Elkin Caballero, alcalde de El Zulia, Norte de Santander, agredió físicamente y estigmatizó a periodistas que cubrían las afectaciones derivadas de una obra ejecutada en los municipios de El Zulia y San Cayetano. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza estos hechos y recuerda que las agresiones por parte de funcionarios constituyen una grave vulneración a la libertad de prensa y al derecho ciudadano a estar informado.

#AlertaFLIP | Rechazamos el incidente de desacato promovido por el alcalde de Caucasia, Jhoan Montes, contra el periodista Eder Narváez, director de NP Noticias Online. Este tipo de acciones judiciales pueden tener un efecto intimidatorio y de censura sobre la prensa en el municipio.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advierte sobre el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en Colombia, especialmente en el contexto previo a las elecciones presidenciales de 2026. Durante estos cuatro meses, se ha registrado un número significativo de agresiones, amenazas, acosos y obstrucciones al trabajo periodístico por parte de distintos sectores y estigmatizaciones y ataques verbales provenientes de funcionarios, como el presidente Gustavo Petro y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

La Corte Constitucional, en la Sentencia T-084 de 2026, determinó que la Fiscalía Séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia vulneró los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al acceso a la información de Andrea Aldana, Óscar Parra y del medio de comunicación Rutas de Conflicto al negarse a reconocerlos como víctimas dentro de la investigación penal por perfilar a diversos medios y periodistas.

Han pasado 35 años desde el asesinato del periodista Julio Daniel Chaparro y el fotógrafo Jorge Torres, de El Espectador, ocurrido el 24 de abril de 1991 en Segovia (Antioquia) mientras realizaban un reportaje sobre la violencia en la región. Tras décadas de impunidad y una larga búsqueda de justicia por parte de sus familias, en 2025 se firmó un acuerdo de solución amistosa con el Estado colombiano que contempla medidas de reparación como el reconocimiento público de responsabilidad y la creación de una beca en su honor. A más de tres décadas del crimen, su memoria sigue marcando la reflexión sobre la violencia contra la prensa en Colombia.

El pasado 21 de abril, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ordenó la cancelación de un conversatorio académico sobre el libro El M-19: de la guerra a la política, del autor Jaime Nieto, programado en la Biblioteca Pública Piloto. Esta decisión constituye un acto de censura y es una intervención indebida sobre espacios de discusión pública. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denuncia este hecho y advierte sobre la gravedad de las declaraciones del alcalde, quien también estigmatizó el evento.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las actuaciones adelantadas por las Secretarías de Movilidad y de Seguridad de Bogotá, que frente a contenidos periodísticos difundidos por Canal Real, solicitaron a la Fiscalía General de la Nación citar a quienes realizaron la entrevista a grafiteros de la ciudad. Esta actuación implica una presión indebida sobre el medio de comunicación y desconoce la protección constitucional de la reserva de la fuente.

En Tuluá, Valle del Cauca, ha sido tan difícil ejercer el periodismo que ni las y los comunicadores se han sentido seguros al informar sobre el homicidio de uno de sus colegas. Así ocurrió en septiembre de 2021, cuando Marcos Efraín Montalvo, más conocido como “la escuela periodística” del municipio, fue asesinado. Lisette Altamirano Montalvo, su sobrina, recuerda ese momento: “Solo quedaban dos medios en Tuluá que contaban la realidad de lo que ocurría: la página de Marcos y la de Robert Posada. El resto del gremio estaba silenciado”.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) informa a la opinión pública que ayer, 8 de abril, se llevó a cabo la audiencia de lectura de fallo dentro del proceso adelantado contra Lediwnth Yesith Díaz, acusado del asesinato del periodista Mardonio Mejía, ocurrido en enero de 2024 en San Pedro, Sucre. En esta instancia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Corozal lo declaró responsable por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.