Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo y la Fundación para la Libertad de Prensa sobre la implementación de la Directiva 07 de 2024

A un año de la expedición la Directiva Presidencial 07 de 2024 sobre libertad de prensa, elaborada con el acompañamiento técnico de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, la Defensoría del Pueblo y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) destacan este hecho como un avance sustancial en la garantía de este derecho. Esta directiva establece obligaciones claras, expresas y exigibles para que las y los servidores públicos mantengan una relación respetuosa y transparente con los medios de comunicación, previniendo cualquier forma de estigmatización o restricción indebida al ejercicio periodístico.

No obstante, la Defensoría del Pueblo y la FLIP observan con preocupación el bajo y selectivo nivel de cumplimiento de la Directiva por parte de diversas entidades y funcionarios del Estado. Se han documentado casos en los que altos funcionarios del Gobierno han realizado declaraciones públicas con un efecto estigmatizante hacia la prensa, en abierta contradicción con los principios establecidos en la Directiva. Estas no solo desconocen el marco normativo vigente, sino que además contribuye a generar un clima hostil para el ejercicio libre y seguro del periodismo.

En este mismo sentido, la FLIP ha documentado 93 agresiones de funcionarios públicos contra medios de comunicación y periodistas, a un año de vigencia de esta directiva. De ellas, 52 corresponden a hechos de estigmatización, 12 a acosos judiciales, 9 a obstrucciones del trabajo periodístico y 5 a obstrucciones del acceso a la información. Este panorama resulta especialmente preocupante respecto del rol que deben cumplir los funcionarios públicos en la promoción y protección de un ambiente favorable para el ejercicio del periodismo en el país.

Las constantes declaraciones estigmatizantes, revelan un patrón que no solo se mantiene en el tiempo, sino que se amplifica y deriva en un incremento de amenazas y hostigamientos digitales. 29 estigmatizaciones registradas por parte de funcionarios públicos a la prensa, fueron realizadas en diferentes redes sociales. El conjunto de todas estas agresiones tiene efectos intimidatorios sobre la labor investigativa y crítica de los medios y, de forma indirecta, genera un clima de autocensura en periodistas y redacciones.

Estas conductas no son hechos aislados, sino manifestaciones de una preocupante tendencia que debilita la confianza ciudadana en las instituciones y erosiona los estándares democráticos que deben regir la actuación estatal. La Defensoría del Pueblo y la FLIP insisten en que cada declaración y acción de las y los funcionarios públicos tiene un impacto directo en la manera como la sociedad percibe el rol del periodismo, y que por ello resulta indispensable que se ajuste a los más altos principios de respeto, responsabilidad y protección de la libertad de prensa.

La Defensoría del Pueblo y la FLIP hacen un llamado urgente al Gobierno Nacional y a todas las instituciones del Estado a cumplir de manera estricta lo dispuesto en la Directiva 07, recordando que el respeto y la promoción de la libertad de prensa constituyen pilares esenciales de una democracia robusta.

El cumplimiento de estas obligaciones no solo implica abstenerse de prácticas de estigmatización, acoso u obstrucción al trabajo periodístico, sino también adoptar medidas activas que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y el diálogo abierto con los medios de comunicación. Solo mediante una acción decidida y coherente de todas las instituciones estatales se podrá garantizar que el ejercicio periodístico se desarrolle en un entorno de seguridad y confianza, indispensable para la consolidación de un Estado democrático de derecho.

La Defensoría del Pueblo, junto a organizaciones aliadas de la sociedad civil como la FLIP, continuarán ejerciendo sus funciones de seguimiento, vigilancia y exhorto institucional para que se garantice un entorno seguro, libre de estigmatización y respetuoso de los derechos de periodistas y medios de comunicación en todo el territorio nacional.