A unos treinta kilómetros de Popayán, se encuentra Puracé, un municipio que ha centrado sus esfuerzos en comunicar temas medioambientales. Sin embargo, existen varios factores que limitan la circulación de la información, como las condiciones geográficas del territorio, las brechas digitales entre las zonas rurales y urbanas y los desafíos en la sostenibilidad financiera de los medios. Este informe hace parte de la serie “Una mirada a la libertad de expresión y a los medios de comunicación en Puracé, Cajibío y Marmato”.

En una democracia, el periodismo es fundamental para dinamizar la agenda pública, dar voz a los ciudadanos y ejercer control sobre el poder. En el municipio de Cajibío, Cauca, los proyectos y procesos comunicativos han estado atravesados por dificultades en el sostenimiento económico, un clima de inseguridad y el silenciamiento de temas sensibles. Este informe hace parte de la serie “Una mirada a la libertad de expresión y a los medios de comunicación en Puracé, Cajibío y Marmato”.

Presentamos la serie Una mirada a la libertad de expresión y a los medios de comunicación en Puracé, Cajibío y Marmato, con el propósito de comprender el ecosistema informativo local y monitorear el estado de la libertad de prensa en los municipios de Marmato, Caldas; y Puracé y Cajibío, Cauca. En estas investigaciones, entrevistamos a líderes sociales, autoridades, periodistas y personas responsables de iniciativas de comunicación en estos municipios y tomamos como referencia la información que construimos en 2019 con el proyecto Cartografías de la Información.

Las decisiones que tienen que tomar las y los periodistas de regiones afectadas por la violencia no son fáciles: callar, asumir los riesgos, trabajar bajo la amenaza inminente, denunciar. Este es el relato de la prensa en tres departamentos al sur del país que convive con la violencia, que en algunos casos asume el rol de liderazgo social y que con distintas motivaciones trabaja a nivel local para informar a sus comunidades.

Por: Carolina Arteta Caballero y Juan Pablo Madrid-Malo

Colombia sigue siendo un país en guerra. Con muchas guerras. El panorama de paz que por un tiempo se vivió en algunas regiones después de la firma del acuerdo con las FARC-EP poco a poco se ha esfumado. En los últimos cuatro años ha aumentado de manera sostenida la presencia de grupos armados en todo el país, como lo expone Indepaz en su más reciente informe. Hoy retumba con cada vez más fuerza el ruido de los combates con la fuerza pública, las disputas territoriales, los atentados, los asesinatos y las masacres. Lo que poco se escucha es el asfixiante control social ejercido sobre la población civil por parte de los miembros de grupos paramilitares y guerrillas. Hoy, los habitantes de más de 600 municipios todavía cuentan las heridas que deja la confrontación armada en sus territorios. 

En este contexto trabajan —y han trabajado por años— periodistas en todo el país. Reporteros y reporteras que informan desde sus territorios, pero que también suelen recurrir al silencio para protegerse. El Cauca, Nariño y Putumayo, cuyas geografías abarcan desde el piedemonte amazónico hasta el macizo y la costa Pacífica, se han consolidado como corredores estratégicos del narcotráfico y escenarios en donde confluyen múltiples actores armados en constante disputa. 

Este es el relato de periodistas, en diferentes zonas de los tres departamentos, que a diario conviven, en mayor o menor medida, con la amenaza latente de la violencia. Directores/as de medios, locutores/as, fotógrafos/as, reporteros/as y presentadores/as que ejercen su labor en emisoras comunitarias, comerciales y públicas; sitios web o plataformas digitales y como corresponsales para distintos medios también. Muchos/as con un importante rol de liderazgo social en sus comunidades. Sus testimonios constituyen la historia de una prensa que, lejos de los círculos de poder de grandes medios y por momentos acorralada, trabaja localmente contando lo que ocurre, aunque a veces las circunstancias no se lo permitan.

Cauca

“Lo primero que hago es asomarme a la puerta y salir con temor”, afirma Andrés* al hablar de su espacio en una emisora comunitaria. A sus 46 años, además de periodista, se ha convertido en líder en su comunidad. Carga, a su vez, la dolorosa memoria del asesinato de un miembro de la emisora ya hace varios años atrás. “Queremos decirle a Colombia y al mundo lo que ocurre en nuestra región, pero hay cierta gente que no quiere que eso salga a la luz pública”, sentencia.

Como él, periodistas en todo el departamento se debaten entre informar sobre la situación de orden público o asegurar su integridad en un territorio donde confluyen principalmente estructuras del Comando Coordinador de Occidente, del ELN y de la Segunda Marquetalia. Dentro del conflicto por controlar los numerosos cultivos de uso ilícito y los corredores del narcotráfico que del sur del país conducen hacia el Pacífico los periodistas han quedado entre la espada y la pared. La constante se encuentra en la autocensura.

Entre las limitaciones que enfrentan están una geografía complicada y la multiplicidad de actores armados. Ambos conllevan riesgos al momento de desplazarse que pocos están dispuestos a asumir. Otro radialista al sur del departamento afirma: “en cada corregimiento hay un grupo predominante. Hay líneas imaginarias y por eso se dan enfrentamientos. Acá en nuestro municipio ninguna persona puede andar sin una carta de recomendación emitida por un líder de la zona”. Un escenario crítico sobre el que Martín, radialista también, explica: “cayó un petardo en plena cabecera municipal y sacamos la noticia. Luego hubo una granada contra la estación de policía y reportamos. Hubo dos bombas a la entrada del municipio. Hubo dos hostigamientos más. En medio de todo eso laboramos”.

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El panorama hacia el norte es similar. Desde un medio digital Andrea* ejerce su labor para mostrar otra cara de un territorio, colindante con los departamentos de Tolima y Valle del Cauca, conocido por su violencia, según cuenta. “Nosotros siempre estamos con el temor de cubrir. Siempre pensamos que tenemos los ojos encima de alguien que está pensando que no es así lo que uno escribe. Casi siempre evitamos meternos en ese tema”, afirma al hablar de la agenda de orden público y también de corrupción. “No va a ser posible la libertad de prensa en el norte del Cauca”, finaliza.

Y entre tanto riesgo, vale la pena preguntarse por las motivaciones que llevan quienes se dedican a esto. En la respuesta de Martín* hay, tal vez, un espíritu común para todos: “yo creo que es la única forma de que el país entienda que hay otros territorios y otra gente que construye esta nación. Yo vengo de un lugar muy complejo, allá sólo mandaban los grupos armados en los 2000. Yo crecí en eso. Yo viví en medio de esa violencia. Yo escogí esto para tratar de revertir eso. Queremos seguir trabajando”. 

Cauca en cifras

• Grupos armados presentes: El Frente Carlos Patiño, la Columna Móvil Dagoberto Ramos y la Columna Móvil Jaime Martínez del Comando Coordinador de Occidente (CCO), el Frente José María Becerra del ELN, el Frente Diomer Cortés y el Frente Dagoberto Ramos Ortiz de la Segunda Marquetalia.

• Asesinatos de Líderes sociales 2022: 24

• Masacres 2022: 15

• Asesinatos firmantes de paz 2022: 7
• Hectáreas de coca: entre 20 mil y 30 mil hectáreas. En Cauca el nuevo enclave se empieza a consolidar en la zona costera. 
• Amenazas registradas por la FLIP 2019-2022: 19 dirigidas a 21 periodistas.
  
  

Putumayo

Si algo tiene claro Alberto*, después de 25 años trabajando en la radio, es que un periodista debe contar las dos caras de la moneda: lo bueno y lo malo. Esa premisa le devuelve la tranquilidad cuando recuerda que en un par de meses la emisora comunitaria que dirige cumplirá un año sin emitir noticias locales en el bajo Putumayo, a pocas horas de la frontera con Ecuador. A inicios del año pasado, el periodista suspendió la transmisión del informativo local después de que dos miembros de su equipo recibieron amenazas. 

La emisora, fundada hace más de veinte años, enfrentaba dificultades económicas desde la pandemia, pero había logrado mantenerse a flote con una parrilla informativa que combinaba las voces de campesinos y mujeres con música y noticias. Hasta aquel día en que suspendieron la difusión del noticiero. Alberto tomó la decisión cargando a cuestas con el recuerdo de un colega de la región que fue asesinado por su liderazgo social. “Uno siente nostalgia de no tener el noticiero. No poder hacer lo que deberíamos hacer… ¿para qué sirve una radio que solo pasa música o mensajes a la alcaldía o del hospital si hay otras cosas que contar? Lastimosamente no se pueden decir”, se lamenta. 

La autocensura como estrategia de autoprotección es una de las prácticas que han implementado los periodistas del Putumayo desde que el conflicto recobró su fuerza. Hoy, al menos cuatro grupos armados están presentes en el departamento, entre ellos el Frente Carolina Ramírez del Bloque Suroriental y los Comandos de la Frontera. En el territorio están dos de los enclaves productivos de coca más importantes a nivel nacional, y hasta finales de 2021 había 28 mil hectáreas de coca, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). 

En este contexto, muchos reporteros evitan desplazarse hacia áreas rurales o publicar noticias relacionadas con el orden público. “Yo lo hago para proteger mi integridad. Uno sabe que corre peligro si dice algo malo o no maneja bien la información. Cualquiera puede terminar amenazado”, sostiene César*, quien dirige un portal de noticias. Por su parte, un locutor de una emisora comunitaria afirma: “yo trato de ser muy técnico… de no usar adjetivos”.

Los pocos periodistas que cubren hechos violentos suelen enfrentar decenas de barreras, entre ellas el silencio estatal. “Es un problema grandísimo lograr que una autoridad se pronuncie sobre un hecho para tener una fuente oficial”, afirma César. Esto ha llevado a que la gente critique su labor. Hace unos meses, participó en un panel sobre periodismo que fue transmitido en vivo a través de redes sociales. En uno de los comentarios que recibieron ese día los llamaron periodistas mediocres. “Yo les pedía disculpas por eso —cuenta César—. A veces terminamos siendo mediocres, pero detrás de eso están las limitaciones que tenemos para informar. Si tuviéramos más libertad tal vez podríamos hacer otro periodismo”.  

Putumayo en cifras

• Grupos armados presentes: El Frente Carolina Ramírez del Bloque Suroriental, los Comandos de la Frontera, la Segunda Marquetalia y la Columna Móvil Jhonier Toro Arenas del Comando Coordinador de Occidente (CCO). 
• Hectáreas de coca: 28.205 hectáreas, 1,4 veces más que el año anterior. Junto a Caquetá, el Putumayo constituye la tercera región con más área de coca sembrada en todo el país. 
• Asesinatos a líderes sociales en 2022: 17
• Masacres en 2022: 7
• Asesinatos a firmantes de paz en 2022: 5
• Amenazas registradas por la FLIP 2019-2022: 3 dirigidas a 8 periodistas.
  
