#AlertaFLIP | El pasado jueves 10 de octubre, el medio digital Vorágine decidió suspender sus publicaciones sobre paramilitarismo y narcotráfico a propósito de las amenazas que recibió el periodista Nicolás Sánchez. Desde entonces, hemos acompañado este caso. Reiteramos nuestro rechazo ante cualquier intento de censura.

Por lo menos 128 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados desde el inicio de la guerra entre Israel y Palestina, en octubre de 2023. De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (Committee to Protect Journalists o CPJ, por sus siglas en inglés), este es el conflicto más letal para la prensa jamás documentado por la organización desde que empezó a recopilar información en 1992.

El concejal Alejandro Sánchez, del partido Centro Democrático, lanzó comentarios estigmatizantes que deshonran la memoria de Jaime Garzón, asesinado hace 25 años. Sánchez dirigió sus críticas hacia una iniciativa estudiantil realizada por estudiantes de la Institución Educativa La Paz en Envigado, cuyo propósito era resaltar las frases célebres y el legado de Garzón para las nuevas generaciones, promoviendo valores como la paz, la igualdad y la vida.

A 800 días de la detención del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, las organizaciones ARTICLE 19 México y Centroamérica, Amnistía Internacional, Committee to Protect Journalists (CPJ), Free Press Unlimited, Freedom House, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Fundamedios, Protection International Mesoamérica y Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la red IFEX-ALC reafirmamos la demanda urgente de pronta e incondicional liberación para el periodista y fundador del medio elPeriódico. Particularmente, exigimos a las autoridades del Ministerio Público y el Organismo Judicial que procedan de forma justa, imparcial y garantizando sus derechos en todo momento. Al gobierno de Guatemala que ejecute una estrategia que permita remediar el daño hecho al periodista, a su familia y a la sociedad guatemalteca por la situación de acoso judicial mantenido en su contra debido al ejercicio de su libertad de expresión y de prensa.

Desde el pasado 24 de septiembre, la periodista Sandra Chindoy, presentadora de noticias y del programa “La voz del Territorio” de RTVC, ha sido objeto de acoso digital, pues ha recibido a través de su cuenta de X más de cien mensajes estigmatizantes con insultos, expresiones racistas y misóginas en contra de su trabajo periodístico, su identidad y su apariencia física.

El Consejo de Estado admitió hoy 27 de septiembre la acción de tutela presentada por El Veinte y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), con el respaldo de Linterna Verde, en representación de 19 mujeres periodistas. El objetivo es proteger sus derechos fundamentales ante las reiteradas expresiones estigmatizantes del presidente Gustavo Petro contra la prensa, en particular, contra las mujeres periodistas.

#AlertaFLIP | Ayer, 24 de septiembre de 2024, se conoció un plan pistola contra el periodista José Ignacio Arango, de Noticias Cúcuta 75, y otro comunicador de Cúcuta, Norte de Santander. La amenaza de muerte, que también advierte a funcionarios del INPEC, fue emitida por alias 'Cobre’, quien está privado de la libertad.

La ola de represión relacionada con las elecciones, que se intensifica en Venezuela, ya ha enviado a prisión a una larga lista de comunicadores y periodistas. Ocho están detenidos por el ejercicio de su labor de informar. Los cargos de los que se les acusan comprenden delitos como "terrorismo", "incitación al odio", "asociación para delinquir" y "resistencia a la autoridad", cuyas penas pueden ser desde 12 hasta 20 años de cárcel. Lo anterior resulta preocupante, ya que es claro que estos delitos están siendo desnaturalizados para aplicarse a periodistas con el fin de silenciarlos.

El presidente Gustavo Petro ha firmado hoy una directriz que busca promover buenas prácticas y conductas éticas que se alineen con las responsabilidades sociales y democráticas vinculadas a la garantía de la libertad de expresión y de prensa. Por iniciativa de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta directiva tiene como objetivo reforzar el deber que recae sobre los funcionarios públicos al emitir pronunciamientos públicos, especialmente en su interacción con periodistas, comunicadores y medios de comunicación, cuando se aborden temas relacionados con el cumplimiento de sus funciones.