidó a Muñoz preguntándole quién le había dado permiso para estar allí, intentaron quitarle sus equipos, le grabaron su rostro y lo amenazaron diciendo que “varios periodistas ya se han muerto aquí”. Después de esta amenaza, Muñoz regresó a Capurganá y allí, el 9 de septiembre, fue abordado nuevamente por tres desconocidos, quienes le reiteraron que debía irse inmediatamente, pues su vida corría peligro. Ese mismo día, un grupo de personas llegó al hotel donde se estaba hospedando el equipo periodístico para asegurarse de que los comunicadores hubieran salido del casco urbano.

La región del golfo de Urabá es riesgosa para la prensa que reporta sobre asuntos como la migración. El año pasado ocurrió un caso similar, en el que un periodista tuvo que abandonar el cubrimiento periodístico en esta región por presiones de personas desconocidas. Del mismo modo, reporteros que residen y trabajan en la zona le han afirmado a la FLIP que el riesgo que corren allí es alto: “desde que se saca una cámara se vuelve un blanco”; afirma uno de ellos. Además, aseguran que quienes cubren esta región no cuentan con el respaldo de las autoridades para realizar su trabajo.

Estos hechos evidencian la falta de garantías que tiene la prensa para hacer cubrimiento de las rutas migratorias. En el caso del equipo de Telemundo los periodistas habían advertido previamente a las autoridades sobre el trabajo en terreno que realizarían y estas no emprendieron el acompañamiento y monitoreo correspondientes.

Hacemos un llamado a las autoridades, como la Policía, el Ejército y la Armada, para que hagan un acompañamiento activo e integral de los y las periodistas que se desplazan a zonas de riesgo a cubrir temas relacionados con la migración. Por otro lado, la Defensoría y las alcaldías de esos municipios deben focalizar sus esfuerzos en difundir activamente información sobre las rutas de atención para la protección a las que pueden acceder periodistas que se enfrentan a diferente peligros durante la reportería. 

Es de especial importancia que las y los reporteros que hablan sobre temas migratorios tengan garantías suficientes para ejercer su trabajo e investigar asuntos de alto interés público. Diferentes regiones de Colombia, como el golfo de Urabá, son hoy puntos estratégicos para las rutas que siguen migrantes indocumentados. Precisamente la clandestinidad que rodea este tema hace que la información con la que cuenta la ciudadanía sea escasa y solo provenga por parte de periodistas que deciden ir a investigar a la zona.

Ayer, 24 de agosto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Ariel Ortega, quien en 2018 compartió en su cuenta de Twitter mensajes en contra de los periodistas Julio César González (conocido como Matador), Daniel Samper Ospina y María Antonia García de la Torre. En las publicaciones se hacía alusión a la falta que hacían las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para callar a la prensa. Esta decisión no evalúa el impacto de mensajes violentos en línea contra la prensa porque desconoce las dinámicas propias de las interacciones en Internet. 

El año pasado,, Ortega fue condenado a 76 meses de prisión, pero su defensa apeló la decisión. En el proceso, Ortega negó que los mensajes hubieran sido emitidos por él; sin embargo, para el Tribunal no hay duda de que él es el autor de las publicaciones. No obstante, el juez decidió que dichos mensajes no constituyen el delito de amenaza, pues consideró que no tenían una probabilidad de llevarse a cabo, ya que para él las AUC están extintas y Ortega no tiene ningún poder sobre grupos armados ilegales.

Sin embargo, para la FLIP esta decisión no tiene en cuenta que los mensajes de Ortega son violentos y podrían ser tomados por otros usuarios como determinación para actuar en contra de los y las periodistas. La Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido consistente en identificar que los actos de violencia contra periodistas generan un efecto amedrentador y vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información. Para la FLIP estos mensajes también pretenden que los periodistas dejen de participar de espacios cívicos como las redes sociales.

El ciberacoso contra la prensa es una problemática en aumento a nivel mundial. De hecho, en mayo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya reconoció la existencia de la violencia en línea contra periodistas y el efecto diferenciado que tiene en las mujeres. En el 2019 la FLIP documentó 82 de estas agresiones; 117 en 2020; 114 en 2021 y, a corte de julio de 2022, van 122. 

Hacemos un llamado para que el gobierno nacional impulse la formación especializada en libertad de expresión de jueces, juezas, fiscales y otros operadores y operadoras de justicia. El rol de los jueces es central para la protección de la prensa y la creación de espacios seguros de participación, tanto para la prensa como para toda la ciudadanía.

También le hacemos un llamado a la delegada de la Defensoría del Pueblo para la Protección de Derechos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión, para que haga un diagnóstico urgente de la violencia en línea contra la prensa. A partir de esto considere formular recomendaciones enfocadas en la protección de los derechos de la prensa, que articulen al Estado para dar una respuesta preventiva y de protección.

La FLIP alerta y expresa su preocupación por la decisión de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de no brindar medidas de protección al periodista Robert Posada de Tuluá, Valle del Cauca. En el último año, Posada ha recibido tres amenazas y ha sido acosado por contratistas de la alcaldía; sin embargo, la UNP afirma que no tiene un riesgo diferente al que puede estar expuesto cualquier otro ciudadano. Este tipo de acciones por parte de la UNP son negligentes y ponen en grave riesgo la vida del comunicador.

En los primeros cinco meses del año hay un aumento del 59% en amenazas contra medios y periodistas en comparación con el 2018.

En la tarde de ayer, 2 de agosto, la Asociación Colombiana de Medios Informativos (AMI) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se reunieron con Guillermo Rivera, Ministro del Interior; Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación; Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación; Carlos Alfonso Negret, Defensor del Pueblo; Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección; y Nancy Patricia Gutiérrez, Ministra del Interior designada y vocera de la comisión de empalme del presidente electo Iván Duque. En el encuentro, se analizó el ambiente hostil para la prensa en el país y se llegó a varios compromisos.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza las amenazas del Bloque Capital de la Águilas Negras en contra de las periodistas Salud Hernández-Mora y Jineth Bedoya Lima, además de otras líderes políticas y sociales.

La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP rechaza las recientes amenazas contra el periodista Yesid Toro Meléndez tras la reedición de su libro “Complot para matar al Diablo”. Toro, quien es redactor del diario Q’Hubo en Cali, se vio obligado a abandonar la ciudad en las últimas horas.