  
  

Nariño

El periodismo en Nariño tiene puntos ciegos. Es decir, porciones del territorio en las que está vedado el ingreso de periodistas. En este departamento fronterizo, ONUDD ha identificado enormes laboratorios de cocaína en los que se llega a producir hasta cinco toneladas en un mes. Allí confluyen varios grupos armados y organizaciones criminales que se disputan el control de las zonas cocaleras y las rutas de narcotráfico. De acuerdo con Indepaz, los enfrentamientos se concentran en las subregiones Saquianga, Pacífico Sur y Telembí, especialmente en municipios como Tumaco, Roberto Payán, Olaya Herrera y Barbacoas. Repartidos en pequeñas fracciones del territorio, hay miembros de al menos ocho grupos que por momentos actúan unidos, en bloque, y en otros se enfrentan entre ellos o con el Ejército. 

Las dinámicas de la guerra en el departamento son tan confusas y cambiantes que la gente no logra seguirle la pista al fuego cruzado. Las y los periodistas, que en otros lugares del país se las ingenian para hacer reportería en lugares controlados por los grupos armados, quedan atrapados entre fronteras invisibles. “Al viajar durante una hora desde la zona de piedemonte hasta la frontera puedes encontrar un grupo y en 45 minutos va a ser otro”, ilustra Diego*, un periodista que a pesar de las limitaciones publica algunas noticias sobre el conflicto en medios regionales y nacionales. Para hacerlo sin correr demasiados riesgos, se vale de varias estrategias como enviar reportes para que sean otros colegas quienes den la información o utilizar imágenes de archivo al momento de mencionar ciertos lugares. “Hay sitios en donde es imposible llegar con cámaras. Se limita hasta el uso de dispositivos móviles. Si los usas y sale algo de por allá, te van a llegar amenazas”, explica. Aún así, Diego ha recibido mensajes intimidantes. “Vea cuidese con la información que mandó”, le dijeron hace poco a través de un mensaje de texto. 

Los registros de las organizaciones humanitarias dan cuenta de la dimensión del conflicto. Solo en febrero del año pasado se registraron cinco desplazamientos masivos en La Tola, Mosquera, Olaya Herrera y Barbacoas, de acuerdo con Médicos Sin Fronteras. Pero el verdadero impacto que está teniendo la violencia en la vida de la población civil no se ve en los medios, pues las mismas cifras de los grupos defensores de derechos humanos alimentan el miedo de los periodistas. “Una vez intenté hacer un acercamiento para viajar con un abogado conocido allá (en Ricaurte). Me dijeron que fuera y que al siguiente día me secuestraban”, cuenta un fotógrafo que utiliza la ciudad de Pasto como sede. El cronista asegura que en Nariño casi todos los días ocurren decenas de asesinatos de los que nadie se entera. “Eso no lo publica nadie porque es como meterse en la boca del lobo”. Un colega de Ipiales coincide. Para él, el miedo es un sentimiento permanente: "es una amenaza indirecta”. 

Nariño en cifras

• Grupos armados presentes: El Bloque Occidental Alfonso Cano y la Columna Móvil Ariel Aldana de la Segunda Marquetalia, el Frente Franco Benavides y la Columna Móvil Urías Rondón del Comando Coordinador de Occidente (CCO), el Frente Comuneros del Sur del ELN, Los Contadores (también llamados el Frente Iván Ríos), el Frente Oliver Sinisterra (FOS), y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

• Asesinatos a líderes sociales en 2022: 22

• Masacres en 2022: 4

• Asesinatos a firmantes de paz en 2022: 2

• Hectáreas de coca:  56.516 hectáreas, una cifra casi dos veces mayor a la registrada en 2021. 

• Wilder Córdoba, periodista de La Unión, fue asesinado el 28 de noviembre de 2022.  

• Amenazas registradas por la FLIP 2019-2022: 8 dirigidas a 8 periodistas.

* Los nombres de los periodistas consultados han sido modificados por su seguridad. 

Cada vez son más los periodistas que ejercen un liderazgo social en sus comunidades y se enfrentan a múltiples violencias: actores armados, desprecio de la política local e intereses económicos. Este periodismo de urgencia es uno de los cambios más relevantes del ecosistema mediático y su protección uno de los desafíos más urgentes del Estado. ¿Quiénes encarnan esas voces y por qué es tan importante su papel?

Este 6 de octubre, la FLIP interpuso una demanda de reparación directa contra el Ejército y la Policía por el asesinato del comunicador indígena Abelardo Liz, ocurrido el 13 de agosto del 2020. Con esta acción se pretende que se reconozca la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte del periodista. La FLIP, como representante de la familia de la víctima, ha logrado recolectar pruebas y testimonios que confirman que el Ejército disparó contra Liz mientras él cubría los enfrentamientos entre la fuerza pública y la comunidad Nasa en Corinto, Cauca.

