La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió las demandas de casación presentadas por los defensores de Emiro Rojas Granados, exsubdirector del DAS, y Néstor Javier Pachón Bermúdez, exdetective de inteligencia del mismo organismo. Desde la FLIP destacamos esta decisión, ya que mantiene en firme las condenas impuestas por la justicia ordinaria por los delitos de tortura agravada y concierto para delinquir agravado cometidos contra la periodista Claudia Julieta Duque Orrego.

De acuerdo con la sentencia, entre julio de 2001 y diciembre de 2004 funcionó una organización criminal al interior del DAS, que actuaba “fuera de los lineamientos administrativos ordinarios” y bajo “una labor conjunta de todas las dependencias de la Dirección General de Inteligencia”. Esa estructura institucional —según reconoció la Corte— se dedicó a hostigar, vigilar, amenazar y torturar psicológicamente a la periodista en represalia por sus investigaciones sobre el asesinato de Jaime Garzón y las denuncias que vinculaban al DAS con la desviación de ese proceso.

Los magistrados consideraron probado que los ataques contra Duque, incluidos persecuciones, amenazas de muerte y hostigamientos a su hija menor, constituyeron tortura continuada y llevaron a que la periodista se exiliara en dos ocasiones. La Corte sostuvo que Rojas Granados, en su calidad de subdirector general del DAS, tuvo conocimiento y control de dichas operaciones ilegales, utilizó los recursos del Estado “al servicio del entramado criminal” y encubrió al detective Pachón Bermúdez, responsable de los seguimientos.

En consecuencia, la Corte dejó en firme las penas de 174 meses de prisión (14 años y medio) para Emiro Rojas Granados y 4.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes; y de 150 meses (12 años y medio) y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para Néstor Javier Pachón Bermúdez, además de ordenarle al Presidente de la República ofrecer disculpas a la periodista y el reconocimiento de una indemnización por los daños morales ocasionados.

Consideramos que esta decisión reafirma la existencia de una política institucionalizada de persecución dentro del antiguo DAS y representa un paso crucial en la lucha contra la impunidad en los crímenes de Estado cometidos contra la prensa. Asimismo, destacamos que la Corte reconoció que el DAS funcionó durante esos años como una organización criminal enquistada en el Estado, que se encargó de silenciar a periodistas y defensores de derechos humanos mediante prácticas de inteligencia ilegal.

En este caso, aún permanecen pendientes las decisiones judiciales contra Giancarlo Auqué y José Miguel Narváez, exdirectivos del DAS implicados en los mismos hechos, por lo que esperamos que las autoridades avancen de manera diligente y oportuna en el proceso. Reiteramos que la tortura y la censura estatal contra periodistas constituyen ataques directos a la democracia y a la libertad de expresión.