La Sentencia SU-432 de 2025 marca un hito en la defensa de la libertad de prensa y los derechos de las mujeres periodistas en Colombia. Según el comunicado divulgado por la Corte Constitucional este lunes 20 de octubre, la Sala Plena acogió las pretensiones de 16 comunicadoras de diversas orientaciones políticas quienes solicitaron que el presidente de la República se abstuviera de emplear expresiones estigmatizantes, como el calificativo de “muñecas de la mafia”, para referirse a ellas. Aunque las dos primeras instancias no reconocieron la vulneración de derechos, la Corte decidió revisar el caso y modificar el sentido de esas decisiones, reconociendo la importancia de proteger la labor periodística frente a discursos de poder que pueden derivar en violencias y silenciamiento.

La tutela, presentada en septiembre de 2024, planteó cuatro argumentos centrales. Primero, que las declaraciones estigmatizantes del jefe de Estado vulneran la libertad de expresión al deslegitimar el ejercicio periodístico y generar un ambiente de hostilidad, incluidas manifestaciones de violencia en línea, que afecta a quienes ejercen el periodismo. Segundo, que el presidente por su posición de poder y su labor pública, tiene el deber de tolerar expresiones que le resulten molestas, críticas o incómodas. Tercero, que los funcionarios públicos están obligados a respaldar y garantizar el ejercicio libre de este derecho, así como a proteger activamente la labor de la prensa. Finalmente, que la Constitución otorga una protección reforzada a los y las periodistas por su papel esencial en la democracia y en el debate público.

Aunque el reciente fallo aún no ha sido notificado oficialmente, la información divulgada por la Corte indica que las manifestaciones del presidente durante la posesión de la defensora del pueblo, Iris Marín, habrían sido consideradas estigmatizantes y contrarias a los derechos de las periodistas colombianas a vivir una vida libre de violencias, a la no discriminación y a la libertad de expresión.

Esta sería la primera decisión de esta alta corte ordenando a un presidente que no estigmatice a la prensa en Colombia y marcaría también un desarrollo importante en la garantía de los derechos en entornos digitales. De acuerdo con la información publicada, el fallo representa un paso importante al reconocer que figuras como el presidente de la República tienen un impacto particular sobre el debate público, por lo que su libertad de expresión tiene deberes y responsabilidades más estrictas que las de un ciudadano común.

La violencia en línea contra las mujeres es un fenómeno en aumento que genera consecuencias graves como la censura basada en género, el silenciamiento de las periodistas y la posible materialización de esas violencias digitales en agresiones físicas. Según los testimonios de las periodistas que interpusieron la tutela, las expresiones del presidente generaron una ola de ataques y descalificaciones en redes sociales, replicadas por diferentes usuarios e incluso por algunos funcionarios. Este tipo de discursos alimenta un ambiente hostil que puede derivar en la autocensura, en la exclusión de temas de interés público o incluso en la renuncia de las periodistas a ejercer su oficio.

La FLIP y El Veinte celebran el sentido del fallo y la posibilidad de abrir nuevos espacios de conversación con el presidente de la República, para exponer los efectos y las dinámicas dañinas que esas manifestaciones estigmatizantes han causado en la discusión pública y en la vida de las mujeres periodistas. Este es un momento para asumir responsabilidades, reparar el daño causado y promover una relación más respetuosa entre el Gobierno y la prensa.

En ese sentido, invitamos al presidente a acoger esta decisión con la seriedad y el compromiso que merece. Más que una sanción, este fallo debe asumirse como una oportunidad para reconocer el impacto que sus palabras tienen sobre el debate público y en el ejercicio periodístico de las mujeres en Colombia. Igualmente, lo invitamos a reflexionar sobre la función de un jefe de Estado pues, como máxima autoridad, es referente para otros funcionarios y servidores públicos. Por ello, su manera de expresarse y relacionarse con la prensa sienta un precedente sobre cómo ejercer la comunicación institucional en una democracia. Un compromiso genuino con el cumplimiento de esta sentencia puede contribuir a que desde todas las esferas del poder se promueva un trato respetuoso hacia la labor periodística.