Después de dos años del asesinato de Abelardo Liz en Corinto, Cauca, las pruebas indican que un miembro del Ejército sería quien disparó al comunicador indígena. A pesar de que la investigación de la Fiscalía ha contado con largos periodos de inactividad, los recientes avances de la investigación penal apoyan esa hipótesis. A pesar de haber muerto ejerciendo su labor, la Fiscalía aún no formaliza dentro de la investigación la relación del crimen con el oficio.

El 24 de abril de 2022, se cumplieron 13 años del asesinato de José Everardo Aguilar. Al momento de su muerte, tenía 72 años. Dejó diez hijos tras de sí y años de trabajo en el periodismo. En Radio Súper Popayán, en el Cauca, trabajó cerca de 10 años, en donde denunciaba la corrupción y cubría temas políticos. El 24 de abril de 2009, siete disparos sepultaron su voz, en el barrio Las Ferias, del municipio de Patía, Cauca. El asesino entró a su hogar haciéndose pasar por un mensajero que le traía fotografías y documentos. Ese día, José Everardo se encontraba con su esposa e hija. 

En la FLIP, no olvidamos a José Everardo Aguilar y su compromiso con la verdad y la comunidad. Gracias por recordar con nosotros. 

El 14 de octubre de 2010, el comunicador y líder indígena Rodolfo Maya Aricape fue asesinado en Caloto, Cauca. Rodolfo era periodista de Radio Payumat, secretario del Cabildo Indígena de López Adentro e integrante de la Escuela del Tejido de Comunicaciones NASA ACIN.

Un periodista que rechazó la presencia de grupos armados en la región

Rodolfo era el penúltimo de los siete hijos de la familia Maya Aricape. A sus 12 años, dejó el municipio de Caldono, Cauca y, en compañía de dos de sus hermanas mayores, viajó a Bogotá para finalizar sus estudios de bachillerato. En la capital, trabajó como ayudante en una ensambladora de automóviles y en una carpintería. Sin embargo, tras 10 años lejos de su comunidad, regresó a Cauca para apoyar el proceso de organización indígena de su región.

Al volver a Cauca, Rodolfo integró el movimiento juvenil Álvaro Ulcué Chocué, una colectividad que buscaba posicionar a los jóvenes Nasa dentro de la esfera política en el municipio de Corinto, Cauca. Años más tarde, Rodolfo ingresó a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) como secretario del Cabildo Indígena del resguardo de López Adentro. A la vez,  se desempeñó como coordinador de la Escuela del Tejido de Comunicaciones y comunicador en Radio Payumat.

El liderazgo y compromiso con el que asumió la tarea de informar a la población, lo convirtió en un periodista reconocido dentro de la comunidad indígena Nasa. “Siempre estaba con su cámara capturando momentos en familia, tomando fotos y grabando en eventos y marchas. Una de sus motivaciones fue el apoyo de la comunidad frente a sus procesos de comunicación”, recuerda su hija, Xiomara Maya.

Desde 2009, Rodolfo estuvo liderando las comunicaciones del pueblo Nasa. Sus notas informativas y reportajes denunciaban la presencia de grupos armados en los territorios, el reclutamiento de jóvenes y la amenaza a líderes indígenas. “Era muy espontáneo al hablar, identificándose con el proceso de la comunidad. Por eso Rodolfo empezó a denunciar los atropellos del mismo gobierno y de los actores armados legales e ilegales que se disputaban el territorio”, señala su hermano, Diego Maya.

El silencio que dejó el conflicto

En septiembre de 2010, los pronunciamientos periodísticos de Rodolfo empezaron a generar malestar en los grupos armados que rodeaban la zona. Dos semanas antes de su muerte, Rodolfo recibió una amenaza en la que, además, fue señalado como miembro de la guerrilla. “En las paredes de un colegio del municipio, aparecieron unos escritos en los que lo señalaban de ser cabecilla de la guerrilla. Había un número de teléfono y una recompensa de 20 millones. Él alcanzó a denunciar este hecho”, cuenta el hermano del periodista. 

A pesar de que esta amenaza fue puesta en conocimiento de las autoridades, con 36 años, Rodolfo fue asesinado el jueves 14 de octubre de 2010, en Caloto, Cauca. Alrededor de las 4:30 p.m., dos sicarios que iban en una moto lo abordaron en la puerta de su casa y silenciaron su voz. Hoy, once años después de su asesinato, la Fiscalía continúa en indagaciones por su homicidio, pero nadie ha sido responsabilizado por el crimen

En la FLIP, no olvidamos a los comunicadores indígenas que, como Rodolfo, han sido asesinados por denunciar la violación de derechos humanos en sus comunidades y hacemos un llamado a la Fiscalía para que su caso no quede en la impunidad.

Gracias por recordar con nosotros. 

La FLIP rechaza las agresiones y obstrucciones de las que fueron víctimas los periodistas Juan Ortega, Óscar Solarte y Kevin Acosta mientras cubrían las manifestaciones en Popayán el pasado 12 de mayo. Acosta fue fuertemente atacado por miembros de la Policía, mientras que Ortega y Solarte fueron agredidos por personas encapuchadas que participaban de la manifestación.

