La FLIP alerta sobre una grave escalada de intimidaciones contra Dubán García, director del noticiero de Al Día Noticias, y Hamilton Obando, camarógrafo y productor del mismo medio de Mocoa, Putumayo. En los últimos días se conoció un plan para atentar contra sus vidas, además de amenazas directas que configuran un riesgo inminente. Los comunicadores han sido hostigados e instrumentalizados tanto por el Frente Carolina Ramírez, del Estado Mayor Central, y los Comandos de Frontera, grupos armados ilegales que se disputan el control territorial en el departamento. A pesar de la magnitud de los hechos y el peligro evidente que enfrentan, la respuesta institucional ha sido insuficiente y desproporcionada frente al nivel de riesgo, lo que los deja en una situación de absoluta vulnerabilidad y envía un mensaje alarmante sobre la falta de garantías para el ejercicio del periodismo en contextos de conflicto armado.

En enero de este año, en el edificio donde opera Al Día Noticias fue dejado un panfleto firmado por el Frente Carolina Ramírez, en el que los declaraban a García y a Obando objetivo militar por su labor periodística. A través de sus emisiones transmitidas en frecuencia FM y de publicaciones en la página de Facebook del medio, los periodistas han denunciado las actuaciones de los grupos armados ilegales en la región, así como los secuestros y extorsiones que estarían cometiendo. En el panfleto, el grupo los señalaba por no acudir a una citación que les habían hecho y les exigía abandonar la zona, advirtiéndoles que no les importaría atentar contra su integridad física, aun cuando tuvieran un esquema de seguridad.

Recientemente, según información recibida por los periodistas, una fuente anónima había advertido sobre un plan concreto para asesinarlos. De acuerdo con lo reportado, ya habría “luz verde” para ejecutar el plan. Así mismo, se han advertido posibles seguimientos y vigilancia alrededor de la cotidianidad de García y Obando.

Lo sucedido no son hechos aislados. En 2024, los periodistas fueron secuestrados en dos ocasiones por integrantes de los Comandos de la Frontera (CDF). Durante su retención, los obligaron a producir contenido que favorecía al grupo armado y publicarlo en la página de Facebook y de YouTube de Al Día Noticias. De no hacerlo, los amenazaron con asesinarlos o atentar contra sus familias. El hostigamiento y las intimidaciones siguieron sucediendo tiempo después de los secuestros.

Esta situación muestra un dramático ejemplo de las condiciones para desarrollar el ejercicio periodístico en el departamento, pues deja en evidencia los patrones de violencia que los grupos armados están utilizando para amedrentar a los comunicadores, controlar a los medios e influir directamente en la información que circula en el territorio. En este escenario, la FLIP ha denunciado, de manera reiterada, que la información se ha convertido en un botín en disputa entre actores armados ilegales, y las y los periodistas están quedando en medio de esa confrontación, expuestos a señalamientos cruzados, amenazas y retaliaciones por su labor.

En el caso de García y Obando, por ejemplo, la publicación coaccionada por los CDF provocaron que el Frente Carolina Ramírez los señalara como supuestos aliados de su grupo rival y también los amenazaron de muerte si no abandonaban la región.

El desplazamiento forzado de las y los periodistas está siendo uno de los efectos más severos frente al incremento de la violencia contra la prensa. En 2025, la FLIP registró 14 casos, asociados, casi en su totalidad, al recrudecimiento del conflicto armado en el país. Una situación que está llevando, además, a la autocensura y a que zonas históricamente silenciadas vuelvan a estar ausentes de información de altísimo interés público como economías ilegales, corrupción y seguridad.

Ante la magnitud de los hechos, resulta especialmente preocupante la inoperancia de las instituciones del Estado para brindar seguridad y protección a las y los periodistas. En repetidas ocasiones la FLIP ha advertido sobre los problemas que presenta la Unidad Nacional de Protección (UNP) para atender las amenazas o brindar medidas completas y oportunas. En el caso específico de García y Obando, si bien, en 2024, luego de sus secuestros y de que la FLIP enviara un trámite de emergencia y solicitara un análisis de riesgo completo y riguroso, les asignaron medidas de protección que están muy por debajo de su nivel de riesgo y que demuestran una falta de análisis requerido. Además, durante el 2025 no hubo contacto de la UNP con los periodistas. Solo frente a los graves hechos de febrero de 2026, la entidad estatal los buscó para agendar las entrevistas que dan inicio a la evaluación de riesgo.

Teniendo en cuenta lo planteado, la FLIP exige a la Unidad Nacional de Protección que active de manera inmediata los trámites de emergencia y adopte medidas acordes con la dimensión actual de la amenaza, priorizando de manera real y efectiva la protección de la vida e integridad de los periodistas.

Asimismo, le hace un llamado a la Policía Nacional y al Ejército para que, de manera coordinada y con el consentimiento de los periodistas, mantengan y refuercen las rondas de seguridad incluyendo a las familias de los comunicadores. Así mismo que aseguren una presencia visible y permanente en las inmediaciones del medio de comunicación. Si bien la Policía ha adelantado acciones dentro de sus competencias, se requiere un esfuerzo articulado y sostenido frente a la magnitud de la amenaza que permita no solo disuadir posibles ataques, sino garantizar que los comunicadores puedan continuar ejerciendo su labor informativa sin temor ni restricciones.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación debe acelerar las investigaciones por las amenazas que los periodistas han denunciado previamente y que, hasta el momento, no registran avances. La impunidad frente a estos hechos no solo perpetúa el riesgo, sino que envía un mensaje de permisividad frente a la violencia contra la prensa. En la misma línea, la Defensoría del Pueblo y la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior debe garantizar, ante la gravedad de los hechos, una atención inmediata y oportuna a los periodistas para evitar el escalamiento de las agresiones. Es indispensable que se reafirme que la prensa no es un actor del conflicto y que no puede ser instrumentalizada, presionada ni condicionada en el manejo, publicación o circulación de la información.

En casos como estos, resulta indispensable un trabajo interinstitucional efectivo y coordinado que supere las respuestas aisladas y fragmentadas. La dimensión del riesgo exige una reacción integral del Estado que esté a la altura de la amenaza y que garantice, sin ambigüedades, la protección de la vida de los dos periodistas y el ejercicio libre del periodismo en Putumayo.

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