La Corte Constitucional publicó la Sentencia SU-432 de 2025, en la que establece que el presidente Gustavo Petro vulneró los derechos fundamentales de las mujeres periodistas, al referirse a ellas como “muñecas de la mafia”. Esta decisión fija estándares sobre los límites del discurso de altos funcionarios y su impacto en la libertad de expresión, sobre todo cuando se refiere a sujetos de especial protección como lo son las mujeres periodistas. La FLIP y El Veinte valoran esta sentencia, e instan al presidente Petro a cumplir con lo ordenado por la Corte en los cinco días hábiles estipulados por la entidad.

#AlertaFLIP | Según información preliminar, Mateo Pérez Rueda, periodista y director de la Revista El Confidente, de Yarumal (Antioquia), habría sido asesinado en la Vereda Palmichal, en Briceño.

Desde la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) hacemos un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que dé cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del periodista Daniel Silva Orrego, del portal El Opinadero, así como a la orden emitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira. Ambas decisiones obligan al Estado colombiano a adoptar medidas de protección integrales, idóneas y oportunas frente al riesgo que enfrenta el comunicador.

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la FLIP advierte que la violencia contra las mujeres periodistas continúa siendo una de las expresiones más graves de censura en Colombia. Este año, la conmemoración a este derecho fundamental no puede limitarse a denunciar agresiones externas contra las mujeres: también debe abordar los desafíos estructurales dentro de las salas de redacción, donde el acoso y la discriminación operan como una infraestructura de silenciamiento que deteriora la democracia.

Elkin Caballero, alcalde de El Zulia, Norte de Santander, agredió físicamente y estigmatizó a periodistas que cubrían las afectaciones derivadas de una obra ejecutada en los municipios de El Zulia y San Cayetano. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza estos hechos y recuerda que las agresiones por parte de funcionarios constituyen una grave vulneración a la libertad de prensa y al derecho ciudadano a estar informado.

#AlertaFLIP | Rechazamos el incidente de desacato promovido por el alcalde de Caucasia, Jhoan Montes, contra el periodista Eder Narváez, director de NP Noticias Online. Este tipo de acciones judiciales pueden tener un efecto intimidatorio y de censura sobre la prensa en el municipio.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advierte sobre el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en Colombia, especialmente en el contexto previo a las elecciones presidenciales de 2026. Durante estos cuatro meses, se ha registrado un número significativo de agresiones, amenazas, acosos y obstrucciones al trabajo periodístico por parte de distintos sectores y estigmatizaciones y ataques verbales provenientes de funcionarios, como el presidente Gustavo Petro y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

La Corte Constitucional, en la Sentencia T-084 de 2026, determinó que la Fiscalía Séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia vulneró los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al acceso a la información de Andrea Aldana, Óscar Parra y del medio de comunicación Rutas de Conflicto al negarse a reconocerlos como víctimas dentro de la investigación penal por perfilar a diversos medios y periodistas.

Han pasado 35 años desde el asesinato del periodista Julio Daniel Chaparro y el fotógrafo Jorge Torres, de El Espectador, ocurrido el 24 de abril de 1991 en Segovia (Antioquia) mientras realizaban un reportaje sobre la violencia en la región. Tras décadas de impunidad y una larga búsqueda de justicia por parte de sus familias, en 2025 se firmó un acuerdo de solución amistosa con el Estado colombiano que contempla medidas de reparación como el reconocimiento público de responsabilidad y la creación de una beca en su honor. A más de tres décadas del crimen, su memoria sigue marcando la reflexión sobre la violencia contra la prensa en Colombia.