El cubrimiento de la Minga Indígena ha dejado en lo corrido del año diez ataques contra la prensa en el departamento del Cauca. De ellas, cuatro agresiones provinieron de desconocidos y tres de la fuerza pública.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la obstrucción e intimidación de la que fueron víctimas en el departamento del Cauca varios periodistas de medios locales y nacionales por parte de encapuchados mientras se dirigían a cubrir una rueda de prensa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Dos de los periodistas manifestaron que al llegar al sector de La Agustina, jurisdicción de Santander de Quilichao, encapuchados no los dejaron avanzar y amenazaron con quemar los vehículos en los que se movilizaban si no se retiraban del lugar. En esta misma zona, el el 19 de marzo, fue asesinado un patrullero de la Policía Nacional en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

Los periodistas aseguran que cuando fueron interceptados, informaron a los encapuchados que tenía autorización del CRIC para ingresar a la rueda de prensa. Sin embargo, tras las intimidaciones, los reporteros decidieron retirarse del lugar. Otros periodistas manifiestan que colegas y habitantes de la zona les informaron sobre los bloqueos y las presencia de encapuchados por lo que se abstuvieron de seguir avanzando.

Durante el 2018 y en lo que va del 2019 la Fundación ha registrado 18  ataques a la prensa durante el cubrimiento de manifestaciones. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que “los ataques contra periodistas que cubren estas situaciones violan tanto el aspecto individual de la libertad de expresión —pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir información, y se genera un efecto de amedrentamiento—, como su aspecto colectivo —pues se priva a la sociedad del derecho a conocer la información que los periodistas obtienen—”.

En comunicación con la Policía del Cauca, la institución dio a conocer que los canales para denunciar este tipo de hechos están abiertos. La Fundación invita a los periodistas para que informen a las autoridades este tipo de situaciones y exhorta a estas instituciones para que adelanten las investigaciones correspondientes y brinden las garantías de seguridad necesarias para que los periodistas puedan desarrollar libremente su labor periodística.

En las últimas horas del miércoles 1 de agosto los periodistas Valentín Tezada y Jairo Calderón fueron asesinados en Cauca y Valle del Cauca. El periodismo del suroccidente del país perdió dos voces en una misma noche.

En la madrugada del lunes 5 de marzo, Eider Campo Hurtado, comunicador y guardia indígena nasa, recibió impactos de bala que acabaron con su vida. Según el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-, a la media noche, cuatro hombres armados ingresaron a la casa del cabildo indígena de Pioyá en Caldono, Cauca, y liberaron a tres hombres detenidos por la guardia indígena, acusados ser presuntos informantes del Ejército.

Después de esto, cuenta el CRIC, comenzó una persecución de la guardia con el fin de recapturar a los acusados. De acuerdo con el relato de un miembro de una comunidad indígena del norte del Cauca, los implicados se dirigieron a la parte alta de Caldono y allí los hombres dispararon indiscriminadamente, impactando así el cuerpo de Campo.

La Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas –CONCIP– manifestó que Eider Campo ejercía labores comunicativas en el colectivo de comunicación Pelsxhab Stereo del Resguardo de Pioyá.

La Fundación exhorta a la Fiscalía General de la Nación a que investigue los hechos para dar con los responsables de esta lamentable situación. Además, la FLIP invita a la Unidad Nacional de Protección a que evalúe la situación de seguridad de los comunicadores de la emisora a la que pertenecía Campo.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza los ataques de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en contra de las instalaciones de la emisora Renacer Kokonuko en el municipio de Puracé, Cauca.

El pasado viernes 3 de noviembre, a las 5:30 pm, agentes de la Policía Nacional y del ESMAD atacaron con piedras y gases lacrimógenos las instalaciones de la emisora indígena Renacer Kokonuko. Según Lucelida Quilindo, coordinadora de Renacer, los uniformados arremetieron contra las puertas, ventanas y el techo de las instalaciones. Los daños incluyen seis vidrios rotos y ocho tejas destruidas. Durante el ataque, que duró cerca de media hora, los dos comunicadores que se encontraban en la emisora tuvieron que protegerse y por unos minutos se vieron obligados a salir del aire.

Según información que conoció la FLIP, desde el medio día se desarrollaban confrontaciones entre la fuerza pública y comuneros en el predio de Aguas Tibias, donde el pasado 8 de octubre la comunicadora Efigenia Vásquez, fue asesinada. La emisora Renacer Kokonuko, además de la programación habitual, había estado compartiendo con sus oyentes el comunicado del cabildo en el que se convocaba a la comunidad a unirse a la manifestación. Los comuneros del resguardo reclaman la propiedad colectiva del predio Aguas Tibias, que actualmente está en poder de un privado.

No es la primera vez que el ESMAD ataca la emisora. En junio de este año, en una jornada de manifestaciones, agentes del ESMAD rodearon las instalaciones del medio e intentaron ingresar a la fuerza. Un mes después, también en el contexto de una protesta, la emisora se quedó sin energía eléctrica. Según los comunicadores y las autoridades, este corte fue ordenado por la Fuerza Pública para impedir el cubrimiento de la manifestación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 2015, determinó que “es crucial para garantizar de manera adecuada el derecho de protesta y a manifestarse públicamente que se facilite la tarea de los periodistas, camarógrafos y reporteros que se encuentren ejerciendo sus labores en estos contextos y que no sufran actos de fuerza arbitrarios por parte de los funcionarios policiales o estatales ni el secuestro de sus materiales de trabajo y registro, en todos sus soportes”.

La FLIP solicita a la Policía Nacional que investigue los hechos ocurridos el pasado 3 de noviembre y que suspenda a los responsables de ataque contra la prensa en el Cauca. Además, es necesario que los agentes asuman una actitud de respeto a la prensa, en especial en el contexto de la protesta social.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza los ataques a periodistas por parte de Fuerza Pública y manifestantes en el contexto de las protestas sociales en Cauca y Norte de Santander.

El pasado 1 de noviembre, dos periodistas fueron agredidos por agentes de la Policía Nacional en el sector conocido como la “Y”, a la altura del municipio de Sardinata, Norte de Santander. Los reporteros Arquímedes Gutiérrez de NC Noticias y Luis Fernando Molina de Prensa Rural estaban cubriendo el paro campesino en la región del Catatumbo.

Cerca del mediodía los reporteros registraron una confrontación entre campesinos de la región y la Policía Nacional. Según el relato de Gutiérrez, miembros de la Fuerza Pública agredieron a los reporteros, les decomisaron su material periodístico e intentaron detenerlos: “Comienzan a botarnos gasolina por encima, diciéndonos que nosotros éramos los sapos. Luego empiezan a quitarnos el material que teníamos”, narró el reportero.

Gutiérrez asegura que miembros de la Policía y de la Sijín requisaron sus pertenencias y  revisaron el contenido de sus celulares. Según el reportero, gracias a la intervención de funcionarios de la ONU y de integrantes de Marcha Patriótica, los miembros de la Fuerza Pública dejaron de agredirlos.

Ese mismo día, en horas de la tarde, Gustavo Molina, reportero de la emisora Radio 1040 de Popayán, fue golpeado por miembros de los pueblos indígenas, que se encuentran en Minga desde hace más de tres días en el Cauca. La agresión se presentó después de una reunión entre el gobierno y las autoridades indígenas en el sector de Monterilla, a la que asistieron los periodistas para hacer el cubrimiento. Al finalizar el encuentro, los reporteros salieron en el vehículo del medio de comunicación, en el que además se transportaban los corresponsales de Red+ Noticias, y fueron atacados con piedras.

Además de los ataques físicos, los protestantes señalaron a los periodistas de ser mentirosos y vendidos. Gutiérrez afirma que las personas que los agredieron tenían pañoletas y otros símbolos que los identificaban como miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). La Fundación hace un llamado al Consejo Regional para que aclare estos hechos y determine la responsabilidad de sus integrantes en esta grave agresión.

La FLIP expresa su preocupación por las agresiones que se vienen presentando en las recientes manifestaciones y le exige a los actores en confrontación que cesen cualquier acción de censura contra la prensa.

Para la FLIP las acciones de la Policía resultan inadmisibles, pues decomisar, borrar, inspeccionar o dañar cualquier tipo de información es una forma de censura previa, la cual está prohibida por la Constitución y por la Convención Americana de Derechos Humanos. Este tipo de actuaciones interfiere con el derecho de toda persona a buscar información e impide que se lleve a cabo la libre circulación de información y se configura como una violación de la reserva de la fuente, que debe garantizarse en todo ejercicio periodístico.

La FLIP puso en conocimiento de estos hechos al Área de Derechos Humanos de la Inspección General de la Policía Nacional y está a la espera de que la entidad inicie las investigaciones disciplinarias a los uniformados que hicieron parte del operativo con el fin de sancionar a los responsables de las agresiones contra los reporteros.

Al respecto, los relatores especiales de libertad de expresión de la ONU y de la CIDH hicieron un llamado a las autoridades en 2013: “El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión”.

Efigenia Vásquez was deadly hurt while exercising her right to freedom of expression as a journalist in Purace, Cauca (southern Colombia). The Foundation for Press Freedom (FLIP) considers the hypothesis that Vasquez’ death was due to a “multiple charge projectile” shot by an agent of the riot police ESMAD.

On October 8, the 31 years old journalist was covering and taking part of a protest held by members from the Kokonuko indigenous group. The protest was intended to claim communal property over an area in power of businessman Diego Angulo, owner of the touristic complex “Aguas Tibias”.

At 4 PM, the Kokonuko group blocked the entrance to “Aguas Tibias” where ESMAD officers were placed. ESMAD officers confronted the demonstrators, causing their retreat to the higher mountains. 40 natives, including Vasquez, were hurt, affirmed to FLIP Governor Isneldo Avirama.

From 18 to 20 October, FLIP representatives went to the Kokonuko area in Purace, Cauca. FLIP held conversations with members of the indigenous group present at the time of the events as well as with persons with close relationship to the query being developed by the Prosecutor’s office and with Vasquez’ family. FLIP queried about the facts and about the general conditions for freedom of expression of the Kokonuko group.

Cauca is a silenced zone. A significant part of the territory does not have any media producing local information. Among its 42 municipalities, 24 have no media, 16 have some local information and just two of them, Popayán and Santander de Quilichao, have a minimum amount of variety. Among the 75 media existing in Cauca, only 22 have informative or news centered programs.

Renacer Kokonuko 90.7 FM operates in this context of silence. It is the only media existing in Purace and it is located in a small house inside the indigenous area. It only counts with the minimal equipment required to broadcast. It’s broadcast power is 250 kw, which only allows it to cover 10 round kilometers. For this reason, around 40% of Purace’s people are not being able to access the station’s signal. The majority of the nine persons working at the station are peasants dedicated to farming as their main activity. They work on their free time as volunteers at Renacer.

Part of the station’s content are related to self-government. In its 15 years of existence, Renacer has built up enough capacity to inform about confrontations with authorities. “The indigenous council demands us to be present in order to gather evidences of what is going on”, says Emildre Avirama, who works at Renacer. Regarding these subjects, the radio station provides orientation to Purace’s people on how to act. “When confrontations arise, our colleagues say to us ¡Tell everyone that the community is needed in the place! Says Avirama.

On 13 June, the community was preparing a protest in order to demand the government to award property over the “Aguas Tibias” area. However, according to ex gobernor Fabio Avirama, at 5 am ESMAD surrounded the radio station and attempted to come into it. Journalist Jesus Melengue was there. “They wanted to shut down communications: damage the equipment in order to prevent broadcasting”. Melengue alerted the other members of the community, who reached the area. “The attack against our communicators was prevented hanks to the community’s bravery”, said Avirama to FLIP.

On 12 july, during a new wave of confrontations, electricity went out in Renacer Kokonuko for several hours. The latter impeded the communicators to inform about the protest. According to the communicators, there is no doubt that this was executed by the Police. “It is not appropriate to them that we spread reality”, says Emildre Hol Avirama.

On July, FLIP attempted, without response, to contact ESMAD in order to obtain their version on the facts. Last week, FLIP went to the police office in Popayan to inquire about these facts. Until now, no officer has acceded to talk to FLIP.

Two days after Vasquez’ death, a community member, whose name is reserved, was taking care of the station when a van and a motorcycle came. The journalist was asked to tell the name of the people working at Renacer. She demanded the persons to identify themselves and to explain their motives. The persons only insisted in demanding the communicators’ names. Since the journalist gave no response and did not open the door, the persons left claiming that they would return. Until now, they did not come back.

Since being a teenager, Efigenia was interested in communication. For that reason, starting at 17, she was invited to take part in capacity building events regarding self-communication and journalism. With the passing of time, Efigenia got to make part of the communications team at the Regional Indigenous Council of Cauca (CRIC) and to participate in Renacer Kokonuko. She contributed to the “Amanecer Indigena” and to the “minga” shows, dedicated to cultural subjects.

Efigenia took part of workshops held by the Deutsche Welle as well as in self-communication seminars in other parts of the country. She also was present in different international scenarios with indigenous journalists in Latin America.

Efigenia, when not cultivating strawberries, contributed to the radio station. However, since two years ago, she reduced her participation in Renacer. Her mother Ilda Astudillo says that Efigenia was in charge of her three sons since she got separated from her couple. Therefore, assisting to the radio station was hard.

The authorities still recognized Efigenia as a communicator and member of Renacer. According to Emildre Avirama, “her role in the radio station cannot be unrecognized”. Sitting in a plastic chair in her daughter’s house, Ilda Astudillo tells FLIP that “Efigenia was thinking on coming back to the radio station… but it wasn’t possible”.

On that Eighth of october Efigenia Vasquez went to the mobilization with her fellow community members in order to demand the communal property over the area belonging to Angulo. Emildre Avirama claims that Indigenous council ordered to cover the mobilization and its developments. Vasquez had the duty to contribute in documenting the facts: “she had the same task as us: to record” says Avirama.

FLIP had video confirmation that, around 4 pm and after the demonstrations started, ESMAD left “Aguas Tibias” and faced the community in an area inside indigenous territory.

Edward Avirama, coordinator of the Kokonuko indigenous guard, the demonstrators ran away in fear of the guns being used by ESMAD: “The community was throwing rocks from above the mountain and gunshots were heard”. Avirama tells that the situation escalated because the gunshots could come from firearms being used against the community.

Minutes after the gunshots were heard, Efigenia Vasquez fell to the ground: “that was the moment in which I asked for help to my colleague and we saw that she was badly hurt”, says Avirama. The guard members requested an ambulance to transfer the communicator to a medical center, but the vehicle never arrived. According to Avirama, the driver said that he was not allowed to enter the zone.

The emergency forced the community to look for a vehicle to transfer Vasquez to a health center. However, community members claim that the officers intimidated the driver: “ESMAD was located in part of the road and pointed the gun to discourage him from picking her”, says a native present the day of the facts.

A few hours after the confrontation, Efigenia Vasquez died while receiving treatment at San José de Popayán’s Hospital. According to forensics, her death was caused by the multiple wounds caused by the projectiles in her chest. Efigenia could have died due to pellets fired from a fire gun, such as a shotgun or to an shrapnel artifact’s explosion.

Two days after, Police Major General William Salamanca declared to Popayan media that the wounds received by Vásquez were not caused by ESMAD. “Pellet, artifacts and guns of this kind (unconventional) are not used by the Police”, said the Major General. “In my opinion, the indigenous are the ones to blame, those who came with her faces covered and using unconventional firearms are the ones who could have caused the journalist’s disease”, he concluded.

On 25 October, FLIP received a communication from the Colonel Pompy Arubal Pinzon Commander of Popayan´s Police. The communication reaffirmed the declarations given by General Salamanca and added that “The mentioned lady (Vásquez) was not undertaking communicative duties (...) au contraire, she had an active role in the different indigenous demonstrations”.

This version is not accepted by the indigenous authorities. “They have attacked us with ´recalzadas´”, says Edward Avirama referring to the multiple charge ammunition allegedly used by ESMAD. “The government can claim that they are just using gases, but we can affirm that they are making recalzadas”, says Avirama.

