La violencia contra la prensa no cede en América Latina: el Estado, principal agresor

La Red Voces del Sur presentó su Informe Sombra 2024 sobre la Libertad de Prensa en América Latina, que documenta 3.766 alertas de violencia contra periodistas y medios en 17 países de la región. Los datos revelan que la violencia contra la prensa no disminuye, sino que se reconfigura: se consolidan la autocensura, los desiertos informativos y el exilio de periodistas.

Las agresiones y ataques fueron la principal forma de violencia, con 1.562 alertas (41,5 %), seguidas de los discursos estigmatizantes (20,1 %). En total, los actores estatales fueron responsables del 49,3 % de todas las violaciones registradas, consolidándose como el principal agresor contra la libertad de prensa y expresión en América Latina.

Durante 2024 fueron asesinados 14 periodistas —una muerte cada 26 días— y se reportaron cuatro desapariciones forzadas, ocho secuestros y doce casos de tortura, el triple de los registrados en 2023. Honduras, México y Colombia se mantuvieron como los países más letales para ejercer el periodismo.

El informe alerta además sobre el aumento del uso del sistema judicial como herramienta de censura (219 procesos civiles y penales) y del discurso estigmatizante desde el poder político, con presidentes y altos funcionarios entre los principales promotores de la deslegitimación del periodismo.

“La violencia contra periodistas en América Latina no es coyuntural, sino estructural. La convergencia entre represión estatal, crimen organizado, judicialización y estigmatización desde el poder ha generado un ecosistema de miedo que erosiona la democracia y el derecho ciudadano a estar informado”, señala el informe.

En Colombia, la violencia letal contra la prensa se intensificó en 2024. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró 534 alertas, un incremento del 10,3 % respecto a 2023. Las agresiones y ataques representaron el 61 % del total y los grupos armados ilegales —narcotráfico, disidencias de las FARC, ELN y bandas criminales— fueron responsables de 122 agresiones y dos secuestros, un aumento del 51,8 % frente al año anterior.

El país se ubicó nuevamente entre los más peligrosos del continente, con tres periodistas asesinados por investigar casos de corrupción y manejo de recursos públicos. La violencia letal se concentra en zonas sin presencia estatal, como Norte de Santander, que registró más del 11 % de las alertas nacionales.

El informe también señala que el acoso judicial se ha consolidado como un mecanismo de censura. En 2024, se documentaron 45 procesos civiles y penales, más de la mitad iniciados por funcionarios públicos. A esto se suma la estigmatización desde el poder, con pronunciamientos del Presidente y otros funcionarios que desacreditan públicamente a periodistas y medios.

“La impunidad y la estigmatización institucional agravan la letalidad de las agresiones. El silencio impuesto por el miedo, el desplazamiento y la autocensura vacía de información los territorios más afectados por la violencia”, advertimos desde la FLIP en el informe.

Voces del Sur y sus organizaciones aliadas llaman a los Estados latinoamericanos a adoptar políticas integrales de protección, garantizar la independencia judicial, cesar los discursos estigmatizantes y asegurar el acceso pleno a la información pública. La defensa de la libertad de expresión y del periodismo libre es una condición esencial para preservar la democracia en la región.

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