Durante la semana del 26 al 29 de octubre de 2025, Prensa Comunitaria de Guatemala fue víctima de un grave ataque de sabotaje que inhabilitó temporalmente su página web, intentó dañar su estructura interna y gráfica, buscó eliminar una gran cantidad de publicaciones periodísticas y atacó uno de los servicios de nube del medio. Las organizaciones que integran el colectivo RedSistencia (APES, en El Salvador; ASOPODEHU, en Honduras; PCIN, de Nicaragua; Periodistas Sin Cadenas, en Ecuador; la FLIP, en Colombia; y RSF) expresan su absoluta solidaridad con Prensa Comunitaria ante los recientes ataques digitales y agresiones sistemáticas dirigidas contra su labor periodística. Asimismo, hacen un llamado urgente a que cesen estos ataques y cualquier forma de violencia que busque silenciar, intimidar o afectar la integridad de este medio y de su equipo humano.

#AlertaFLIP | Desde la FLIP expresamos nuestra preocupación y solidaridad por el atentado contra el edificio de RCN Radio en Cali. En la noche del 16 de noviembre, un artefacto explosivo fue detonado en las instalaciones de RCN Radio, donde también funcionan RCN Televisión y La República, en la carrera 8.ª entre calles 30 y 31 en Cali. Exigimos a las autoridades esclarecer con urgencia los hechos.

Desde 2013, se conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Cada 2 de noviembre reiteramos el llamado a investigar los casos y cesar la impunidad, pues 9 de cada 10 asesinatos de periodistas siguen sin resolverse.

A un mes de las elecciones generales del 30 de noviembre, las organizaciones internacionales que integran la misión de libertad de expresión y libertad de prensa en Honduras alertan sobre el acoso judicial, el perfilamiento y la impunidad que ponen en riesgo el ejercicio del periodismo y el derecho de la ciudadanía a informarse libremente durante el periodo electoral.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió las demandas de casación presentadas por los defensores de Emiro Rojas Granados, exsubdirector del DAS, y Néstor Javier Pachón Bermúdez, exdetective de inteligencia del mismo organismo. Desde la FLIP destacamos esta decisión, ya que mantiene en firme las condenas impuestas por la justicia ordinaria por los delitos de tortura agravada y concierto para delinquir agravado cometidos contra la periodista Claudia Julieta Duque Orrego.

Desde la FLIP expresamos nuestra preocupación por el panfleto firmado por las disidencias de las FARC-EP que circula en redes sociales desde el 28 de octubre, y que, si bien ha tenido un alcance nacional, ha sido enviado de manera directa y amenazante a periodistas en el Cauca. El comunicado intimidatorio, que constituye una grave forma de censura y control informativo, habría sido emitido como una represalia a las publicaciones que periodistas y medios han realizado sobre hechos violentos en el departamento y operativos de la fuerza pública. Este es el tercer panfleto en el que el grupo armado hace exigencias y condiciona la labor de la prensa local.

La Sentencia SU-432 de 2025 marca un hito en la defensa de la libertad de prensa y los derechos de las mujeres periodistas en Colombia. Según el comunicado divulgado por la Corte Constitucional este lunes 20 de octubre, la Sala Plena acogió las pretensiones de 16 comunicadoras de diversas orientaciones políticas quienes solicitaron que el presidente de la República se abstuviera de emplear expresiones estigmatizantes, como el calificativo de “muñecas de la mafia”, para referirse a ellas.

Perfil de Rafael Emiro Moreno, periodista del sur de Córdoba asesinado en 2022. Su trabajo mezclaba la investigación documental con la observación directa de lo que sucedía en los barrios y las veredas, y en cada historia buscaba demostrar lo que afirmaba.

Desde la FLIP vemos con preocupación la carta enviada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a distintos medios de comunicación, mediante la cual formula un requerimiento oficial de información con la advertencia de posibles sanciones administrativas, solicitando documentos internos sobre sus procesos editoriales, como actas, relatorías y manuales. Este tipo de requerimientos, provenientes de una entidad del Estado con funciones de inspección y vigilancia, plantean serias dudas sobre los límites de su competencia y sobre la garantía efectiva de la libertad de prensa.