FLIP confirmed through sources close to the general prosecutor’s enquiry that there are three hypothesis for the case. First, Efigenia could have died due to a shrapnel explosive launched by either one of the parts in conflict. Second, Efigenia could have died due to a projectile coming from ESMAD. The third hypothesis points to Efigenia dying due to “friendly fire” when demonstrators unintentionally triggered an explosive and causing the deadly wounds.

FLIP had access to a one minute 20 video from the events. This material, part of the prosecutor’s enquiry, shows a general view of the confrontation until an explosion occurs. Afterwards, the camera focuses on a ESMAD member that points and shoots his grenade launcher towards an indigenous group. Efigenia was among those persons. The camera shows a person, apparently Efigenia, who is then aided by other natives.

The forensics report states that the anatomic trajectory of the wounds comes from the front to the back. This would help to conclude that the impact came from in front of her and that the projectile never came out of her body. Moreover, when Efigenia fell wounded, the Police was at approximately 56 meters from the natives. The autopsy showed that Efigenia’s wounds had no traces of gunpowder. This would show that there was more than one and a half meter of distance between the gun and the journalist’s body.

10 september 2015, when Flor Alba Nuñez was killed by gunmen in Pitalito Huila, was the last time in which a journalist was killed by reasons related to their journalistic work.

FLIP condemns the murder of Efigenia Vásquez while doing journalistic duties during the confrontations of October 8. This crime is also an attack against the Kokonuko’s freedom of expression and information.

FLIP encourages the General Prosecutor’s office to make a diligent enquiry to determine who caused Efigenia’s dead. Moreover, FLIP encourages that same office to determine if Efigenia’s killer acted following orders. FLIP also invites the Police and the indigenous authorities in Cauca to publicly condemn the use of nonconventional weapons by their members.

FLIP demands the Procurator to, based on FLIP statistics, establish monitoring measures and criteria based on attacks by ESMAD against the press. Such a duty should be done to seek an improvement of ESMAD use of force according to international standards.

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Background

ESMAD has been a repeated aggressor of the press, especially during public demonstrations. Throughout the year, FLIP has registered six cases in which ESMAD agents attacks and stigmatizes journalists. On August, during a mining strike in Northeast Antioquia, officers accused a journalist of revolting. Moreover, the officers attempted to take the journalist’s camera (http://bit.ly/2h6Gxxd). On 15 August, Alexei Castaño of Caracol Radio and Red+ Noticias was attacked with tear gas by members of ESMAD during protests at Doña Juana´s landfill (http://bit.ly/2zAVMVG). On mid-july, during confrontations between peasants and public forzes in Meta, Heliana Montoya from Red de Medios Alternativos – Agencia Colombiana de Prensa Popular (REMA-Acpp) was attacked and detained by riot police (http://bit.ly/2h7pE5v). On May,  Pedro Garcia of El Turbión was seriously injured due to a bullet impact during Nasa indigenous group demonstrations in Cauca (http://bit.ly/2yP4p22).

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena y lamenta la muerte de la comunicadora indígena Efigenia Vásquez Astudillo, quien falleció ayer después de enfrentamientos entre comuneros del Pueblo Kokonuko y agentes del ESMAD en Puracé, Cauca.

Vásquez Astudillo murió en el hospital San José de Popayán como consecuencia de heridas ocasionadas con armas de largo alcance, según dijeron autoridades indígenas del Cauca a la FLIP. Los enfrentamientos se dieron en el sector de Aguatibias, Puracé, en medio de un operativo de desalojo de tierras por parte de la Policía Nacional en reacción a las acciones de la Minga de Liberación de la Madre Tierra por parte de la Guardia Indígena del Pueblo Kokonuko.

La FLIP está verificando si Vásquez se encontraba realizando labores periodísticas durante los hechos. Efigenia Vásquez fue una comunicadora reconocida por su amplia trayectoria en medios de comunicación indígenas del Cauca. La FLIP resalta el trabajo de los medios indígenas y comunitarios en las regiones del país.

La Fundación exige a la Policía Nacional que investigue los hechos y a los agentes involucrados en el operativo. Así mismo, solicita a la Fiscalía General de la Nación que procese y sancione a quienes ordenaron accionar el arma de fuego que acabó con la vida de la comunicadora.  

Antecedentes:

La FLIP expresa su preocupación por las constantes agresiones durante las confrontaciones entre la comunidad y miembros de la Fuerza Pública en el contexto de manifestaciones sociales. La Fundación ha documentado varias agresiones en las que existen actos deliberados de la Fuerza Pública con el fin de censurar e impedir el registro de las protestas.  

El pasado 9 de mayo, Pedro García, colaborador del periódico El Turbión, y quien, según su familia, se encontraba tomando fotografías durante la Minga Comunitaria de Liberación de la madre Tierra, resultó gravemente herido por un impacto de bala en uno de sus glúteos.

Luego, el 12 de julio, en una jornada de enfrentamientos entre comuneros y policías, la emisora Renacer Kokonuko se quedó sin servicio de energía desde aproximadamente las 6 de la mañana. La empresa de energía no informó que estuvieran programados cortes eléctricos. Ese mismo día, periodistas de Caracol Televisión fueron agredidos con piedras durante el cubrimiento de la Minga en Puracé.