Expresiones estigmatizantes de funcionarios públicos alimentan la violencia de género contra mujeres periodistas

Desde la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), expresamos nuestra preocupación por los ataques en contra de mujeres periodistas, especialmente en entornos digitales. Estas agresiones sistemáticas afectan la seguridad e integridad de las comunicadoras, y contienen un claro componente de violencia basada en género, cuyo objetivo es silenciar sus voces y limitar el debate democrático.

En las últimas semanas, se ha evidenciado un patrón de ataques específicamente dirigido contra mujeres periodistas. Estas agresiones no se limitan a cuestionar su labor profesional, sino que reproducen expresiones de violencia de género mediante comentarios despectivos que buscan deslegitimar su trabajo, silenciar sus voces y socavar su credibilidad. En varios casos, trascienden el ámbito profesional y alcanzan incluso a sus familiares, lo que configura un hostigamiento diferenciado y sistemático que responde al hecho de ser mujeres que ejercen el periodismo. Igualmente, estas expresiones sexistas y ofensivas generan daños psicoemocionales, afectan la autoestima y la salud mental de las periodistas, e imponen cargas adicionales al extender las amenazas hacia sus familias. En algunos casos, las comunicadoras han tenido que modificar sus rutinas, reducir su presencia pública o autocensurarse para evitar nuevos casos.

Uno de los ejemplos más recientes es el de la periodista Diana Saray Giraldo, quien recibió cientos de comentarios intimidantes luego de intercambiar varios trinos con el presidente Gustavo Petro a través de X. En esta ocasión, el presidente se refirió a Diana como “destructora de personas…”, un mensaje que descalificó a la periodista y la señaló públicamente, configurando un acto de estigmatización que alimentó un clima adverso hacia su labor periodística. Con ello, el jefe de Estado incumplió sus obligaciones constitucionales de protección a la prensa y desconoció las implicaciones que tiene cada una de sus expresiones en redes sociales, pues el señalamiento desde su investidura amplifica y legitima los ataques contra la prensa. Esta situación es aún más grave si se tiene en cuenta que el propio presidente ya se había referido previamente a las periodistas como “muñecas de la mafia”, expresión que no solo afecta a las periodistas directamente aludidas, sino que legitima la violencia de género contra todas las mujeres que ejercen el oficio, debilitando la libertad de prensa y la igualdad en la participación del debate público.

De manera similar, la periodista Ana Cristina Restrepo (*) recibió varios comentarios a través de su perfil de X y de la cuenta de YouTube de Blu Radio, en la emisión de su programa, relacionados con su trabajo y que hacían referencias a su género para intentar minimizar su labor. Este tipo de agresiones, que se expresan en mensajes despectivos contra su rol como mujer en la esfera pública, y que incluso sugieren hacerle daño, buscan desvalorizar su presencia en el debate, acallar su voz y generan un impacto diferenciado.

Además, hemos documentado varios casos de mujeres periodistas víctimas de violencia que trabajan en diferentes regiones del país, pero que, por motivos de seguridad, prefieren no hacer público su nombre. Por ejemplo, en febrero de este año, una periodista de Antioquia denunció que recibió comentarios intimidantes en sus redes sociales como represalia a su trabajo periodístico, y que incluso la intentaron persuadir para que dejara de publicar sus denuncias en contra de la administración del municipio donde reside.

Entre el 1 de enero de 2024 y el 20 de septiembre de este año, registramos que 96 mujeres periodistas fueron blanco de 162 agresiones en su contra. De ellas, casi la mitad (48), fueron objetivo de agresiones digitales: el 37 % correspondió a amenazas; el 22 %, a estigmatizaciones; y el 21 %, a casos de acoso. En la mayoría de los casos, los responsables fueron funcionarios públicos, en 20 ocasiones, seguidos de particulares, en 18.

La violencia contra las mujeres periodistas constituye una afrenta contra la libertad de expresión y tiene un impacto negativo para el debate público. En su sentencia T-087, la Corte Constitucional reconoció que las mujeres periodistas enfrentan peligros específicos derivados de su género, y que pueden verse agravados por su raza o etnia, lo que constituye obstáculos diferenciados para el ejercicio periodístico. El tribunal advirtió que estos ataques no pueden analizarse como simples expresiones de intolerancia, sino que requieren un enfoque de género capaz de contrarrestar la indiferencia y la neutralidad frente a esta violencia.

En particular, la Corte reconoció que los actores políticos tienen responsabilidad en la violencia contra las periodistas, pues sus mensajes sexistas o estigmatizantes tienen un efecto multiplicador: activan conversaciones hostiles en contra de las comunicadoras y fomentan un ambiente de autocensura en el periodismo y el debate público. En este contexto, resulta alarmante que en varios de los casos recientes las agresiones provengan de funcionarios de distintos niveles, incluyendo congresistas, alcaldes, ministros y hasta el mismo Presidente de la República.

Esta situación es aún más preocupante frente al contexto electoral que se aproxima. Hemos documentado que varios de los ataques en contra de las periodistas fueron derivados de sus publicaciones sobre funcionarios, candidatos o asuntos políticos. En la FLIP hemos alertado que los periodos electorales son escenarios hostiles para quienes cubren este tipo de temas. En este contexto, reiteramos que las mujeres son más propensas a ser víctimas de ataques en razón de su género. Cuando este tipo de violencia proviene de figuras públicas, su impacto se multiplica, pues legitima el hostigamiento de terceros, incrementa la exposición de las víctimas y debilita el derecho de toda la sociedad a recibir información libre y plural.

En este sentido, le hacemos un llamado urgente tanto al presidente como a la totalidad de los actores políticos para que se abstengan de usar discursos o pronunciamientos que estigmaticen a mujeres periodistas. Cuando quienes ocupan cargos de representación recurren a este tipo de prácticas, no solo exponen directamente a las comunicadoras a un mayor nivel de hostigamiento, sino que además propician un ambiente de violencia, con consecuencias graves para la libertad de prensa y la democracia. En el ejercicio de sus responsabilidades, deben promover un entorno digital en el que el debate público sea respetuoso y no ponga en riesgo la seguridad de quienes informan.

Es indispensable que quienes ocupan cargos públicos reconozcan su deber de proteger y no estigmatizar a la prensa, y que durante el proceso electoral los partidos, candidatos y figuras de poder promuevan un debate público respetuoso, que no reproduzca violencias de género ni legitime ataques contra mujeres periodistas.

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(*) Ana Cristina Restrepo hace parte del Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP.