Los enfrentamientos por el control del territorio entre los grupos armados ilegales Frente Carolina Ramírez y Comandos Bolivarianos de la Frontera han obligado a los periodistas de Putumayo a no volver a hablar sobre la guerra. La FLIP entrevistó a decenas de periodistas de este departamento, quienes desde agosto del año pasado han recibido presiones y amenazas por parte de estos grupos. La única salida que han encontrado es la autocensura.

El pasado 27 de febrero, el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, publicó unos tweets señalando al periodista Leopoldo Granados de "pseudo periodista denunciado por extorsión"; y "prepago" por los clanes para-políticos. Granados es el director del medio Seguimiento.co y fue atacado luego de haber denunciado irregularidades en la contratación del hospital de Salamina.

A lo largo de un año, el periodista Diego Peña ha sido víctima de acoso judicial por parte de funcionarios públicos del municipio de Donmatías, Antioquia. Además, ha sido amenazado en diferentes ocasiones. Desde hace dos meses, Peña no ha podido volver al municipio y tuvo que autocensurarse, en diciembre del 2022 cerró la página de Facebook en la cual publicaba información y opiniones sobre asuntos relevantes de esta región de Antioquia. 

En su página de Facebook, el periodista realizaba publicaciones críticas sobre las actuaciones de los funcionarios públicos de Donmatías. Peña es el único periodista que  investiga asuntos  de corrupción y uno de los dos comunicadores independientes del municipio. 

El año pasado siete funcionarios del municipio —concejales, empleados de la Alcaldía y directivos de un colegio público— interpusieron una queja en contra de Peña al considerar que las publicaciones que se referían a ellos incitaban a agresiones en su contra. Con esto, la inspectora de Policía Urbana le ordenó eliminar las notas y no volver a hablar sobre estas personas. Como consecuencia, Peña se vio obligado a cerrar su medio y a interponer una acción de tutela. El Juzgado Promiscuo Municipal de Toledo, Antioquia, falló a favor del periodista y advirtió sobre algunas irregularidades en el proceso policivo por la violación al derecho al debido proceso del periodista, además de la forma en cómo el procedimiento buscaba amordazar su derecho a la libertad de prensa. 

El periodista ha sido notificado de dos denuncias activas en su contra por los delitos de injuria y calumnia, iniciadas respectivamente por Catalina Cifuentes Pinillo, secretaria de Educación y Desarrollo Social de Donmatías, y Jairo Alonso Macías Berrio, presidente del Concejo de Donmatías. El pasado 24 de enero, en la audiencia de conciliación, Peña decidió no conciliar en ninguno de los dos casos y argumentó que sus publicaciones son de interés público. Además, la fiscal le informó al periodista de la existencia de otras cinco denuncias en su contra, presentadas por los mismos funcionarios públicos.

Por otro lado, el periodista ha sido víctima de situaciones intimidantes y amenazas en su contra. El 22 de diciembre de 2022, un desconocido lo abordó y le mostró un cartel que decía: “usted no puede volver a escribir, tiene que borrar todo y no puede volver a Donmatías. Efecto que lo matamos”. Esto se suma a las amenazas que ha recibido desde el 2019, cuando tuvo que exiliarse en México por un tiempo. 

Frente al acoso judicial, estos hechos constituyen una estrategia coordinada para atacar y hostigar al periodista a través de diferentes mecanismos jurídicos, con el fin de silenciar sus denuncias. Este caso cumple con las cinco características que estipuló la Corte Constitucional en su sentencia T-452 de 2022 para catalogar un caso como acoso judicial. Primero, que haya una intención de silenciar la expresión, en especial la de interés público. Segundo, que la parte demandante cuente con recursos económicos suficientes para costear el acceso a la justicia. Tercero, que exista un desequilibrio de poder entre las partes. Cuarto, que se formulen pretensiones desproporcionadas o imposibles de satisfacer. Y quinto, que se genere un efecto silenciador sobre el debate público.

Así mismo, es preocupante la falta de diligencia de la Policía del municipio, que no solo ha emprendido acciones que promueven la censura, sino que también ha omitido su deber de proteger a la prensa y a la ciudadanía. Peña informó a la FLIP que durante una audiencia a la que asistió, un desconocido le gritó que lo iba a matar, y a pesar de que el comandante de Policía tuvo conocimiento de esta amenaza, no emprendió ninguna acción para protegerlo. 

Frente a su situación de seguridad, es urgente que la Unidad Nacional de Protección (UNP) evalúe su nivel de riesgo de manera integral con el fin de proteger su integridad. Expresamos nuestra preocupación por las fallas en el funcionamiento del esquema de protección que le asignó el Departamento de Policía de Antioquia y que debería acompañarle en Medellín, pues solo ha hecho presencia en dos ocasiones. 

Desde la FLIP recordamos a los concejales, empleados de la Alcaldía y directivos del colegio público involucrados que en este caso se configura un ataque en contra del ejercicio periodístico local, pues mediante el abuso del uso de vías judiciales se busca callar una voz de veeduría a través del periodismo. Sin una vigorosa protección de la libertad de prensa, el sistema democrático y el pluralismo se debilitan. Precisamente, es su deber adoptar las medidas para la protección reforzada a la libertad de prensa en el municipio de Donmatías. 

La FLIP expresa su preocupación por las estigmatizaciones emitidas por la senadora del partido Centro Democrático en contra del medio de comunicación Canal 2 de Cali, Valle del Cauca, el pasado 15 de febrero. Cabal usó expresiones como “ustedes son terribles” y “espantosos” cuando los periodistas le estaban preguntando por los motivos de las manifestaciones.

Este tipo de estigmatizaciones, emitidas por funcionarios públicos, pueden ser interpretadas por sus seguidores como una autorización para tomar acciones que atenten contra la integridad y el libre ejercicio periodístico del medio de comunicación Canal 2. Además, sus afirmaciones pueden tener el impacto de deslegitimar el trabajo del equipo periodístico y contribuir a crear mayor hostilidad e intolerancia en distintos sectores de la población.

Canal 2 es un medio que en el 2021 resultó beneficiario de una medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien instó al Estado colombiano a atender con prontitud la situación de amenaza que los periodistas habían reportado en razón del cubrimiento de las protestas de ese año en la ciudad de Cali. En los últimos dos años, Canal 2 ha sido objeto de 14 amenazas y 4 hostigamientos que han impedido que los periodistas que pertenecen a dicho medio puedan ejercer su trabajo libremente.

Le hacemos un llamado respetuoso para que como Senadora de la República, Cabal asuma y promueva de manera constante un discurso favorable que respalde la labor de la prensa. Además, llamamos la atención del Consejo de Control Ético del partido Centro Democrático, pues este es el tercer caso que la FLIP documenta en el último año en donde la senadora Cabal emite juicios estigmatizantes contra periodistas.

Conozcan la carta completa aquí.

Durante los dos días de manifestaciones sociales de esta semana, la FLIP registró cinco casos de agresiones contra la prensa. Siete periodistas en Cali y Medellín fueron víctimas de agresiones físicas y obstrucciones realizadas por manifestantes. Los cuatro casos que documentamos en Medellín ocurrieron hoy, 15 de febrero; mientras que el de Cali sucedió ayer, 14 de febrero.

Hoy, hace ocho años, el periodista Luis Antonio Peralta fue asesinado en El Doncello, Caquetá. Peralta era el director de Linda Stereo, una emisora en la que denunciaba la corrupción de su municipio y departamento. Las amenazas contra el periodista comenzaron en 2010, cuando desconocidos dejaron una bomba, que fue desactivada, al frente de las instalaciones de la emisora.

En la madrugada del 9 de febrero, la periodista Valesca Alvarado fue agredida mientras realizaba el cubrimiento de una jornada de protestas en el parque La Paz, ubicado en Kennedy, Bogotá. Alvarado fue víctima de intimidaciones, comentarios sexistas y fue obligada a eliminar el material que había realizado.

Las decisiones que tienen que tomar las y los periodistas de regiones afectadas por la violencia no son fáciles: callar, asumir los riesgos, trabajar bajo la amenaza inminente, denunciar. Este es el relato de la prensa en tres departamentos al sur del país que convive con la violencia, que en algunos casos asume el rol de liderazgo social y que con distintas motivaciones trabaja a nivel local para informar a sus comunidades.

Por: Carolina Arteta Caballero y Juan Pablo Madrid-Malo

Colombia sigue siendo un país en guerra. Con muchas guerras. El panorama de paz que por un tiempo se vivió en algunas regiones después de la firma del acuerdo con las FARC-EP poco a poco se ha esfumado. En los últimos cuatro años ha aumentado de manera sostenida la presencia de grupos armados en todo el país, como lo expone Indepaz en su más reciente informe. Hoy retumba con cada vez más fuerza el ruido de los combates con la fuerza pública, las disputas territoriales, los atentados, los asesinatos y las masacres. Lo que poco se escucha es el asfixiante control social ejercido sobre la población civil por parte de los miembros de grupos paramilitares y guerrillas. Hoy, los habitantes de más de 600 municipios todavía cuentan las heridas que deja la confrontación armada en sus territorios. 

En este contexto trabajan —y han trabajado por años— periodistas en todo el país. Reporteros y reporteras que informan desde sus territorios, pero que también suelen recurrir al silencio para protegerse. El Cauca, Nariño y Putumayo, cuyas geografías abarcan desde el piedemonte amazónico hasta el macizo y la costa Pacífica, se han consolidado como corredores estratégicos del narcotráfico y escenarios en donde confluyen múltiples actores armados en constante disputa. 

Este es el relato de periodistas, en diferentes zonas de los tres departamentos, que a diario conviven, en mayor o menor medida, con la amenaza latente de la violencia. Directores/as de medios, locutores/as, fotógrafos/as, reporteros/as y presentadores/as que ejercen su labor en emisoras comunitarias, comerciales y públicas; sitios web o plataformas digitales y como corresponsales para distintos medios también. Muchos/as con un importante rol de liderazgo social en sus comunidades. Sus testimonios constituyen la historia de una prensa que, lejos de los círculos de poder de grandes medios y por momentos acorralada, trabaja localmente contando lo que ocurre, aunque a veces las circunstancias no se lo permitan.

Cauca

“Lo primero que hago es asomarme a la puerta y salir con temor”, afirma Andrés* al hablar de su espacio en una emisora comunitaria. A sus 46 años, además de periodista, se ha convertido en líder en su comunidad. Carga, a su vez, la dolorosa memoria del asesinato de un miembro de la emisora ya hace varios años atrás. “Queremos decirle a Colombia y al mundo lo que ocurre en nuestra región, pero hay cierta gente que no quiere que eso salga a la luz pública”, sentencia.

Como él, periodistas en todo el departamento se debaten entre informar sobre la situación de orden público o asegurar su integridad en un territorio donde confluyen principalmente estructuras del Comando Coordinador de Occidente, del ELN y de la Segunda Marquetalia. Dentro del conflicto por controlar los numerosos cultivos de uso ilícito y los corredores del narcotráfico que del sur del país conducen hacia el Pacífico los periodistas han quedado entre la espada y la pared. La constante se encuentra en la autocensura.

Entre las limitaciones que enfrentan están una geografía complicada y la multiplicidad de actores armados. Ambos conllevan riesgos al momento de desplazarse que pocos están dispuestos a asumir. Otro radialista al sur del departamento afirma: “en cada corregimiento hay un grupo predominante. Hay líneas imaginarias y por eso se dan enfrentamientos. Acá en nuestro municipio ninguna persona puede andar sin una carta de recomendación emitida por un líder de la zona”. Un escenario crítico sobre el que Martín, radialista también, explica: “cayó un petardo en plena cabecera municipal y sacamos la noticia. Luego hubo una granada contra la estación de policía y reportamos. Hubo dos bombas a la entrada del municipio. Hubo dos hostigamientos más. En medio de todo eso laboramos”.

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El panorama hacia el norte es similar. Desde un medio digital Andrea* ejerce su labor para mostrar otra cara de un territorio, colindante con los departamentos de Tolima y Valle del Cauca, conocido por su violencia, según cuenta. “Nosotros siempre estamos con el temor de cubrir. Siempre pensamos que tenemos los ojos encima de alguien que está pensando que no es así lo que uno escribe. Casi siempre evitamos meternos en ese tema”, afirma al hablar de la agenda de orden público y también de corrupción. “No va a ser posible la libertad de prensa en el norte del Cauca”, finaliza.

Y entre tanto riesgo, vale la pena preguntarse por las motivaciones que llevan quienes se dedican a esto. En la respuesta de Martín* hay, tal vez, un espíritu común para todos: “yo creo que es la única forma de que el país entienda que hay otros territorios y otra gente que construye esta nación. Yo vengo de un lugar muy complejo, allá sólo mandaban los grupos armados en los 2000. Yo crecí en eso. Yo viví en medio de esa violencia. Yo escogí esto para tratar de revertir eso. Queremos seguir trabajando”. 

Cauca en cifras

• Grupos armados presentes: El Frente Carlos Patiño, la Columna Móvil Dagoberto Ramos y la Columna Móvil Jaime Martínez del Comando Coordinador de Occidente (CCO), el Frente José María Becerra del ELN, el Frente Diomer Cortés y el Frente Dagoberto Ramos Ortiz de la Segunda Marquetalia.

• Asesinatos de Líderes sociales 2022: 24

• Masacres 2022: 15

• Asesinatos firmantes de paz 2022: 7
• Hectáreas de coca: entre 20 mil y 30 mil hectáreas. En Cauca el nuevo enclave se empieza a consolidar en la zona costera. 
• Amenazas registradas por la FLIP 2019-2022: 19 dirigidas a 21 periodistas.
  
  

Putumayo

Si algo tiene claro Alberto*, después de 25 años trabajando en la radio, es que un periodista debe contar las dos caras de la moneda: lo bueno y lo malo. Esa premisa le devuelve la tranquilidad cuando recuerda que en un par de meses la emisora comunitaria que dirige cumplirá un año sin emitir noticias locales en el bajo Putumayo, a pocas horas de la frontera con Ecuador. A inicios del año pasado, el periodista suspendió la transmisión del informativo local después de que dos miembros de su equipo recibieron amenazas. 

La emisora, fundada hace más de veinte años, enfrentaba dificultades económicas desde la pandemia, pero había logrado mantenerse a flote con una parrilla informativa que combinaba las voces de campesinos y mujeres con música y noticias. Hasta aquel día en que suspendieron la difusión del noticiero. Alberto tomó la decisión cargando a cuestas con el recuerdo de un colega de la región que fue asesinado por su liderazgo social. “Uno siente nostalgia de no tener el noticiero. No poder hacer lo que deberíamos hacer… ¿para qué sirve una radio que solo pasa música o mensajes a la alcaldía o del hospital si hay otras cosas que contar? Lastimosamente no se pueden decir”, se lamenta. 

La autocensura como estrategia de autoprotección es una de las prácticas que han implementado los periodistas del Putumayo desde que el conflicto recobró su fuerza. Hoy, al menos cuatro grupos armados están presentes en el departamento, entre ellos el Frente Carolina Ramírez del Bloque Suroriental y los Comandos de la Frontera. En el territorio están dos de los enclaves productivos de coca más importantes a nivel nacional, y hasta finales de 2021 había 28 mil hectáreas de coca, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). 

En este contexto, muchos reporteros evitan desplazarse hacia áreas rurales o publicar noticias relacionadas con el orden público. “Yo lo hago para proteger mi integridad. Uno sabe que corre peligro si dice algo malo o no maneja bien la información. Cualquiera puede terminar amenazado”, sostiene César*, quien dirige un portal de noticias. Por su parte, un locutor de una emisora comunitaria afirma: “yo trato de ser muy técnico… de no usar adjetivos”.

Los pocos periodistas que cubren hechos violentos suelen enfrentar decenas de barreras, entre ellas el silencio estatal. “Es un problema grandísimo lograr que una autoridad se pronuncie sobre un hecho para tener una fuente oficial”, afirma César. Esto ha llevado a que la gente critique su labor. Hace unos meses, participó en un panel sobre periodismo que fue transmitido en vivo a través de redes sociales. En uno de los comentarios que recibieron ese día los llamaron periodistas mediocres. “Yo les pedía disculpas por eso —cuenta César—. A veces terminamos siendo mediocres, pero detrás de eso están las limitaciones que tenemos para informar. Si tuviéramos más libertad tal vez podríamos hacer otro periodismo”.  

Putumayo en cifras

• Grupos armados presentes: El Frente Carolina Ramírez del Bloque Suroriental, los Comandos de la Frontera, la Segunda Marquetalia y la Columna Móvil Jhonier Toro Arenas del Comando Coordinador de Occidente (CCO). 
• Hectáreas de coca: 28.205 hectáreas, 1,4 veces más que el año anterior. Junto a Caquetá, el Putumayo constituye la tercera región con más área de coca sembrada en todo el país. 
• Asesinatos a líderes sociales en 2022: 17
• Masacres en 2022: 7
• Asesinatos a firmantes de paz en 2022: 5
• Amenazas registradas por la FLIP 2019-2022: 3 dirigidas a 8 periodistas.
  
  
  

Nariño

El periodismo en Nariño tiene puntos ciegos. Es decir, porciones del territorio en las que está vedado el ingreso de periodistas. En este departamento fronterizo, ONUDD ha identificado enormes laboratorios de cocaína en los que se llega a producir hasta cinco toneladas en un mes. Allí confluyen varios grupos armados y organizaciones criminales que se disputan el control de las zonas cocaleras y las rutas de narcotráfico. De acuerdo con Indepaz, los enfrentamientos se concentran en las subregiones Saquianga, Pacífico Sur y Telembí, especialmente en municipios como Tumaco, Roberto Payán, Olaya Herrera y Barbacoas. Repartidos en pequeñas fracciones del territorio, hay miembros de al menos ocho grupos que por momentos actúan unidos, en bloque, y en otros se enfrentan entre ellos o con el Ejército. 

Las dinámicas de la guerra en el departamento son tan confusas y cambiantes que la gente no logra seguirle la pista al fuego cruzado. Las y los periodistas, que en otros lugares del país se las ingenian para hacer reportería en lugares controlados por los grupos armados, quedan atrapados entre fronteras invisibles. “Al viajar durante una hora desde la zona de piedemonte hasta la frontera puedes encontrar un grupo y en 45 minutos va a ser otro”, ilustra Diego*, un periodista que a pesar de las limitaciones publica algunas noticias sobre el conflicto en medios regionales y nacionales. Para hacerlo sin correr demasiados riesgos, se vale de varias estrategias como enviar reportes para que sean otros colegas quienes den la información o utilizar imágenes de archivo al momento de mencionar ciertos lugares. “Hay sitios en donde es imposible llegar con cámaras. Se limita hasta el uso de dispositivos móviles. Si los usas y sale algo de por allá, te van a llegar amenazas”, explica. Aún así, Diego ha recibido mensajes intimidantes. “Vea cuidese con la información que mandó”, le dijeron hace poco a través de un mensaje de texto. 

Los registros de las organizaciones humanitarias dan cuenta de la dimensión del conflicto. Solo en febrero del año pasado se registraron cinco desplazamientos masivos en La Tola, Mosquera, Olaya Herrera y Barbacoas, de acuerdo con Médicos Sin Fronteras. Pero el verdadero impacto que está teniendo la violencia en la vida de la población civil no se ve en los medios, pues las mismas cifras de los grupos defensores de derechos humanos alimentan el miedo de los periodistas. “Una vez intenté hacer un acercamiento para viajar con un abogado conocido allá (en Ricaurte). Me dijeron que fuera y que al siguiente día me secuestraban”, cuenta un fotógrafo que utiliza la ciudad de Pasto como sede. El cronista asegura que en Nariño casi todos los días ocurren decenas de asesinatos de los que nadie se entera. “Eso no lo publica nadie porque es como meterse en la boca del lobo”. Un colega de Ipiales coincide. Para él, el miedo es un sentimiento permanente: "es una amenaza indirecta”. 

Nariño en cifras

• Grupos armados presentes: El Bloque Occidental Alfonso Cano y la Columna Móvil Ariel Aldana de la Segunda Marquetalia, el Frente Franco Benavides y la Columna Móvil Urías Rondón del Comando Coordinador de Occidente (CCO), el Frente Comuneros del Sur del ELN, Los Contadores (también llamados el Frente Iván Ríos), el Frente Oliver Sinisterra (FOS), y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

• Asesinatos a líderes sociales en 2022: 22

• Masacres en 2022: 4

• Asesinatos a firmantes de paz en 2022: 2

• Hectáreas de coca:  56.516 hectáreas, una cifra casi dos veces mayor a la registrada en 2021. 

• Wilder Córdoba, periodista de La Unión, fue asesinado el 28 de noviembre de 2022.  

• Amenazas registradas por la FLIP 2019-2022: 8 dirigidas a 8 periodistas.

* Los nombres de los periodistas consultados han sido modificados por su seguridad. 

En los primeros seis meses del gobierno de Gustavo Petro, dos periodistas han sido asesinados y se han registrado 76 amenazas. En conversación con la FLIP, Franklin Castañeda, director de derechos humanos del Ministerio del Interior, reconoció que el sistema de protección actual no genera las suficientes garantías sino que más bien produce temores. También dio detalles de cómo el Gobierno pretende avanzar para proteger a la prensa.